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SIDA: es urgente un nuevo Lo que se puede leer a continuación es la significativa nota de la revista argentina “Medicos” del Dr. Ignacio Katz, (UBA), Autor de: “Argentina Hospital, El rostro oscuro de la salud” “Para ver algo nuevo hay que hacer algo nuevo” Georg Lichtenberg.
E l VI Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrollaron recientemente, volvieron a poner en la tapa de los diarios el acuciante problema del
VIH/SIDA. Pero una mirada que vaya más allá de los titulares periodísticos obliga a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de una logística responsable, que vuelva potente la práctica científica y nos permita no sòlo diagnosticar la realidad sino ser capaces de transformarla.
El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en el mensaje inaugural ante la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General, declaró que la batalla contra el VIH/SIDA requiere del liderazgo de los gobiernos y de la sociedad civil. Les pidió a ellos que la elaboración y puesta en práctica de las respuestas políticas ante esta epidemia se basen en una comprensión significativa de la relación entre la denegación de los derechos humanos y la propagación y el impacto de la enfermedad. La Organización, después de admitir el fracaso en las metas mundiales fijadas hace cinco años, resolvió triplicar los fondos en la lucha contra la epidemia pero no estableció quiénes deberán aportarlos ni qué objetivos específicos debe plantearse cada país. Resulta altamente significativo que hasta el momento, de los 7.300 millones de dólares invertidos en la lucha contra la enfermedad, una tercera parte provino de los países pobres, de bajos y medianos ingresos.
Por su parte, en el Congreso de la SADI, el infectólogo Julio González Montaner, director del Centro British Columbia de Excelencia en VIH/SIDA de Vancouver, advirtió: “Morirse hoy de Sida es un pecado, porque los tratamientos están, existen y funcionan”. El experto argentino reclamó mayor compromiso por parte de los Estados para facilitar el acceso a los medicamentos y agregó que si hay casos mortales se debe a un problema social. Por otro lado, sostuvo que es un error fundamental “ahorrar” dinero en los tratamientos, pues ello “se paga con más aumento de la incidencia de HIV y aumento de la transmisión y de la morbilidad asociada”. Sus declaraciones tocan el núcleo de la cuestión cuando expresa que el mejor tratamiento para frenar la expansión del Sida se inscribe en la prevención: tratamiento que está conformado por elementos emergentes como son la cultura, la educación y la eliminación de la pobreza.
Ya han pasado muchos años desde las primeras manifestaciones de la enfermedad, en 1981. Desde lo que Henri Atlan (Cuestiones vitales. Entre el saber y la opinión) definió como errores de la comunidad médica y científica y consideró que se trataba “de una curiosidad, no un problema de salud pública como la hipertensión o el cáncer”, el VIH/SIDA mató a 25 millones de personas y en la actualidad afecta a unos 40 millones de seres humanos.
En la Argentina, el primer caso de VIH/SIDA fue detectado en 1982. Por ello resultan inaceptables las explicaciones a partir de problemas presupuestarios. La limitación de recursos no puede operar como excusa para el incumplimiento de las obligaciones. En febrero de 2004, una sentencia judicial del Juez de Primera Instancia Dr. Luis María Márquez condenó al Ministerio de Salud a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la entrega continua e ininterrumpida de los medicamentos que requieran todas las personas beneficiarias del Programa SIDA, para continuar sus respectivos tratamientos conforme las prescripciones médicas respectivas. (…) el Estado Nacional no puede utilizar como argumento una cuestión de emergencia para justificar la no provisión de medicamentos en tiempo oportuno y en contradicción a lo que él mismo se ha obligado (…) no se puede supeditar la salud pública a los vaivenes del mercado o a la espera de una mejora en la economía del país”.
El Estado está obligado a través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente a garantizar el derecho a la salud de la población. La ley de SIDA, por su parte, en su artículo 3º le otorga la potestad de “concurrir a cualquier parte del país para contribuir al cumplimiento de la ley”.
Sin embargo, la falta de estadísticas confiables en la Argentina, dificulta enormemente el cálculo de las reales dimensiones, tanto presentes como futuras, de la epidemia. La ausencia de un monitoreo provoca que ni siquiera pueda ser respondida la pregunta básica de cuántas personas se hallan afectadas por el VIH/SIDA. Los subregistros sólo nos permiten referirnos por aproximación, los datos no se hallan actualizados y además hay incoherencia entre los mismos.
Todo ello configura un cuadro altamente preocupante, pues se supone que sobre la base de esos datos se establecen conclusiones sobre el estado de la enfermedad en nuestra población y se desarrollan las correspondientes políticas de salud para enfrentarla. El presidente de la Sociedad Argentina de SIDA, y presidente electo de la Sociedad Internacional de SIDA, Dr. Pedro Cahn, lo expresa de este modo: “En la Argentina no hay estudios serios que nos permitan saber si el número de casos nuevos de infección por HIV se ha estabilizado. Sólo a partir de 2001 los hospitales públicos están obligados a notificar los casos de infección por HIV y, como se puede ver en el último boletín sobre VIH/SIDA del Ministerio de Salud, las cifras consignadas son insuficientes para dar un panorama sobre la evolución de la epidemia: se reportaron 3.137 nuevos casos de infección por HIV en 2001, 2.642 en 2002, 3.311 en 2003, mientras que las cifras de 2004 y 2005 no están completas” (“La Nación”, 31 de mayo de 2006).
Nadie puede asegurar con mínima certeza cuál es la cantidad de casos en la Argentina. Estimaciones realizadas en el 2005 en forma conjunta por ONUSIDA, la OMS y el programa Nacional de Lucha contra el SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual indican que unas 127.000 personas viven con VIH/SIDA en nuestro país, de las cuales hasta un 60% desconocerían su situación. Las inconsistencias estadísticas también alcanzan al número de personas tratadas con la terapia antirretroviral. De acuerdo con un informe conjunto de OMS y ONUSIDA con respecto a accesibilidad del tratamiento antirretroviral, “la Argentina brinda tratamiento al 81% de la población diagnosticada”. Esto no coincide con los datos expuestos en el último Boletín Oficial de diciembre de 2005 (pág. 10), en el que se exponen cifras de las que se desprende que el 59,3% de las personas diagnosticadas están en tratamiento realmente: es decir, una diferencia de más del 20% entre dos registros oficiales.
Tampoco hay datos de los medicamentos aportados en forma directa por las respectivas jurisdicciones provinciales. En nuestro país, no sólo es importante la cantidad asignada sino cómo se ejecuta: se observa una amplia variabilidad (de hasta ocho veces) entre los costos de tratamiento de pacientes con VIH/SIDA en diferentes provincias. A la lógica más sencilla le cuesta entender que en San Luis se gasten por paciente casi $665 anuales, mientras que en Misiones la suma asciende a $5.321 en el mismo lapso.
Por otra parte, un informe de la Sindicatura General de la Nación concluía en su momento que “no se verifica una retroalimentación de información entre el área de vigilancia epidemiológica y el área de gerenciamiento del Programa Nacional de Lucha contra el Sida” y que “no surge que los datos suministrados por el área de vigilancia epidemiológica sean utilizados en el proceso de planificación de las adquisiciones de medicamentos”.
Un fundamento científico le suma gravedad a esta situación. Está sobradamente comprobado que la interrupción no planificada del tratamiento contra el virus del Sida provoca la progresión de la enfermedad. Aun la interrupción programada de la enfermedad, que durante muchos años fue controvertida, en febrero de 2006 ha quedado descartada. El estudio SMART realizado en 5.472 pacientes de 33 países demuestra que la interrupción programada del tratamiento “duplica el riesgo de que la infección progrese al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), de contraer otras enfermedades o morir”. Y lo que es más sorprendente: el mismo estudio demostró que los pacientes que discontinúan el tratamiento “tienen además mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, renales y hepáticas” asociadas a la medicación.
Si a todo este cuadro, ya de por sí alarmante, le agregamos las dificultades con las que a diario se enfrentan las personas para acceder a su medicación, que a veces llegan a límites burocráticos realmente kafkianos, se comprenderá que es impostergable salir del oscurantismo de las políticas públicas y proceder a una verdadera estrategia de lucha efectiva.
El mismo doctor Cahn (“Clarín”, 22 de junio de 2006) declara con respecto a la Reunión de la ONU: “Créase o no, temas tan obvios como el respeto a los derechos humanos, el combate a la discriminación y el estigma, el fortalecimiento de los derechos de la mujer en vista de la creciente feminización de la epidemia y la educación sexual fueron objeto de intensa negociación acerca del lenguaje en que debían ser expresados”. Tenemos aquí una verdadera clave para afrontar en toda su gravedad el problema del Sida, que plantea llamar las cosas por su nombre y no enredarnos en laberintos verbales. La sigla que identifica a la enfermedad significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, pero su traducción social podría ser Síndrome de Ignorancia y Desaprensión Anónimo.
Esta insuficiencia en el enfoque del problema, la falta de datos adecuados, las dificultades para acceder a la medicación correspondiente, la carencia de programas sociales específicos que contribuyan a cubrir el cuidado y la alimentación de las personas que padecen de VIH/SIDA tornan urgente un nuevo enfoque estratégico sanitario. Las políticas de gestión se han revelado como insuficientes. Es imprescindible un cambio de perspectiva y un fuerte compromiso en la lucha contra el Sida. Debe incluirse la función de Agencia Sanitaria, que reduzca las desigualdades, controle efectivamente las asignaciones presupuestarias, brinde datos actualizados y precisos y monitoree, a través de un “tablero de comando”, todo el desarrollo del proceso. Dicha Agencia sólo puede implementarse a través de esa herramienta que cada vez es más necesaria para los argentinos: un auténtico Sistema Integrado de Salud. http://www.revistamedicos.com.ar/ LA ONDA® DIGITAL |
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