Estrategia de Desarrollo – Inserción Internacional

En realidad esta variable puede ser genéricamente denominada política económica nacional. Desde la máxima que todos los países latinoamericanos forman parte del mundo en desarrollo, el elemento se hace equivalente a las estrategias de desarrollo diseñadas y adoptadas.[i] Como variable explicativa de la política exterior incluye: 1. rol en la difusión externa del país, proyectando la imagen de su economía interna y promoviendo su comercio exterior; 2. adopción de modelos económicos orientados, en mayor o menor medida, hacia el mercado mundial, la promoción del libre comercio y la atracción de inversiones extranjeras; 3. posicionamiento de los países ante procesos de integración suberegional y regional; 4. posicionamiento de los países ante instancias económicas de corte más universal como la OMC o foros especializados a nivel de la Organización de las Naciones Unidas.

 

La política exterior puede llegar a ser vista como un elemento de contribución a una determinada estrategia interna de desarrollo. Así, la adopción de una nueva estrategia de desarrollo en un país puede llevar a la revisión de ciertas bases y herramientas de su política exterior, con consolidaciones e innovaciones no solamente radicadas en el terreno económico. La alerta es que una visión extremadamente economicista de la política exterior reduciría el margen de maniobra estatal en los países del mundo en desarrollo. El destino primario de la propia estrategia de desarrollo sería un consentimiento, al estilo contrato de adhesión, frente a las economías centrales y sus patrones macroeconómicos. En lo interno, las cancillerías pasarían a ser actores de segunda jerarquía frente a los equipos económicos nacionales.

 

Cabe, por último, vincular esta variable con el concepto de autonomía, muy arraigado en estudios de política exterior latinoamericana. Si el desarrollo es un objetivo a promover, la autonomía significaría la búsqueda hacia el ideal de la no-dependencia, una maximización en términos nacionales. Una dependencia consolidada, de origen histórico, hace que los ciclos económicos internos no puedan ser completados sin la participación de un centro económico nacional externo más dinámico. De esta afirmación surge Estados Unidos, potencia hegemónica hemisférica, como tema recurrente en los análisis, a pesar de la gran heterogeneidad que se advierte entre sus autores.

 

El internacionalista chileno Heraldo Muñoz señala que la característica esencial de las relaciones exteriores de América Latina y el Caribe ha sido una constante preocupación por el desarrollo y la autonomía nacional y regional. “Si pudiésemos utilizar la noción de paradigma, según la definición de Khun, se podría sostener que un posible paradigma de los estudios internacionales en los países avanzados se basaría en conceptos tales como conflicto y seguridad, en tanto que un posible paradigma latinoamericano, tendría que fundarse en conceptos como desarrollo e independencia”.[ii]

 

MERCOSUR: el concierto subregional

En consonancia con la propuesta electoral 2004, el gobierno del Frente Amplio concibe como herramienta prioritaria de inserción internacional al MERCOSUR. El mencionado proceso de integración es abordado, tal y como se propusiera, desde dos áreas de trabajo compatibles entre sí: esquema a profundizar material e institucionalmente y primer plataforma de salida al Sistema Internacional.

 

En el primer semestre del año, el gobierno aborda la profundización institucional del bloque, posicionando al país en un tema de disenso en su sistema político. El Ministro de Relaciones Exteriores Reynaldo Gargano defendió la idea de un Parlamento del MERCOSUR, por ajustarse a la visión de la integración de toda la administración. Explicó que el objetivo de este nuevo órgano radicará en que el ciudadano conozca por fuentes institucionales la labor cotidiana del Grupo Mercado Común y la conexión de los documentos emanados de ese órgano con los respectivos parlamentos nacionales.

 

En el segundo semestre del año, el gobierno se encuentra ante el desafío de la presidencia Pro Témpore del MERCOSUR. En la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados, de Asunción del Paraguay, el Presidente de la República Tabaré Vázquez asume la representación del bloque. En su discurso, deja claro la posición nacional: Uruguay “quiere más y mejor MERCOSUR, en tanto plataforma para la integración de la región en el mundo”, agregando que los uruguayos “no queremos seguir solos, ni como país ni como MERCOSUR”.[iii] Vázquez enuncia doce puntos de profundización del MERCOSUR, institucionales, económico-comerciales y referentes a distintos sectores del espacio común.[iv]

 

Pero el mayor logro que Uruguay exhibirá en el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore no radicará en la profundización del MERCOSUR, sino en la ampliación, a partir del ingreso de Venezuela. En la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca, el 19 de octubre, Gargano comunicó el pasaje de Venezuela de Estado asociado a miembro pleno, para el mes de diciembre. Vázquez en el correr del semestre dará un argumento al impulso uruguayo hacia esta incorporación: la necesidad de equilibrar las asimetrías en el bloque ante los déficit en los liderazgos de Argentina y Brasil. Al momento de abandonar la Presidencia Pro Témpore, en la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR del 9 de diciembre, los cuatro miembros plenos del bloque aceptaron la incorporación de Venezuela, con voz y sin voto, categoría diferente a la de miembros asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y la propia Venezuela).

 

Venezuela resultó también en el terreno bilateral un importante socio para Uruguay. Entre una multiplicidad de acuerdos se destacan los negociados entre la Asociación Nacional de Combustible Alcohol y Pórtland (ANCAP) y Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) que permiten a Uruguay: importar petróleo con precios y formas de pago muy convenientes; solucionar el problema de la empresa Sol Petróleo a través de la cual ANCAP invertía en Argentina, y adquirir el derecho de explotación de una parte de un pozo petrolífero en la Cuenca del Orinoco. Otros acuerdos de similar importancia tienen que ver con la compra del banco cooperativo uruguayo COFAC por el venezolano Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES), inversiones en infraestructura, y asistencia en educación.

 

No obstante, el compromiso nacional con el proyecto de Chávez tuvo una suspensión durante el 2005 con relación a la señal televisiva regional Telesur, impulsada por Venezuela. El gobierno uruguayo solicitó que se quitara toda mención del Estado, hasta tanto el proyecto no obtuviera aprobación parlamentaria, respondiendo a demandas de los partidos políticos de la oposición.

 

Finalmente, cabe mencionar el intento de Gargano por asociar a Cuba en el esquema MERCOSUR. Este punto será tratado en el apartado “Concepción Ideológica”, ya que  el gobierno uruguayo atribuyó un fuerte peso político y simbólico a las relaciones con Cuba. Sin embargo, en los hechos, hubo un fortalecimiento material de las relaciones bilaterales con: aumento de comercio, contribuyendo a una mejora en la balanza comercial bilateral; intercambio técnico y educativo, y la participación en la llamada “Operación Milagro”, en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), impulsada por Venezuela, Bolivia y la propia Cuba.[v]

 

MERCOSUR: el desconcierto subregional

En su primer año de gobierno, la administración Vázquez tuvo un inesperado frente de conflictos en su círculo prioritario de inserción. Sin duda, Brasil y, muy especialmente, Argentina jugaron en contra de los intereses nacionales, constituyendo un factor externo de difícil e impredecible manejo.

 

El gobierno brasileño, quizás ocupado por una crisis interna, a partir de una red de corrupción que operaba para asegurar mayorías parlamentarias en el entorno del presidente Luis Inácio Lula Da Silva, no hizo operativo su natural liderazgo del bloque. Tampoco impidió, por ejemplo, que los productores de arroz uruguayo sufrieran la histórica obstaculización promovida por sus pares de Río Grande del Sur, tendiente a dificultar el ingreso del cereal uruguayo en el territorio brasileño. Con Argentina, a partir de que su Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Rafael Bielsa se alineara con el gobierno de la provincia de Entre Ríos para impedir la instalación de dos plantas de pasta de celulosa, en el departamento de Río Negro sobre el Río Uruguay, la relación bilateral llegó a puntos de tensión inéditos.

 

El primer episodio de desentendimiento con Brasil surge con las candidaturas a la Dirección General de la OMC y a la Presidencia del BID. El apoyo tardío de Brasil al candidato uruguayo en la OMC, Carlos Pérez del Castillo, recibe una respuesta en la votación de Uruguay al colombiano Luis Alberto Moreno en el BID, descartando al  candidato brasileño Joao Sayad. En el desentendimiento OMC, Brasil llegó a presentar su propio candidato, Luiz Felipe de Seixas Correa, rompiendo un consenso trabajado en la región. Trascendió que el gobierno brasileño no se sentía representando por Pérez del Castillo, alegando su alineación con los países industrializados, en su calidad de Presidente del Consejo General de la OMC, cuando dirigía el proceso de la fracasada conferencia ministerial de Cancún. Seixas retiró su candidatura cuando las posiblidades del uruguayo estaban muy debilitadas.[vi]

 

En una definición hecha pública en las instancias finales de votación en el BID, a fines de julio, el gobierno uruguayo optó por Moreno, causando un explícito malestar en el gobierno brasileño. Sin embargo, en este análisis no puede omitirse que, Tabaré Vázquez, al optar por Moreno, se hallaba en la disyuntiva de complacer al socio regional, Brasil, o al mayor importador, Estados Unidos, con quien además se estaba negociando el tratado de inversiones. El Ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori fue la pieza decisiva para que el gobierno votara al colombiano. Astori basó su argumentación en las condiciones del candidato -ex ministro de Economía de Colombia- y en que el Banco tiene que estar volcado al desarrollo de toda Latinoamérica y no de una subregión. De todas formas, la división de votos al interior del MERCOSUR terminó sumando a la estrategia de Estados Unidos. A Moreno lo votaron los países de la Comunidad Andina de Naciones, del NAFTA, centroamericanos, Paraguay y Uruguay.

 

Sin embargo, el episodio más decepcionante para el espacio MERCOSUR, lo constituyó el conflicto con Argentina por la instalación de las plantas de celulosa, en la ciudad de Fray Bentos, por parte de las firmas finlandesa Botnia y española ENCE. Los proyectos se expusieron como una inversión extranjera sin precedentes. El gobierno se encontró desconcertado ante su contraparte. En una primera instancia porque el 2 de marzo de 2004, los cancilleres uruguayo y argentino, Didier Opertti y Rafael Bielsa, habían llegado a un acuerdo, reconociendo el carácter nacional y legal de las obras. Pero, el desconcierto mayor derivó de tener que negociar con un país que se manifestó mediante múltiples actores, todos legitimados en mayor o menor medida por el presidente argentino Néstor Kirchner, y con objetivos tan distintos como el control conjunto a una posible contaminación del Río Uruguay o la directa relocalización de las plantas.

 

Si bien en el mes de mayo los presidentes de ambos países instituyen un Grupo Técnico de Alto Nivel para complementar estudios sobre las plantas de celulosa, si bien el Grupo se reúne once veces, a partir de agosto, colectivizando información y llegando a varios acuerdos, el conflicto en diciembre adquiere una magnitud inusitada cuando movimientos no gubernamentales cortan los puentes binacionales Fray Bentos–Puerto Unzué, principalmente, y Paysandú–Colón, dos de los tres que unen Uruguay con Argentina por vía terrestre. La medida afectó la temporada turística uruguaya y el comercio bilateral. Desde mayo a diciembre se habían alternado hechos que fueron agravando la situación.[vii]

 

En el año 2006, el conflicto adquirió características peculiares, a partir de heterodoxos métodos de encarar un diferendo de política exterior. En primer lugar, las negociaciones medulares son derivadas a funcionarios directamente vinculados a los presidentes de Uruguay y Argentina, en concreto el Secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández y el Jefe de Gabinete Alberto Fernández, respectivamente. En segundo lugar, la activación de instancias multilaterales por parte de ambos países. Uruguay apeló a la estructura orgánica del MERCOSUR, recibiendo un apoyo explícito de Paraguay y una actitud prescindente de Brasil; la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Belela Herrera, solicitó la mediación de la OEA por los cortes de ruta, recibiendo como respuesta que la intervención sólo se daría a pedido de las partes. Argentina, finalmente, llevó el diferendo a la Corte Internacional de Justicia, buscando una solución de fondo al diferendo, pero solicitando como medida cautelar la interrupción de las obras.

 

Finalmente, cabe resaltar una última manifestación en torno al descontento uruguayo por la ausencia de liderazgos responsables por parte de Argentina y Brasil, así como por su marcada conducta tendiente a la bilateralidad en el proceso.[viii] En la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, al entregar la Presidencia Pro Témpore, Vázquez advirtió: “El MERCOSUR somos todos”…“la consolidación y desarrollo del bloque están estrechamente vinculados a los acuerdos y desacuerdos...” pero no a la “falta de diálogo o (al) diálogo de sordos”. “No puede haber indefiniciones o definiciones a medias…o definiciones por debajo de la mesa o definiciones lejos de esta mesa”. También denunció que los socios parecen estar divididos por categorías, sentenciando “ser chico no es excusa para pedir privilegios ni suplicar lástima, pero no es grande quien subvalora al más chico, ni progresa quien quiere avanzar solo”.[ix]

 

Estados Unidos ¿El convidado de piedra?

La relación con Estados Unidos fue, sin duda, el tema más debatido en cuanto a la inserción internacional. Para analizarlo, se debe partir de la situación heredada por el gobierno. En primer lugar, Estados Unidos se había convertido en el principal importador de bienes uruguayos, situación derivada de la crisis regional y del fuerte impulso que el expresidente Jorge Batlle diera a la relación comercial con ese país. En segundo lugar, el gobierno anterior había dejado firmado el tratado de inversiones recíprocas, y en este período y con esta legislatura se debía proceder a su ratificación.

 

Al segundo mes de iniciado el gobierno, el Vicepresidente de la República Rodolfo Nin Novoa viajó a Washington para asegurar a las autoridades estadounidenses que el tratado contaría con las mayorías parlamentarias necesarias para su aprobación. Sin embargo dejó claro que cualquier avance en el proceso del ALCA, el país lo procesaría a nivel MERCOSUR. De la misma manera, un eventual TLC bilateral sería, por lo menos, consultado en el espacio subregional. En una misma dirección, en el mes de junio, comienza la labor directa de quien sería el principal instrumento de negociación del país con Estados Unidos: el Ministro de Industria, Energía y Minería Jorge Lepra, ex gerente general para Uruguay de la empresa multinacional de origen norteamericano Texaco. En entrevista con autoridades, Lepra también trasmitió, a modo de percepción personal, que el tratado sería ratificado.

 

El papel de Lepra comenzó a ser decisivo sobre fines de ese mismo mes de junio, cuando los cultivadores de arroz de Uruguay decidieron demandar a Estados Unidos por subsidiar a sus productores, respaldados por Gargano. Lepra y el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca José Mujica lograron instalar una instancia negociadora intergubernamental.

 

Al protagonismo de Lepra debe adicionarse el del embajador uruguayo ante Washington Carlos Gianelli, diplomático de carrera que, a comienzos de su gestión, sugirió al canciller y al Presidente de la República renegociar el tratado de inversiones, mediante la interpretación de algunas de sus cláusulas, como estrategia para ampliar los consensos parlamentarios internos. Esa es, finalmente, la estrategia uruguaya. En oportunidad de la visita presidencial a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Tabaré Vázquez propuso al gobierno de Estados Unidos la renegociación. El acuerdo, con las enmiendas, se firmó en la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, los primeros días de noviembre, con la participación de Lepra y el embajador local Francisco Bustillo.

 

La instrumentación para el relacionamiento entre los dos países se centró, una vez ratificado el tratado de inversiones, en la llamada Comisión Conjunta Uruguay – Estados Unidos sobre Comercio e Inversión. En ese ámbito, los negociadores alteran propuestas en un marco definido en cuanto al Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América Relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, y con una meta indefinida en cuanto a posibles tratados de comercio bilateral.

 

Sistema político y de toma de decisiones

Una generalización válida, a la hora de encarar el contenido de esta variable, hace a la afirmación que en los países latinoamericanos, antes de alcanzar sus actuales niveles de modernización y democratización, los procesos de toma de decisiones en política exterior se restringían a círculos integrados por pocas personas bien informadas y en posiciones de autoridad.

 

La transformación del proceso de toma de decisiones llevó, en una primera instancia, a que un creciente número de ministerios, agencias, comisiones con carácter permanente, comisiones "ad hoc" y otras entidades pasaran a incursionar en el terreno internacional, en coexistencia con los ministerios de Relaciones Exteriores. Desde esa realidad, ministerios de Economía y bancos centrales han adquirido un rol de tal trascendencia en la negociación que algunos autores mencionan la existencia de “diplomacias paralelas en el plano económico” [x], lo que ha generado no pocas fricciones al interior de los procesos decisorios. Por su parte, los Poderes Legislativos retienen sus facultades de decisión, fiscalización y supervisión en política exterior, en buena medida amparados por normas constitucionales. Fuera de los Poderes clásicos, que en su interacción viabilizan un sistema político, se destaca como actor de las relaciones exteriores las Fuerzas Armadas, sobre todo en tareas esenciales de defensa y seguridad nacional.

 

La fuerte impronta presidencialista  y unipersonalista que afectaría a países latinoamericanos no ha sido óbice para conflictos decisionales en el entramado de burocracias muy institucionalizadas y redes complejas. En ellos, el presidente de la República, autoridad mayor en materia de representación y negociación  -en cualquier caso y más en altos niveles de centralización y concentración del poder- dirime en procesos controversiales entre centros de decisión. Pero, si se advirtiera una centralidad presidencial abrumadora, será preferible enfocar los análisis desde las perspectivas de liderazgo por sobre las burocráticas que tiendan a considerar la política exterior como resultado de la interacción y/o negociación entre agencias gubernamentales, cada una con su especialidad, su estilo y hasta su carga axiológica. El presidente no sólo toma las decisiones trascendentales, también desarrolla un estilo personal en el ámbito externo, relacionándose con otros actores del Sistema Internacional, y en el ámbito interno, descentralizando, desconcentrando y laudando.

 

En este esquema, el ministro de Relaciones Exteriores desempeñará un papel crucial en la etapa de implementación y ejecución de la política exterior, y, dependiendo de la porción de decisión que comisione el presidente, influirá en la etapa de análisis y diseño. El éxito en su función pública dependerá del grado de profesionalización tanto de la estructura central del ministerio como del servicio exterior o cuerpo diplomático y consular.

 

Por otra parte, los actores no estatales también están aumentando su influencia y participación en la toma de decisiones exteriores de los Estados latinoamericanos: partidos políticos, asociaciones empresariales y sindicales, medios de prensa, y, más recientemente, las ONG. Esto es verificable ya no sólo en temas sensibles como reivindicaciones territoriales, alineamientos ideológicos o en coyunturas de fuertes conflictos internacionales, sino en temas que atañen a sus intereses particulares, en espacios subregionales, regionales o universales.

 

En las investigaciones realizadas sobre la política exterior uruguaya del primer año de gobierno del Frente Amplio, ha resultado de enorme utilidad la confrontación de los acontecimientos a dos marcos conceptuales explicados por el internacionalista argentino Roberto Russell.[xi]

 

El primero diferencia entre estructura y proceso decisorio, pero los contenidos que se le asignaron a cada uno, en las investigaciones y en este trabajo, son de responsabilidad de quien suscribe este artículo. La estructura decisoria se considera conformada por los actores domésticos con potestad de comprometer al Estado internacionalmente -concepto restringido con relación al propuesto por Russell- y cuyas decisiones no son fácilmente revertibles, ni aún mediante voluntad de los mismos actores. El proceso decisorio, en tanto, hace a la dinámica de la decisión, y allí intervienen actores nacionales y extranjeros, gubernamentales y no gubernamentales, aunque en el sobreentendido que la decisión final siempre es retenida por la estructura decisoria. El resto de los actores se coloca en posiciones más o menos cercana a ella, según su especialidad, estatus, capacidad, oportunidad histórica, temática y problemática en juego.

 

El segundo marco conceptual compone una distinción entre el continuo centralización-descentralización y el continuo unidad-fragmentación. El continuo centralización-descentralización tiene que ver con el número de los actores individuales o institucionales que participan en el proceso decisorio. El continuo unidad-fragmentación hace referencia al grado de coherencia, cohesión y acuerdo en el proceso decisorio.

 

Instalación del Gobierno

El sistema político nacional presenta para el período de gobierno 2005-2010 no sólo el hecho inédito del acceso del Frente Amplio, sino además haberlo logrado con mayorías parlamentarias.[xii] Esto hizo que, en la agenda de instalación, no adquiriera prioridad, por primera vez desde 1985, la negociación en la búsqueda de estabilidad, gobernabilidad, consensos o coaliciones con la oposición, en este caso conformada por el Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente.

 

Este mapa político, sin embargo, no fue óbice para que el Frente Amplio intentara ampliar la base de consenso en política exterior, fiel a sus bases programáticas donde abogaba por una política exterior de Estado. Así, durante el mes de febrero de 2005, la coalición de izquierda llegó a un acuerdo con las restantes fuerzas políticas con representación parlamentaria en tres áreas: política exterior, economía y educación. El documento obtenido del consenso en política exterior, se tituló “Definiciones, Principios y Lineamientos de la Política Internacional”. Los acuerdos en las tres áreas fueron dejados a un lado, a raíz del desentendimiento en la coparticipación de los partidos de oposición en los órganos directrices de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

 

Tabaré Vázquez, en el período de transición hacia su asunción, designó un gabinete de ministros respondiendo a una estrategia simple, con relación a su futura gobernabilidad. Los líderes sectoriales o “cabeza de lista”[xiii], con la sola excepción del titular de Nuevo Espacio Rafael Michelini, fueron designados ministros. Su nueva adscripción tiene la intención de asegurar la disciplina, en un partido de gobierno con mayoría parlamentaria, a la vez que dificulta el cómodo recurso de los sistemas políticos de sustituir ministros como forma de descomprimir conflictos. La destitución de un ministro, en este esquema de funcionamiento, puede devenir en una crisis del gabinete ministerial, sencilla y hasta automáticamente trasladable al Poder Legislativo.

 

Los niveles de disidencia quedaron así acotados. El gabinete ministerial constituyó la primera instancia de negociación y subsiguiente emanación de voluntad del Poder Ejecutivo. Vázquez no apostó a un diálogo con grupos extraparlamentarios del Frente Amplio, la llamada izquierda radical, sectores que separada o conjuntamente más cuestionamientos materializan al primer año de gobierno frenteamplista.

 

El Ministro de Relaciones Exteriores designado, Reynaldo Gargano, proviene del mismo Partido Socialista del propio Vázquez. Su investidura fue de las últimas en conocerse, a pesar que su nombre para el cargo se manejó desde la campaña electoral, por los antecedentes de Gargano: integrante histórico e incluso expresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

 

La gran contradicción con las bases programáticas y el discurso histórico del partido de gobierno lo constituyen sin duda alguna las designaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se altera el postulado de respetar la profesionalización y la carrera funcional. Los nombramientos en las respectivas direcciones de Cancillería, las modificaciones en la normativa y la designación misma de funcionarios en misiones diplomáticas causaron serias resistencias.

 

En la estructura interna del Ministerio de Relaciones Exteriores operó la voluntad de designar funcionarios de confianza política, pero provenientes de los cuadros de la propia Cancillería. No obstante hubo dos ratificaciones Carlos Amorín, en la Dirección de General de Asuntos de Integración y MERCOSUR, en ese momento subdirector de la misma[xiv], y Diego Zorrilla continuando como Director General de Cooperación. La gran innovación fue la creación de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación con los Uruguayos en el Exterior, como nexo institucional con emigrantes. Gargano definió este “Departamento 20”[xv] como un espacio para que el residente en el extranjero acuda en forma directa y el encargado de la sede diplomática haga funcionar los mecanismos de protección.[xvi]

 

Ya sobre mediados de marzo, la Asociación de Funcionarios de Carrera del Servicio Exterior del Uruguay (AFUSEU) cuestionaba las designaciones de José Luis Cancela, en la Dirección General de Secretaría (tercer cargo en la jerarquía del Ministerio, precedido por los de ministro y subsecretario), y Bruno Faraone en la Dirección General de Asuntos Políticos, por no contar con la trayectoria acorde, argumentando que los nombramientos deberían forman parte de la cuota política, lo que obligaría a dejar congelada la carrera de esos jerarcas.

 

Sin embargo, la situación conflictiva entre las nuevas autoridades y el personal de la cartera se agravó el 11 de abril, cuando la subsecretaria Belela Herrera confirma el propósito del nuevo gobierno de duplicar los cargos de confianza en el Servicio Exterior. Hasta el momento, si bien se habían concretado siete designaciones de confianza como Jefes de Misión, el nombramiento al frente de tres direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de funcionarios de confianza, llevaba a 11 las designaciones que se debían extraer de la cuota política.

 

El 2 de mayo de 2005, se materializa el decreto del Poder Ejecutivo firmado por Vázquez y Gargano. El propio texto argumenta que los decretos del gobierno anterior atendieron a “razones que se consideraron en su momento de oportunidad o conveniencia de acuerdo a las circunstancias existentes entonces”. A su vez, la nueva norma se basa en el artículo 168 numeral 12 de la Constitución que expresa: “Los cargos de Embajadores y Ministros del Servicio Exterior serán considerados de particular confianza del Poder Ejecutivo, salvo que la ley dictada con el voto conforme de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara disponga lo contrario”.[xvii]

 

Profundizando esta situación, el Poder Ejecutivo, en la ley de presupuesto, habilitó a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores a sumar diez jefaturas de misiones diplomáticas a las veinte iniciales reservadas para cargos políticos. Hasta el momento sólo podían ser Jefes de Misión embajadores, ministros y ministros consejeros. La norma amplía a diez consejeros (cuartos en nivel jerárquico por encima de secretarios de primera, de segunda y de tercera) esa posibilidad. A su vez, las nuevas disposiciones fijan en 15 años el tope para permanecer en la categoría de embajador.

 

Estas situaciones dieron lugar a declaraciones de rechazo de la AFUSEU, calificando las medidas de contrarias a la carrera diplomática, la profesionalización del Servicio Exterior y las legítimas expectativas de los funcionarios diplomáticos, especialmente los más jóvenes, así como a las tendencias históricas que se venían generando a nivel nacional y que se vienen generando en las cancillerías a nivel mundial.[xviii]

 

Asimismo, se produjeron cuestionamientos parlamentarios de la oposición que terminaron con la comparecencia del canciller Gargano en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes por el decreto del Poder Ejecutivo y con un duro debate en las instancias de aprobación de la ley de presupuesto.

 

Cabe resaltar que el propio gobierno, a siete días de su asunción, resolvió el retorno al país de tres embajadores “designados por razones políticas”: Marcelo Graniero de Portugal -quien fuera secretario privado del expresidente Batlle-, Nicolás Moreno de Sudáfrica y Felipe Paolillo representante permanente en Naciones Unidas. Gargano en la oportunidad aclaró que Paolillo pasaría a cumplir alguna función dentro de la Cancillería, resaltando su profesionalidad y justificando su remoción en la necesidad que el gobierno contara con un referente en Naciones Unidas. Paolillo no sería llamado a colaborar con el nuevo gobierno. [xix]

 

Finalmente, cabe agregar que en el área estrictamente económica, los primeros días de mayo, el gobierno, a través de Danilo Astori, confirmó en sus cargos a Carlos Steneri al frente de la Representación Financiera del Uruguay en Estados Unidos, Juan Notaro como Director Ejecutivo Alterno por Uruguay, Paraguay y Bolivia en el BID, y David Vogel como director ante el FMI. El anuncio causó sorpresa en filas del partido de gobierno y satisfacción en las del Partido Colorado.

 

La avería del canal Presidente-Canciller

A partir de la idea básica, en materia de sistema político y de toma de decisiones, sobre la concurrencia de voluntades al interior del Poder Ejecutivo entre presidente de la República y ministro de Relaciones Exteriores, como expresión principal y máxima de la política exterior de un Estado, cualquiera sea el régimen de gobierno adoptado, se puede concluir que el primer año de la actual administración exhibió una fragmentación, producto de las desavenencias entre las figuras nombradas. Tabaré Vázquez, utilizando el mecanismo de la delegación a otros funcionarios del gobierno, especialmente del equipo económico, consolidó una auténtica diplomacia económica paralela y ocasionó interferencias en el canal natural presidente-canciller. Las discordancias entre ambos comenzaron a vislumbrarse desde el nombramiento tardío de Reynaldo Gargano, así como en las primeras designaciones a las Jefaturas de Misión en las embajadas de Argentina y Francia, según transcendió, sin consulta a quien sería el futuro jefe de la diplomacia.

 

Entrando a las instancias mismas del ejercicio del gobierno cabe esgrimir, como icono para la aseveración de la fragmentación decisional, el desplazamiento de Gargano en las tratativas con Estados Unidos, a favor de figuras alternativas como el ministro Jorge Lepra y el propio embajador uruguayo en Estados Unidos Carlos Gianelli. La delegación más decisiva, en este terreno, es abiertamente asignada a Danilo Astori, en cuanto a las modificaciones al tratado recíproco de inversiones. Sin embargo, es menester atemperar esta crítica a la fragmentación decisional con una aseveración: el ministro de Economía es, por definición, el responsable de las inversiones en un país.

 

De la misma manera, en instancias decisivas de negociación con Argentina en el conflicto por las plantas de celulosa, Vázquez  activó otros canales ajenos a la figura del canciller, en forma permanente, al punto de delegar a comienzos de 2006 la negociación al Secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández. Tabaré Vázquez mostró una particular confianza en el terreno político-diplomático hacia el embajador Bustillo. Si bien no queda claro si la natural mediación de un canciller en la relación Presidente de la República–Jefe de Misión operó con total fluidez, tampoco puede afirmarse que Gargano haya sido ignorado al momento de impartir las instrucciones correspondientes al diplomático.

 

En este clima, el 27 de junio, Vázquez concede una audiencia al embajador de España en Uruguay Fernando Valderrama, sin la presencia del canciller uruguayo, según trascendió, a pedido de las autoridades españolas. En la misma, el presidente recibe un mensaje del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la ofensiva diplomática contra la política de inmigración aplicada en España. Las inquietudes trasmitidas hacían especial referencia a declaraciones de Gargano y a un pronunciamiento unánime de la Cámara de Representantes.

 

Cabe también recordar, en este apartado, las instancias de votación para la Presidencia del BID. El apoyo al candidato colombiano, Luis Alberto Moreno, respaldado por Estados Unidos, fue un “laudo” del presidente Vázquez en una pugna interna. Gargano era partidario de alinear al país a la pretensión brasileña, con su candidato, José Sayad. Sin embargo, el presidente habilitó a Danilo Astori, quien, desde Washington, vio colmada su aspiración de apoyo a Moreno.

 

El desentendimiento tendría el 1º de diciembre una intensidad inusitada, a tal extremo que el canciller llegó a presentar la renuncia a su cargo y el presidente a aceptarla. La molestia de Gargano surgió por la decisión de Vázquez de adherir a la propuesta de Néstor Kirchner para designar como Presidente del Comité de Representantes Permanentes del MERCOSUR al ex vicepresidente argentino Carlos “Chacho” Alvarez.[xx] Kirchner y Lula  habían acordado, en Puerto Iguazú, la designación de Alvarez. Gargano fue inmediatamente consultado por su colega argentino Rafael Bielsa, pero contestó que debía realizar las consultas pertinentes. Finalmente, Kirchner consiguió la conformidad uruguaya, directamente, a través de Vázquez, vía telefónica. La  molestia de Gargano no refrió a la aceptación de Alvarez, sino a la desautorización sufrida.

 

La renuncia de Gargano, a menos de una semana de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, fue evitada mediante gestiones de varios actores políticos como José Mujica, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista -encabezado por su Secretario General Eduardo Fernández- y Gonzalo Fernández (también afiliado al Partido Socialista). La razón de esta “mediación” intentó evitar un debilitamiento del socialismo en la interna del gobierno. No debe olvidarse la conformación del gabinete, atendiendo a la casi totalidad de las fuerzas frenteamplistas representadas en el Parlamento. Este pacto de gobernabilidad que opera a la interna de la coalición no debía ser tan bruscamente alterado.[xxi]

 

Al aplicar los parámetros analíticos descritos por Roberto Russell y someter estos desencuentros a los continuos centralización-descentralización y unidad-fragmentación, se aprecia como la descentralización sistemática de Vázquez termina caracterizando a  la política exterior uruguaya en 2005 como fragmentada. La fragmentación llega de la mano tanto de problemas de forma, las delegaciones directas e inconsultas, como de fondo, las posturas contrapuestas dentro del gobierno, en las que se ahondará en el apartado sobre concepción ideológica. El veredicto en las fricciones sobre posturas contrapuestas fue siempre producto de decisiones del propio presidente.

 

En cuanto a los desperfectos de forma, Vázquez avanzó con estrategias propias en relaciones exteriores no recurriendo a la Cancillería como secretaría de Estado especializada, sin embargo apeló a interlocutores y figuras de confianza de su estructura interna y del Servicio Exterior. En la misma dirección, en temas que básicamente tienen que ver con la inserción internacional, el presidente optó por funcionarios de otras reparticiones del Estado. Con relación a los desperfectos por posturas contrapuestas, Gargano realizó manifestaciones substancialmente contradictorias con las de otros integrantes del gobierno, en especial Danilo Astori y el propio Tabaré Vázquez. Estas tres figuras, integrantes del Consejo de Ministros, hicieron correr el peligro de un traslado al escenario parlamentario de confrontaciones protagonizadas por líderes sectoriales.

 

Si bien la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo no es materia de este artículo cabe concluir que las mayorías parlamentarias no siempre aseguraron, por sí, que primara la voluntad del Ejecutivo. Vázquez desarrolló una estrategia basada en consensuar, convencer y llegado el caso exigir a la bancada parlamentaria del Frente Amplio, la alineación con sus posturas, apelando al trato directo con los ministros–líderes sectoriales.

 

Concepción ideológica

Desde la perspectiva excluyente de definir marcos teóricos para estudios de política exterior, la concepción ideológica que encaren los actores del relacionamiento externo de los Estados es concebida como proyecto interno dominante. Esto significa, el esquema sociopolítico y económico que se impone entre los actores mencionados. Supone tanto una condicionante en los posicionamientos internacionales que adopte o pretenda adoptar un país como una pauta para marcar la coherencia entre las manifestaciones internas y externas de la política gubernamental.

 

La utilidad de precisar la concepción ideológica radica en distinguir los rasgos de un Estado en cuanto actor en el Sistema Internacional. Esto incluye, su identidad nacional; su visón frente a los acontecimientos pasados y presentes como determinante de oportunidades y limitaciones, y sus intereses. Estos últimos condicionarán tanto las estrategias de relacionamiento externo como los temas que integrarán la agenda nacional respectiva y la jerarquía entre los mismos. Lateralmente, de esta enumeración puede desprenderse la actividad o pasividad de la política exterior entendidas como el peso que un gobierno determinado le asigna en el conjunto de sus políticas públicas. Tratándose de países en desarrollo, y por lo explicado en la introducción de este artículo, significaría también la importancia de la política exterior en la estrategia de desarrollo

 

La concepción ideológica tiene ineludible raíz histórica, en tanto estructura social, tendencia política y régimen de gobierno heredados. Utilizando marcos de análisis adecuados, la raíz histórica facilita orientaciones en la formulación, implementación y ejecución de la política exterior actual y futura. Los comportamientos de un país determinado en el pasado, comprendidos globalmente, permiten advertir las tendencias profundas que impulsan a los actores con responsabilidad en el relacionamiento externo del país.

 

En América Latina, se comprueba el auge adquirido y superado del enfoque de la dependencia de la CEPAL, enfoques políticos como respuestas al paso de un Sistema Internacional bipolar a uno multipolar, las respuestas a las continuas transformaciones en la distribución de recursos a nivel mundial, los grados de autonomía nacional para definir acciones internas y externas en las diferentes políticas públicas.

 

Según el analista y excanciller brasileño Celso Lafer, en relaciones internacionales, el paradigma mudó sustantivamente, al perder como elemento estructurador las polaridades definidas Este-Oeste y Norte-Sur, pasando a  caracterizarse por polaridades indefinidas sujetas a las fuerzas profundas de dos lógicas que operan en dialéctica contradictoria de complementariedad mutua: la lógica de la globalización (de las finanzas, de la economía, de la información, de los valores, etc.) y la lógica de la fragmentación (de las identidades, de la secesión de los Estados, de los fundamentalismos, de la exclusión social, etc.).[xxii]

 

Finalmente entender el sistema político y de toma de decisiones a la luz de la variable concepción ideológica redunda en determinar el llamado estilo de diplomacia en una país determinado, en un momento histórico determinado. Desde esta perspectiva, el estilo de diplomacia queda definido como un modo específico en que factores – territorio, ubicación geográfica, población, dotación de recursos naturales, capacidad industrial, desarrollo científico-tecnológico- y elementos subjetivos –valores y perspectivas ideológicas de  decisores y funcionarios, tradición diplomática del país y normas no escritas del comportamiento internacional- se entrelazan y son impulsados por los responsables de la política exterior.

 

El “Arco Virtuoso” y el convidado de piedra

La penetración ideológica en el ámbito de la política exterior tuvo una materia elegida en la estrategia de inserción internacional del país y un protagonista preponderante en el canciller Reynaldo Gargano. En la víspera del 1° de marzo, Gargano dejaba claro que no pensaba separar la clave del MERCOSUR como plataforma de salida de su concepción ideológica, ansiando un atributo que marcáramos en los párrafos anteriores de aproximación teórica: coherencia entre las manifestaciones internas y externas de la política estatal.

 

Gargano decía: “Hay un arco virtuoso con Lagos en Chile, que pasa por Kirchner en Argentina, por Da Silva en Brasil, por Vázquez en Uruguay, por Venezuela con la política social de Chávez…ese arco virtuoso se da porque hay un modelo neoconservador que ha hecho polvo la realidad sudamericana”…“En un continente de 400 millones de habitantes hay 200 millones de pobres, lo que es un insulto a la inteligencia, es casi un delito de lesa humanidad, especialmente en un continente que es el más rico del planeta”. Por lo mismo “Uruguay buscará impulsar la Comunidad Sudamericana de Naciones, que si bien aún no es un hecho concreto y no tenemos organicidad, es de todas formas una coyuntura nueva en América Latina, que creo no se da desde tiempos de la independencia”.[xxiii]

 

El 2 de marzo, en esta dirección, los presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner firmaban un documento para la coordinación en temas de derechos humanos, simbolizando un giro en las tensas relaciones bilaterales de los últimos años con el gobierno de Jorge Batlle. La declaración conjunta ratifica que para ambos gobiernos “cobra vigencia la promoción y protección de los derechos humanos, fortaleciendo los mismos en el sistema internacional”. El documento establece un “mecanismo de consulta en la materia” con el compromiso de llevar “a cabo todos los esfuerzos necesarios para esclarecer el destino de las víctimas del terrorismo de Estado en ambos países”.[xxiv]

 

El mismo 1º de marzo, a horas de su asunción, el gobierno uruguayo reanudó relaciones diplomáticas con Cuba, rotas desde 2002 cuando el gobierno de Batlle protagonizó un incidente diplomático, a partir de entredichos por la valoración de la situación de los derechos humanos en la isla, y firmó convenios con Venezuela, con la presencia de su presidente Hugo Chávez. En los meses siguientes, los convenios alcanzarían a Argentina y Brasil, completando así el arco con los gobiernos progresistas de la región.

 

Bajo estos impulsos, Gargano manifestó su voluntad de consensuar, en el MERCOSUR, algún tipo de asociación con Cuba. Sin embargo, el 31 de marzo tuvo que comparecer en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes y aceptar que Cuba no podía ser miembro del bloque, debido a la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia, ni Estado asociado por una resolución posterior del Grupo Mercado Común. De todas formas subrayó que la situación no impedía un tratado comercial y que era parte de una resolución que, como tal, estaba sujeta a revisión. Adelantó que la embajada no invitará a recepciones y eventos a los disidentes al régimen de Fidel Castro, puesto que uno de los principios de la política exterior será la no intervención en asuntos internos de otros países. El gobierno salvaba una instancia parlamentaria, lograba un consenso, a pesar de entredichos, con la oposición política, pero recibía fuertes cuestionamientos de sectores radicales de la izquierda, en especial del Movimiento 26 de Marzo.

 

A mediados de marzo, Gargano comenzaba a desplegar sus ideas apuntando a Estados Unidos y criticando la relación estrecha del gobierno anterior con la potencia del norte. Así, en el diario brasileño Valor Económico aseguraba el fin de “un alineamiento automático con Estados Unidos y que el MERCOSUR pasaría a ser una prioridad para el país”. En forma concreta cuestionó el tratado bilateral de inversiones, al que consideró innecesario porque el país cuenta con una ley que protege a los inversores. Puntualmente discrepó con la potestad que consagraba al inversor de elegir el tribunal de disputas o controversias, incluyendo tribunales estadounidenses, y la posibilidad de que Estados Unidos retire los beneficios del tratado para empresas constituidas por capitales que tengan origen en un país con quien no tenga relaciones o tenga malas relaciones.[xxv]

 

En la relación con Estados Unidos, como se mostrara, la pulseada Gargano-Astori es laudada por Vázquez, en general a favor del equipo económico. Sin embargo, la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata muestra un hecho paradojal que resalta la característica pragmática de la política exterior uruguaya en 2005. En esa instancia, mientras el presidente uruguayo se soldó al bloque MERCOSUR-Venezuela, negándose a reanudar las negociaciones del ALCA, acordó y firmó con Estados Unidos las modificaciones al tratado de inversiones, mediando una breve reunión con su colega George W. Bush. A pesar de las demostraciones violentas y simultáneas de sectores de la sociedad civil nacional y regional en Mar del Plata y en Montevideo, respectivamente, contra cualquier forma de integración con Estados Unidos, a pesar de las resistencias de Reynaldo Gargano, el propio canciller terminó firmando el texto del nuevo acuerdo.

 

En un gesto que se lo ha interpretado, sin demasiado fundamento, como simbólico, Vázquez, de regreso a Montevideo, visitó en Colombia a su presidente Álvaro Uribe, de estrecha vinculación política con la administración Bush, a partir de sus planes de combate a la guerrilla y el narcotráfico. Por otra parte, días después de la Cumbre, un incidente entre los presidentes de México y Venezuela, Vicente Fox y Hugo Chávez, respectivamente, por la negociación del ALCA, mostraba las dos visiones antagónicas que convivían sobre el papel de Estados Unidos en Latinoamérica. Vázquez adoptó una postura tan activa como equidistante, insistiendo en el patrocinio del ingreso de Venezuela al MERCOSUR en calidad de miembro pleno, pero comprometiéndose a auspiciar el ingreso de México al bloque como miembro asociado.

 

En síntesis, el término que debe predefinir la relación con Estados Unidos es bilateral. Aquí el significado de la  palabra adquiere una importante dimensión, ya que en materia de integración continental, Uruguay quedó inserto en el “arco virtuoso” por las negativas de avanzar en el ALCA. Por otra parte, la profundización de las relaciones sólo comprendió el ámbito económico, tanto en inversiones con la ratificación del tratado respectivo, como en el incesante empeño de ampliar las exportaciones nacionales. El acercamiento responde a una priorización de acceso a mercados externos y nuevas fuentes de inversión, y, en esta dirección, se actuó con similares propósitos y mecanismos con países como México, India, China y de la Unión Europea.

 

En conclusión, Vázquez y Astori optaron por una política exterior con un sostén más pragmático: la inserción nacional requiere la exploración de todos los mercados y espacios geográficos posibles. Esto se transcribe en estrechas relaciones con sus socios regionales, pero también en cimentación de puentes para colocar productos y conseguir inversores en otros escenarios, inclusive el estadounidense. Gargano se mostró más alineado a una política exterior brasileña y, consecuentemente, concibió al MERCOSUR como plataforma casi ineludible de lanzamiento, liderado por su socio mayor.

 

Funcionarios de confianza

Como se reseñara en el apartado sobre la “Instalación del Gobierno”, la administración Vázquez incurre, desde la cúpula de Cancillería, en una clara contradicción con los postulados históricos y las bases programáticas de las elecciones 2004 del Frente Amplio, con relación al respeto por la profesionalización y la carrera funcional, en la administración pública, en general, y en el Servicio Exterior, en particular. En el período de instalación del nuevo gobierno, las direcciones en la estructura interna del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron provistas de funcionarios de confianza política de la coalición de izquierda, pero en general provenientes de los cuadros de la propia Cancillería. No fue ese el espíritu con relación a las jefaturas de misiones en el exterior, con las designaciones de personas ajenas al cuerpo de diplomáticos de carrera.

 

El 11 de abril, cuando Belela Herrera confirmó la duplicación de cargos de confianza en el Servicio Exterior, por futuro decreto del Poder Ejecutivo, decía: “…nosotros en el Ministerio no tenemos muchas personas de confianza…tenemos todo el derecho de tener(la) en departamentos que hacen absolutamente a la confianza de nuestra fuerza política”.[xxvi] El razonamiento del oficialismo hace a que si bien ingresos y ascensos se logran por concurso, los actuales integrantes del Servicio Exterior obtuvieron sus cargos en el gobierno de facto o en las administraciones de gobierno de los partidos tradicionales. La mayoría de los diplomáticos no estaría, de acuerdo a esta lógica, en sintonía con la nueva política exterior que el gobierno diseñaba e implementaba en su primer año de gobierno. No se objetaba la calidad profesional del Servicio Exterior y se expresaba reconocimiento a la carrera funcional. Cabe recordar, para apuntalar esta idea de contradicción, los ceses de Graniero, Moreno y  Paolillo por haber sido designados mediando afinidades políticas.

 

La Defensa Nacional

Finalmente, cabe traer un tema que por razones ideológicas disparó el más fuerte disenso en el gobierno y el partido de gobierno en materia de política exterior: la cooperación militar. El gobierno continuó con la participación de efectivos militares uruguayos en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas como forma de respeto a obligaciones internacionales contraídas por gobiernos anteriores. Sin embargo, en el último trimestre de 2005, el tema comenzó a desatar polémicas. En octubre, se aprobó la participación militar en la “Operación Unitas XLVII” con la participación de Estados Unidos, Argentina, Brasil y España, históricamente rechazada por la izquierda, al considerarla un ejercicio de influencia estadounidense en el continente, comenzando una polémica con el Partido Comunista del Uruguay y con sectores radicales del Frente Amplio extraparlamentarios.

 

Pero el principal incidente se daría en diciembre, cuando se aprobó el incremento, en 243 efectivos, del contingente militar en las Operaciones de Paz en Haití. Una dura oposición tuvo que soportar Tabaré Vázquez por parte del Partido Comunista del Uruguay. Su principal referente, la Ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, anunció que no aprobaría la iniciativa desde el Poder Ejecutivo. Vázquez aceptó debatir el tema en un Consejo de Ministros, órgano que el 21 de noviembre, modificando la redacción de considerandos llegó un consenso. Sin embargo, el Comité Central del Partido Comunista resolvió oponerse a la iniciativa y la Mesa Política del Frente Amplio no consiguió una posición uniforme. El mensaje llegó al Poder Legislativo. El legislador comunista Eduardo Lorier manifestó la oposición en Cámara de Senadores y el diputado del Partido Socialista, Guillermo Chifflet, tras votarlo mandatado en la Cámara de Representantes, renunció a su banca.

 

El sector más votado del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular, se exhibió totalmente disciplinado a la voluntad del gobierno, asumiendo la defensa de la Operación Unitas y los dos envíos de efectivos militares a Haití. Argumentó y planteó la necesidad de no exhibir grietas en el gobierno, entrando en un duro debate con el Partido Comunista cuando el segundo envío a Haití.

 

En una reunión con la bancada de legisladores del Frente Amplio, el 20 de diciembre, Vázquez anunció que las tropas militares uruguayas no volverán a participar de la Operación Unitas, hasta tanto el Frente Amplio y el gobierno definan la política de Defensa Nacional que se desarrollará en el futuro. Informó que ya había trasmitido a los gobiernos de la región la decisión. Vázquez defendió la propuesta del Poder Ejecutivo por la cual se reforzó el envío de tropas militares en Haití, justificándolo en el objetivo de defender ciudadanos haitianos. La reunión fue convocada para realizar un balance sobre la actuación de los Poderes Ejecutivos y Legislativos en la primera legislatura.

 

En conclusión

La penetración ideológica en consensos y disensos a nivel del partido de gobierno nada tuvieron que ver con los enfrentamientos entre supuestos sectores moderados con supuestos sectores radicales. En definitiva, la ecuación es más complicada con siete grupos políticos representados en la Legislatura y seis en el Consejo de Ministros, sin la seguridad de posturas uniformes aún dentro de esos grupos. En el tratado de inversiones aparecieron alineados Astori, Lepra y Nin Novoa, frente a Gargano y Mujica, sin embargo fue su Movimiento de Participación Popular quien abrió la discusión y parte de las modificaciones que viabilizaron su aprobación parlamentaria tienen que ver con su aporte. En el tema del subsidio norteamericano al arroz, aparecieron alineados Lepra y Mujica, frente Gargano. No se trata de arbitrar entre bloques, sino de correctos diagnósticos y exploración de disensos para llegar a entendimientos.