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Reforma del
Estado
Del Estado paternalista
al Estado orientador
por el Prof. Bernardo
Quagliotti de Bellis
 Uruguay,
como otros gobiernos, están encarando la “reforma
del Estado”; del
Estado paternalista y centralizado, al Estado
orientador y descentralizado. ¿Qué
aspecto tendrá el paradigma que habrá de orientar
las decisiones de los Estados y las sociedades, en
materia de políticas sociales y económicas ante la
actual situación mundial? Con el buen propósito de
alcanzar este cambio sustancial.
Como es
obvio, la tarea está plagada de complejidades,
pues implica actuar más como adivino que como
historiador, pues ella implica la urgente toma de
responsabilidad en cuanto a saber comprender -y
sopesar con un mínimo de error- el futuro de las
políticas sociales y económicas, ya que éstas no
están como antaño basadas en teorías que fueron
relativamente coherentes y fáciles de identificar,
aunque no de compartir por las sociedades.
Uruguay
¿está capacitado para llevar al éxito este esquema
que pareciera estar surgiendo en Iberoamérica?;
actitud política que, como ha quedado demostrado
en Estados Unidos y la Unión Europea, ha dejado de
inspirarse en las tesis de Keynes que alentaba a los
gobiernos a incurrir en déficit presupuestarios a
fin de estimular la demanda en tiempos de recesión,
al igual que con las teorías del lasser-faire
de Hayek; y que, según manifiesta Martín Aalborg
(Universidad de Stanford), “el hecho de que
un número cada vez mayor de actores políticos
rechacen tales ideas económicas, constituye un
cambio de perspectiva en materia de políticas
sociales y económicas”.
Si bien
el futuro es incierto -en Uruguay, además,
altamente polémico- la reforma del Estado presenta
un variado cuestionamiento político que no puede
ser ignorado, pues hay que tener en cuenta que cada
vez existen más presiones para que se evalúe la
magnitud de las consecuencias sociales que, a
mediano y a más largo plazo podrán tener las
reformas a adoptar. Caso particular: la reforma
fiscal y prioritariamente la enseñanza normal y
tecnológica.
Y es en
este contexto donde aparecen los nuevos términos
como “exclusión social” , “descalificación
social”, “cohesión social”. Karl Polanyi en su
obra “La gran transformación de nuestro
tiempo”, señala que cada período de
“transformación” crea nuevos conceptos, por
cuanto los actores los crean para describir los
cambios que surgen en las estructuras y realidades
sociales. Realmente: no puede cambiarse de
paradigmas sin variar, simultáneamente, los
términos que permitan expresar su novedad.
El
Estado orientador
Siguiendo a Denis Sain –Martin , “el Estado
Inversión Social, (orientador) es una forma
institucional y políticamente fuerte apuntalada en
el futuro, debido a estar vinculada, entre otros
puntos destacables, a
su
relación con la economía del saber, cuyo nacimiento
pretende facilitar; a su atención central a las
jóvenes generaciones, figura central en torno a la
cual se reconstruye la política social; finalmente,
el concepto de inversión implica la esperanza de un
beneficio, de una ganancia futura, pues invertir es
hacer elecciones, es asumir riesgos.”
Desde
hace décadas, considero que la organización
geográfica de las actividades socio-económicas,
constituye, cualquiera sea el sistema operante, una
estructura dentro de la cual las regiones nacionales
desempeñan funciones que responden a los intereses
globales del sistema. Esta situación no ha sucedido
en Uruguay. El dicho común del montevideano : “me
voy para afuera”, (¿de donde? de Montevideo),
señala que en su concepción espacial Uruguay se
concentra en la megalópolis ciudad-puerto.
En
Uruguay, como en el resto de los países de América
Latina, el “remanente” del modelo de Estado de
Bienestar no consolidado, resultó incapaz de dar
soluciones a las crecientes demandas de la sociedad
por mejoras en las condiciones de vida, lo que llevó
a crear un vacío que empezó a ser cubierto por una
emergente sociedad civil que a partir de las dos
últimas décadas del siglo pasado pasó a jugar un
importante papel.
En el
análisis previo para concretar la reorganización
del Estado, debe considerarse que la estructura
espacial de la economía está constituida por una
determinada distribución geográfica y una
determinada interrelación funcional entre los
recursos naturales y la población, a través del
capital social creado en el territorio nacional. En
Uruguay tal reorganización sigue secularmente
pendiente y sin aún ser encarada seriamente, sin
demagogia.
El país
se caracteriza por la existencia en su territorio de
grandes desequilibrios regionales (la frontera
interna se ubica en el río Negro) -en términos
sociales y económicos, -ni que hablar en lo
relacionado con la educación- en la falta de
oportunidades de todo orden para la población en
vastas zonas del país y en la existencia de recursos
productivos desaprovechados. Una auténtica reforma
global del Estado , debería tomar en cuenta todos
esos -y más indicadores- que desde tiempo atrás,
han puesto la evidencia de tal realidad, enfatizado
por el fenómeno de la creciente concentración en
el sur de su territorio; con su carácter
acumulativo tiene en términos históricos, y por
su tendencia que se ha ido agravando en las últimas
décadas, según indican los censos oficiales.
Lo
expuesto pone en evidencia la importancia que la
tan proclamada “reforma del Estado uruguayo” tiene
el enfoque y los instrumentos para abordar el
problema nacional. Se trata de plantear una
estrategia espacial que no solo debe ser compatible
con la estrategia global de desarrollo, sino que
debe constituir uno de los componentes importantes
de ella, de tal manera que la utilización racional
de los recursos regionales apoye el logro de los
objetivos nacionales y, simultáneamente, los
enriquezca en forma permanente.
Por
una estrategia de desarrollo espacial
Ante la
decisión política de “reforma del Estado” ,
es fundamental constituir una estrategia de
desarrollo social debe estar acompañada por un
desarrollo espacial, ya que éste es el instrumento
que explicita la función de la dirección económica
y política descentralizada.
El
investigador D.Norh, define las instituciones como
las reglas de juego que moldean la interacción
humana en una sociedad .(USA, 1990). Otorga mucho
énfasis a la variación de los costos de transacción
de un sistema caduco a uno nuevo, para que se pueda
incidir en incrementos de crecimiento económico y
por tanto en la reducción de los niveles de pobreza.
North
considera que el fenómeno de la pobreza es un
concepto relativo porque existe en la medida en que
también existe riqueza, lo que conlleva a considerar
que el problema real a resolver es el de la
distribución equitativa de los recursos que polariza
y confronta a las sociedades. La sociedad civil se
define como “la esfera de interacción social
situada entre la economía y el Estado, compuesta
sobre todo por la esfera íntima (la familia), la
esfera de las asociaciones, los movimientos sociales
y las formas de comunicación pública”.(Cohen y Arato,
1997)
Reitero,
brevemente, que cualquier proceso de modernización
de un Estado no significa debilitamiento, por
cuanto éste debe comprender sus funciones
tradicionales de seguridad, impartir justicia,
defensa, buenas relaciones exteriores, y otras
responsabilidades para el buen funcionamiento de las
instituciones públicas.
Por
tanto, una reforma del Estado en Uruguay ,
debe concretar el definitivo acondicionamiento del
espacio geopolítico del país, en el cual desde hace
dos siglos y medio, predominan las relaciones de
dominación ejercida por la región metropolitana
sobre el resto de territorio. La funcionalidad de
éste debe apoyarse en las diferencias internas que
en él existen y que permiten fijar, en base a ellas,
desempeños y vocaciones productivas especializadas
que determinará en lo político, educacional,
tecnológico y económico, una estructura funcional
acorde con los tiempos que se viven, no sólo en el
mundo sino en la región.
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