|
Europa: toma medidas radicales
en sus fronteras con la emigración
por Adrián Mac Liman
La propuesta del Comisario
europeo de Justicia e Interior, Franco Frattini,
refleja el malestar generado en varios países de la
UE por la ausencia de políticas comunes de
inmigración coherentes y eficaces.
Pero, al mismo
tiempo, trata de eludir el debate sobre las
verdaderas raíces del problema de la emigración
clandestina a gran escala.
 ¿Cómo
luchar contra la inmigración clandestina? ¿Cómo
preservar los "valores culturales" del Viejo
Continente ante el creciente flujo migratorio? En
resumidas cuentas, ¿cómo cerrar a "cal y canto" las
puertas de la "fortaleza europea" ante la presión
demográfica ejercida por la llegada masiva de
ciudadanos extracomunitarios a los 27 países que
integran la Unión?
El Comisario europeo de
Justicia e Interior, Franco Frattini, realizó una
propuesta que contempla la creación de un sistema de
vigilancia informática en las fronteras exteriores
de la UE. Se trata de un sofisticado registro de
huellas dactilares y datos biométricos destinado a
controlar las entradas y salidas de los casi 300
millones de viajeros que cruzan anualmente este
"club de la opulencia". A estas medidas se añade
otra exigencia: los ciudadanos de países
extraeuropeos tendrán que solicitar vía Internet una
autorización previa a cualquier desplazamiento a los
Estados miembros de la UE. Esta normativa recuerda
las medidas adoptadas después de los atentados del
11-S por las autoridades de inmigración
estadounidenses y australianas. En el caso de ser
aprobada por el Parlamento europeo, la iniciativa
de Frattini podría adquirir un carácter vinculante.
Estas tardías y poco
convincentes propuestas del Ejecutivo comunitario
reflejan el malestar generado en varios países de la
UE por la ausencia de políticas comunes de
inmigración coherentes y eficaces.
En Francia, el desconcierto en
materia de inmigración desembocó, en 2004, en la
adopción de una nueva normativa de residencia que
exige a los inmigrantes el respeto de los valores
republicanos, el conocimiento del idioma y la
aceptación del principio de igualdad entre hombres y
mujeres. La ley, elaborada por el entonces Ministro
del Interior, Nicolas Sarkozy, no descarta la
posibilidad de que los infractores reincidentes sean
expulsados del suelo francés.
En España, el país comunitario
que registró en la última década la mayor tasa de
crecimiento de flujos migratorios, la cuestión de la
población extranjera salta a la palestra durante el
acalorado debate que precede la campaña para las
elecciones generales que se celebrarán el 9 de
marzo.
El Presidente del Partido
Popular (PP), Mariano Rajoy, manifestó que si su
agrupación política se alza con la victoria,
obligará a los inmigrantes a firmar un "contrato de
integración" que preconiza el estricto cumplimiento
de las leyes, el respeto de las costumbres
españolas, el conocimiento del idioma, la inmersión
en la sociedad del país de acogida, así como el
compromiso de regresar voluntariamente a sus
respectivos países de origen en el caso de no
encontrar empleo durante un período de 12 meses. Se
contempla, además, la expulsión inmediata de los
delincuentes extranjeros, medida que cuenta con la
aprobación de la inmensa mayoría de los
inmigrantes, poco propensos a que se les asocie
bandas de malhechores. Las autoridades, por su
parte, se comprometen a conceder a los inmigrantes
los mismos derechos de los que disfrutan los
ciudadanos españoles, a facilitar su integración y
respetar sus creencias y costumbres, siempre que no
sean contrarias a la normativa jurídica. Según el
líder del PP, el contrato tendría carácter
vinculante, lo que llevaría a la modificación de la
Ley de Extranjería vigente.
Hay quien estima que el
proyecto del Partido Popular es una mera copia de la
"ley Sarkozy". Sin embargo, el Presidente del PP
trata de "vender" su propuesta a los líderes
conservadores de la UE para que sirva de base para
la elaboración de una nueva legislación comunitaria.
La iniciativa del PP aprovecha
el malestar creado en España por el espectacular
incremento de la tasa de paro entre la población
inmigrante, más del 38,4% en los últimos 12 meses,
que eleva el número de extranjeros desempleados a
más 240.700 personas.
Para los partidos de
izquierdas, éstas propuestas infringen las normas
del "contrato social", es decir, de un compromiso en
que ambas partes aceptan y asumen tanto sus derechos
como sus obligaciones. Pero que no requiere firma
alguna.
¿Quién tiene razón? ¿Quién se
equivoca? En la década de los 70, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe
en el que se señalaba que los habitantes de los
países industrializados, el 18% de la población
mundial, controlaban el 80% de los recursos del
planeta. Advertían los autores que eso iba a generar
importantes flujos migratorios del Sur hacia el
Norte. Y en los últimos 30 años las políticas de
desarrollo y de inmigración han brillado por su
ausencia. En este contexto, quienes pretenden
recurrir a la vigilancia informática de las
fronteras comunitarias tratan de eludir, por enésima
vez, el debate sobre las verdaderas raíces del
problema.
Adrián Mac Liman: Analista
Político
ccs@solidarios.org.es
LA
ONDA®
DIGITAL |
