Los dictámenes de la SCJ
y el proyecto progresista
por Héctor Acosta García

La Suprema Corte de Justicia acaba de emitir dos fallos referidos a la inconstitucionalidad del IRPF sobre las jubilaciones, ambos resueltos en decisión dividida de sus miembros (3 a 2) a favor de los recurrentes: cinco jubiladas bancarias, el primero de ellos, y  mil doscientos jubilados militares el segundo.

 

A partir de estas sentencias la euforia se ha desatado en tiendas de la oposición, que entre abrazos y besos reclama lisa y llanamente la derogación del impuesto y amenaza con interpelar al Ministro de Economía por el tema.

 

Desde el terreno de la sociedad, se levantan voces de asociaciones de jubilados en el mismo sentido, algunos sectores de trabajadores afectados por el impuesto se aprestan a definir acciones contra el mismo y el nerviosismo y la ansiedad toma cuerpo en el seno de la izquierda política.

 

Los dictámenes de la Suprema Corte.

En primer lugar, los dictámenes de la S.C.J. refieren a cada caso puntual y su sentencia es determinante sólo para los involucrados en la misma. Cabe tener en cuenta, asimismo, que la intervención de la S.C.J. requiere la actitud voluntaria del ciudadano que inicia el proceso al presentar un recurso. Sería una tergiversación del Estado de Derecho promover que una sentencia que responde a la acción voluntaria de 1.205 personas, pueda imponerse a la acción voluntaria de otros 90 mil ciudadanos que hemos resuelto no interponer ningún tipo de acción.

 

En segundo lugar, el fallo de la S.C.J. no es absoluto, en tanto responde a la correlación de opiniones de sus miembros para la específica coyuntura en que emite el juicio, correlación que puede variar en la medida que sus miembros también cesan en sus funciones y la integración de la Corte varía.

 

En tercer lugar, la Suprema Corte de Justicia es en realidad la Suprema Corte de Derecho, en tanto lauda sobre esta materia: hasta donde un asunto se ajusta al marco legal establecido.  Si bien Derecho y Justicia transitan andariveles semejantes, no necesariamente reflejan un idéntico sentir sobre un determinado asunto. Las leyes, como a todos nos consta, son la expresión de la correlación de fuerzas existente en el cuerpo político, en el momento preciso de su votación. Por lo que podrán ser buenas o malas, justas o injustas.

 

Y finalmente, la Suprema Corte de Justicia no lauda ni establece conductas a seguir. Es la conciencia de cada individuo que lo hace, en función de una escala de valores, de prioridades, de intereses y de compromisos personales.

 

Resulta, por tanto, de una soberbia superlativa – cuando no un intento por suplantar el derecho de cada individuo a la libre expresión de sus ideas y a su libre determinación – el papel asumido por quienes pretenden arrogarse la representación y representatividad de todo un sector social, sin elemento objetivo ni hecho alguno que así lo determine o justifique.

 

Tal es la tergiversación que esta actitud promueve, que quienes – haciendo uso del derecho de opción que la Constitución también nos garantiza – hemos resuelto NO iniciar ninguna acción legal, ni presentar recurso alguno ante la SCJ, deberíamos salir ahora a ratificar explícita y públicamente nuestra decisión, so pena de estar avalando con nuestro silencio la representatividad pretendida por estos personajes en el asunto.

 

El eje de la discusión

Pero plantearse el debate del tema exclusivamente en el terreno jurídico o de los alcances del dictamen de la Corte, refleja un análisis acotado de la situación que no tiene en cuenta la trascendencia política que el tema conlleva.

 

Porque la aparición de la S.C.J. en el asunto, forma parte de una estrategia deliberada que traslada un debate eminentemente político - como es el de la Reforma Tributaria - hacia el terreno del Poder Judicial, que es donde la derecha mejor se mueve y donde conserva aún una cuota importantísima de poder.

 

Los recursos presentados contra el IRPF sobre las jubilaciones y los dictámenes de la S.C.J. están teñidos de intencionalidad y connotaciones políticas; responden a un plan meticulosamente estudiado, programado y llevado a la práctica: desde la elección de los actores, la medición de los plazos de acción de la Corte, la presión de Sanguinetti sobre ésta, la filtración de la votación, el efecto sobre el conjunto de los jubilados, etc.

 

En su discurso del pasado 26 de marzo la compañera Liliam Kechichián ya alertaba sobre esta situación:

 

“La pulseada de la historia ubica hoy al Frente Amplio como la primera y mayoritaria fuerza política del país.

 

El compañero Dr. Tabaré Vázquez - como Presidente de todos los orientales - ha puesto a andar el programa de transformaciones estructurales, profundas, imprescindibles para la construcción del Nuevo Uruguay de la justicia social y el bienestar colectivo, comprometido ante la ciudadanía.

 

Las fuerzas del statu-quo conservador, por su parte, derrotadas en las elecciones nacionales del 2004, sienten que la estructura social de privilegios, construida de acuerdo a sus exclusivos intereses y necesidades, y disfrutada durante todo el transcurso de la vida institucional del país, cruje, se tambalea, amenaza con derrumbarse.

 

Saben asimismo que un nuevo triunfo electoral del Frente Amplio en las próximas elecciones del 2009 hará definitivamente irreversible el proceso de cambio puesto en marcha por la actual administración.

¡Y se reagrupan!  ¡Cierran filas!  ¡Procuran alianzas!  ¡Dan batalla!”

 

Es en esta coyuntura política que debe ubicarse el tema de los recursos y los laudos de la S.C.J. acerca del IRPF. Es en este cuadro dibujado con precisión por la compañera que debemos analizarlo.

 

“Saben que su suerte depende de recobrar la iniciativa política, hoy en manos del gobierno, y de poner a éste a la defensiva.

 

Saben que deben presentarse vestidas de un proyecto alternativo que confronte con el proyecto progresista.  Pero no existe otro proyecto progresista por fuera del que el gobierno nacional está llevando adelante.

 

Saben que la fortaleza del Frente Amplio reside en su espíritu, en su mística, en el esfuerzo que transpiran sus militantes defendiendo el proyecto, en el orgullo que los envuelve contemplando el tremolar de su bandera, en la tradición artiguista que ella conlleva.

 

La “oligarquía blanca y colorada” – como solía decir el Cro. Seregni – sabe de esta relación de amor entre el Frente Amplio y la gente. ¡Y le teme!

 

¡Sabe que sus posibilidades de éxito dependen de quebrar esta alianza!”, alertaba la compañera.

 

¡Y sabe también que el conservadurismo no es una expresión exclusivamente suya!  Sabe que las reformas estructurales puestas en funcionamiento por el gobierno – que amenazan con destruir toda su estructura de poder – también han generado contradicciones entre los propios frenteamplistas.

 

Porque la defensa de lo preestablecido forma parte de la condición humana, atraviesa horizontalmente todos los sectores y capas de la sociedad, y determina que el progreso no se imponga sin esfuerzo.

 

¡Y es sobre esa grieta, que lanza todo el peso de su artillería!

 

Es en este plano ideológico, que debe enfocarse el tema: en la confrontación de dos modelos opuestos de sociedad y el conflicto de intereses que ello plantea.

 

El embate sobre el IRPF brinda a las fuerzas del statu quo las posibilidades de incidir sobre los tres aspectos esenciales definidos para frenar el proceso transformador del gobierno del FA:

·        Recobra la iniciativa política. Acorrala al gobierno, lo presiona para que retroceda e intenta infligirle una derrota política;

·        Aparece liderando un movimiento opositor que, si bien no alcanza a representar ningún proyecto alternativo, coincide en el rechazo al IRPF y a la Reforma Tributaria, estandartes del proyecto progresista en marcha.

·        Consigue por fin erosionar, esa alianza entre el Frente y la gente, específicamente con los salarios dependientes activos y pasivos.

 

No comprender el cambio cualitativo que implicaría la consolidación de esta coyuntura en la inminencia del tiempo electoral, determinaría poner en serio riesgo las posibilidades de repetición del Frente Amplio en el gobierno a partir del 2009 y la consiguiente evolución y consolidación del proyecto progresista de la justicia social y la solidaridad.

 

Porque lo que está en litigio hoy, no es la legalidad o el alcance del I.R.P.F. Lo que está hoy en disputa, ¡lo que continúa estando en disputa hoy!, es el modelo de sociedad en que queremos convivir los uruguayos. 

 

 Una respuesta política

¡A toda acción política, corresponde una respuesta política!

 

En esta instancia, una respuesta política activa, participativa, determinante. Porque hay que entender que también la inacción, el silencio y el “balconeo” son formas de acción política.

¡Pero no son las nuestras! No son las que se corresponden con la práctica histórica de esta fuerza política.

 

Hoy se trata de ayudar a dotar al gobierno nacional de una posición de fuerza que le permita retomar la iniciativa política y la toma de decisiones que entienda necesarias para solucionar el tema, sin que le generen el costo de una derrota. ¡No podemos dejar al gobierno solo enfrentando esta embestida!

 

Debemos contribuir a liquidar el tema, ¡todos!, a sacarlo de la agenda, para permitir la evolución positiva del programa de reformas.

 

Debemos reconstruir rápidamente nuestro vínculo con los sectores populares.

 

Que los militares del proceso accionen contra el proyecto popular, está dentro de lo esperado y previsible. Es coherente con su impronta.

 

Que cinco ciudadanas jubiladas bancarias asuman igual actitud, es también justificable si tenemos en cuenta que responden al sector político del diputado nacionalista de Rocha.

 

Lo que no es de recibo es que quienes nos hemos formado y crecido embebidos en la filosofía artiguista de que los más infelices sean los más privilegiados; quienes hemos alimentado nuestro espíritu y nuestra conciencia en la doctrina del esfuerzo, de nuestra vocación de sacrificio, de nuestro compromiso, de fidelidad con el proyecto, de defensa de una unidad que es la síntesis de nuestras coincidencias y nuestras diferencias, en nuestra solidaridad con los compañeros, en nuestra generosidad, en nuestra ausencia de vanidad y afán de protagonismo, en nuestro respeto por todos y cada uno de los compañeros, permanezcamos hoy estáticos, dubitativos, sin respuesta ante lo que todos sabemos que es el más fuerte embate de la derecha conservadora sobre nuestro proyecto popular y transformador.

 

¿Acaso no sabíamos que las reformas impulsadas por el gobierno, por nuestro gobierno progresista, también iban a tocar el bolsillo de muchos de nosotros, de los que estamos en mejor situación de contribuir al bienestar colectivo?

 

¿Eso determina acaso que ellos y nosotros, los conservadores “por convicción” y nosotros tengamos los mismos intereses y comulguemos de la misma hostia?

 

Ellos pretenden conservar una condición de “casta”, una exclusividad en el ejercicio y control del poder que sienten les pertenece por derecho, porque deviene de la carga genética de sus apellidos; poder que se plasma en el monopolio del aparato productivo y financiero del país.

 

Nosotros apenas padecemos la tentación de defender un egoísmo propio de nuestras miserias humanas, de nuestras debilidades y temores, expresado en privilegios corporativos que, con vergüenza asumimos, aún nos seducen, cual el anillo maldito del libro. ¿Eso nos hace iguales?

¡¿Qué puede haber de común en esos intereses?!

 

Personalmente, ninguno de los que se arrogan la potestad de interpretar el sentir y representar el derecho de los jubilados en este tema, me representa: ni expresa, ni implícita, ni tangencial, ni solidaria, ni legal, ni política, ni sindical, ni espiritual, ni éticamente.

 

Porque esta reforma tributaria que hoy ataca el modelo conservador, es la que contempla los reclamos de más de cuarenta años del movimiento sindical, la que estaba delineada en el Congreso del Pueblo, en los documentos de la CIDE, en los compromisos de la CONAPRO, en las proclamas  del movimiento sindical y la que el pueblo uruguayo votó mayoritariamente en las pasadas elecciones del 2004.

 

Como definió un queridísimo compañero de Maldonado, es  un orgullo formar parte de este proceso de cambio. Porque es lo que hemos soñado desde siempre; por lo que hemos luchado y para lo que nos hemos preparado intelectual y espiritualmente.

 

¡Somos oficialistas!, ¡convencidos!, ¡practicantes!, ¡conscientes!, ¡orgullosos!

¡Y lo demostramos!

 

Y por eso exhortamos a redoblar esfuerzos, a rodear con fuerza, con calor, con afecto, a Tabaré, a expresarle nuestro apoyo y a manifestarnos pública y valientemente a favor del proceso de transformaciones que estamos llevando adelante.

LA ONDA® DIGITAL

© Copyright 
Revista
LA ONDA digital