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Dramático aumento de
indocumentados en
cárceles de EEUU
por Luis Sierra y Carolina
Amengual
Estudio refleja
dramático aumento de indocumentados en cárceles de
EE.UU.
El número de
inmigrantes indocumentados procesados y detenidos en
las cárceles federales de Estados Unidos está
aumentado dramáticamente, según un estudio reciente
de la organización Transactional Records Access
Clearinghouse, de la Universidad de Syracuse.
Según el estudio
basado en datos del Departamento de Justicia de
EE.UU., en marzo de 2008 hubo un total de 9,350
procesados por supuestos delitos relacionados con
faltas a las leyes de inmigración, lo que representó
un aumento del 50 por ciento del mes anterior y un
73 por ciento respecto del mismo mes en el año
pasado. De esos casos, 1,669 fueron procesados en el
Distrito del Sur de Texas, con base en Houston.
Los casos han sido
resultado de la Operación Streamline y, en su
mayoría, los juicios terminan con una penalidad que
va de un mes a dos meses de prisión, dice el estudio
de la organización Transactional Records Access
Clearinghouse (TRAC) de Syracuse, universidad
ubicada a unas cuatro hora al noroeste de la ciudad
de Nueva York. La mayoría de los delitos perseguidos
es de reingreso a EE.UU. después de haber sido
deportado, alojar indocumentados e ingreso por
lugares no autorizados.
Esta operación, que
el Departamento de Seguridad Interna empezó en
octubre de 2007 en la zona fronteriza con México,
permite a las autoridades de inmigración detener a
los indocumentados y llevarlos a proceso en lugar de
dejarlos regresar a su país de origen, afirmó el
secretario Michael Chertoff en un testimonio ante el
Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el 5
de marzo (Si quieres ver el testimonio, en inglés,
pulsa aquí).
Chertoff dijo que la
Operación Streamline ha dado como resultado que los
agentes del Servicio de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)
reportaran una reducción del 20 por ciento en las
aprehensiones de indocumentados en la región
fronteriza con México.
Este incremento es
interpretado de diferente manera por las
organizaciones que están de un lado o del otro en
relación al debate de la inmigración indocumentada.
Para Curtis Collier, director del capítulo Houston
del grupo US Border Watch, estas detenciones "han
sido tardías, y necesitamos más".
Collier afirma que el
gobierno tiende a procesar a los indocumentados y no
a los empleadores. "Al mismo tiempo necesitamos el
procesamiento (legal) de los empleadores que los
contratan", asegura en una entrevista telefónica. "Y
aún estamos viendo una carencia en este aspecto".
Sin embargo, ese
aumento en el número de inmigrantes indocumentados
bajo proceso en cortes federales es una muestra de
la "criminalización" de los inmigrantes, dice
Gabriela Lemus, directora ejecutiva del Consejo
Sindical para el Avance de los Latinoamericanos, una
organización que defiende los derechos de los
trabajadores latinos en Estados Unidos.
"Criminalizan al
inmigrante de esa forma", dice Lemus en relación con
el procesamiento de indocumentados en cortes
federales. "Al hacer eso, esas personas ya nunca
jamás van a poder regularizar su estatus".
Lemus considera que
esa política del Departamento de Seguridad Interna
es "una forma administrativa de llevar a cabo la Ley
Sensenbrenner que nunca se pudo pasar (aprobar)",
agrega la activista en una entrevista telefónica
desde Washington D.C., donde labora.
El proyecto llamado
Ley para la Protección Fronteriza, Anti-terrorismo
y Control de la Inmigración Ilegal, que propuso
el congresista republicano James Sesenbrenner,
representante por Wisconsin, logró la aprobación de
la Cámara de Representantes, pero no la del Senado.
Ese proyecto, cuyo debate en el Congreso ocurrió en
medio de grandes manifestaciones en las principales
ciudades de Estados Unidos, proponía, entre otras
medidas, aumentar las penas para quienes ayudaran o
albergaran a indocumentados.
Lemus afirma que la
política de EE.UU. debe enfocarse hacia el impulso
del desarrollo en las comunidades y países de origen
de los indocumentados.
Collier está de
acuerdo con esa idea, pero afirma que la ayuda de
EE.UU. para desarrollar a esas comunidades en países
de América Latina debe ser otorgada a individuos y
no a los gobiernos.
"El problema es que
hay mucha corrupción en el gobierno de México y el
dinero nunca llega a la gente, tenemos ese problema
en muchos países del mundo", concluye Collier.
Fuente: Pulso latino
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