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Situación de los inmigrantes
peruanos en Chile
por Gonzalo Wielandt*
 Una
característica de las inmigraciones que han llegado
a Chile son las estrategias de inserción que han
ocupado de tal modo de efectuar su proceso de
identificación con la sociedad de destino. En el
caso de los inmigrantes peruanos, éstos evalúan por
una parte negativamente a la sociedad chilena como
una sociedad injusta donde no hay igualdad de
oportunidades, es una sociedad burocratizada,
segregada, no libre, difícil de entender y lo más
negativo, fuertemente dividida en clases sociales
(Mella O. y A. Stoherel, 1999, p. 187).
En este sentido cabe
entender que mientras más dificultoso es el proceso
de inserción, más negativa será la opinión que se
tiene de la sociedad de destino. Por otra parte, la
evaluación de los inmigrantes peruanos sobre la
sociedad chilena es positiva en comparación con la
de otros grupos de inmigrantes, lo que se podría
deducir que se está en presencia de una inserción no
conflictual. Esto se explica porque la mayor parte
de los peruanos se inserta socialmente en los
sectores populares, a pesar de que no son un grupo
de inmigrantes exitosos económicamente (Mella O. y
A. Stoherel, 1999, p. 188).
Panorama general
Chile en general y
comparativamente no ha sido un país que haya
recibido grandes masas de población de inmigrantes,
ya que como lo muestra el Cuadro 1 los años censales
que presentan mayor peso porcentual de inmigrantes
fueron 1885 y 1907, seguidos de 1920,pero en la
medida que avanzan los periodos intercensales se
refleja una disminución notoria del peso porcentual
de los inmigrantes, hasta el último periodo
intercensal, en donde la tendencia se revierte.
En el último periodo
intercensal se aprecia un aumento considerable entre
la población inmigrante, ya que de 1992 a 2002 ésta
aumentó en 69 867 personas. Esto puede explicarse
por el importante desarrollo económico, la
estabilidad política y social del país combinado con
una serie de factores expulsivos en los países de
origen, sobretodo en los países vecinos.
El último Censo de
Población llevado a cabo en el año 2002 muestra que
del total de inmigrantes registrados 149.762
provenían de otros países del continente americano,
es decir, el 81,19% del número total de la población
inmigrante. Dentro de estas cifras los inmigrantes
argentinos alcanzan los 50.448 y los peruanos
39.084, o sea, 33,69% y 26,10% respectivamente de la
población total de inmigrantes americanos. La
diferencia entre ambas poblaciones de inmigrantes se
aprecia fundamentalmente en las condiciones de vida
que poseen unos respecto de los otros y de la
situación legal en la que se encuentran. Mientras la
población argentina se asimila a la población
chilena, la peruana presenta acentuadas
precariedades debido que a pesar de la
heterogeneidad socioeconómica de los inmigrantes,
esta población se ve expuesta a una fuerte
segmentación laboral.
Asimismo, esta
inmigración se desarrolla como una estrategia de
sobrevivencia (Fundación Instituto de la Mujer,
Octubre 2002, p. 39), ya que con el objeto de ayudar
a sus familias, se emplean en oficios de bajas
remuneraciones, como obreros o asesoras del hogar,
pero cuyos ingresos les permite enviar remesas a sus
familiares en Perú. Junto a ello, se observa que
muchos inmigrantes peruanos ingresan ilegalmente a
Chile y se encuentran indocumentados y por cierto en
situación ilegal.
Procesos de la
población inmigrante peruana en Chile
La inmigración
peruana es un flujo reciente en comparación con los
volúmenes de otros grupos de inmigrantes que
llegaron anteriormente. Podríamos decir que dentro
de la última década dicha población de inmigrantes
ha aumentado considerablemente su flujo a Chile.
Además, este grupo ha establecido redes de apoyo
posibilitando la creación de actividades económicas,
organizaciones y la utilización de los espacios
públicos (Fundación Instituto de la Mujer, Octubre
2002, p. 37).
La inmigración
peruana, debido a las dificultades socioeconómicas
que presenta aún Perú, mantiene un ritmo estable y
por lo tanto los flujos de retorno son cada vez
menores. Junto a esto, es importante señalar que
Chile no les brinda una gran capacidad de ahorro, lo
que dificulta aún más la salida a un tercer país de
destino. Se podría decir, entonces, que Chile les
ofrece condiciones de sobrevivencia en el marco de
deterioro de la población inmigrante peruana. Esto
ha hecho que dicha inmigración se convierta en un
proceso constante y que las estadías de los
inmigrantes se prolonguen o bien se establezcan
permanentemente (Fundación Instituto de la Mujer,
Octubre 2002, p. 37).
La migración peruana
se caracteriza fundamentalmente por una mayoría
femenina del contingente migratorio, personas
jóvenes y nivel de preparación heteroge Cabe
destacar que el 20% de los inmigrantes son
profesionales y técnicos (Stefoni, 2003, p. 77).
La inmigración
peruana experimenta una importante feminización. La
presencia de peruanas, como lo afirma el experto de
Cepal Jorge Martínez Pizarro, se deduce de las visas
concedidas, pero dicha información depende de la
exigencia de contratos de trabajo, por lo que cabe
suponer que dicha información ignora un fuerte
probable subregistro de la población masculina
(Martínez, 2003, p. 28). Según dicho autor, que de
suponer la hipótesis de que la inserción laboral de
población femenina peruana, mayormente ocupada en el
servicio doméstico, está sujeta a un contrato de
trabajo, cabe considerar una mayor informalidad en
los hombres. (Martínez, 2003, p. 28)
Esta conclusión
permite describir una segmentación laboral de los
inmigrantes. Lo que se une a ello es la preocupante
intolerancia en algunos sectores de la población
chilena. De esta situación resulta que muchas de las
mujeres que desarrollan trabajos domésticos lo
realizan, aunque posean calificación necesaria para
desempeñarse en otras ocupaciones (Stefoni, 2003, p.
79). En ese sentido, Carolina Stefoni (2003, p. 79)
menciona el planteamiento de Kristen Lijíl Maher,1
el cual consiste en que las consecuencias de la
concentración de mujeres inmigrantes en trabajos de
servicios domésticos y el cuidado de enfermos,
ancianos y niños, tiene que ver con la realización
de labores de reproducción social y no de producción
social, o sea, el traslado de la división
internacional del trabajo al mundo privado. Esto
constituye la base para la globalización de la
reproducción social, lo que conlleva tres
consecuencias: a) vulnerabilidad de las trabajadoras
debido a la pérdida de sus derechos y de ciudadanía,
b) consecuencias para las familias de inmigrantes en
los países de origen, en donde los niños pagan los
costos y c) consecuencias a nivel estructural de la
migración femenina, donde el trabajo reproductivo lo
realizan mujeres inmigrantes (Stefoni, 2003, PP.
80-81)
La feminización de la
migración permite explicar una llegada de mujeres
principalmente solas, ya sea quizás por una alta
condición de autonomía o bien de estrategia familiar
en el marco de una economía de cuidado (Sunkel,
2006, PP. 55-56) que se explica por el envío de
remesas a sus familiares en el país de origen. Esto
lleva a reflexionar sobre el tipo de racionalidad
que portan los inmigrantes, pero ¿cuándo se
constituye una inmigración permanente o bien
temporal? A partir de ello, en el caso de la
inmigración peruana es importante dilucidar las
condiciones del ciclo de vida, las redes sociales
así como el tipo de organización y de actividades
económicas que llevan consigo y que establecen en el
lugar de destino. La situación preocupante de las
inmigrantes peruanas es la precariedad laboral en
las que se encuentran con motivo del trabajo de baja
calificación que asumen y por lo tanto la alta
vulnerabilidad social que presentan (Martínez, 2003,
p, 29).
La motivación laboral
de la inmigración sigue siendo la causa más
importante. Esto se demuestra debido a que las y los
peruanos tienen las mayores tasas de actividad,
atendiendo incluso que las peruanas más que duplican
la participación estimada para las mujeres chilenas
en la población total del país. Esta intensidad en
la participación laboral de las mujeres peruanas es
similar a la de los hombres ecuatorianos, que es
otro de los grupos inmigrantes que destaca por su
alta participación laboral, a pesar del elevado
número de niños.
En este sentido, se
aprecia una población de inmigrantes con una alta
contribución productiva, contradiciendo de este modo
las críticas por los costos de las demandas sobre
salud y educación (Martínez, 2003, p. 29). De esto
cabe explicar que la heterogeneidad de la
participación de niños y personas en edad activa
junto con la intensa participación laboral de
algunos grupos de inmigrantes logra cimentar para el
debate público un conjunto de demandas de educación
(Martínez, 2003, p. 29), sobretodo por la
contribución productiva de los inmigrantes, en
especial la de la población de origen peruano. El
Censo de Población de 2002 muestra un cambio en la
estructura ocupacional de los inmigrantes respecto
de 1992, lo que se refleja en el desplazamiento del
empleo en el comercio minorista al trabajo en el
servicio doméstico. Estos cambios observados pueden
explicarse por la composición de la inmigración como
también de la demanda laboral (Martínez, 2003, p.
43).
Esto permite decidir
que la segmentación laboral se ha hecho más visible
y que la estructura de actividades depende en modo
importante del origen de los inmigrantes. Esto nos
lleva a entender que la inserción laboral es
heterogénea, lo que se refleja, por ejemplo, en el
hecho de que la población peruana está concentrada
en el servicio doméstico y la ecuatoriana en los
servicios sociales y de salud (Martínez, 2003, p.
44).
Una consecuencia
riesgosa de este hecho es que surja el problema del
estrechamiento de la segmentación laboral respecto
de las posibilidades de inserción laboral frente a
contracciones en la dinámica de los mercados de
trabajo, lo que significa una fuente de
vulnerabilidad entre los trabajadores extranjeros,
sumada a la estigmatización del trabajo en el
servicio doméstico (Martínez, 2003, p. 44)
La inmigración
peruana puede ser concebida, más que como una
resolución de expectativas, una estrategia de vida
(Altamirano, 1992, p. 215), por lo que es importante
incorporar ese elemento dentrn de las hipótesis de
estudio de políticas públicas. Es en este momento
donde surge la oportunidad para un proceso de
elaboración de política de gestión migratoria,
fundada en el respeto a los derechos humanos
(Martínez, 2003, p. 35) y en ese contexto en las
medidas propuestas por el Programa de Acción de la
Conferencia de Durban. A partir de esto, la
feminización de la inmigración peruana y la
segmentación laboral que la caracteriza presenta
diversos riesgos entre los que cabe destacar el
cumplimiento de los derechos civiles y sociales de
los inmigrantes.
Escenario legal y
político en Chile
Aún persiste la
discusión sobre la política migratoria, sin embargo
se mantiene vigente la ley dictada en 1975 (Stefoni,
2003, p. 115). Los criterios de dicha ley sobre la
migración se sustentan en el principio de la
seguridad nacional, por lo tanto, existe un marco
legal restrictivo. A pesar de intentos de cambio a
la normativa legal vigente, Chile muestra una
política incoherente respecto de los derechos de los
inmigrantes (CODEPU, 2001, p. 22) y sujeta a
dependencias institucionales dispersas que deja a la
situación de los inmigrantes al arbitrio de los
funcionarios. Junto a ello la incertidumbre laboral
determina la legalidad de la residencia de los
inmigrantes, por cuanto la vigencia del contrato
determina la visa de residencia. De este modo el
trabajador inmigrante está en condiciones de
vulnerabilidad social y legal. Esta vulnerabilidad
de los trabajadores inmigrantes se presta para la
violación de sus derechos (CODEPU, 2001, p. 23) y de
las leyes propiamente tales.
Además de la amnistía
provisoria decretada por el Ministerio del Interior
en 1998, la cual concedió una visa temporaria de
residencia por dos años, sin necesidad de exhibir un
contrato de trabajo, especialistas en el tema de la
migración coinciden sobre la carencia de una
política de gestión migratoria en Chile. Hasta el
momento la última iniciativa ha sido elaborar una
política global de migraciones, para lo cual se
formó un comité, compuesto por representantes de los
Ministerios de Economía, Trabajo y Relaciones
Exteriores. En este sentido, la entonces Canciller
de Chile Soledad Alvear manifestó que la política
migratoria debía canalizar los flujos migratorios de
tal modo que sean un factor de desarrollo para el
país y de progreso para los propios inmigrantes y
sus familias. Junto con ello, debe fijar un marco
legal que permita a los inmigrantes establecerse en
Chile de manera digna, atendiendo a sus problemas
sociales y a sus aspiraciones en educación, trabajo,
salud, vivienda y seguridad social. Por último, debe
disminuir al máximo el número de inmigrantes
ilegales (Revista Mensaje, Agosto 2003, p. 41). No
obstante de aquellas intenciones y objetivos, no se
ha avanzado mayormente en la elaboración de una
política y de un marco legal correspondiente, de tal
modo haber institucionalizado una cultura de acogida
de los inmigrantes. Cabe destacar en consecuencia
que los mecanismos de acogida de los inmigrantes se
encuentran en organismos privados, particularmente
dependientes de la Iglesia Católica, ejemplarmente
el Instituto Católico de Migraciones (INCAMI),
perteneciente a la Pastoral social.
Ante los muy escasos
intentos de elaboración de una política de
migraciones, lo único concreto que registra el
Estado de Chile es el proyecto de ley de
migraciones, cuyo mensaje N0 102-327 presenta la
fecha del 7 de Octubre de 1993 e inserto en el
Boletín N0 1114-06 de la Cámara de Diputados con
fecha del 2 de Noviembre de 1993. Este proyecto de
ley sobre migraciones establece en su artículo 4 del
título 1 una política nacional migratoria destinada
a promover la inserción y reinserción de los
nacionales y extranjeros necesarios para el país,
orientando según sea el caso, su asentamiento y
localización geográfica y por ramas de actividad en
pos del desarrollo del país.
Respecto de los
inmigrantes peruanos desde el año 2002 se aceptó el
documento Nacional de Identidad peruano como
documento suficiente para ingresar a la provincia de
Anca. Asimismo, está vigente el tratado sobre
"Controles Integrales de Fronteras" con Argentina,
que establece sistemas administrativos compatibles y
simultáneos respecto del flujo de personas entre
ambos países (Revista Mensaje, Agosto 2003, p. 41).
Recientemente, el 4 de Agosto de 2005 se dicta una
resolución exenta N0 3734 de la Subsecretaría del
Interior, la cual autoriza el ingreso al país como
turistas de los ciudadanos de nacionalidad peruana,
premunidos de sus documentos nacionales de identidad
vigentes. Esta resolución declara que este documento
sólo puede utilizarse en condición de turista, por
lo tanto, si desea obtener un permiso de residencia
en el país, deberá poseer pasaporte vigente.
Esta resolución
resuelve de alguna manera la propensión de
irregularidad de muchos inmigrantes, en el sentido
que pueden ingresar como turistas con la sola
posesión de su documento nacional de identidad,
evitando la inducción a la irregularidad inmediata
debido a la política restrictiva sobre los ingresos
de los peruanos a Chile.
Los grandes problemas
que sufren actualmente los inmigrantes peruanos en
Chile, son por una parte, la situación de ilegalidad
de muchos de ellos, lo que sumado a un ambiente de
discriminación agrava la vulnerabilidad de sus
derechos. Por otra parte, la inexistencia aún de una
política coherente de gestión migratoria mantiene la
situación de los inmigrantes en general dentro de
una dinámica de autorregulación en materia de
integración social, con todas las consecuencias
adversas que ello puede implicar. El ambiente de
discriminación y la carencia de una política de
gestión migratoria crea tensiones y precariedades
sobre los derechos laborales, a la previsión social,
a la salud y a la vivienda. Esto se corresponde con
la carencia de instrumentos jurídicos adecuados para
regular las actividades de los inmigrantes
económicos o laborales que permita evitar los abusos
y las discriminaciones. Los instrumentos jurídicos
en cuestión son además por ejemplo los relativos a
regular institucionalmente la información,
capacitación y asistencia a los inmigrantes en
materia de sus derechos así como la asistencia
social acompañada de una eficiente fiscalización.
De acuerdo a la
Política de Inmigración que se presentó al
parlamento en 1993 se puede inferir un privilegio
analítico por los criterios de elegibilidad de los
inmigrantes económicos. Por cierto, el fenómeno de
la inmigración económica es fundamental en Chile,
por cuánto se puede observar que la explicación de
ella se debe en el caso de los y las peruanas a una
decisión en base a consideraciones de índole
económica. Es decir, se evalúan las posibilidades
reales que ofrece un país distinto, para mejorar su
propia situación socio-económica y desarrollar con
mejores expectativas su actividad. Este tipo de
inmigrante está fuertemente motivado por el trabajo
(Vargas del Campo, 1997, p. 60).
El país de destino
recibe los efectos del flujo de inmigrantes en el
mercado laboral, que debe ser considerado por una
política nacional de inmigración. La orientación de
dichos flujos son reflejo de la demanda laboral, de
expectativas de adquisición de bienes y servicios y
mejores condiciones de vida que ofrece el país de
destino, por lo tanto, el flujo está definido por la
forma cómo se inserta y adecua en el mercado laboral
local (Vargas del Campo, 1997, p. 61). De este modo,
la inmigración económica puede adoptar las
siguientes modalidades:
a) Marginal: cuando
no afecta el mercado del trabajo local, o su efecto
es demasiado bajo, por lo tanto, probablemente las
causas del flujo migratorio tienen una explicación
extraeconómica.
b) Supletoria: cuando
ocupa puestos de trabajo disponibles en el mercado
que no pueden ser cubiertos cualitativa o
cuantitativamente por la fuerza de trabajo local.
c) Complementaria o
Adicional: cuando ocupa puestos de trabajo que se
encuentran disponibles debido al rechazo de esos
trabajos por parte de la fuerza de trabajo local, o
por desinterés de la misma (malas condiciones de
trabajo, bajos sueldos, etc.) u otras
consideraciones.
d) Independiente:
cuando auto-genera su propio trabajo incentivando la
actividad productiva del país de destino.
e) Competitiva:
cuando desplaza a la fuerza de trabajo local. El
efecto aquí se resiente en el mercado laboral local,
por cuanto la fuerza de trabajo extranjera es de
menor costo.
En el ámbito de la
clasificación jurídica de los inmigrantes
económicos, de acuerdo a la Ley de Extranjería y su
respectivo reglamento, éstos presentan dos
categorías de visas de residente; La Visa de
Residente Temporario y la Visa de Residente Sujeto a
Contrato (Vargas del Campo, 1997, p. 62).
Respecto del
residente sujeto a contrato se encuentran aquellos
extranjeros que su ingreso y permanencia en el país
depende del contrato que da origen a la visa
respectiva.
La categoría de
residente temporario, desde la perspectiva
económica, comprende a aquellos extranjeros que
tienen intereses en Chile, o cuya permanencia en el
país es considerada útil o ventajosa.
Las descripciones
deducidas de la Ley de Extranjería-D.L. N0 1.094 - y
su respectivo Reglamento son demasiado generales e
inducen a las autoridades migratorias a una
discriminación muy superficial de los distintos
solicitantes de residencia (Vargas del Campo, 1997,
p. 62). Estas descripciones no consideran otros
tipos de intereses o realidades tanto de parte del
país de destino como de los propios solicitantes.
A partir de lo
anterior surgen subcategorías de inmigrantes
económicos que comprenden los distintos tipos de
visas de residencia: Inmigrantes con capital e
Inmigrantes laborales. Dentro de los primeros se
encuentran los inversionistas en general y los
inversionistas focalizados en programas estatales.
Dentro de los segundos, se encuentran los expertos
de alto nivel; directores, ejecutivos y empleados de
empresas transnacionales, multinacionales o
binacionales; trabajadores con calificación;
trabajadores de temporada y trabajadores sin
calificación (Vargas del Campo, 1997, PP. 62-63).
Tomando en
consideración el escenario legal y de hecho de las
categorías expuestas es necesario en Chile una
Política Nacional de Inmigración que reconozca la
diversidad actual de los flujos migratorios,
evitando reduccionismos económicos que ignoran las
nuevas realidades. En ese sentido, sería importante
distinguir el rol de una Ley de Extranjería así como
de una Ley de Política de Migración. En ambos casos,
debe existir el consenso que la globalización de la
migración es una realidad, la cual debe ser regulada
y abordada de modo razonable y con criterios de una
eficiente política de gestión migratoria y de
integración social.
* Este trabajo fue preparado por
Gonzalo Wielandt, como consultor de la Unidad de
derechos Humanos para la ONU.
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