Reforma tributaria: fin
del modelo conservador
por Héctor Acosta*

El 31 de marzo de 1990, concluyendo apenas el primer mes de su mandato, el gobierno de “Coincidencia Nacional” del doctor Luis Alberto Lacalle vota en el Parlamento Nacional la primera de las leyes fundamentales de su propuesta política: la Ley de Ajuste Fiscal.

Recurriendo a los mismos argumentos y herramientas utilizados por el equipo económico de la dictadura, promueve un reordenamiento de las finanzas públicas sobre la premisa de que un recorte en el nivel del gasto y  del salario resultaban fundamentales para generar el ámbito propicio para la inversión y el desarrollo posterior del país.

La Ley 16.107, titulada “Ley de Ajuste Fiscal, tributario y de aportaciones”, además de promover una rebaja sustantiva del gasto público, de modificar la tasa del IVA elevándola del 21% al 22” y de aumentar las aportaciones personales y patronales a la Seguridad Social, recurrió al Impuesto a las Retribuciones Personales – engendro creado por el Cr. Valentín Arismendi en 1982 – y elevó sus tasas de aportación, tanto a trabajadores en actividad como a jubilados, hasta niveles del 7,5% sobre el “monto total” de sus prestaciones.

¿Y cuáles fueron las razones argumentadas para ello?

Al presentar la ley ante el país, el gobierno reclamaba de la población “un gran esfuerzo” pues, “con este ajuste fiscal, empezamos a cambiar el rumbo del país. Con el equilibrio de las cuentas públicas habrá mayores oportunidades de empleo, mejores salarios y se podrá distribuir mejor lo que produzcamos.”

Se podrá, asimismo, contrarrestar los efectos nocivos de la “herencia maldita” derivada de la anterior administración, y que hace a “las consecuencias de la reforma del Art. 67 de la Constitución, aprobada en el plebiscito del 26 de noviembre del año pasado, relativa al ajuste de las pasividades, que involucra un incremento sustancial del gasto y por consiguiente un relevante efecto de acrecentamiento del ya elevado déficit fiscal.”

Coincidiendo con la visión de la dictadura en el sentido de que, “cual un agujero negro, la Seguridad Social es el polo de atracción de nuestra crisis”, el gobierno blanquicolorado hace recaer en los sectores de jubilados gran parte de la responsabilidad de la crisis social y económica del país, y los utiliza como justificativo para el brutal mazazo impositivo que descarga sobre los salario dependientes.

Pero aún, disponiendo por ley de la facultad exclusiva en la fijación del valor del Salario Mínimo Nacional –variable a la que están atadas las franjas del I.R.P. – el gobierno de los doctores Luis Alberto Lacalle y Gonzalo Aguirre comprime el valor del indicador a efectos de que los contribuyentes del impuesto en los límites superiores de cada franja, fueran paulatinamente trasladándose hacia la franja inmediata superior y pagando, por tanto, una tasa cada vez mayor del I.R.P.

Sólo durante la gestión de dicho gobierno, el S.M.N. perdió un 66% de valor respecto del IPC, motivando que más de la cuarta parte de los trabajadores de cada franja finalizaran el período aportando en la franja inmediata superior.

Fue así que las previsiones de recaudación del Impuesto se vieron totalmente desbordadas al final del quinquenio, alcanzándose una recaudación superior a los u$s 730 millones y pasando su incidencia en el total de los recursos fiscales del 3,9% al 5,9%, con un pico de 8,3% en el año 1991.

Esta política expoliadora y expresamente perversa estrenada por el gobierno del doctor Lacalle, fue la plataforma de lanzamiento de un modelo de ajuste fiscal permanente que, a través de versiones renovadas de una idéntica trama, el país ha venido sufriendo desde entonces hasta la asunción del gobierno actual.

Y fue así que el Julio María Sanguinetti con el argumento de afrontar el déficit fiscal generado por el “carnaval electoral” del gobierno del doctor Lacalle, insistió con nuevos aumentos de las tasas del IVA, con la reimplantación “transitoria” del I.R.P. y con la utilización del S.M.N. como variable de ajuste permanente.

Y fue así también que el doctor Batlle – que en su discurso electoral proclamaba a los cuatro vientos “un ajuste fiscal al revés, eliminando impuestos porque la capacidad contributiva de la gente esta agotada” – impuso no uno, sino tres ajustes fiscales, creó más 16 nuevos impuestos, agregó nuevas franjas al I.R.P, ensanchó su base de aplicación y elevó sus tasas a niveles de hasta el 20%.

Hoy, cuando un nuevo gobierno, sobre nuevas bases y nuevas visiones socio económicas ensaya una reforma tributaria “en serio”, “integral”, que implica a la estructura impositiva, a los organismos de recaudación, a la filosofía del modelo, que deja sin efecto impuestos ineficientes, que rebaja las tasas del IVA, que deroga por fin el I.R.P. y que sienta las bases de un nuevo paradigma – “que pague más, quien tiene más” – aparecen las voces y las actitudes de quienes impulsaron la situación anterior, presentándose como los “abanderados” en la defensa de los intereses de los jubilados, de las capas medias, de los asalariados.

¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta “deshonestidad intelectual”!

Y es que el Impuesto a la Renta representa el comienzo del fin del modelo conservador de los privilegios. Es el inicio de una nueva línea filosófica en materia de tributación, asentada en la justicia y la solidaridad, por oposición a la concentradora, egoísta y regresiva del modelo neoliberal.  Es el triunfo de la justicia social, por sobre el paradigma de “la cultura del éxito”.

El debate está planteado en esa perspectiva, en esa confrontación ideológica.

* Asesor en temas tributarios de la Alianza Progresista, 738

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