El derecho: sistema de garantías
1 - Identidad, responsabilidad
y equilibrio
por Héctor Valle
hectorvalle@adinet.com.uy

El Estado de derecho, roles y actores

Para que una democracia sea creíble como un sistema en el que un Estado da atmósfera y espacio para que las libertades y responsabilidades den un marco propicio para la vida armónica de las personas que habitan el lugar, es menester el asumir cada quien, con conciencia y determinación, los derechos y las obligaciones que, en calidad de ciudadanos, les corresponde y compromete.

Así, los poderes de un Estado, deben actuar no sólo armónicamente sino, y esto es capital, con real independencia para dar de sí cada quien lo suyo para que la tríada justifique y mantenga vivo el anhelo de independencia del soberano y con ello, la democracia republicana se de en la práctica cotidiana de las acciones societarias.

En este aspecto, todos son responsables, salvo que algunos, esto es, los representantes de cada uno de los tres poderes, tienen en sí un grado de responsabilidad que excede su ser individual al estar investidos de una representatividad, es decir de un simbolismo que hace con que sus pasos tengan una resonancia, una amplificación mayor a la que como personas físicas en verdad tienen.

Hablo, claro está, de investiduras que deben resguardar su poder simbólico en beneficio de aquella delegación que el soberano les diera por la vía del sufragio universal  a unos, bien como a otros les fuera otorgada a través de los canales adecuados y previstos en la Carta como en la legislación y normativas vigentes.

Así, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, consisten en una tríada que, de funcionar a pleno de por sí y entre sí, dan aire y horizonte a la prosecución de libertades fundamentales a la persona humana, bajo un régimen democrático republicano que les confiere espacios y límites en los cuales y desde los cuales, avanzar a favor de una mejora sustantiva de lo humano en el hombre.

Es decir, continuar la senda del progreso, tomando por tal, el avance en la dignidad y en la efectiva mejora en la vida cotidiana de los más carenciados, esas mujeres y esos hombres tantas veces relegados, marginalizados, disociados de su comunidad por imperio del negarles lo que en verdad son: humanos.

Además de recordar que les asiste a éstos, iguales derechos que al resto de la comunidad, al propiciar, paulatinamente, con políticas sociales activas. Políticas públicas que, cabe recordar, algunas ya están en curso y otras esperan su concreción en pasos ya planificados con lo cual podrán seguir registrándose ascensos desde lo periférico hacia lo central de nuestra sociedad.

Así, seguirán accediendo más y más personas a una categoría de humanidad que, además de permitirles la obtención de un sustento digno, les brinde formas y cauces para que su avance en la complejidad de lo social no quedando estos planes a un mero camuflaje de la marginalidad sino que ésta, y lo marginal como tal, continúe apagándose.

El derecho como problema

En su obra “Derechos y garantías”, el catedrático italiano en Filosofía del Derecho y teoría general del Derecho, Luigi Ferrajoli, comienza, justamente, hablando del tema que aquí nos ocupa.

Así, el eminente profesor, aduce que: “Estamos asistiendo, incluso en los países de democracia más avanzada, a una crisis profunda y creciente del derecho,  que se manifiesta en diversas formas y en múltiples planos.”

Casi de inmediato, y en torno a lo que él llama “crisis de la legalidad”,  indica que: “En Italia, además, la ilegalidad pública se manifiesta también en forma de crisis constitucional, es decir, en la progresiva degradación del valor de las reglas del juego institucional y del conjunto de límites públicos.”

Avanzando en su razonamiento, Ferrajoli advierte que es posible predecir, de las crisis del derecho que él apunta, algo que: “(...) equivale a una crisis del principio de legalidad, es decir, de la sujeción de los poderes públicos a la ley, en la que se fundan tanto la soberanía popular como el paradigma del Estado de derecho.”

En fin, Ferrajoli, en una obra que evidentemente merece ser estudiada en su totalidad, aduce lo siguiente: “Yo creo que el peligro para el futuro de los derechos fundamentales y de sus garantías depende hoy no sólo de la crisis del derecho, sino también de la crisis de la razón jurídica; no sólo del caos normativo y de la ilegalidad difusa aquí recordados, sino también de la pérdida de confianza en esa artificial reason que es la razón jurídica moderna, que erigió el singular y extraordinario paradigma teórico que es el Estado de derecho.”

Y ante este peligro, que es un peligro real y global, tengo el deber, como ciudadano, de estudiar y atender para asumir mi cuota parte de responsabilidad social activa, este peligro, repito, el de la pérdida de confianza en los actores del poder del Estado, es lo que debemos sopesar y valorar más allá de la casuística que el momento imponga como lo que unos y otros, partidarios y contrarios de una determinada causa o problema, aduzcamos como válido.

El poder simbólico y sus representantes

Es decir, debemos siempre preservar el poder simbólico que el Estado, es decir sus ciudadanos, le hemos otorgado y debemos mantener vigentes: la representatividad de sus poderes, de las funciones de éstos y así en cascada hacia arribar a lo personal de cada quien como pieza vital de una sociedad democrática y republicana que se precie de tal.

El asunto que hoy parece ocupar la atención de todos en el Uruguay, al menos la de los medios de comunicación que suelen reflejar los temas de mayor impacto en la sociedad, ha tenido diversas salidas y enfoques.

Lejos de entrar en el meollo de la cuestión, destaco, ciertamente que de manera muy resumida, el modo de actuar de dos figuras evidentemente claves en un Estado de Derecho, como lo son el Presidente de la República y aquel que este designara como su funcionario primero en los asuntos de la Economía y las Finanzas del país.

Ante el parecer emitido por el Fiscal de Corte –funcionario designado por el titular del Ejecutivo y ratificado por los 3/5 de la Rama Alta del Legislativo-, ante un caso específico, ha presentado un dictamen contrario a lo sustentado por el otro funcionario del Ejecutivo, pero a cargo de la Economía y las Finanzas, el Presidente de la República ha dicho lo que un estadista debe decir y alentar: que el asunto está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia la que dictaminará su parecer oportunamente. Fallo que una vez producido, el Ejecutivo acatará, como corresponde.

Es, por tanto tan destacable como tranquilizador que el Primer Mandatario visite el camino de lo obvio, por tener él una visión de estadista que le hace ver más allá de lo contingente, dando aire y espacio a que el Estado de derecho continúe, y continúe bien, en el Uruguay.

Por otro lado, pero por el mismo asunto, el Ministro de Economía y Finanzas ha salido, a través de los medios de comunicación, a responder al Fiscal de Corte –ambos procedentes del mismo Poder. Y al hacerlo, sin entrar a juzgar ni siquiera a valorar sus intenciones, lo cierto es que, muy posiblemente sin quererlo, al atacar a su colega del Ejecutivo, está poniendo una nota inarmónica al proceso de reflexión que la propia Suprema Corte de Justicia ha comenzado a darse para dilucidar tal asunto.

Ponderación y equilibrio que, nueva y felizmente vuelve a presentar el Primer Mandatario al dar aire para que los ánimos se atemperen y los espíritus exaltados logren arribar a un equilibrio emocional que permita a todos sobrellevar esta particular situación, en aras de un desempeño del Estado y del país al que todos estamos abocados a que sea cada vez mejor para bien del pueblo en general.

La reiterada actitud del Presidente de saber ver más allá de lo aparentemente cercano, nos recuerda al filósofo español José Ortega y Gasset, cuando en una de sus obras cumbre, “Meditaciones del Quijote”, advertía sobre el cuidado que había de tener uno cuando por un árbol creía tener el bosque, no advirtiendo sus partes ni, menos que menos, lo que hay, allende el bosque, al atravesarlo.

Así, el doctor Vázquez Rosas sabe ver el bosque y no apenas uno de sus árboles, pues estamos hablando de alguien que tiene perspectiva y lo demuestra desde la acción de gobierno.

Saber tener perspectiva, en el equilibrio permanente de una función clave es tanto una virtud, en el caso de poseerla, como la mayor desventura, cuando se carece de la misma.

En esto, afortunadamente, contamos con un estadista que entiende que sólo en el respeto irrestricto a los demás poderes del Estado está la mejor suerte de la República. La que, admitámoslo, tienen ante sí desafíos y proyectos tan vastos como imprescindibles para el bien de la ciudadanía que requieren del concurso de todos sus miembros, ciudadanos e instituciones, para el mejor logro de tan caros anhelos.

El no convertir en sustantivo lo anecdótico, pues, parece ser la vía regia para permitirnos todos, el arribo a metas superiores. Cada quien a su tarea y todos, mancomunadamente, por el bien común: la mejor suerte del Uruguay, en una democracia republicana en la cual los Poderes del Estado sean plenamente respetados y respetables.

Continuaremos.

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