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Uruguay: la derecha quiere
que todo siga como está
por Raúl Legnani
 El
debate sobre si es constitucional o no la aplicación
del IRPF a las jubilaciones, que hay que darlo
porque el país no se puede quedar sin recursos para
hacer la vida más equitativa, no debe ocultar que el
Uruguay, jurídicamente, no está preparado para tener
políticas redistributivas
En este
cruce de opiniones los dirigentes de los partidos
tradicionales se presentan como los propietarios del
Derecho, con la intención de transmitirle a la
sociedad que son ellos y solo ellos la esencia misma
de la democracia.
Lo que
no dicen es que nuestra actual estructura jurídica
es fruto de una larga historia y que ella expresa
las ideas e intereses que responden a ciertas
correlaciones de fuerza que se han ido manifestando
en nuestro Uruguay.
No debe
sorprender a nadie que hoy haya una posible lectura
del cuerpo jurídico vigente, que permita argumentar
que la aplicación del IRPF es inconstitucional,
porque el país no tiene una historia de legislar a
favor de la redistribución de la riqueza.
A pesar
de ello ha quedado demostrado que dentro de esa
concepción retrógrada de nuestra legislación, hay
también posibilidades de tener una interpretación
progresista y positiva a favor de la redistribución
de la riqueza, tal como lo hicieron los dos
ministros de la Suprema Corte de Justicia que
declararon constitucional el IRPF a las
jubilaciones.
Estamos,
entonces, ante una gran confrontación con el modelo
derechista de sociedad, donde no solo se le quiere
meter la mano en el bolsillo del Estado, sino que se
quiere convencer a los uruguayos que no existe la
posibilidad de pensar un país mas justo y mucho mas
equitativo.
La
izquierda tiene por delante una batalla
multifacético, que es jurídica, que es política y
que es ideológica y cultural. Es una batalla que
ahora se expresa en la lucha por defender la
constitucionalidad del IRPF, pero también es una
batalla a mediano y largo plazo, para que los
uruguayos se convenzan de que el país tiene que
avanzar con profundidad en la construcción de una
nueva legalidad.
Mientras
ese cambio cultural e ideológico no se logre, van a
seguir apareciendo palos en la rueda porque nuestro
Estado de Derecho no está hecho para poder llevar
adelante un programa de izquierda.
Quizás
por razones políticas haya que derogar la aplicación
del IRPF a todas las jubilaciones, pero también por
razones de gran política el Frente Amplio tiene que
dialogar con la población, demostrando que la
dirigencia de las dos viejas colectividades
políticas no presentan diferencias y que conjugan
una misma filosofía de vida, contraria a todo lo que
sea avanzar hacia una sociedad más justa.
Blancos
y colorados están hoy unidos y golpeando juntos a la
izquierda. Unidos como en 1971, cuando al finalizar
la campaña electoral manifestaron juntos contra
Seregni y el Frente Amplio. Unidos como cuando
expulsaron a José Germán Araujo del Parlamento.
Unidos como cuando votaron la Ley de Caducidad.
Unidos ahora para impedir que Uruguay siga
transitando el camino del progresismo. Unidos en los
fiscalazos presupuestales.
Ante
este bloque conservador, la izquierda no tiene otra
alternativa que presentarse unida, con fuertes lazos
con los trabajadores de la ciudad y del campo, las
capas medias, la Universidad, la cultura, el arte y
la Enseñanza.
Por eso
el próximo Congreso del Pueblo no puede ser solo un
receptáculo de demandas, sino que fundamentalmente
recoger el grito de la gente para ponerlo junto a
este gobierno progresista que preside el doctor
Tabaré Vázquez
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