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Amnistía Internacional denunció a China
por discriminación y abuso a los trabajadores
migrantes
El
crecimiento económico de China tiene un elevado
coste humano, 200 millones de trabajadores rurales
buscan trabajo en las ciudades chinas, pero luego
trabajan muchas horas extras, sin permisos, fuera
del sistema de asistencia médica y de educación
estatal, viven en terribles condiciones de
hacinamiento y se ven sistemáticamente expuestas a
persecuciones. Lo que se puede leer a
continuación es el texto resume. El documento
titulado: Trabajadores migrantes internos:
discriminación y abuso. El documento completo se
puede consultar en ingles en la Web http://www.amnesty.org
Los (trabajadores)
migrantes internos en China –ciudadanas y ciudadanos
chinos procedentes de zonas rurales que residen y
trabajan en ciudades chinas– son víctimas de
diversas violaciones de derechos humanos y de
discriminación debido a su origen social –es decir,
rural–. Se les excluye de una amplia gama de
servicios, prestaciones sociales y derechos
positivos disfrutados por otros residentes urbanos,
y muchos siguen corriendo el riesgo de ser
trasladados a la fuerza a sus lugares de origen.
En este informe se
examina la discriminación contra el colectivo de
migrantes internos en China, y las violaciones de
sus derechos en las áreas de servicios de salud,
educación y empleo. Pone en evidencia el hecho de
que el sistema hukou (registro de residencia) chino
proporciona la base legal para la discriminación, al
condicionar el disfrute de un gran número de
derechos y prestaciones de los ciudadanos a su
condición en virtud del sistema hukou, que se hereda
de los padres al nacer. A los migrantes internos
se les obliga sistemáticamente a trabajar horas
extraordinarias, no se les conceden vacaciones
ni bajas por enfermedad, y se les niega percibir
salarios justos al someterlos a regímenes de multas
y penalizaciones explotadores.
Los empresarios
retienen el sueldo a estos trabajadores de forma
sistemática, y es habitual que les adeuden de dos a
tres meses. No se les hace contrato laboral
prácticamente a ninguno de ellos, y esta situación
les priva de una base legal que proteja sus derechos
en el lugar de trabajo. Si no están inscritos como
residentes en el sistema hukou, los migrantes
internos son excluidos de muchos planes de servicios
de salud municipales ofrecidos a otros residentes
urbanos.
Debido a los bajos
salarios que cobran, normalmente no pueden pagar
seguros privados ni afrontar de su propio bolsillo
el gasto que suponen los servicios de salud,
quedando prácticamente excluidos de toda forma de
asistencia.
Los hijos e hijas de
migrantes internos son discriminados en su derecho a
una educación gratuita y obligatoria, que se
condiciona a la categoría de sus padres en el
sistema hukou. Debido a esta medida, un gran número
de ellos se ha quedado fuera del sistema educativo
estatal de su lugar de residencia. Se estima que más
de 20 millones de niños y niñas se han "quedado
atrás" en las zonas rurales en parte debido a la
falta de oportunidades de escolarización adecuadas
en las ciudades, y sin recibir la atención adecuada.
En muchas ciudades
las familias migrantes se ven obligadas a pagar
cuotas especiales que no se aplican por igual a los
residentes urbanos permanentes. Además, la
imposición sistemática de cargos y tarifas a todos
los alumnos por parte de las escuelas estatales
repercute desproporcionadamente en el derecho a la
educación de hijos e hijas de migrantes.
Amnistía
Internacional teme que el sistema hukou, aunque se
haya vuelto más flexible y menos rígido en los
últimos veinte años, constituya discriminación por
motivos de origen social y la facilite, vulnerando
las normas internacionales vinculantes para China,
entre ellas el respeto, la protección y la
realización de los derechos consagrados en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. El sistema hukou de China continúa
catalogando a los migrantes internos residentes en
ciudades chinas como una clase aparte debido a su
origen social.
De acuerdo con las
leyes chinas, para residir y trabajar legalmente en
las ciudades, los migrantes internos están obligados
a obtener un "permiso de residencia temporal", para
lo cual deben pagar una suma y aportar una gran
cantidad de documentos. La dificultad que les supone
satisfacer estos requisitos les impide, en su gran
mayoría, estar plenamente "documentados" y hace que
muchos de ellos se vean obligados a residir como
trabajadores "indocumentados" en su propio país. A
estas personas no sólo se les están negando sus
derechos: también corren el riesgo de ser expulsadas
de las ciudades.
Amnistía
Internacional pide al gobierno chino que tome de
inmediato medidas efectivas destinadas a eliminar
toda forma de discriminación contra el colectivo de
migrantes internos que esté prohibida en virtud del
derecho internacional, entre otras: reformar el
sistema hukou para eliminar categorías
administrativas basadas en el origen social que
puedan utilizarse como fundamento de discriminación
en el ejercicio de los derechos humanos; eliminar
las barreras de idoneidad para acceder a planes de
salud urbanos que discriminan contra los migrantes
internos, entre ellas las referentes a su categoría
en virtud del sistema hukou; elaborar planes de
cuidados de salud, lesiones en el lugar de trabajo y
otros tipos de planes de seguros para la salud que
no discriminen por el lugar en que se esté inscrito
en el sistema hukou; eliminar todos los cargos y
tarifas escolares directos e indirectos que se
imponen exclusivamente a, y que discriminan contra,
las familias de los migrantes internos basándose en
su condición de hukou; eliminar todas las barreras
administrativas al acceso a la educación obligatoria
basadas en la condición de hukou de los padres de un
niño o una niña.
Amnistía
Internacional también pide a las autoridades chinas
que aborden otros motivos de preocupación de
derechos humanos con un impacto desproporcionado en
los migrantes internos, entre otros:
- la eliminación de
todos los cargos directos o indirectos y otras
cuotas escolares, así como de las barreras que
impidan disfrutar el derecho a una educación
gratuita y obligatoria a todos los niños.
Amnistía
Internacional asimismo hace un llamamiento al
gobierno chino para que se respeten los derechos
humanos en el trabajo, según lo dispuesto por el
derecho y las normas internacionales, incluido
mediante lo siguiente: fortalecer los mecanismos de
aplicación y endurecer las medidas punitivas contra
empresas que no proporcionan a todos sus empleados,
incluidos los migrantes internos, un contrato
laboral válido y con fuerza legal; respetar el
derecho de toda persona a fundar sindicatos y a
afiliarse al de su elección de conformidad con los
tratados internacionales vinculantes para China, lo
que incluye retirar su declaración sobre el artículo
8.1.a del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales que estipula este
derecho; seguir aumentando los recursos para centros
de asistencia jurídica que ayudan a los migrantes
internos a buscar resarcimiento por las violaciones
de derechos sufridas en el lugar de trabajo.
http://www.amnesty.org/email/email_updates.html
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