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El imperio de la fuerza o
¿el gobierno donde está?
por Pablo Broder*
 En
los últimos días del primer mes del año 2008, la
Argentina, una vez más, asiste a una serie de
situaciones que continúan deteriorando la calidad de
vida en el país.
Se reitera, ya con
una frecuencia que casi acostumbra, que curte la
piel de los argentinos, la imposición de la voluntad
de los violentos, los que ejercen la fuerza, el
grito, la presión, lesionando todo principio
jurídico, y pisoteando ese contrato social básico
que es la Constitución Nacional, por sobre las
instituciones, y por encima del ciudadano pacífico
que sólo puede observar atónito y/o resignado las
tropelías de los violentos.
Y junto con este
accionar, lo que hace enervar a la mayoría
silenciosa de argentinos sufrientes de los
atropellos, es la inacción del Gobierno, que al
igual que su antecesor, no atina a medida alguna
para restablecer los principios proclamados por la
Constitución como las garantías básicas de los
ciudadanos.
El día 30 de enero de
2008, se podía leer, increíblemente en un mismo día:
Los asambleístas
impusieron un insólito control en la frontera…
(Diario Clarín)
…. Crearon una
"tarjeta vecinal" que les permite a quienes ellos
decidan cruzar el piquete. Ya emitieron unas 200.
Dicen que es para aquellos que trabajan en Uruguay.
Pero también les habilitan el paso a las hinchadas
de fútbol. “
Es sabido que desde
hace más de un año y dos meses los asambleístas de
Gualeguaychú apostados en el paraje Arroyo Verde, a
unos 10 kilómetros del puente internacional San
Martín, no dejan ir ni venir a nadie entre Argentina
y Uruguay. Casi nadie, para ser más precisos. No
obstante, como una suerte de Dirección de
Migraciones paralela a la oficial, se ha creado una
"tarjeta vecinal" entregada por los propios
asambleístas que permite atravesar el piquete a los
afortunados poseedores.
El salvoconducto es
un pequeño carné plastificado donde en el frente
figura apellido, nombre, lugar de trabajo y patente
del vehículo. En el dorso, se lee "No a las
papeleras" y el logo de la Asamblea Ciudadana
Ambiental de Gualeguaychú.
La mayoría de los
pases fueron otorgados a personas que trabajan entre
el lugar donde está asentado el piquete y la orilla
del río Uruguay. En ese tramo, aún en territorio
argentino, se encuentra un aserradero, una
plantación de arándanos y un establecimiento
agropecuario. Increíblemente, absurdamente, hasta
los gendarmes, los empleados de la Aduana y los que
administran el puente y cobran el peaje deben
solicitar a la asamblea de ambientalistas uno de
estos carnés que les permita franquear el corte de
ruta al volante de sus vehículos. O sea que las
autoridades oficiales están subordinadas a la
decisión ilegal y arbitraria del piquete bloqueador.
Yendo más allá de la
capacidad de asombro la nota periodística cita las
declaraciones de uno de los piqueteros: "Si viene
alguien para un sepelio, por supuesto que lo dejamos
pasar. Pero el otro día, una persona dijo que se le
había muerto un conocido la semana pasada, pero vi
que llevaba valijas y cosas para las vacaciones. A
ese no lo dejamos". Justicia sumaria en manos de
quienes transgreden la ley. Casi como los piquetes
que se podían observar durante la guerra civil en
Ruanda.
También en el mismo
diario y el mismo día, el sufrido lector se
informaba: “Complicaciones en el tránsito por una
protesta piquetera en el centro porteño. Los
manifestantes de la Corriente Clasista y Combativa
(CCC), liderados por Juan Carlos Alderete, fueron de
Corrientes y 9 de Julio hasta el Ministerio de
Trabajo. Tal como habían anunciado, no solicitaron
el permiso que pedía el Gobierno porteño para
realizar la marcha. Los manifestantes primero
generaron problemas en el tránsito en la zona de las
avenidas Corrientes y 9 de Julio, desde donde se
trasladaron hacia la sede de la cartera laboral. “
Mientras tanto, el
diario LA NACION informaba:
“Un grupo de las
denominadas Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de
Bonafini a la cabeza, protestó ayer en la Catedral
Metropolitana para que el gobierno porteño libere
unos fondos a favor de esa fundación y que estaban
destinados para la construcción de viviendas en la
Villa 20, Lugano… ” ( Usted estimado lector, a esa
altura se estará preguntando qué hacen las madres
que se unieron en su momento para reclamar por la
desaparición de sus hijos durante el proceso
militar, administrando en la actualidad fondos para
construir viviendas)”…Unos 10 fieles que estaban
ayer a la tarde en el templo miraban la escena, sin
poder creer lo que veían: personas tocando el bombo
adentro ( ¡dentro de la Catedral Metropolitana!) y
festejando. ¿Qué festejaban? Un acuerdo con el
gobierno de la ciudad para la liberación del
anticipo financiero -depositado por el gobierno
nacional- para comenzar los trabajos en la Villa 20.
…Con las escaleras de la Catedral como escenario,
agasajaban a las Madre...”
En muchas
oportunidades, nos hemos referido en estas columnas
al deterioro sistemático y creciente de la calidad
de vida de los argentinos, donde noticias como las
comentadas constituyen tristes ejemplos, pero
mínimos en relación a la enorme cantidad de agravios
a la convivencia que diariamente se producen en el
país.
No obstante, e
independientemente de la gravedad de esta situación
en sí misma, queda claro que las inversiones
genuinas, aquellas que transformen al proceso de
reactivación experimentado por la Argentina en uno
de desarrollo sustentable y duradero, tardarán mucho
en llegar por la carencia de seguridad jurídica.
Especialmente en un universo enrarecido por las
dificultades económicas recientes, por lo cual la
aparente bonanza económica que los comunicadores nos
quieren hacer creer tiene tanta consistencia como el
respeto a la Constitución por parte de los
piqueteros y del propio Gobierno.
* Economista argentino. Su último libro: "Mitos y
realidades en la era K.” Ediciones Macchi. Buenos
Aires. 2007.
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