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Atentado a la AMIA de Buenos Aires:
Las máximas autoridades de la comunidad judía, desde los comienzos de la ¿investigación? del atentado, insistieron sobre la conexión entre el régimen de Irán y sus ejecutores. No obstante, debieron pasar 12 años para que el trabajo de un equipo especial de la fiscalía del fuero federal , señalara que está probada la participación aludida en el hecho.
Al responsabilizar directamente al gobierno de Irán por el atentado: "El ataque fue ejecutado por la organización terrorista libanesa Hezbollah, a instancias de las máximas autoridades del entonces gobierno de la República de Irán" (1) los fiscales pidieron ayer la captura internacional de ocho ex funcionarios iraníes, entre ellos un ex presidente de ese país, dos ex ministros, integrantes a su vez del Hezbollah, y dos ex diplomáticos que estuvieron destinados en la embajada argentina.
Los acusados por los fiscales son el ex presidente de Irán entre 1989 y 1997, el ex ministro de Información y seguridad hasta 1997, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, el ex comandante de la Guardia Revolucionaria , el jefe del Servicio de Seguridad Exterior del Hezbollah (también buscado por Estados Unidos por el ataque a la embajada de Israel); el ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, el ex tercer secretario de la embajada y el ex comandante de las fuerzas QUDS iraníes, quienes actualmente ocupan cargos menores en el gobierno y carecen de inmunidad según fuentes judiciales.
Los fiscales establecieron, por diversos testimonios que uno de los motivos de la elección de nuestro país para perpetrar el ataque, fue la suspensión unilateral por parte del gobierno argentino del programa de transferencia de tecnología nuclear, que Irán consideraba clave.
Asimismo reafirmaron que la camioneta cargada de explosivos que se estrelló contra el edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), estaba conducida por un integrante identificado de Hezbollah.
Si bien el anterior juez Dr. Juan José Galeano, antes de su apartamiento de la causa y posterior destitución, había pedido el 5 de marzo de 2003 la captura de 12 iraníes y de un libanés sospechados por el atentado, omitió acusar directamente a Irán, mencionando puntualmente la acción de elementos radicalizados de ese país.
Tras el sonado juicio oral y público que terminó con la absolución de los civiles y ex policías bonaerenses acusados de integrar la conexión local, los citados pedidos de detención fueron dados de baja por Interpol al entender que fueron firmados por un juez cuya actuación fue calificada de irregular, por lo cual la nueva Unidad Fiscal según señaló su jefe el Dr. Alberto Nisman - revisó toda la causa, descartó pistas inconducentes, retomó otras dejadas de lado en un principio, reunió nuevos testimonios, realizó entrecruzamientos de llamadas realizadas hace 15 años y llegó a nuevas conclusiones.
Dichos cruces telefónicos, permitieron detectar centros operativos para este atentado, en la zona de la Triple Frontera ( Argentina, Paraguay y Brasil), en la embajada de Irán y en mezquitas de Buenos Aires, así como llamadas a un número telefónico que los organismos de inteligencia identificaron como una base del Hezbollah en el Líbano.
El nuevo juez a cargo de la causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral, ya dio comienzo al análisis del dictamen, asegurando que se dispondrían las medidas que tengan respaldo y que se ajusten a derecho (1)
Las principales agrupaciones de la comunidad judía recibieron con agrado el dictamen del fiscal Nisman: "Se confirmó todo lo que veníamos sosteniendo sobre la responsabilidad directa del Estado de Irán y del grupo Hezbollah", según manifestó el presidente del principal brazo político de la colectividad judía, la DAIA, quien agregó que cuando el juez pida la captura internacional de los imputados, su agrupación solicitará al Gobierno que tome las "medidas adecuadas" (entre ellas, "una declaración contundente respecto del estado de Irán en la ONU y en los demás foros internacionales").
La agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado, por medio de la Agencia Judía de Noticias, le pidió al juez que suscriba "con urgencia" las órdenes de captura y reclamó que el atentado no se encuadre "sólo como una agresión de tipo antisemita contra la comunidad judía de la Argentina, sino como una agresión de un país a otro país".
Por su parte, resulta llamativa la afirmación de la viuda de una de las víctimas fatales del atentado y miembro de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, quien señaló que el fiscal "hace estas declaraciones porque lo pide Estados Unidos, que exige la acusación contra Irán para poner la causa AMIA al servicio de la guerra en Medio Oriente". (Cuánto más importante, a nuestro criterio, sería celebrar el avance investigativo en búsqueda de la verdad y la justicia, recordando el precepto bíblico: JUSTICIA. JUSTICIA PERSEGUIRAS) (2).
A partir de las 801 páginas del texto del dictamen, el Gobierno afrontará un riesgoso dilema: en caso que el juez Canicoba Corral acceda a pedir las capturas internacionales del ex presidente iraní y otros altos funcionarios de Teherán, y al margen del curso diplomático que puedan seguir los mismos, el Gobierno podrá acompañarlos con interés o bien podrá intentar poner distancia basándose en la independencia de los poderes.
En el primer caso, se enemistaría con Irán y con el Líbano, donde la organización terrorista Hezbollah constituye el verdadero poder. En el segundo caso, se podrá enfrentar con la dirigencia judía argentina y con el gobierno de Israel. (3)
Los interrogantes A escasas horas de conocido el dictamen que estamos comentando, surgen algunas cuestiones:
Finalmente, si tal como surge de las informaciones, estaría virtualmente probada la participación de Irán y de su brazo armado Hezbollah en un ataque flagrante a la Argentina, costaría encontrar la causa que impidiera que el actual Gobierno nacional suspendiera las relaciones diplomáticas con un estado declarado agresor por la Justicia.
(*) Su último libro: Dos años en la era K. Editorial Planeta. Buenos Aires. 2005.
(1)Diario LANACION. Buenos Aires. 26-10-06 Pág. 6.
(2) Op. Cit. 26-10-06. Pág 7. (3) Desde el acto conmemorando el duodécimo aniversario del atentado, el 18 de julio de 2006, las relaciones entre la comunidad judía y el gobierno de Kirchner evidenciaron con claridad que no atravesaban por su mejor momento. Dirigentes de la AMIA y familiares de las víctimas exigieron entonces que el atentado fuera declarado crimen de lesa humanidad para impedir su prescripción y reclamaron el cese de las relaciones diplomáticas con Irán. También pidieron al Gobierno menos discursos y más resultados.
Kirchner replicó que su administración había sido la que más
había hecho por esclarecer el ataque y cuestionó a la dirigencia
de la colectividad judía. Después, una violenta manifestación de
Quebracho , actuando con capuchas, palos, y pancartas, entre
otras de Hezbollah, impidió, ante la pasividad policial, una
protesta de grupos de jóvenes de la comunidad judía ante la
embajada de Irán. Desde las entidades judías deslizaron que el
Gobierno protegía a grupos antisionistas, pro palestinos y pro
iraníes; denunciaron antisemitismo y reclamaron al Gobierno que
frenara una embestida de grupos piqueteros.
(4) Tampoco está claro como es que la ONU no ha reaccionado
frente a declaraciones de tamaño nivel de agresión contra uno de
sus estados miembros, por otro de sus integrantes, según las
públicas manifestaciones del gobierno de Irán contra la
existencia del Estado de Israel. (5) Sobre este aspecto, múltiples conjeturas se tejieron a lo largo de todos estos años, incluyendo versiones de suculentos pagos, por supuesto que nunca probados. LA ONDA® DIGITAL |
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