La CIA contra la integración
latinoamericana
por Agencia Bolivariana de Noticias

Cuando Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones presidenciales argentinas el 24 de octubre de 2007, muchos halcones republicanos deben haber pensado que las relaciones entre Caracas y Venezuela ya no serían lo mismo. No fueron los únicos, algunos periodistas y analistas, tanto en Caracas como en Buenos Aires, pensamos y publicamos lo mismo.

El 2 de diciembre pasado se celebró en Venezuela un referéndum constitucional mediante el cual el presidente Hugo Chávez se proponía profundizar la vía al socialismo y habilitar su posible reelección en 2012. Chávez y los bolivarianos fueron derrotados en las urnas. En Miami y Washington hubo festejos.

Entre los que festejaron los resultados del 2-D se encuentran demócratas, republicanos y los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Para ellos, la destrucción de la Revolución Bolivariana es uno de sus objetivos principales (detallaremos luego).

En este contexto se produjo pocos días después (10 de diciembre) la asunción de Cristina Fernández en Buenos Aires. Durante su campaña, Cristina se preocupó por mostrarse bien cerca de las estructuras del poder tradicional.

La entonces candidata presidencial no evidenció ningún gesto de acercamiento fuerte con Chávez (incluso viajó especialmente a Caracas para reunirse con representantes de la comunidad judía venezolana, para quienes Chávez no es una figura menos diabólica que el presidente iraní Mahmoud Ahmadineyad u Osama Bin Laden).

En 2007, quienes mueven las fichas del tablero de ajedrez global habían logrado un avance importante al montar una exitosa campaña de desinformación y desprestigio internacional contra el presidente venezolano y su propuesta de reforma.

En este marco, la semana de asunción de la nueva presidenta argentina –se insiste, con un Chávez golpeado- se aparecía como una excelente oportunidad para perfeccionar el cerco sobre el líder bolivariano, de cara a un jaque mate tan anhelado.

Para esto hacía falta mover una pieza en el tablero. La pieza designada fue el peón Guido Antonini Wilson. Sin embargo, algo no funcionó. Los ultraconservadores se apresuraron, se confiaron demasiado y montaron una operación demasiado obscena.

A continuación se harán públicos una serie de hechos que demuestran de manera incontrastable las siguientes afirmaciones.

1.- Que el Gobierno estadounidense designó a un grupo de agentes de inteligencia con la declarada misión de operar acciones de inteligencia con el propósito último de destruir a la Revolución Bolivariana.

2.- Que en ese marco debe entenderse la aparición del peón Antonini, ya que quienes dirigen esa causa judicial están ligados personal, política e ideológicamente con algunos de los agentes encargados de detener el proceso de emancipación venezolano.

3.- Que por ende, la proclamada independencia de los representantes de la justicia estadounidense por parte de los principales medios de comunicación del sistema es falsa e insostenible desde todo punto de vista.

4.- Que a partir de estos hechos se reafirma la existencia de una estructura comunicacional global que, al ocultarnos estas evidencias de manera sistemática (por ignorancia, pereza intelectual o intereses concretos), impone una realidad ficticia que genera la manipulación de la opinión pública en pos de los intereses políticos de un país, en este caso Estados Unidos.

En este grupo están incluidos la gran mayoría de los grandes medios de comunicación de nuestro continente.

Paso a paso

La oficina de inteligencia contra Venezuela y Cuba

En septiembre de 2006, el bloque de diputados del partido demócrata pidió a George W. Bush que cambie el eje bélico, retire las tropas de Irak y apunte sobre Venezuela, país que lidera las reservas de petróleo mundiales.

Para la misma época hubo otro pedido especial dentro de los servicios secretos, la CIA solicitó al director nacional de los Servicios de Inteligencia, John Negroponte, la creación de una división especial para centralizar, unificar y coordinar desde una sola estructura las actividades contra Venezuela y Cuba.

La CIA sólo tenía cinco divisiones de este carácter especificado, las oficinas contra Irán, Corea del Norte, Contraterrorismo, Contrainteligencia y Proliferación de armas.

A fines de 2006, semanas antes de la reelección del presidente Chávez en Venezuela, Bush designó como encargado de este departamento especial de la CIA a Norman Bailey. Según un comunicado público del propio organismo de inteligencia, Baily se ocuparía de centralizar las operaciones contra Cuba y Venezuela mediante la creación de un área “estratégica en la recolección de información y el análisis, identificando y llenando vacíos de información y planificando y asegurando la implementación de estrategias”.

Bailey tiene 75 años y una larga experiencia en el mundo de la inteligencia, desde la década del ’80 trabajó en inteligencia especializado en asuntos latinoamericanos, fue funcionario de Ronald Reagan, George H. Bush y George W. Bush.

En 1989, una de las importantes misiones de la CIA fue la organización de la invasión a Panamá, donde otro de los peones estadounidenses, Manuel Noriega, dejó de ser funcional a los intereses de la potencia norteamericana y debió ser removido del tablero.

En la ejecución de esta operación, el agente Bailey jugó un papel destacado, su quirúrgica misión consistió en transformarse en asesor del entonces presidente panameño, hasta el mismo momento en el que comenzó la invasión.

Atención en este nexo Norman Bailey-Panamá. Adquirirá relevancia más adelante cuando nos adentremos en el caso Antonini.

El actual responsable de las operaciones de inteligencia contra Venezuela y Cuba también es hombre de extrema confianza de John Negroponte, quien lideró operaciones de terrorismo en Vietnam, Honduras e Irak, entre otros.

A Negroponte se lo responsabiliza por el asesinato de 40 mil vietnamitas. Desde Honduras, donde fungió como embajador en los ’80, organizó la base de entrenamiento de El Aguacate, centro de operaciones de la contra nicaragüense. Más cerca en el tiempo, se le encomendó la compleja tarea de dirigir la embajada estadounidense en Bagdad.

Durante su gestión en la capital iraquí, se lo acusó de financiar y coordinar a grupos paramilitares con el fin de alimentar un conflicto interreligioso funcional a los intereses de dominación de su país en la región.

El ex embajador de Washington en Bagdad sabe recompensar a sus amigos, las operaciones de Mobil Oil en el invadido territorio árabe cuentan con la asesoría de la empresa Norman A. Bailey Incorporated con sede en 8618 Westwood Center Dr Vienna en Washington.

Las asesorías de Bailey no se circunscriben al ámbito petrolero, el actual responsable de la inteligencia contra Venezuela también “colaboró” con el ex presidente argentino Eduardo Duhalde, a quien en plena crisis político, social y financiera en marzo de 2002, recomendó reprimir fuertemente la protesta social, llamar a elecciones anticipadas y entregar el territorio nacional para pagar la deuda externa.

Beily convenció a Duhalde de la necesidad de conseguir financiamiento internacional para superar la crisis. Para tal fin le recomendó al entonces presidente la contratación de tres empresas especialistas en lobby y comunicaciones.

Una de las empresas contratadas –anunciadas mediante Decreto N 533/2002 fue Zemi Communications, propiedad de Henry Kissinger, cuyos antecedentes en la historia reciente de América Latina no hacen falta destacar (aunque si lo creen necesario pueden repasarlo en “Henry Kissinger, ¿hombre de estado o criminal de guerra?”.

Casualmente entre los principios políticos que promueve Kissinger desde hace 30 años, figura el endeudamiento planificado de países con recursos estratégicos.

Los vínculos del jefe de inteligencia contra Venezuela con los halcones del pentágono no terminan allí. Esta es la definición que sobre Norman Bailey ofreció otro de los neoconservadores más destacados, Otto Reich, cubano de nacimiento y anticastrista por convicción: “Bailey es un hombre altamente capacitado, que comprende la acción política, la diplomacia y también comprende los aspectos psicológicos del mundo en el que estamos”.

Reich sabe de lo que habla en materia de acción política y psicológica (para analizar su prontuario en materia de desestabilización se recomienda la lectura de su hoja de vida en Otto Reich y la contrarrevolución .

Reich y Bailey estrecharon lazos en la misma Honduras contrarrevolucionaria de los ’80.

Ya quedó establecido el marco de relaciones que nos muestra quién es políticamente Norman Bailey, además ha quedado claro que el responsable de la oficina de inteligencia contra Venezuela y Cuba, también es un conocedor de la realidad argentina y de sus protagonistas políticos. Ahora repasaremos algunas de sus declaraciones textuales para que no queden dudas acerca de sus concepciones ideológicas:

“Chávez es un dictador civil, un peligro dentro y fuera de Venezuela”.

“Chávez es culpable de ocho pecados capitales: Impulsa un eje populista-izquierdista junto a Fidel Castro y Evo Morales. Encabeza la prédica regional contra Estados Unidos. Es el principal opositor al ALCA. Apoya financieramente a movimientos indígenas de izquierda en países andinos. Brinda apoyo logístico a las FARC. Financia a Cuba con petróleo venezolano. Transformó a la Isla Margarita en un refugio para terroristas islámicos. Interfiere en conflictos bilaterales como en el caso Bolivia-Chile por la salida al mar”.

“Si Kirchner avanza en la consolidación de relaciones con Chávez y ese estúpido gasoducto, Argentina no recibirá más ayuda de Estados Unidos”.

Los fiscales del caso Antonini ¿Independientes?

Como se ha podido observar, la revolución bolivariana y sus relaciones con el resto de América Latina son una preocupación de primer orden para quienes desde Estados Unidos han impulsado una oficina especial para atacar este proceso. Ahora se demostrará que los representantes de la justicia estadounidense encargados del caso Antonini, están relacionados con quienes operan de manera directa contra la revolución bolivariana.

Estas relaciones sustentarán el punto 3, que evidencia la indivisible relación entre el poder político y la causa Antonini.

En Estados Unidos, los fiscales generales de los 50 estados que conforman la unión, son elegidos mediante el voto de los electores. Suele ocurrir en la mayoría de los casos, que los fiscales generales sean aliados políticos de los presidentes o de los gobernadores de turno.

Esto ocurre en la Florida, donde el Fiscal General es Bill Mccollum. Sobre sus preferencias políticas no hay lugar a dudas, antes de ser Fiscal General, Mccollum fue congresista republicano durante 20 años y luego se postuló como candidato a senador por el mismo partido. En marzo de 2004 en plena campaña, Mccollum habló de la necesidad de “introducir oficiales de inteligencia entre los turistas extranjeros que viajan a Cuba desde otros países”.

Las actividades del Fiscal General de La Florida junto a los sectores más conservadores de la derecha de su país son públicas. En 1987 durante su mandato como congresista en la Cámara de Representantes Mccollum participó en las audiencias por el escándalo Irán-Contras. En el momento de interrogar al contrarrevolucionario Félix Rodríguez (asesino del Che) sobre sus actividades y las de Luis Posada Carriles, lo felicitó por su papel destacado en la lucha contra el comunismo.

En los últimos años, la revolución bolivariana se ha transformado en un nuevo objetivo de Mccollum y sus aliados.

A lo largo de 2007, un grupo de ciudadanos nucleados en torno a la Fundación del Consejo de Seguridad Americano, presentó en distintos escenarios un audiovisual titulado “Crisis en las Américas, un documental sobre el dictador Hugo Chávez”.

Este material fue relanzado el pasado 7 de noviembre en el Club de Campo Doral Park de Miami. Faltaba poco menos de un mes para el referéndum en Venezuela y la campaña internacional en contra el presidente Chávez estaba en su punto más álgido.

Entre los patrocinantes del documental estuvieron dos congresistas republicanos de dilatada trayectoria anticastrista como Lincoln Díaz Balart y Connie Mack, para quien proyectos informativos como Al Jazeera o Telesur no son más que micrófonos al servicio de los terroristas. Entre los auspiciantes del material audiovisual que acompañaron a Díaz Balart y Mack, estuvo el Fiscal General de la Florida, Bill Mccollum.

Según los relatos de quienes tuvieron oportunidad de ver el material, “Crisis en las Américas, un documental sobre el dictador Hugo Chávez”, intenta relacionar al presidente venezolano con el terrorismo, el tráfico de drogas, la violencia, el despotismo, el comunismo cubano, el fraude electoral, el eje del mal y el Islam radical.

Casualmente, los mismos puntos que descubrimos dentro de los pecados capitales de Chávez enumerados por Bailey.

Operaciones Negras

Una de las fuentes reiteradas dentro del audiovisual es Otto Reich, quien en 1983 dirigió la Oficina de Diplomacia Pública para Latinoamérica y el Caribe (OPD, según sus siglas en inglés). La OPD, según revela el escritor Greg Grandin en su libro Empire’s Workshop, “estaba oficialmente a cargo de implementar una aproximación nueva, no tradicional, para definir los términos de la discusión pública sobre la política en Centroamérica”.

La OPD empleó una táctica que utiliza frecuentemente la CIA en otros países colocando artículos e historias en la prensa bajo el nombre de algún tercero. Estas actividades, conocidas en el mundo de la inteligencia como propaganda negra, fueron llevadas a cabo dentro de Estados Unidos con el total conocimiento de la Casa Blanca.

En 1987, el Congreso ordenó el cierre de la OPD de Reich, bajo acusación de estar implicada en una “operación prohibida y encubierta de propaganda”, pero en ese entonces los funcionarios del Departamento de Estado dijeron que simplemente reorganizarían la oficina, distribuyendo sus funciones entre otras partes del departamento.

Todo parece indicar que cumplieron su palabra.

La operación de propaganda negra que se pretendió constituir mediante “Crisis en las Américas un documental sobre el dictador Hugo Chávez” fue tan evidente que el material no logró trascender dentro de la sociedad estadounidense, sin embargo siempre hay sectores ultraconservadores que intentan legitimar este tipo de manipulaciones.

La periodistas Ericka Andersen realizó una interesante reseña de este material para el diario “Human Events”, el pasado 27 de septiembre. De paso entrevistó a Bill Mccollum, el testimonio del Fiscal General de La Florida nos permite una vez más entender su pensamiento:

“Chávez es una parte importantísima en el problema de la droga en Suramérica. Yo pienso que es uno de los mayores traficantes, tal vez de la historia”.

El pasado domingo 23 de diciembre, el periodista argentino Horacio Verbitsky, publicó en su columna del diario Página12, que cuando ocurrió el suceso de la valija de Antonini en agosto pasado sólo hubieron dos medios que denunciaron una relación entre el dinero incautado y la campaña de Cristina Fernández, uno de los artículos no llevó firma y el otro fue firmado por un periodista que nadie conoce.

Todo parece asemejarse demasiado a un guión armado por esos personajes que como el mismo Reich afirmó “comprenden la acción política y los aspectos psicológicos del mundo en el que vivimos”.

Los fiscales de la causa Antonini

Mulvihill

El Fiscal con mas exposición pública en el caso Antonini es Thomas Mulvihill, primer asistente de la Fiscalía General. Mulvihill procesa crímenes como narcotráfico, espionaje y violaciones a las leyes de exportación, por esta razón, mantiene un vínculo muy cercano con agencias de inteligencia con el FBI o la CIA.

Por sus investigaciones de casos federales contra el crimen organizado, Mulvihill recibió varios premios de reconocimiento de agencias de inteligencia en Washington.

Este fiscal vive en el sur de la Florida hace más de 20 años, y según las crónicas periodísticas, conoce perfectamente las problemáticas de la región, al punto que en el pasado participó e investigó la detención del general Manuel Antonio Noriega en Panamá.

Es de suponer que si el fiscal Mulvihill investigó al derrocado ex presidente panameño y tiene vínculos estrechos con los servicios de inteligencia, debe conocer personalmente al agente Norman Bailey, quien es un connotado miembro de esos servicios, y fue unos de los máximos responsables de las operaciones en Panamá.

Hilar más fino sería deducir que a partir de estos hechos Mulvihill y Bailey tienen una relación personal o una alianza política, pero podríamos aventurarnos a hacerlo, si observamos el mundo de relaciones de ambos. Uno de los cercanos colaboradores de Bailey es Roger Noriega, quien el 12 de diciembre pasado salió a defender públicamente a Mulvihill y su equipo, mediante una columna de opinión periodística publicada por el conservador diario La Nación de Buenos Aires.

Dijo Noriega: “Lo que es bastante inusual es que, en vez de meramente negar la acusación, la presidenta Kirchner impugnó ferozmente las motivaciones de los investigadores estadounidenses, sosteniendo que la querella penal buscaba “cubrir de basura” su presidencia”.

Estas declaraciones provocaron la reacción del ex presidente, Néstor Kirchner, quien calificó a Noriega como un “funcionario lamentable” y exigió que la justicia estadounidense extradite al prófugo Antonini.

Alexander Acosta

Otro de los fiscales implicados en la causa Antonini es Alexander Acosta, su nombre no suele aparecer en los medios de comunicación, sus antecedentes no lo ayudan a sostener la imagen de un fiscal independiente.

El 13 de noviembre de 2003 hubo una convención de abogados sobre legislación internacional y soberanía americana organizada por la Sociedad Federalista con sede principal en Washington. El fiscal Alexander Acosta fue uno de los invitados a disertar. El orador de orden de este exclusivo encuentro fue John Negroponte.

Podríamos pensar que no es más que una casualidad que Acosta y Negroponte hayan confluido en esta reunión, pero podríamos pecar de ingenuidad tal vez, este encuentro indica cuánto menos, una coincidencia intelectual y política.

Esta aseveración se confirma cuando descubrimos que 2 años y 11 meses más tarde, exactamente el 10 de octubre de 2006, el Fiscal Federal del Distrito Sur de la Florida, Alexander Acosta, anunció la creación de un Grupo de Trabajo para Reforzar las Sanciones a Cuba, conformado por agencias del gobierno, incluyendo el FBI, el Servicio de Rentas Internas, Inmigración y Control de Aduanas, el Departamento de Comercio, el Servicio Guardacostas y la Aduanas y Protección de Fronteras.

Como puede observarse las actividades de este fiscal exceden ampliamente el marco investigativo para ingresar en el terreno del activismo político, y en este caso dentro de las causas más reaccionarias como lo es la profundización del estrangulamiento económico contra Cuba, condenado de manera casi unánime por las Naciones Unidas en cada oportunidad que se presenta.

Hay otro caso que evidencia la confluencia ideológica –y una muy probable coordinación en materia de acción política- entre este fiscal del caso Antonini y el congresista republicano Lincoln Díaz Balart (gestor del video basura contra Chávez):

En febrero de 2007, Acosta encausó a dos ciudadanos estadounidenses por solicitar licencias de viaje a Cuba a nombre de iglesias inexistentes, lo que habría permitido que más de 4500 cubanoamericanos obtuvieran permisos para visitar a sus familias en la isla caribeña.

Según declaró el fiscal oportunamente, 'los dos arrestos y la investigación son un indicio del compromiso del gobierno federal en endurecer el embargo comercial...esta decisión es importante para ayudar a una transición democrática en la isla'.

El congresista Díaz Balart, no se quedó atrás y sustentó públicamente el accionar de Acosta, a quien cariñosamente llama Alex:

“El fiscal federal Alex Acosta y su equipo de trabajo merecen reconocimiento y apoyo por sus esfuerzos continuos para hacer cumplir eficazmente el embargo de Estados Unidos contra el régimen terrorista en Cuba”.

Por mera coincidencia durante 2006, Díaz Balart había hecho un llamado público para que se impulsarán las causas judiciales a los violadores de licencias religiosas.

Acosta también tiene una relación fluida con el Fiscal General Mccollum, desde mayo de 2006 ambos participan activamente en el “Proyecto Niñez segura” una iniciativa nacional creada en Estados Unidos para proteger a los menores contra la explotación y los abusos sexuales.

El 23 de marzo de 2007, representantes de Niñez Segura de La Florida brindaron una conferencia de prensa para repasar los avances del programa. Alexander Acosta y Bill Mccollum aparecieron declarando sentados uno al lado del otro.

Kenneth L. Wainstein

Otro de los funcionarios implicados en la investigación es Kenneth L. Wainstein, asistente del Fiscal General de Justicia del Departamento de Seguridad Nacional. Según palabras del propio Wainstein, sus funciones son las de “supervisar las operaciones de inteligencia y las operaciones legales relativas a la seguridad nacional”. Wainstein fue designado por el presidente Bush para el cargo, y su aprobación por el senado demoró 5 meses. Es una especie de viceministro del Secretario de Justicia Michael Mukaesy, lo que indica sus estrechas relaciones con el poder político republicano. Entre sus obligaciones, también está la de articular sus tareas con el director nacional de los Servicios de Inteligencia, John Negroponte.

Reflexión. ¿Es este equipo de trabajo el artífice de una operación basura contra Venezuela y Argentina?

Demasiados indicadores nos empujan a pensarlo.

Resumen

Durante todo 2007 una oficina de inteligencia de la CIA se dedica a planificar operaciones contra Venezuela. El responsable de esta dependencia (Bailey) tiene nexos fluidos con los principales implicados en operaciones de inteligencia armadas por la Central durante los últimos 30 años, el cubano americano Otto Reich, John Negroponte y Roger Noriega.

Todos estos personajes tienen fuertes vínculos con el anticastrismo más duro de Miami, desde donde, junto a sus compañeros de la Fundación del Consejo de Seguridad Americano, también lanza operaciones de inteligencia contra Venezuela el Fiscal General del Estado (Mccollum).

Uno de los fiscales que tratan el caso (Mulvihill) es asistente de Mccollum, está fuertemente ligado con los servicios de inteligencia y muy probablemente mantenga una relación fluida con el responsable de la oficina de la CIA encargada de desestabilizar a Venezuela (Bailey) ya que ambos estuvieron implicados en el caso Panamá-Manuel Noriega.

Cuando la competencia de Mulvihill es cuestionada por el gobierno argentino, Roger Noriega (colaborador cercano de Bailey) asume su defensa pública.

Otro de los fiscales federales encargados de la causa (Acosta) es un reconocido activista contra la revolución cubana, diserta junto a John Negroponte en Washington y realiza tareas de beneficencia junto al Fiscal General de La Florida (Mccollum).

Un tercer responsable de la causa (Kenneth L. Wainstein) es un funcionario con categoría similar a la de un viceministro de justicia, entre sus funciones -según el mismo declara- está la de supervisar operaciones de inteligencia, también debe articular sus labores con John Negroponte.

Si a Norman Bailey y sus colaboradores de la oficina de desestabilización de la CIA, se les ocurriera montar una operación basura con la intención de generar una fricción entre Venezuela y Argentina utilizando el caso Antonini, este sería el grupo de trabajo ideal.

Para entender la manipulación montada por los medios de comunicación utilizaremos un caso testigo. El 26 de diciembre de 2007 el “prestigioso” matutino Washington Post publicó un editorial en la que asegura que la postura de la presidenta argentina en torno al caso –recordemos que la mandataria denunció una “operación basura”- obedecía a su ignorancia acerca del funcionamiento del sistema judicial de Estados Unidos. Esta es la cita textual:

“Hay quienes, demostrando su ignorancia del sistema judicial estadounidense, culpan al gobierno del presidente Bush por los resultados de una investigación penal. La reacción demuestra que las esperanzas de un cambio en la política exterior argentina probablemente fueron falsas. En vez de distanciarse del escándalo, ambos (la presidenta argentina y su esposo) le han hecho el coro a Chávez denunciando “trucos sucios”, de la Casa Blanca y un supuesto plan estadounidense para subyugar a Argentina”.

No hace falta agregar que estas “afirmaciones” fueron reproducidas por todos los grandes medios de nuestro continente como si lo escrito por el editorialista del Washington Post fuera una verdad absoluta. Esto llegó a millones de lectores que pudieran creer que la causa Antonini no tiene ninguna implicancia con el poder político y es tan sólo una investigación penal.

Pudieran pensarlo porque desde esos grandes medios -como se ha demostrado- se manipuló la realidad y se le negó a la ciudadanía su esencial derecho de acceder a la información completa sobre el caso.

Notas

1.- Este informe fue redactado en base a una investigación personal y a artículos publicadas por la agencia de comunicación Rodolfo Walsh y por la revista estadounidense Z Magazine.

2.- Entre los objetivos de esta investigación no figura establecer la categoría o el origen de los ilícitos que podrían derivar del caso Antonini Wilson.

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