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Agencia
Nacional de Investigación e Innovación Ante la aprobación por parte del parlamento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Universidad de la Republica emitió un documento producido por su CDC. Como se conoce desde la universidad se ve con mucha aprensión desde varios sectores del que hacer científico la creación de este nuevo organismo a nivel del ejecutivo nacional dedicado a los temas de la Ciencia E investigación.
El documento emitido por el CDC subraya concretamente sobre el tema: “La Universidad de la República considera fundamental reafirmar el rol de los actores involucrados en el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación en el país. Aún cuando las decisiones finales sean resorte del Estado, considera importante enfatizar que la participación de los actores no debe ser mediante un órgano anodino al que se consulta por mera formalidad, sino que deben jugar un rol activo en la elaboración de planes y programas, particularmente en la definición del Plan Estratégico. Por ello, considera fundamental reafirmar el rol del CONICYT, que debe tener una adecuada representatividad de los actores del sistema y estar dotado tanto de recursos financieros como humanos para cumplir dicha función de manera activa y creativa”.
Lo que se puede leer a continuación es la versión taquigráfica de la sesión de La Comisión de Ciencia y Tecnología parlamentaria en que recibe a las autoridades universitarias, donde estas le entregan el documento. La comisión esta integrada por los Senadores Ruperto Long y Lucía Topolansky, Pablo Alvarez, Alberto Cid y Enrique Rubio como presidente.
- Está abierta la sesión La Comisión de Ciencia y Tecnología da los buenos días a la delegación de la Universidad de la República. En cuanto a los demás señores Senadores integrantes de la Comisión quiero aclarar que están al llegar. De cualquier manera, nos parecía importante contar con la información que ustedes pudieran brindar, como aporte a un trabajo más meditado de parte de la Comisión. También es importante tener en nuestro poder la decisión que adoptó la Universidad a este respecto y, en ese sentido, el señor Rector tuvo la gentileza de alcanzarla previamente para que pudiéramos formular las preguntas que entendiéramos pertinentes.
Sinceramente, creo que estamos avanzando en el trabajo y, por lo tanto, para nosotros es muy útil acceder a esta información en el día de hoy, porque nos permite trabajar con más comodidad, teniendo en cuenta las fechas que hemos acordado con la Cámara de Representantes. Ambas Cámaras tienen una agenda muy nutrida, pero trataremos de considerar este tema en el Senado a mediados de la semana que viene. Como nuestros visitantes sabrán, se aprobó la creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Representantes, así que su trabajo se iniciaría con el tratamiento de este tema. .
AROCENA.- Agradecemos a la Comisión que reciba a la delegación universitaria, integrada por la delegada estudiantil, Lucía Pastore, el Decano de la Facultad de Química y miembro del Consejo Directivo Central, Eduardo Manta, el doctor Wshebor, miembro del Consejo Directivo Central y quien habla.
Como corresponde, les hemos hecho llegar la opinión de la Universidad, en respuesta a la consulta formulada por la Comisión. Simplemente queremos señalar algunos puntos para empezar a intercambiar ideas. Como es notorio, la Universidad le ha dedicado mucha atención al tema, viene discutiéndolo desde hace meses y tengo la instrucción explícita de poner a disposición de la Cámara de Senadores y del Parlamento en su conjunto, no sólo este documento, sino todos los que puedan ser considerados útiles como, por ejemplo, los dictámenes de la Dirección General Jurídica y toda la gran producción que ha generado la Universidad en torno al tema.
Muy brevemente, voy a desglosar algunos aspectos de la opinión universitaria que han recibido y que analizarán con el cuidado que entiendan necesario, teniendo en cuenta los tiempos acotados con que se cuenta.
El documento empieza señalando el optimismo con el que la Universidad de la República ve la preocupación que se va extendiendo en el país y, particularmente en los Poderes del Estado, por atender la ciencia, la tecnología y la innovación, con la finalidad de ponerlas al servicio del desarrollo nacional. Al mismo tiempo no ocultamos una cierta preocupación por la forma en que se han venido procesando algunos de los episodios que tienen que ver con la elaboración de la iniciativa y el funcionamiento de la institucionalidad vinculada al tema. Por eso nos parece importante hacer un análisis a varios niveles. Queremos, en primer lugar, subrayar la importancia de que en todo este proceso social de creación de ciencia, tecnología, innovación y puesta al servicio del país, sean muchos los actores que estén realmente involucrados pudiendo cooperar entre ellos y realmente contribuir a llevar adelante las cosas, sin desmedro de las relaciones conflictivas que tiene todo proceso social. Eso tiene una traducción muy concreta en la preocupación de la Universidad de la República por la jerarquización del CONICYT.
En segundo término, destacamos que en una política de Estado para la ciencia, la tecnología y la innovación como la que necesitamos, además de una variedad de actores, se requiere un papel gubernamental muy activo, tanto para articular esos actores como para promover un conjunto de actividades -planes y programas- así como los relacionamientos del Estado; y tan importante como promover un determinado plan o programa, es involucrar, por ejemplo, a las grandes empresas públicas en los procesos de creación y utilización del conocimiento. Así, pues, el papel del Estado y en particular su rol en la promoción de un plan estratégico que se anuncia en materia de ciencia, tecnología e innovación, es, claramente, de primera importancia.
Y existe un tercer nivel que hay que cuidar y llevar a cabo con fineza, que es la instrumentación de planes y proyectos y que tiene que ver directamente con la temática de esta ley.
Dada la importancia que la Universidad de la República atribuye al tema, nos hemos permitido hacer ciertas sugerencias que complementan y especifican el enfoque general contenido en el documento. Por cierto, este enfoque general empieza con el texto aprobado por la Asamblea General del Claustro, como ustedes saben, máximo órgano de representación de los Órdenes universitarios. A continuación, tanto para colaborar como para ejemplificar el enfoque, en el documento universitario se efectúan algunas sugerencias, de las que, por cierto, sólo voy a mencionar unas pocas, sin perjuicio de que en las intervenciones que harán mis compañeros de delegación quedarán mucho más claras. Concretamente, las que voy a mencionar ejemplifican algunos de los puntos que ya he mencionado. Por ejemplo, con relación al artículo 3º del texto que nos atrevemos a sugerir -como un insumo a tener en cuenta-, nos parece importante destacar que la Agencia implementa los lineamientos políticos y estratégicos en materia de ciencia, tecnología e innovación que define el Poder Ejecutivo. De esa manera no quedarían dudas con respecto a que el Poder Ejecutivo defina todo lo que se hace en materia de ciencia, tecnología e innovación en el país; está claro que debe fijarlo con relación a la Agencia y a otros actores, pero también hay muchas otras fuentes de creación de políticas y programas en materia de ciencia, tecnología e innovación.
También tenemos claro -eso se nos ha señalado en el informe de la Dirección General Jurídica, pero no nos parece que nos corresponda abundar en ello- que, por un lado, estamos hablando de un proyecto de ley en el que aparece un Gabinete Ministerial de la Innovación, que ha sido creado por decreto, lo que establece una cuestión que quizás debiera merecer una clarificación posterior.
Con la idea de realizar una intervención breve y que, sobre todo, ejemplifique algunos puntos de vista, paso al artículo 6º, en donde hacemos dos sugerencias. Por un lado, proponemos que el Directorio de la Agencia incluya a dos miembros propuestos por el CONICYT, de tal manera que el conjunto de actores sociales e institucionales de estos procesos estén presentes allí. Por otro lado, también nos tomamos la libertad de sugerir que los miembros designados directamente como representantes del Poder Ejecutivo, lo sean del Gobierno en su conjunto, porque esto muy probablemente ayude a una visión global y a tener en cuenta no solo el punto de vista de tal o cual Ministerio, sino de todo el Poder Ejecutivo y del conjunto del aparato del Estado en las relaciones con este tema. Está claro, por cierto -esta es una pequeña observación que quiero hacer al margen-, que hay algunos Ministerios de inmensa relevancia para estas cuestiones, como el de Salud Pública, que no integra el Gabinete Ministerial de la Innovación, al menos en este momento.
Al final del artículo 7º tomamos, en forma concreta, un tema que ha sido extremadamente polémico en las discusiones entre los que hemos estado involucrados en estas cuestiones, como es el de las relaciones entre la Agencia y el CONICYT. Tenemos claro que el CONICYT es un organismo asesor, consultivo, elaborador, que no debe ser pensado como el que toma el conjunto de decisiones, pero al mismo tiempo nos parece fundamental que la riqueza de sus puntos de vista sean efectivamente tenidos en cuenta.
Por lo tanto, hemos dejado de lado algunas formulaciones anteriores y lo que proponemos en el último párrafo es una forma de relacionamiento en la cual la Agencia recaba la opinión del CONICYT, se fijan ciertos plazos razonables para que la dinámica de un organismo grande y complejo no sea motivo de relativa parálisis y, al mismo tiempo, se da un mecanismo por el cual, si bien en última instancia la Agencia puede adoptar las decisiones que implementen proyectos en la manera en que lo entienda más adecuado, debe tener en cuenta objeciones o propuestas alternativas, reconsiderar si aparecen las resoluciones de las mismas y sólo ratificarlas después de una decisión fundada, pública, que pueda ser conocida, puesta en tela de juicio y votada por la mayoría absoluta de sus integrantes. Parece que este es un tema que ha merecido atención y para el que buscamos una propuesta de solución que tuviera en cuenta las diversas y razonables consideraciones que se han hecho al respecto.
En aras a la brevedad, pasaría ahora al artículo 23, donde intentamos que el CONICYT sea definido en sí mismo y no en relación a la Agencia, por su carácter especialmente importante. Diría que en la actualidad lo es más potencialmente que cuando surgió, en la medida en que hemos comprendido mejor el papel de diversos actores en los procesos de creación científica, tecnológica y de innovación, procesos sociales y plurales. Por ello proponemos que sea definido como tal, no en relación con la Agencia, sino en función de su carácter representativo de distintos actores institucionales y sociales, de sus propósitos que apuntan a la cooperación entre esos actores y a elaborar propuestas conjuntas.
Por cierto, una política de Estado se crea en la medida en que hay buena colaboración entre gobiernos y actores relevantes. Por eso enfatizamos el papel de órgano de asesoramiento de los Poderes del Estado involucrados en estas cuestiones. En al artículo 23 destacamos que es necesario dotar al CONICYT de todos los elementos que le permitan un funcionamiento adecuado.
En el artículo 24 -retomando buena parte de lo que ya venía- nos referimos a los cometidos del CONICYT y sugerimos que su Presidente integre el organismo -en este momento, Gabinete Ministerial de la Innovación- que, a nivel del Poder Ejecutivo, fija estrategias y planes en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Finalmente, en el artículo 26 proponemos que el CONICYT pueda elaborar su propio reglamento para que pueda tener jerarquía y un gran nivel de funcionamiento autorregimentado.
En definitiva, nos gustaría -como una forma de colaborar, modesta pero significativamente- que esta primera iniciativa relativa a cuestiones de ciencia, tecnología e innovación cuente con alto respaldo de los actores involucrados, tanto públicos como privados, de los creadores y de quienes usan conocimientos. Queremos contribuir a que los mecanismos que se establezcan combinen participación y eficacia y, además, esperamos que estos lineamientos, sobre los que venimos convergiendo dentro y fuera de la Universidad de la República en muchos puntos de vista, pongan a la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo.
Este es un resumen apretado del documento al que la Universidad de la República ha llegado por resolución unánime de su Consejo Directivo Central, en respuesta a la consulta que se le ha hecho.
En otro orden de cosas quiero señalar que, como corresponde a la Universidad de la República, hemos venido a este ámbito con una delegación plural de compañeros que ampliarán, complementarán y enriquecerán, en función del debate que se vaya dando, estos puntos de vista que he resumido.
PRESIDENTE.- En virtud de que no hemos podido analizar en profundidad el documento, quiero realizar un comentario preliminar.
La primera impresión que tengo es que, por los documentos que hemos recibido, hemos avanzado en forma significativa, sobre todo en aquellos puntos neurálgicos, porque la Comisión ha procurado encontrar los mayores puntos de consenso en esta materia.
Concretamente, con relación al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, quiero decir que no sé si existe diferencia alguna sobre un punto que, a mi juicio, no es sustancial y que tiene que ver con los planes y programas. En la propuesta que hace la Universidad de la República, este tema está definido a nivel del Gabinete Ministerial de la Innovación y no de la Agencia, que es ejecutora. En realidad, esta puede ser considerada o no una diferencia porque, a mi entender, ello está implícito. De todas maneras, creo que en determinadas definiciones del Directorio de la Agencia -por ejemplo, en materia de asignación de recursos o de definición de programas- pueden generarse problemas desde distintos puntos de vista, tanto con el propio CONICYT, como con el Gabinete Ministerial, más allá de que siempre esté presente la facultad de avocación de este último. Entonces, para el caso de que el Gabinete no comparta la implementación o alguna definición del Directorio de la Agencia, habría que establecer -tal como se ha hecho en otros formatos institucionales que hemos usado en varias oportunidades- que este último podrá definir tal cosa sin perjuicio de que el órgano jerárquico superior pueda, sobre ese punto, tener una opinión distinta y, por lo tanto, tomar cartas en el problema. O sea que en torno al tema de las dificultades para resolver un problema, puede haber distintas opiniones entre los miembros del Directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación; también puede haber diferencias entre la mayoría del Directorio y el CONICYT o diferentes puntos de vista a nivel del propio Gabinete Ministerial de la Innovación. En este sentido, el texto debe ser lo más garantista posible, pero hay que dejar márgenes por si se generan problemas en la resolución.
En conclusión, es posible que haya que afinar este tema.
WSCHEBOR.- Naturalmente, la frontera entre implementación y fijación de orientaciones no está clara. No se puede establecer una fórmula, es difícil de precisar e inevitablemente va a ser movible. Sin embargo, la propuesta modificatoria que hace la Universidad responde exactamente a la situación que el señor Presidente describe, que está bien contemplada en el artículo 3º, que dice: “La Agencia implementará los lineamientos políticos y estratégicos en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación que determine el Poder Ejecutivo. Compete igualmente al Poder Ejecutivo la fijación de prioridades y la aprobación de planes, programas y proyectos especiales, con consulta preceptiva al CONICYT. La Agencia se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Gabinete Ministerial de la Innovación, presidido por el Ministerio de Educación y Cultura”.
Quiere decir que en la fijación de políticas por parte del Poder Ejecutivo a través de los organismos, el Gabinete Ministerial de la Innovación es el instrumento que el Poder Ejecutivo ha determinado actualmente, pero puede cambiar a futuro. En todo caso, la idea es que haya una Agencia implementadora, un Poder Ejecutivo que fija las políticas en esta materia en lo que le compete y un elemento polea de transmisión, de intercambio y de control, que es ese Gabinete Ministerial de la Innovación.
En esa dirección, hay otros artículos más precisos. Me parece que este texto recoge bastante bien la inquietud del señor Presidente.
PRESIDENTE.- En realidad, algunas de las delegaciones que concurrieron a la Comisión -en particular, los sectores universitarios no públicos y otros- insistieron bastante en el artículo 4º, relativo a las competencias de la Agencia, a cuyo literal B) se le introdujo la expresión “donde se implementarán los mecanismos concursables”. La idea es que muchos recursos se asignen privilegiando los mecanismos concursables. La Universidad trabajó sobre la propuesta modificada del Poder Ejecutivo, donde el literal B) del artículo 4º comenzaba diciendo: “Preparar y ejecutar planes, programas e instrumentos donde se implementarán los mecanismos concursables”. Esto no está en la versión que ustedes nos adelantaron y no sé si es un problema de concepto o de computadora, por decirlo así.
AROCENA.- Es un problema de texto, de la computadora, pues como lo va a explicar el doctor Manta, compartimos plenamente esa idea.
MANTA.- Para trabajar se tomó el texto que nos vino desde el Poder Ejecutivo y no el que se había presentado con esas modificaciones, pero puedo decir que la Universidad las comparte plenamente.
PRESIDENTE.- La duda surgió porque, en realidad, el Poder Ejecutivo envió dos textos y nosotros remitimos el segundo a la Universidad, que era el que considerábamos como definitivo y que, precisamente, era el que incorporaba esto.
WSCHEBOR.- En la Universidad se discutió acerca de qué texto se iba tomar para trabajar y se decidió que lo que tenía sentido era analizar el que habíamos recibido del Poder Legislativo. Hay que tener cuidado en que eso no produzca un cierto corto circuito entre algunas modificaciones que fueron enviadas, pero que nosotros no tuvimos en cuenta y, en particular, aquellas con las cuales estamos absolutamente de acuerdo.
PRESIDENTE.- Suponíamos que esa era la explicación, es decir, que habría aquí un problema de texto o de omisión involuntaria.
Por otra parte -esto lo digo a título personal, pues no hemos podido intercambiar opiniones a este respecto-, creo que en general está bien y es un avance en lo que se refiere al CONICYT, pero con respecto al Directorio de la Agencia, comparto la idea de que se defina -sin una extraordinaria rigidez- la integración con la mayor precisión posible y que, en cuanto a los plazos, los márgenes del decreto sean menores desde ese punto de vista. Quizás debería haber un miembro más del Poder Ejecutivo, en este caso, un representante de las empresas públicas, porque creo que la tendencia es que haya representantes de los Ministerios. La experiencia que se está llevando a cabo en cuanto al funcionamiento en conjunto de las empresas públicas en el marco de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es muy importante y habría que fortalecer esto porque, en realidad, en la práctica, son las empresas públicas -en un alto porcentaje- las que, dentro del sector público, manejan la innovación tecnológica de forma realmente importante.
TOPOLANSKY.- Se trata de las únicas empresas grandes del país.
MANTA.- Estamos hablando de representantes del Poder Ejecutivo, por lo que no se le quita a ese Poder, en ningún momento, la posibilidad de que seleccione, dentro de sus representantes, a alguien de las empresas públicas.
PRESIDENTE.- Puede ser; en todo caso, creo que no se trata de un tema mayor en lo que hace a la composición del CONICYT, porque el espíritu no es, justamente, que la representación del Poder Ejecutivo no sea como hasta ahora, es decir, mayoritaria, sino que estaríamos hablando de un CONICYT más numeroso, que se pueda enriquecer con los aportes de otros sectores.
En cuanto al tema de la integración del CONICYT al Gabinete, considero que aquí se presenta un problema político y jurídico. Quizás nosotros podamos hacer un esfuerzo político en relación al diálogo con el Poder Ejecutivo para que, por ejemplo, por decreto se pueda integrar al Presidente del CONICYT.
Ahora bien, está claro que hay dos problemas, un político y uno jurídico, pero no podemos resolverlo por la vía legal sin un acuerdo previo.
En cuanto al Directorio de la Agencia, creo que la Comisión va a tener que optar.
MANTA.- Según tengo entendido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -que también forma parte del Gabinete Ministerial de la Innovación- no tiene carácter de Ministerio.
PRESIDENTE.- Sin embargo, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene rango ministerial.
TOPOLANSKY.- En mi concepción, el Gabinete Ministerial de Innovación es un paso hacia un futuro en el que puede haber un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tema que no se puede abordar ahora, porque estamos encarando la reforma del Estado y otros problemas previos, pero tampoco podemos retardar este proceso a la espera de esa posibilidad.
Si bien hay algunas opciones que pueden parecer prácticas, en realidad no lo son. Hay que tener presente que cuanto más se demore en colocar estos temas sobre la mesa, más difícil será llegar a un sistema nacional. Entonces, hay un primer avance que es la constitución del Gabinete. Por supuesto que no será así de por vida, sino que el Gabinete será una etapa para que en un momento dado haya un Ministerio en esta materia. Insisto en que se trata de una etapa en el comienzo de este proceso.
Por lo tanto, ese Gabinete que fue nombrado por la vía de un decreto -como ha ocurrido con otros gabinetes que se han creado-, en el momento en que dicte una ley y pase a ser un Ministerio, asumirá este tema. Pienso que eso sería lo mejor, pero en este momento al Gobierno no le es posible hacerlo.
Hay que entender por qué se hace esto por Decreto; se podrá decir que algunos Ministerios importantes quedaron afuera, pero sabido es que siempre va a ocurrir eso. ¿Qué se miró cuando se creó ese Gabinete? Fundamentalmente, las cadenas productivas, para vincular de algún modo el desarrollo del país a la investigación y a la innovación. Si bien comparto que un Ministerio importante como el de Salud Pública esté vinculado a la aplicación de determinados avances tecnológicos, en el momento de la presentación de la creación del Gabinete, el énfasis estaba puesto ahí, en ese aspecto. No estuve en esa discusión, pero sé que se dio a nivel del Poder Ejecutivo y de la presentación del Gabinete, eso surge con claridad.
Insisto en que con este comienzo se procura facilitar el mecanismo. Quiero aclararlo, porque en esto no hay nada definitivo, ni siquiera en este proyecto de ley que se va a poner a consideración. Todo es enmendable, porque va a haber una práctica posterior, pero no es posible llegar a algo perfecto en este momento, pues vamos a coordinar un sistema que está disperso, a captar recursos, en fin, a ensayar distintos aspectos. Entonces, después habrá que pasar raya y ver en qué parte del mecanismo hay determinados problemas.
Insisto una vez más en que no creo que este sea el diseño definitivo; por lo menos, yo lo entiendo así.
Me da la impresión de que en esta discusión -no sé cómo habrá sido el intercambio de ideas en el ámbito de la Universidad- se está viendo el asunto como algo definitivo, cuando no es así. Esto es simplemente un escalón para que, en un momento dado, quede constituido el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que será bastante más complejo. Ahora apenas estamos afinando la puntería y por eso aparece el decreto para traer al Gabinete. A su vez, se consideró que la Agencia era necesaria, porque precisamos un instrumento, que luego será implementado.
Quería dejar estas constancias porque, si vemos esto como definitivo, capaz que entonces sí está faltando una cantidad de cosas. Naturalmente, el planteo es discutible; lo que estoy haciendo es exponer una idea personal en función de que estamos manifestando lo que pensamos sobre el tema.
MANTA.- Creo que deberíamos dividir el problema en dos aspectos. Por un lado, ver si conceptualmente estamos de acuerdo con que el representante de los actores vinculados al desarrollo científico, tecnológico y de la innovación del país aporte al Gabinete Ministerial de la Innovación en sus discusiones, trabajando prácticamente como una interfaz entre aquellos y este último. Por otro, habría que analizar si podemos encontrar la fórmula jurídica para ello.
En consecuencia, un problema a abordar es si nos ponemos de acuerdo en que ese actor le puede aportar al Gabinete Ministerial de la Innovación la polea de trasmisión para hacerle llegar los pensamientos, las ideas a futuro, etcétera, que el colectivo de investigadores de este país cree convenientes. El otro es -reitero, en el caso de que nos pongamos de acuerdo con eso- ver si encontramos una figura jurídica que lo contemple. Además, si consideramos esto como una etapa transitoria creo que, en el marco de esa transitoriedad, sería muy importante para el Gabinete Ministerial conocer de primera mano las opiniones y los consensos logrados en el colectivo de los ciudadanos que desarrollan la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, porque puede aportar mucho a la hora de adoptar las políticas definitivas.
Por estos motivos, reitero, me gustaría que el tema se divida en esas dos etapas.
PRESIDENTE.- A mi juicio, tenemos dos consultas políticas para efectuarle al Poder Ejecutivo sobre este tema a los efectos de llegar al texto final. El resto de las sugerencias y las opiniones de los representantes de la Universidad, creo que son perfectamente incorporables. En algunos casos hay ciertos problemas jurídicos para resolver determinadas cuestiones como, por ejemplo, el caso que señalaba del Gabinete y de las decisiones del CONICYT, ya que puede haber discrepancias no sólo con éste, sino también con el propio Gabinete.
De todos modos, reitero, esto es todo pasible de solución y no veo dificultades mayores. En definitiva tenemos que hacer, a nivel del Poder Ejecutivo, las dos consultas políticas que mencionaba, es decir, para el caso del Gabinete, ver si hay acuerdo político para que sea incorporado al texto bajo la forma de un artículo, esto es, que en definitiva tenga base legal.
TOPOLANSKY.- Pasando de decreto a ley.
PRESIDENTE.- Efectivamente, pasar de decreto a ley, a un artículo que exprese, por ejemplo: “Constitúyese el Gabinete Nacional, etcétera, el cual estará formado por” y allí establecer “los representantes de los respectivos Ministerios” o “a iniciativa del Poder Ejecutivo por tantos miembros, más uno del CONYCIT”. Eso habría que verlo, porque es cierto que son representantes del Poder Ejecutivo. En realidad, este es más que nada un problema político; seguramente, luego va a ser muy sencillo darle forma desde el punto de vista legal. Algunos de nosotros hemos realizado consultas informales y podemos decir que no era ese el temperamento que había en algunos de sus representantes, pero deberemos hacer las preguntas del caso acerca de si tiene o no base legal. En el caso de que tenga base legal, debemos saber cuál será la composición; ahora bien, si no tiene base legal y persiste como decreto, es necesario conocer si hay voluntad política de modificar el decreto para integrar por esa vía las distintas alternativas.
El otro tema acerca del cual debemos asesorarnos es sobre el Directorio de la Agencia; personalmente, me parece bien que se requiera una mayoría determinada para poder adoptar decisiones cuando hay diferencias. En lo que tiene que ver con la composición, hay dos posibilidades: puede tener siete miembros y requerirse una mayoría de cuatro para decidir cuando hay discrepancias o estar integrado por cinco miembros -que es la propuesta de la Universidad- y que la mayoría que se necesite sea de tres. Como se verá, no hay diferencias fuertes entre ambos esquemas respecto a la mayoría. La postura que sustenta el CONICYT difiere con la de algunos miembros del Poder Ejecutivo, lo que muestra, a su vez, que dentro del Gobierno hay distintas opiniones. Estimo que deberíamos hacer una consulta sobre cuál es la opinión del Poder Ejecutivo sobre este aspecto; pero pienso que, de cualquier manera, las posiciones en cuanto a jerarquizar al CONICYT y que sea más garantista, no son muy distantes. Esto quiere decir que si hay una diferencia sobre un tema importante, la decisión que se adopte requiera un tribunal de alzada o una mayoría muy nítida.
WSCHEBOR.- En la preparación de este proyecto de ley, ese fue el punto que dio lugar a la mayor polémica interna. Ocurrió lo mismo en la Universidad, pero finalmente fue zanjado el martes con un acuerdo general propuesto por el Rector en el Consejo Directivo Central, que realmente permite armonizar distintas posiciones. Tenemos la expectativa de que también lo pueda hacer el Parlamento y el Poder Ejecutivo, a los efectos de resolver el problema.
Efectivamente, se trata de dos temas. El primero es la jerarquización del CONICYT para que se transforme en un organismo cuyas opiniones tienen un valor y una significación a raíz de que en él se produce esa confluencia necesaria de contrapesos que requiere una actividad de investigación, tecnología e innovación. En esto no hay unicidades sino, más bien, equilibrios, contrapesos, es decir, una diversidad y un proceso. La integración del CONICYT que propone la Universidad u otra similar, está destinada a eso y brinda garantías de que no va a ser un organismo decorativo, sino que tendrá un determinado peso. ¿Qué peso? Aquí entramos en el segundo tema. Peso en las decisiones importantes o que pueden ser cuestionadas; acá no estamos hablando de los detalles.
También pensamos que las formulaciones de los textos y la utilización de “vinculante” o “no vinculante” ha sido una fuente más bien de equívocos y desencuentros que de búsqueda de soluciones. Esa es la razón por la cual en la propuesta de la Universidad esas dos expresiones desaparecen.
Entonces, se dice lo siguiente: pensamos que el Poder Ejecutivo debe jugar un papel importante y muy significativo -diría, decisivo- para que el país tenga una política que hasta el momento no ha tenido. Pero, por otro lado, debe haber un conjunto de contrapesos, dada la naturaleza delicada y contradictoria de los temas involucrados. Es así que la propuesta que hace la Universidad busca ese equilibrio, es decir, no le quita al Poder Ejecutivo la potestad de marcar su orientación, pero si hay contradicciones sobre temas importantes, plantea la necesidad de que ese “marcar la orientación” tenga que estar cubierto por un conjunto de garantías especiales. Me refiero a una mayoría especial y, además, al hecho de que debe existir una resolución fundada, pública, etcétera. Esto ampara al CONICYT como organismo significativo, pero no le quita al Poder Ejecutivo su capacidad de orientación. En estos temas, nosotros creemos mucho en la controversia, en la opinión y en el debate sano, que es lo que queremos garantizar.
Me parece que se trata de una buena y afortunada fórmula, que supera la idea meramente formal de lo que es vinculante y de lo que no lo es; esto va más allá de todo eso.
De manera que, sinceramente, pensamos que no solamente esto ha sido una manera de zanjar eventuales diferencias dentro de la Universidad, sino que también contribuye a hacer lo propio con respecto al poder político para solucionar el problema. CID.- Durante la sesión del Senado del día de ayer estuvimos charlando sobre la propuesta con el señor Senador Rubio. Advertimos que existen propuestas muy razonables de parte de la Universidad que, en nuestra visión, son de fácil solución. Inclusive, algunas sugerencias contienen redacciones diferentes que no cambian el alcance de los objetivos.
Con respecto al hecho de elaborar un proyecto de ley que modifique el Gabinete generado por decreto, debo señalar que no creo que ese sea el ámbito donde deba jugar el CONICYT. Me parece que una cosa es el Poder Ejecutivo y otra es la Agencia para la innovación, donde el CONICYT -desde mi punto de vista- sí debe tener un lugar. Además, se debe favorecer el diálogo entre la Agencia y el Gabinete. No puedo entender que no haya un trayecto de ida y vuelta entre ambos organismos; de lo contrario, estaríamos hablando de algo que a priori no funciona. Por lo tanto, creo que el CONICYT debería estar en la Agencia -tal como lo dijo el señor Presidente-, donde tendría garantías en el sentido de que sus objeciones o propuestas alternativas fundadas serán analizadas con especial detalle. Me parece que por ese lado se contempla a la Academia porque, en definitiva, estamos apostando a eso. Creo que esto puede ser de mucho aporte para el funcionamiento de la Agencia. Inclusive, como dice la señora Senadora Topolansky, por el sólo hecho de tener las mayorías parlamentarias, lo que nos da cierta flexibilidad para operar cambios, esta experiencia -que seguramente no va a ser perfecta- nos va a permitir corregir a la brevedad lo que vaya surgiendo y lo que los diferentes actores nos trasmitan como fallas, deficiencias y temas a resolver.
AROCENA.- Naturalmente, en lo que plantea el señor Senador Cid hay un amplio margen para la búsqueda de alternativas. Eso justifica la propuesta de que haya una representación directa del CONICYT en el Gabinete, donde deberán fijarse las estrategias generales -no queremos involucrarnos en eso que nos parece de resorte y que, aunque nos interesa, no nos incumbe directamente- y los grandes lineamientos políticos que la Agencia esencialmente instrumentará, lo que en definitiva responde a la idea que teníamos. Naturalmente tendrá capacidad de iniciativa o de propuesta pero, en esencia, vemos a la Agencia como un mecanismo de implementación. Por lo tanto, nos parecía especialmente útil que en el lugar donde se elaboran los lineamientos políticos de largo plazo o políticas de Estado -para hablar como se suele hacer con respecto a estos temas- haya una posibilidad de escuchar directamente sugerencias que vienen del conjunto de actores que están involucrados en el tema.
Con respecto a la segunda observación que mencionó la señora Senadora Topolansky, quiero expresar que realmente nos alegramos de que este proceso no sea definitivo y ojalá que sea muy dinámico. Pero dada la cantidad de problemas que hay en el país y la dificultad que existe de legislar permanentemente sobre todos los temas, nos parece que sería importante que hiciéramos un gran esfuerzo para que esta iniciativa pueda salir de la mejor manera posible y permita una interacción fecunda entre los distintos actores. Los marcos institucionales son muy relevantes, pero son útiles cuando además se crean en un clima donde los actores que van a estar involucrados sienten que están colaborando y que el resultado legal es compartido. Por eso dentro de la Universidad hemos hecho un esfuerzo tan grande para aproximar posiciones y queremos colaborar con esta propuesta que obviamente es controvertible. Asimismo, nos gustaría que esta aproximación fuera mucho más allá de la Universidad y que involucrara también a otros actores que están teniendo y seguramente tendrán un papel muy relevante.
TOPOLANSKY.- Quiero aclarar que no dije que se haría una ley precaria. Digo esto, porque recién ahora estamos revisando el Digesto Municipal del año 1935. Lo que quise decir es que, de estar el país en otra situación, no hubiera dudado en la creación de un Ministerio, es decir que estaría dispuesta a organizar un sistema con todo su potencial. Pero, lamentablemente el Uruguay está pasando por otra circunstancia. Tampoco quiero que esta propuesta sea la definitiva, entonces, ahí está el asunto: no es un problema de precariedad.
MANTA.- Quisiera hacer una puntualización con respecto a lo expresado por el señor Senador Cid. Creo que todo el sistema universitario en su conjunto -o al menos su gran mayoría, tal como se desprende de este documento- en ningún momento duda de las potestades que tiene un Gobierno legítimamente elegido, a través de su Poder Ejecutivo, de fijar las políticas de Estado en ciencia y tecnología. Eso, reitero, lo tenemos absolutamente claro. La Universidad trata de aportar de una manera proactiva buscando que la figura del Presidente del CONICYT -que es sumamente respetada a nivel del colectivo de los creadores de la ciencia y la tecnología del país, al menos en este momento, por supuesto que no me refiero a períodos anteriores- forme parte de ese organismo decisorio. Creo que para el colectivo científico y tecnológico del país sería una muy buena señal.
PRESIDENTE.- Señalo que tenemos el Mensaje y haremos las correspondientes consultas políticas, pero diría que la información es bien precisa. Esto nos ha permitido despejar el campo de temas que no son centrales. La discusión del proyecto de ley ha avanzado mucho y para tranquilidad de nuestros invitados quiero expresarles que estaremos en comunicación.
CID.- Si el señor Presidente me permite, quisiera decir que me parece que no se entendieron mis expresiones. Digo esto, porque las puntualizaciones que se han hecho son absolutamente coincidentes con lo que he dicho, por lo que estamos en la misma línea de trabajo. Si se captó de otra manera es porque me expresé mal pero, en lo personal, jerarquizo la labor del CONICYT. Obviamente, en mi anterior proyecto de ley estaba muy jerarquizado lo que es el CONICYT, porque he apostado a todo lo que ha hecho; por lo tanto, estimo que la opinión de la Academia es esencial en lo que respecta a proponer, cambiar, objetar o discutir. Por eso, como se ha dicho, la figura del Presidente del CONICYT, que es muy respetada desde el punto de vista académico y social, tiene que participar.
PRESIDENTE.- Debemos culminar esta reunión, porque hay varios señores Senadores que participan de otras Comisiones simultáneamente.
AROCENA.- Deseo agradecer a los señores Senadores por habernos recibido, también en nombre de mis compañeros y agregar que en lo que a nosotros respecta estaremos en contacto permanente a fin de buscar que esta labor sea lo más fecunda posible.
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