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Biopiratería, un robo
de nuestro tiempo
por Xavier Caño Tamayo
Según las leyes de
propiedad intelectual, grabar películas desde
Internet constituye un robo. Sería necesario que ese
afán se trasladase con el mismo entusiasmo a la
defensa de la biodiversidad y de productos y
conocimientos indígenas de todo el mundo. Porque la
biopiratería es sencillamente un robo y como tal
debería ser tratado.
Desde la segunda mitad del
siglo XX, empresas multinacionales esquilman zonas
de la biodiversidad y se apropian de conocimientos
indígenas de países empobrecidos. Lo perpetran
amparados por una legislación injusta sobre
protección de la propiedad intelectual que ha ido a
peor en los últimos años de la mano de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Este modo
de apropiación indebida es sencillo y no precisa del
recurso a revólveres, pistolas automáticas o
metralletas. Se trata de coger un producto utilizado
tradicionalmente o una planta propia de una zona,
averiguar su composición, añadirle algún elemento
para simular que es distinto, y registrarlo en una
oficina de patentes. Tal vez sea hora de poner en
cuestión las vigentes normas de protección de la
propiedad intelectual y, muy especialmente, las
referentes a la inscripción de patentes. No se trata
de eliminar la protección de la propiedad
intelectual sino de que ésta este presidida por la
justicia y no por el afán desmedido y acelerado de
beneficios.
En 1954, la empresa británica
Phytopharm patentó el extracto de una planta
denominada Artemisa Judaica…que usaban en Egipto y
Libia desde mucho tiempo atrás para tratar la
diabetes. Tenemos noticias desde hace décadas de
esas actuaciones que denominamos biopiratería, el
acceso y uso irregular, ilegal, a componentes de la
biodiversidad (sobre todo recursos biológicos y
genéticos). También es biopiratería la apropiación
ilegítima de los conocimientos indígenas asociados a
esos recursos; dichos componentes y conocimientos
son patentados impunemente por empresas
multinacionales, protegidas por la vigente
legislación de propiedad intelectual. Esas empresas
pretenden que las fórmulas que registran son
patentes, cuando en realidad son componentes o
conocimientos indígenas obtenidos sin el
consentimiento ni autorización de éstos, a cuyas
composiciones añaden algún elemento para
diferenciarlas del original pirateado. La
biopiratería en esencia es la explotación,
manipulación, exportación y comercialización
internacional de recursos biológicos que infringen
las normas de la Convención sobre Diversidad
Biológica de 1992.
Recientemente, un dictamen de
la Oficina de Patentes de Rstados Unidos ha abierto
una brecha y una esperanza en la ilegítima e ilícita
apropiación de recursos biológicos y conocimientos
tradicionales indígenas. El llamado caso Enola. La
empresa de semillas Proctor de Colorado (EEUU), tras
una serie de maniobras y simulaciones, patentó el
fríjol amarillo que se consume en México desde hace
siglos. Proctor exigió entonces algo más de medio
dólar por cada libra de fríjol amarillo que se
importara; hundió las importaciones y se apropió del
mercado de ese producto. En México no podían creer
que les hicieran pagar como algo inventado por un
extranjero lo que les alimentaba desde hace siglos.
No ha sido el único caso. En 1986 se dio otro hecho
sonado de biopiratería cuando se patentó un
compuesto de ahahuesca hervida con el arbusto
chacruna y otras hierbas que los chamanes de la
Amazonia usan desde tiempo inmemorial como
psicotrópico y para tratamientos cardiopáticos.
No toda la biopiratería es tan
evidente ni con tanta desfachatez, pero el Instituto
Desmonds de EEUU ha documentado hasta treinta y seis
casos de flagrante biopiratería en África en los
últimos tiempos. La Amazonia es otra región sometida
a la más intensa biopiratería. El gobierno de Brasil
sospecha que algunas presuntas ONG que en esa zona
actúan no son más que tapaderas de multinacionales
farmacéuticas dedicadas a robar algunas de las
combinaciones que los indígenas utilizan para curar
dolencias a partir de las más de mil trescientas
plantas medicinales que allí crecen. La ONU calcula
que esa práctica pirata supone más de doce mil
millones de dólares anuales para algunas grandes
empresas farmacéuticas.
En España desde hace tiempo hay
una campaña publicitaria institucional que, en
resumen, viene a decir que si coger un bolso, un
coche o un electrodoméstico es un robo, también lo
es grabar películas o discos musicales de Internet
sin permiso y sin abonar nada y que será castigado
por la ley. Sería necesario y admirable que ese afán
para defender los derechos de propiedad de las
multinacionales de música enlatada y productoras de
cine se trasladase con el mismo entusiasmo a la
defensa de la biodiversidad y de productos y
conocimientos indígenas de todo el mundo. Porque la
biopiratería es sencillamente un robo y como tal
debería ser tratado.
ccs@solidarios.org.es
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