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Crisis en la enseñanza
superior en San Pablo
por Renato Godoy de Toledo
Periodista de “Brasil de Fato”
En apenas un mes de
gestión, el gobierno de José Serra en San Pablo-
Brasil, ya enfrento la enseñanza pública superior
paulista en dos frentes. El primer día de mandato,
decretó la creación de la Secretaría de Enseñanza
Superior que, en la práctica, debe funcionar como
una “super-rectoría”. Inmediatamente después, el
tucano anunció que los repasos de importes asignados
para las tres universidades públicas – USP, Unesp y
Unicamp – serán recortados en un 15%.
Ante estos hechos,
las entidades representativas de la comunidad
académica expresan que el paquete de Serra coloca en
jaque la autonomía universitaria, la calidad
de la enseñanza y su carácter público.
El Foro de las Seis –
entidad que comprende a las asociaciones de
profesores y sindicatos de trabajadores de las tres
universidades – realizó el 1º de febrero una
asamblea y redactó un documento que clasifica el
paquete de Serra como una de las “más violentas y
autoritarias intervenciones del gobierno del
Estado en la autonomía didáctico-científica,
administrativa y de gestión financiera y patrimonial
de las universidades estatales paulistas.”
El Foro decidio un
calendario de movilizaciones, en conjunto con los
estudiantes. En las primeras semanas de clase, las
entidades van a realizar actividades para esclarecer
a los estudiantes acerca de la nueva coyuntura
impuesta por el gobierno. “Vamos a explicar que,
cuando ellos hicieron el examen de ingreso, la
universidad era una cosa; ahora que están
matriculados la situación ya es otra”, comenta
Aníbal Ribeiro, director del Sindicato de los
Trabajadores de la USP (Sintusp). “El ataque del
gobierno fue grande y nuestra reacción va a ser
mayor aún”, promete.
En el análisis del
presidente de la Asociación de los Docentes de la
USP (Adusp), César Minto, las medidas de Serra
corroboran un proyecto de universidad formulado por
el PSDB, sustentado en el discurso de que es “muy
onerosa” una enseñanza pública de calidad,
basada en el trípode enseñanza, investigación y
extensión.
Dentro de esta lógica, el Estado
daría un aval para una mayor captación de recursos
externos, o sea, inversión privada. Este proceso, en
la visión de los órganos representativos de la
comunidad académica,
compromete el carácter público de la universidad.
El gobierno del
Estado, por su parte, argumenta que el paquete de
medidas tiende a romper el “aislamiento” de las
instituciones de enseñanza: “las universidades no
son islas aisladas, deben estar abiertas a la
sociedad, buscar la inclusión y el gobierno es un
instrumento importante para esto”, justificó el
secretario estatal de la Casa Civil, Aloysio Nunes
Ferreira, en una entrevista a la Folha de S. Paulo.
En esta línea, para
“encuadrar” las universidades, los tucanos actuaron
en dos vías: una política, otra financiera. Primero,
vincularon a la recién-creada Secretaría de
Enseñanza Superior, comandada por José Aristodemo
Pinotti (PFL), el Consejo de Rectores de las
Universidades Estatales Paulistas (Cruesp), la
principal instancia deliberativa acerca de las
cuestiones universitarias.
En la otro aspecto,
el gobierno del Estado disminuyo el presupuesto de
la enseñanza superior. Al cerrar su gestión, el
ex-gobernador Cláudio Lembo (PFL) no concedió los
aumentos de recursos para las universidades
negociados con el Palacio dos Bandeirantes y la
Asamblea Legislativa de San Pablo. Lembo afirmó que
recuerda que tomó la medida después de conversar con
José Serra (A pedido de Serra, Lembo redujo los
recursos para la educación).
El aumento de las
inversiones fue una conquista del Foro de las Seis
que, después de una intensa movilización, consiguió
que el gobierno paulista aceptase invertir el 10,43%
de lo que recaudaba con el ICMS a la enseñanza
superior. El porcentaje anterior – y que ahora
volverá a prevalecer – es de 9,57% de la recaudación
de este impuesto.
El corte de recursos
no quedó en esto. Serra anunció incluso que va a
retener el 15% de lo asignado a la universidad
pública. En enero, el tucano no transfirió R$ 21,5
millones del presupuesto de la USP y de la Unesp.
Para la tesorera de la Adusp, Lighia Matsushigue, el
riesgo es una “terquedad”. “Estábamos pidiendo más
recursos, justamente, porque los 9,57% no
son suficientes para financiar una educación de
calidad”, afirma Lighia.
Según esta visión la
autonomía universitaria se torna ficticia
cuando no hay autonomía de gerenciamiento
financiero. “En función de la escasez de recursos,
la USP de la Zona Este, por ejemplo, no tiene
laboratorios de investigación, ni sala para los
profesores. Sin un soporte financiero del estado, la
universidad queda a merced de los intereses del
mercado. Sólo habrá estudios relacionados a lo que
da retorno financiero, como ya sucede en algunas
unidades de la USP”, dice la tesorera, que preve
dificultades para que las instituciones cierren sus
cuentas, inclusive para costear los gastos de
personal.
Para Aníbal Ribeiro,
del Sintusp, la función del gobierno es realizar más
“ajustes”. “Sabemos que habrá una reducción en el
cuadro de funcionarios y una precarización de la
enseñanza. Cuestiones materiales, como, por ejemplo,
los equipamientos de los Hospitales Universitarios,
también serán afectadas”, reitera.
En el mismo decreto
en el que creó la Secretaria de Enseñanza Superior,
el gobierno Serra realizó un desmembramiento
institucional en el sector de la Educación. El
Centro Paula Souza, responsable por las Facultades
de Tecnología (FATECs) y por las Escuelas Técnicas
Estatales (ETEs), que estaba vinculado a la Unesp,
pasó a estar subordinado a la Secretaria de
Desarrollo Económico.
Con esta
“reestructuración”, la educación pasa a ser pensada
de manera fragmentada, ya que las tres universidades
públicas quedan subordinadas a la Secretaría de
Enseñanza Superior y la enseñanza básica,
fundamental y media continúan a cargo de la cartera
de Educación. Para César Minto, presidente de la
Adusp, dividir la educación en tres carteras
distintas, demuestra una intención de “no construir
un sistema público de educación”.
El hecho de que la
enseñanza técnica quede disociada de las
carteras de Educación y Enseñanza Superior,
representa, para el presidente, una tentativa de
construir dos tipos de enseñanza. “Desde nuestro
punto de vista, el gobierno realizó esta maniobra,
para poder quedar sin ataduras, para hacer lo que
quiera con las Fatecs (antes subordinadas al
Cruesp). Así, puede efectuar una ampliación de
vacantes, con costos menores, ofreciendo una calidad
de enseñanza, como mínimo, cuestionable”, afirma
César.
En la visión de
César, este tipo de enseñanza sería ofrecida a los
sectores más pobres de la población, mientras los
cursos de las universidades administradas por la
Secretaría de Enseñanza Superior serían
destinados a una pequeña, y rica, parcela de la
población. El docente teme que cursos de mayor
“agilidad”, con estructura precaria y volcada a las
demandas técnicas del mercado, se diseminen y
alcancen una parcela mayor de enseñanza superior,
tal como la USP de la Zona Este.
Medidas abren espacio para las
fundaciones privadas
Un efecto del corte
de recursos para la enseñanza superior paulista
es el fortalecimiento de las fundaciones de
derecho privado en las universidades, sobre todo
en la USP. Estas fundaciones, tales como la Fipe,
Fipecaf y la Fundación Zerbini, han actuado en la
mayor universidad del país de forma irregular.
Administran cursos pagos de post-grado y
financian investigaciones volcadas hacia empresas
privadas y el mercado, dentro de la estructura de la
universidad pública. “Las fundaciones se valen del
espacio físico, de los equipos y del cuadro de
funcionarios, más allá del nombre de la universidad
para fines privados. Nadie tira el dinero por la
ventana, quieren obtener lucro”, afirma César Minto,
presidente de la Adusp.
Sin embargo, con el
gobierno reduciendo la inversión pública, las
sociedades con las fundaciones ganarán más demanda.
En 2001, el Consejo Universitario de la USP, en el
cual las fundaciones poseen asientos e influencia,
intentó aprobar la reglamentación de las
fundaciones. Los estudiantes ocuparon el local donde
se realizaba la reunión y el proceso fue suspendido.
El Ministerio Público
(MP) acompaña la cuestión, y por medio de Ajustes de
Conducta (TACs), obligó a las fundaciones a no usar
más la estructura universitaria. Algunas ya
retiraron sus sedes de la Ciudad Universitaria, Zona
Oeste de la capital paulista, y se instalaron en los
alrededores. Pero, según la Adusp, los TACs son un
arma de doble filo: por un lado obligan a las
fundaciones a no utilizar más el espacio público,
pero de cierta forma las 'legalizan'”, evalúa César.
Fuente: Brasil de Fato
Traducido para
LA ONDA digital
por
Cristina Iriarte
LA
ONDA®
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