|
El verdadero aporte de
la emigración a España
por Carlos A. Miguélez Monroy
Muchos estados europeos han apoyado
la nueva directiva de inmigración que permite
retener durante año y medio a los ‘sin papeles’ y
deportarlos, aunque sea a un país que no sea el de
origen. Cada vez menos participativos y peor
informados, los ciudadanos que perciben la
inmigración como una amenaza quedan más “tranquilos”
 Los
inmigrantes representan el 9% de la población, pero
absorben solo el 5,4% del total de gasto público y
el 4,6% del gasto sanitario total. Es decir, la
mitad de la media que corresponde a un ciudadano
español. Consumen menos del 5% del gasto en sanidad
y el 6,6% en educación, y su aportación de 5.000
millones de euros netos supone casi un 7% de los
ingresos totales para la economía, dice un informe
del Gobierno español sobre el impacto de la
inmigración en los servicios públicos.
En España viven unos 2,5
millones de extranjeros ‘con papeles’, más de la
mitad de ellos afiliados a la Seguridad Social.
Aportan más del 7% de las cotizaciones y sólo
reciben el 0,5% del gasto en pensiones. Con su
contribución en impuestos se pagan 900 mil
pensiones. Estas cifras no tienen en cuenta a los
impuestos indirectos que pagan los inmigrantes que
compran productos, contratan servicios y se insertan
en el tejido económico y social, tengan o no tengan
papeles.
La inmigración deja un saldo
positivo no sólo en el caso de la economía española
en un Estado de bienestar, sino también en países
que, como el caso de Estados Unidos, ofrecen un bajo
nivel de protección. La Academia Nacional de las
Ciencias del país norteamericano concluyó que un
inmigrante recibe unos 3.000 dólares del Gobierno en
toda su vida. Cada uno de sus hijos aportará una
contribución de 80.000 dólares a lo largo de su
vida.
Estos datos todavía no producen
el necesario debate político sobre inmigración en
una Europa que soslaya algunos derechos
fundamentales de la declaración Universal de
Derechos Humanos de la ONU. Incluso el Partido
Socialista de España ha apoyado la nueva directiva
de inmigración que permite retener hasta un año y
medio a los ‘sin papeles’ y deportarlos, aunque sea
a un país distinto al de origen. Incluso se le ha
llamado una medida ‘progresista’ a este retroceso
político y social que le quita parte de la autoridad
moral que tanto trabajo le había costado conquistar
a Europa, ahora con un giro a la derecha.
Cada vez menos participativos y
peor informados, los ciudadanos que perciben la
inmigración como una amenaza quedan más
‘tranquilos’. Esta falta de información es la que
empuja también a ciudadanos de otros lugares del
mundo a racionalizar su rechazo de los inmigrantes
con la idea de que copan los servicios públicos y
con la consigna de que “no cabemos todos”.
Opuesto a lo que sucede en casi
toda Europa, el Gobierno sueco busca maneras de
atraer a más extranjeros. Para publicar el libro
Inmigrantes: tu país los necesita, el economista
Philippe Legrain llevó a cabo un estudio para el
Consejo de la Globalización de Suecia. El autor
pretendía analizar el impacto de la inmigración en
el sistema social sueco, uno de los más generosos
del mundo, y para ver si esta inmigración es
compatible con el Estado de bienestar europeo.
Contrario a algunas
percepciones de que los pobres emigran para
delinquir, el autor afirma que los inmigrantes son
los jóvenes con más ganas de trabajar y con mayor
espíritu emprendedor. El Gobierno sueco concede más
de 10 mil euros al año a cada inmigrante sin permiso
de trabajo. Que no se hayan producido oleadas de
inmigración como las de otros países demuestra que
las personas no dejan todo y arriesgan su vida sólo
para vivir de la beneficiencia.
A veces se argumenta que los
recién llegados supondrán un gasto público cuando
enfermen y envejezcan. Sin embargo, los servicios
les corresponden no porque hayan pagado impuestos
desde su llegada, sino porque se trata de un derecho
fundamental que los países Europeos están en
condiciones de reconocer. Además, cuando estos
inmigrantes tengan hijos con una mejor formación,
podrán aspirar a mejores trabajos y a poder
contribuir más al sistema de bienestar. En ese
sentido, invertir en educación, en formación y en el
acceso de los inmigrantes al mercado laboral dejará
resultados positivos no sólo en la economía, sino en
cuestiones sociales. Se trata de distribuir bien los
presupuestos entre las distintas comunidades y de
promover leyes que se respeten para favorecer la
convivencia humana en sociedades enriquecidas por la
inmigración desde hace siglos.
ccs@solidarios.org.es
LA
ONDA®
DIGITAL |
