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Los riesgos en una
América Latina bipolar
por Boaventura de Sousa Santos
El objetivo es salir de una
democracia de baja intensidad, hacia una democracia
de alta intensidad,
que torne el mundo menos propicio al
neoliberalismo
 América
Latina es una pieza clave en las estrategias de las
empresas transnacionales y de los gobiernos del
norte global. La expansión del mercado transformó el
agua, los servicios de salud y la educación en
mercadería. La mercantilización de los recursos
naturales es fundamental para la acumulación de
capital a mediano plazo, ubicando la biodiversidad
enorme de América Latina en el centro de los
intereses.
El proceso de "refocalizar"
América Latina se aceleró debido al fracaso de la
guerra de Irak. Los Estados Unidos percibieron que,
durante su relativa ausencia, se gestaron cambios y
los procesos sociales avanzaron fuera de su control,
resultando en gobiernos progresistas y movimientos
sociales fuertes que llegaron al poder a través de
la democracia, siendo que los Estados Unidos usan el
discurso de la democracia para justificar sus
intervenciones.
En este escenario, se
está desarrollando una nueva contra-insurgencia,
mezcla de las estrategias de la Alianza para el
Progreso y una política de división de los
movimientos, específicamente el indígena. La
protesta es criminalizada de manera brutal y la
militarización se torna más profunda. Incapaz de
conquistar el apoyo popular, el neoliberalismo
intenta sustituir "desarrollo" y "democracia" por
"control" y "seguridad".
Esto es consecuencia
de la profundización de la exclusión social, de la
miseria y de la desigualdad, lo que implica la
emergencia de un fenómeno del fascismo social. No un
régimen político, sino una forma de sociabilidad
donde algunos tienen la capacidad de veto sobre la
vida de otros. Corremos el riesgo de vivir en
sociedades políticamente democráticas, pero
socialmente fascistas.
El mejor ejemplo de
esta lógica es el doloroso aumento del hambre en el
mundo, que muestra la contradicción entre la vida y
el ansia de lucro. La emergencia del fascismo social
muestra que la modernidad, como proyecto, está
quebrada, porque no cumplió sus promesas de
libertad, igualdad y solidaridad, y no va a
cumplirlas.
Surge, entonces, la
contradicción entre el paradigma de la seguridad y
de la lucha contra el terrorismo y los Estados que
reivindican su soberanía, los movimientos sociales
y, específicamente, las luchas de los pueblos
indígenas. En los territorios indígenas está el 80%
de la biodiversidad latinoamericana. Organizaciones
como la Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas, la Confederación Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería de Perú y la Coordinadora
Nacional de Ayllus y Marqas son un peligro para el
status quo.
La criminalización de
la disidencia en América Latina es todavía más
fuerte contra los indígenas, como vemos en Perú y en
Chile. Existe la intención de transformar a los
indígenas en los terroristas del siglo XXI, como
muestran los documentos de la CIA. El uso de las
leyes anti-terroristas contra los dirigentes
indígenas está basado en una descaracterización
total del concepto de terrorismo, dado que esto
significa atacar y causar daños a civiles inocentes.
En el caso de las luchas indígenas, son ataques
contra la propiedad privada para defender otra
propiedad, la comunitaria y ancestral.
Esto no cabe en
ningún concepto de terrorismo.
La regionalización
subnacional ha sido promovida por el Banco Mundial
en forma de descentralización, que apuntó a
desmembrar el Estado central a través de la
transferencia de responsabilidades hacia los niveles
locales. En Bolivia, existía una descentralización
dirigida por las autonomías indígenas, a partir de
una visión política y cultural sólida, que permitió
que los indígenas ganasen algo con las políticas de
descentralización del BM.
Pero la bandera de la
descentralización fue asumida ahora por las
oligarquías, en respuesta a la pérdida de control
del Estado central que ellas sufrieron. Ellos
siempre fueron centralistas, pero ahora levantan la
bandera de la autonomía para defender sus
privilegios económicos. Esto generó un problema
político para el movimiento indígena en Bolivia, que
ha promovido la autonomía de los oprimidos, no de
los opresores. La "autonomía" de Santa Cruz es
ilegal bajo la vieja Constitución; se está por
aprobar una nueva. La decisión de las autonomías
cabría al Congreso.
He defendido, en
Bolivia, la diferenciación entre autonomías
ancestrales y las de la descentralización. Propongo
entender las autonomías indígenas como
extraterritoriales con relación a las autonomías
departamentales. Deberían estar basadas en un
control total de su territorio, fuera de la
gobernabilidad descentralizada, dado que son
anteriores al proceso de descentralización. Pero
sería necesario fortalecer la institucionalidad
indígena, que aún es frágil frente al poder de las
oligarquías bolivianas.
El debate actual es
peligroso, porque existen deseos recíprocos de
enfrentamiento armado. Las oligarquías no quieren
dejar sus privilegios y los indígenas no van a
dejar pacíficamente que el país sea dividido. Serían
ellos los que defenderían el país.
Colombia y Perú
representan el status quo neoliberal y a los Estados
Unidos en la región. Son complementarios. Colombia
representa la lógica militar que busca conflictos y
tensiones, los cuales crean las condiciones para la
militarización y la intervención. En Perú, es
promovida una lógica similar, con fuerte
criminalización de las organizaciones sociales, un
primer paso que prepara la militarización posterior.
Existen indicios de que la base de Manta, en
Ecuador, se va a mudar para la Amazonia peruana.
Estamos entrando en
una fase histórica de polarización. Por un lado, las
políticas de mercantilización buscarán el libre
acceso a los recursos naturales y la continuidad de
los privilegios de las elites. Por el otro, existe
un imaginario radicalizado en las fuerzas
progresistas del continente, que desarrollaron
concepciones diferentes de democracia, desarrollo,
derechos y sustentabilidad, compartidas por cada vez
más personas y organizaciones. Las fuerzas
dominantes no pueden más cooptar este imaginario
radical con sus propuestas de protección social. Por
esto la represión.
El horizonte continúa
siendo la democracia y el socialismo, pero un
socialismo nuevo; su nuevo nombre es democracia sin
fin. La democracia radical es una alternativa para
dos ideas fundamentales. No creo que sea posible
cambiar el mundo sin tomar el poder, pero tampoco
podemos cambiar algo con el poder que existe hoy.
Entonces, debemos cambiar las lógicas del poder y,
para esto, las luchas democráticas son cruciales y
son radicales, por estar fuera de las lógicas
tradicionales de la democracia. Debemos profundizar
la democracia en todas las dimensiones de la vida.
De la cama hasta el Estado, como dicen las
feministas. Pero también con las generaciones
futuras y con la naturaleza, lo que es urgente para
detener la destrucción del planeta.
Nuestro objetivo es
salir de una democracia tutelada, restricta, de baja
intensidad, para llegar a una democracia de alta
intensidad, que torne el mundo cada vez menos
confortable para el neoliberalismo. Pero la realidad
no cambia espontáneamente. En política, para hacer
algo es preciso tener razón a tiempo, en el momento
oportuno, y tener fuerza para imponer esta razón.
Boaventura de Sousa Santos
es doctor en sociología del derecho por la
Universidad de Yale y profesor catedrático de la
Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra
Traducido para LA ONDA digital por
Cristina Iriarte
LA
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