Un Libro del gobierno de Lula
"Derecho a la Memoria y a la Verdad",
culpa a la dictadura por tortura y muertes

Un documento oficial del gobierno federal acusa a integrantes de los órganos de represión de la  dictadura militar (1964-1985) por las torturas, muertes  y otros crímenes cometidos en personas que ya estaban presas.

Según el reportaje, el libro-informe tiene 500 páginas y fue elaborado por la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos. Con el título de "Derecho a la Memoria y a la Verdad", el documento detalla las circunstancias de las muertes  de los 339 casos considerados por la comisión durante los 11 años de trabajo.

El documento sugiere el pedido de informes a las Fuerzas Armadas, lo que todavía no fue decidido, y pide la creación de una instancia administrativa "para la escucha de policiales y militares" para proporcionar datos sobre restos mortales.

Otro reportaje (íntegramente disponible solo para suscriptores del diario o del UOL), también publicada hoy en la Folha, informa que el libro-informe cuestiona la tesis que la Ley de Amnistía de 1979 se extendería también a los militares y sus agentes civiles de represión política.

Ni el Ejército ni el Ministerio de  Defensa se manifestaron sobre el asunto.

Comisión de Amnistía declara a Lamarca coronel del Ejército

La Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia concedió ayer el título de coronel del Ejército a Carlos Lamarca, que murió como capitán. Símbolo de la  "resistencia radical" a la dictadura militar, en las palabras del ministro Tarso Genro (Justicia), el guerrillero fue muerto en 1971 por la represión.

Con la decisión, Maria Pavan Lamarca, viuda del terrorista, tendrá derecho a una pensión mensual equivalente a la de general, R$ 12.152,61. En la carrera militar, después de pasar a retiro con más de 30 años de servicio, el militar recibe el salario del puesto superior al suyo.

Además de la  promoción, la comisión reconoció la condición de perseguidos políticos de la  viuda de Lamarca y de sus hijos César y Cláudia Lamarca, concediendo a los tres una indemnización de R$ 100 mil para cada uno, referente a los casi 11 años en que vivieron exilados en Cuba.

El caso de Lamarca fue elegido para la sesión inaugural de los nuevos consejeros de la Comisión de Amnistía. Tarso dijo que no creía en una reacción de los militares, que consideran al terrorista un desertor.

"No creo que haya reacciones, la decisión fue unánime, con el voto del representante [Henrique de Almeida Cardoso] del Ministerio de Defensa." En opinión del ministro, fue una decisión "jurídicamente correcta y políticamente adecuada".

La Justicia Federal de San Pablo ya había concedido pensión a la viuda de Carlos Lamarca en 1993 y determinado el pago de un valor mensual de R$ 9.963,98, equivalente a la retribución bruta de un coronel del Ejército. El Superior Tribunal de Justicia reafirmó la decisión en 2002, después de denegar un recurso de la Unión.

La comisión del Ministerio de Justicia decidió incluso pagar retroactivamente a 1988 la diferencia entre la pensión decidida por la Justicia y la concedida ayer. El cambio del valor de la  pensión y las indemnizaciones de R$ 100 mil se harán efectivas en un máximo de 90 días, de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la  comisión, Paulo Abrão.

En la sesión, la hija Cláudia Lamarca, 44, dijo que era un "momento históricamente importante, porque se reconoció que hubo excesos por parte del Estado".

Indemnizaciones

Los familiares del terrorista recibieron el máximo de indemnización (R$ 100 mil), correspondiente a 30 salarios mínimos por año de persecución política, según la ley.

Abrão dijo que la viuda y los dos hijos fueron considerados perseguidos políticos por existir registros de monitoreo de sus vidas en el SNI (Servicio Nacional de Informaciones).

El juicio de Lamarca marcó la primera reunión de los 22 nuevos consejeros de la  comisión. Veinte de ellos son designados por el presidente de la  comisión y aprobados por el  ministro de Justicia. Los otros dos son designados por los amnistiados y por el Ministerio de Defensa.

Creada en agosto de 2001, la Comisión de Amnistía ya analizó 29.079 pedidos de amnistía. De acuerdo con Paulo Abrão, 55% de ellos fueron considerados procedentes, lo que representó a las arcas públicas un gasto de R$ 2,3 mil millones en los últimos seis años.

En 24 casos, las indemnizaciones de prestación mensual llegaron a R$ 3 millones, lo que generó críticas. Ayer, Tarso Genro reconoció que estos valores son polémicos, pero dijo que no hay discusión sobre el tema.

El ministro dijo incluso que la intención del gobierno es dar por terminados los trabajos de la  comisión en el 2010. Todavía existen 28.558 procesos para ser analizados.

Ministra Dilma Rousseff recibirá indemnización por tortura

La ministra-jefe de la Casa Civil, Dilma Rousseff, recibirá del gobierno de Río una indemnización de R$ 20 mil por haber sido presa y torturada en las dependencias del cuartel de la Policía Especial del Ejército, en la Tijuca, durante el régimen militar.

La indemnización por poco no fue denegada por la Comisión de Reparación por falta de pruebas. La declaración de Vânia Abrantes, del grupo Tortura Nunca Más e integrante de la  comisión, fue esencial al otorgamiento.

Abrantes fue transferida junto con Rousseff de San Pablo para el cuartel en Río y testificó a favor de la  ministra. El reconocimiento, concedido el día 14 de diciembre, fue confirmado por 4 votos a 3.

"Muchos de los que entran con proceso en la comisión quieren sólo el reconocimiento de la  prisión y tortura. No necesariamente el dinero", explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Lourival Casula. La comisión sólo informa sobre el resultado de los procesos a los solicitantes a los que les fue negado el reconocimiento.

La ministra fue presa en 1969, en Mongaguá, litoral paulista. Asumió haber participado de la planificación del asalto a la casa de una amante del ex-gobernador de San Pablo, Adhemar Barros.

Creada por la ley 3.744 en diciembre de 2001, la comisión inició los trabajos en 2004 y fue cerrada a fines del año pasado. Casula afirmó que pretende reactivarla por, al menos, seis meses, ya que restan todavía 173 procesos a ser juzgados.

De los 1.115 procesos ya evaluados, 755 fueron confirmados. El reconocimiento no es garantía de recibimiento de la  indemnización. La comisión está formada por cuatro representantes del gobierno, dos representantes de la Orden de los Abogados de Brasil, uno del Consejo Regional de Medicina y uno de la  Asociación Brasileña de Prensa.

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