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Los paros por previsibilidad
del campo argentino
por Pablo Broder *
 En
momentos de redactar estas líneas (última semana de
enero 2007) dos de las principales entidades
ruralistas, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
y Federación Agraria Argentina (FAA) lanzaron un
plan de lucha en respuesta al aumento dispuesto por
el Gobierno a las retenciones sobre las
exportaciones de soja y contra la política
agropecuaria oficial, y no descartaron convocar a un
cese de comercialización de carnes y granos para un
futuro cercano, pese a que continúan buscando
retomar el diálogo con el Gobierno al que el sector
ya le hizo dos paros, uno en julio, contra las
restricciones a las exportaciones de carne, y otro
en diciembre, en reclamo por la intervención oficial
en los mercados agropecuarios cuyo objetivo era
controlar los precios domésticos.
Con el anunciado
aumento del 4% a las retenciones a las exportaciones
del complejo sojero, el Gobierno pretende subsidiar
el consumo interno de los productos derivados del
trigo, maíz, girasol y soja para evitar que el alza
de los valores internaciones termine generando
inflación interna, por la suba de los precios del
pan, fideos, pollo y carne vacuna, entre otros.
Durante la huelga
agropecuaria de diciembre 2006, el campo, uno de los
pocos sectores empresariales que se animó a
enfrentar abiertamente al gobierno, mostró su
fuerza: en los nueve días que duro la protesta,
prácticamente no se comercializo ganado ni granos.
Paradoja
Esta situación de
conflicto es motorizada por un sector que,
paradojalmente pasa por un momento excepcional: la
producción de materias primas agrícolas se encamina
a un nuevo record de 90 millones de toneladas y los
precios internacionales y la demanda de esta
categoría de productos aumentan sostenidamente. El
sector se encuentra potencialmente en condiciones
de pasar de 90 a 120 millones de toneladas de granos
en cinco años y transformar este saldo exportable en
proteínas animales o biocombustibles (no obstante,
que para acceder a esa meta sean necesarias
inversiones, que deben provenir básicamente del
sector privado).
Las razones
Pese al promisorio
panorama global nacional e internacional, un
conjunto de factores, algunos estructurales y otros
coyunturales, confluyeron para dar lugar a un
quiebre en las relaciones entre el sector
agropecuario y las autoridades nacionales.
Las entidades del
sector - CARBAP, FAA y a último momento y rompiendo
una tradición de oposición a este tipo de
expresiones, la Sociedad Rural Argentina (SRA)-
decidieron la realización de la última medida de
fuerza reclamando por:
- La erraticidad de
las políticas del Gobierno nacional, a su vez
claramente intervencionista.
- Imposibilidad de
identificar un interlocutor representativo de la
política oficial.
- El cortoplacismo
que impregna el sustrato de las decisiones oficiales
que en el caso del campo tiene consecuencias muy
graves, como por ejemplo la decisión del Gobierno, -
en función de controlar los precios internos- de
suspender las exportaciones cárneas (1).
- Las trabas a las
exportaciones de granos.
- Las reiteradas
alteraciones al clima de seguridad jurídica cuya
consecuencia inmediata es un impacto sobre la
inversión en el sector.
- Preocupación ante
el hecho que la redistribución de la riqueza no se
hiciera vía impuestos como es norma de los países
estructurados institucionalmente, sino también por
la voluntad discrecional de un funcionario.(2)
- Urgencia para
efectivizar la inversión pública en la
infraestructura necesaria para respaldar la
actividad, esto es autovías, hidrovía a Brasil,
ferrocarriles de alta velocidad, etc, proyectos con
grandes déficits de concreción.
Diseño de políticas
sustentables a mediano plazo
Por encima de los
temas puntuales, el campo reclamó una política
agropecuaria de mediano y largo plazo, que vaya más
allá del control de la inflación y permita aumentar
la producción de alimentos tanto para el consumo
interno como para la exportación, reivindicando el
reemplazo de la política cortoplacista y de
coyuntura por una concertación productiva de mediano
plazo en el sector.
Advierten los
empresarios que muchas decisiones que se adoptan,
buscando un rápido efecto, como para que haya más
carne, desatienden los procesos biológicos de la
producción. Lograr un ternero lleva por lo menos dos
años desde que la vaca quedó preñada. “La producción
no puede cambiar de un día para el otro, en
veinticuatro horas” señalan. Como ejemplo en la
misma línea de crítica se encuentran las
modificaciones en el peso mínimo requerido para la
faena, que primero se elevó a 280 kilos y luego
volvió a bajar a 240 kilos, aunque de manera
temporaria, sin atender a una consistente política
ganadera, por lo cual se hizo menester modificar
los esquemas de producción para ajustarse al tipo de
animal que se podía producir, en forma abrupta, con
sus consecuencias en la producción y el stock
ganaderos.
El incremento de las
existencias, objetivo compartido por el sector
productor y por las autoridades nacionales, implica
su uso como bien de capital, con las consecuencias
de contracción de la oferta para faena y
consiguiente alza de los precios. Requiere, además,
un período de maduración superior a los dos años.
Por lo tanto,
alcanzar este objetivo, aprovechando el buen
momento del mercado internacional sin desabastecer
el mercado interno ni castigarlo con precios
incompatibles con los niveles de ingreso de la
población, exige una tarea de planificación conjunta
entre el sector público y el privado, aún no
concretado.
Por su parte, la
distorsión en la distribución del ingreso a lo largo
de la cadena (producción, industria y
comercialización) también presente en el caso de los
cereales, se aprecia en el hecho que mientras el
precio del ganado cayo un 30% desde la vigencia de
la veda a las exportaciones de carne, los precios en
el mostrador se redujeron solo un 5%.
En cierto sentido la
actualidad evoca los tiempos del plan de
convertibilidad, donde a mérito de mantener el tipo
de cambio, se pagaron ingentes costos. En esos años,
el objetivo del Gobierno de los 90 consistía en
durar, aguantar hasta la culminación de los procesos
electorales, no importando las consecuencias, no
importando el después. Así se fue incubando la
crisis del 2001. Si bien con aspectos disímiles,
los objetivos de control inflacionario del presente
se priorizan sobre las políticas más profundas en
materia agropecuaria.
Actitud oficial
Los representantes
del Gobierno, en el decurso de la última medida de
fuerza, volvieron a exhibir el acostumbrado estilo
autoritario y descalificador. La ministra de
Economía respondió con dureza a los productores y
los acusó de querer "aumentar los precios de la
carne, la harina y el pan". En tanto, el ministro
del Interior, Aníbal Fernández, calificó con su
proverbial lenguaje elegante de "pavo" al presidente
de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y llamó
"ganso" al líder de la Federación Agraria Argentina
(FAA).
El funcionario
también fue el encargado de expresar lo que parecía
habría de ser una nueva actitud del Gobierno en
materia de protestas callejeras, pues hasta el
presente no ha hecho el más mínimo gesto ni acción
para desalentar la ordalía de piquetes de todo tipo,
paros, cortes de rutas y puentes a los que los
argentinos ya están cotidianamente habituados, pues
ante la amenaza de los productores agropecuarios de
cortar con sus tractores la ruta 9, el ministro
afirmó que no se habrían de permitir.
La acusación oficial acerca de que la
protesta rural es un paro "ideológico-político" fue
vehementemente rechazada por los empresarios, al
resaltar que estaban unidas todas las expresiones
del arco filosófico del sector, desde la
Federación Agraria hasta la Sociedad Rural, (pese a
sus muchas diferencias ideológicas) en este caso
con un común denominador:
reclamo de previsibilidad y seguridad jurídica.
Resultados
La protesta ruralista
de diciembre de 2006 fue contundente; así lo sintió
el Gobierno, que empapeló Buenos Aires con críticas
al sector, de una manera que no debió ser del gusto
de ningún productor, grande o pequeño: instalar en
la opinión pública la idea de que el campo es el
adversario del consumidor de la ciudad. Los
ruralistas se esfuerzan por argumentar exactamente
lo contrario.
Están convencidos de
que si el Gobierno le diera al agro la importancia
que tiene, no sólo económica sino social, se
tomarían medidas compatibles entre las necesidades
del habitante urbano con el crecimiento de la
producción agropecuaria y el desarrollo del
interior.
El Gobierno puso en
acción su artillería publicitaria, con una fuerte
campaña, multimediática, con tres rotundas frases
que terminaban con una pregunta que sacaba el
conflicto de contexto y llevaba al receptor a tomar
una posición de carácter político, mucho más allá de
la esencia del paro. Los ruralistas contestaron con
una medular solicitada, extensa y conceptual, pero
por los mismos motivos, de escasa llegada efectiva a
sus pretendidos destinatarios, los habitantes del
país.
Claro está, que, pese
al aluvión comunicacional y a la monocordia de buena
parte de los medios, a la larga o a la corta,
aparece eso que dijo alguien muy recordado por este
Gobierno:”La única verdad es la realidad”(3).
El futuro
Los dirigentes, no
obstante las medidas de fuerza, se mostraron
permanentemente dispuestos al diálogo con el
gobierno, a partir de una extensa agenda de temas,
algunos de cuyos puntos más urgentes son la
situación en el mercado concentrador de Liniers,
donde la ley de la oferta y la demanda quedó al
margen y rige la lista de precios máximos cuya
autoría se atribuye al secretario de Comercio
Interior, y dar previsibilidad a los mercados de
granos, que también sufren intervenciones oficiales,
entre otros puntos.
Una vez más se hace
presente la necesidad imperiosa de instalar la
política de producción, como política fundamental de
Estado. En artículos anteriores señalábamos el
carácter oportunista de las medidas del Gobierno
argentino, que ayudado por una sociedad atemorizada
y por el complejo mediático adicto, utiliza todas
sus herramientas para poder transitar el año 2007
con vistas a un triunfo en las elecciones de
octubre.
No obstante, hechos
como el referéndum de la provincia de Misiones, la
acción del sector agropecuario, y expresiones
todavía algo aisladas de resistencia, son muestras
de una saludable reacción frente al actual modelo
de conducción.
*
Economista argentino. Su último
libro: “Dos años en la era K.” Editorial Planeta.
Buenos Aires.2005.
(1)
Son innumerables los perjuicios que el
incumplimiento de los compromisos contraídos con el
exterior, conllevan para los exportadores, así como
echar por la borda esfuerzos realizados en años para
introducirse en mercados externos, superando rémoras
de tradicionales incumplimientos nacionales y
avanzando sobre el fantasma de la aftosa.
(2)
La inversión en cualquier campo de la actividad
privada siempre plantea como requisitos
concurrentes, la seguridad jurídica, perspectiva de
estabilidad en los marcos legislativos y operativos
que hagan al accionar de la inversión en el mediano
plazo, y posibilidades concretas de rentabilidad.
Las tres condiciones son necesarias.
(3)
Frase histórica del ex presidente Gral.
Juan Domingo Perón.
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