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El difícil tema de la
Debemos reconocer que el problema sigue existiendo, que no nació con este Gobierno y que es muy difícil de solucionar porque no tiene una única causa. También se hace necesario admitir que no es un asunto que afecte en forma exclusiva a nuestro país, sino que la violencia se ha incrementado en toda América Latina y que Uruguay, pese a todo, se encuentra con los índices más bajos de criminalidad. El continente se encuentra ubicado entre los primeros lugares del mundo en cuanto a hechos de violencia.
Hay que tratar, entonces, de ubicar las causas generales de éste fenómeno y así podemos ver que tiene raíces en la economía, el desarrollo social, la educación, la cultura general, la pérdida de valores sociales, la desintegración familiar, sólo por nombrar algunos de los puntos más importantes.
Por eso, no se pueden abordar estos temas con superficialidad pese a que la urgencia para que se adopten soluciones, muchas veces, nos empuja a optar por el camino más fácil.
En un clima de alarma generalizada, se pueden proponer soluciones extremas, desde la baja de la edad de imputabilidad a una mayor labor de represión por parte de la policía y quizá eso sólo sirva para dar satisfacción a los reclamos más fuertes.
Según análisis internacionales, América Latina sigue siendo el continente con peor distribución de la riqueza, donde el 10% más rico de la población obtiene ingresos 80 veces superiores al 10 % más pobre. Esa diferencia, en la sociedad de los países desarrollados, pocas veces es mayor a 10.
Otro factor importante a tener en cuenta es el nivel de escolaridad de los jefes de familia. En los estratos sociales más altos, el promedio de años de escolaridad llega a doce mientras que entre los de menores ingresos queda establecido en cinco años. Esto incide de una manera muy notoria en las posibilidades de conseguir empleo.
La tasa de desocupación entre los más jóvenes, también forma parte del problema.
A ello se suma la incidencia que puede tener el aumento en el consumo de drogas entre la población juvenil que, en definitiva, aísla a la persona. Una especial incidencia tiene también la desintegración familiar y aún en Uruguay, considerado entre los países con mayor índice de desarrollo humano, los estudios dan cuenta que dos terceras partes de los jóvenes internados por haber cometido delitos, provienen de familias con un solo cónyuge. Por allí vamos viendo el entretejido que existe hasta llegar al problema real. En medio de este panorama, surgen las voces que piden adoptar medidas directas, aumentando el gasto en seguridad. Por otro lado, hay estudios que señalan que para llegar al fondo del problema y lograr resultados constantes a mediano y largo plazo, hay que profundizar la vía preventiva.
Países como EE.UU con ciudades con altos índices de criminalidad, optaron por este último camino y han logrado reducir los niveles de delincuencia. Para ello, han hecho participar de los programas preventivos a amplios sectores de la comunidad, con fuertes políticas de apoyo a los jóvenes más desfavorecidos.
Hoy, esas ciudades, tienen tasas de policías por habitantes inferiores a otras que optaron en su momento por el camino de mayor represión. La presión por soluciones ya puede hacer equivocar el camino. Pero las autoridades deben entender que lo que se haga, debe contar con un amplio respaldo social y comunitario si pretende obtener un mínimo de éxito. Y lo que no se explica en forma correcta, no se entiende. Un buen ejemplo de ello, ha sido la Ley que habilitó la libertad para quienes cometieron algún tipo de delitos.
No hay ningún complot atrás para desestabilizar, cómo muchas veces se argumenta para salir del paso y ocultar fallas propias.
En este tipo de temas, la verdad no está en un solo lado y hay que admitir que, a veces, se cometen errores. Por eso, todos tenemos algo para aportar. Lo sabio es integrar y no dividir. LA ONDA® DIGITAL |
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