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Documento
Enseñanza: propuesta del Ejecutivo,
texto ambiguo que no cumple
formalidades de norma jurídica
Proclama leída el 31/10
Frente al Palacio Legislativo en
acto
organizado por CEIPA, CEEM, CECO,
FENAPES, FEUU, AFUTU,
ADEMU, SINTEP
Nuevamente los
docentes y estudiantes nos encontramos movilizados
en defensa de la educación pública. Nos movilizamos
frente al parlamento, porque venimos a rechazar en
forma enérgica el proyecto de ley de educación que
ha sido promovido por el poder ejecutivo y que hoy
duerme en los cajones de la comisión de educación de
la cámara de representantes.
Venimos a denunciar
el desconocimiento por parte del Poder ejecutivo y
de los legisladores oficialistas, del proceso
participativo que comenzó con el Debate Educativo y
tuvo su síntesis en el Primer Congreso de la
Educación, “Maestro Julio Castro”, proceso que no
permitiremos que se corte ni tergiverse. Proceso que
reflejo el programa histórico del movimiento popular
en materia educativa.
El proyecto que
propone el Poder Ejecutivo resulta un texto
ambiguo y particular que no cumple con las
formalidades propias de una norma jurídica. En
el nuevo Proyecto de Ley de Educación, muchas
concepciones sobre el sistema educativo se presentan
confusas y el texto aborda el tratamiento de
aspectos del sistema educativo en forma particular,
cuando la norma jurídica debe cumplir con el
tratamiento en general. En ese sentido, algunos
de los artículos de la Ley, implican una reforma
educativa, que en realidad debe ser competencia
del Ente de la enseñanza en tanto es autónomo.
Desconoce las
expresiones de las bases sociales que se
manifestaron en el Debate Educativo. El proyecto del
Poder Ejecutivo desconoce de modo absoluto las
expresiones de los actores sociales que participaron
del Debate Educativo, del Congreso de la Educación
y, aún más, de los aportes brindados por la Unidad
Temática de la Educación, que integra la fuerza
política del gobierno.
Por otro lado,
propone:
- Un
retaceo de la ya escasa autonomía del Ente de la
enseñanza.
Por ejemplo, el principio de autonomía no se
afianza, sino que se disgrega creándose varios
organismos que le sustraen especificidad y
competencia y que además se le superponen
jerárquicamente. Asimismo propone la injerencia
directa del Poder Ejecutivo a través del MEC.
-La
extinción de la concepción del cogobierno de la
enseñanza.
Las expresiones de las organizaciones sociales y del
Congreso Nacional de la Educación en los términos
del cogobierno real como forma de participación en
la toma de decisiones en el sistema educativo,
fueron desestimadas y sustituidas por expresiones de
participación además limitadas al apoyo de padres y
estudiantes a los centros educativos. Las ATD
pierden valor significativo en la participación del
sistema educativo, limitándolas a la consulta sobre
la elaboración de planes y programas sin carácter
vinculante en sus expresiones. Se pierde así la
posibilidad de convertir la educación en una
herramienta democrática y democratizadora de la
formación ciudadana.
-
Una burocratización y centralización en la órbita
del Poder Ejecutivo.
El proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, genera una
mayor burocratización del sistema educativo
proyectando mayores dificultades de gestión del
mismo. La creación de nuevos organismos,
institutos de evaluación y consejos desconcentrados
generan una mayor complejidad de la estructura del
sistema que provoca un gasto excesivo de recursos
destinados a la educación y que no son volcados
directamente a la acción educativa. Finalmente, el
Poder Ejecutivo, adopta nuevos roles en la
planificación, evaluación, designación de
autoridades y representación en el gobierno de la
enseñanza, perdiéndose la histórica lucha de los
sindicatos de la enseñanza por la afirmación de la
autonomía de la enseñanza de los intereses
partidarios. De la misma manera, se abren puertas
para la municipalización de la educación, al
otorgarle potestades propias del Ente a órganos de
las intendencias municipales.
-
Una tendencia a la privatización de la enseñanza.
El articulado del proyecto del Poder Ejecutivo, da
cabida a actores del mercado, empresariales y de la
educación privada en la planificación, evaluación y
pautas programáticas que se propondrían en el
ejercicio del accionar educativo. De esa manera se
pierde una rica tradición histórica en la concepción
de la enseñanza pública y estatal y se produce una
pérdida de la formación del ciudadano, en favor de
una mercantilización del individuo y de la
educación.
Y paralelamente no se
propone la construcción de un sistema de Educación
técnico profesional, abarcativo de todos los
niveles, con capacidad de construir de ida y vuelta
entre ellos y que encare la investigación en sus
áreas específicas.
Las organizaciones
populares tenemos propuestas para el futuro de la
educación pública, entendemos que la misma debe
estar al servicio de los trabajadores y su
emancipación, para lo cual es necesario una
educación autónoma y cogobernada que genere
posibilidades y aporte a la transformación de la
sociedad. La autonomía y el cogobierno deben ser
principios rectores en la educación pública, pero
para ser reales no pueden darse uno sin el otro.
Proponemos una ANEP
cuyos Consejos, tanto el Directivo como los de
Primaria, Secundaria, UTU y de Formación Docente
sean cogobernados. Esto implica que los órdenes
de estudiantes, egresados y padres donde
corresponda, docentes y funcionarios no docentes
elijan sus representantes en los Consejos y en el
Consejo Directivo de la ANEP, concebido como
coordinador, también.
Esos consejeros
tendrán poder decisorio. Este avance democrático
(representantes electos por los actores sociales de
la educación ocupándose de dirigirla) se complementa
con su obligación de responder ante los órdenes y
consultar preceptivamente a sus organismos
representativos (Asambleas Técnico Docentes, así
como también las instancias de deliberación y
representación que se den los otros órdenes). Sería
el fin de la subordinación del Sistema Educativo
público a los gobiernos de turno y a los partidos
políticos, lo que permitiría trazar y ejecutar
políticas educativas de largo plazo, generando las
condiciones necesarias para comenzar a superar la
crisis que sufre la educación pública.
Por décadas se ha planteado
que la educación pública debe ser “política de
Estado”. Las líneas de acción emanadas del Congreso
van un paso enorme más allá: posibilitan que la
educación pública se convierta en política de
pueblo. Y avientan lejos el fantasma del
corporativismo, en tanto no ponen la gestión
educativa en manos de un solo estamento:
estudiantes, funcionarios, padres y docentes vienen
a ser ni más ni menos que toda la población, y esto
sin desmedro de que los Poderes del Estado conserven
intactas todas su competencias. En efecto, el Poder
Ejecutivo ha de seguir enviando sus mensajes de
Presupuesto y Rendición de Cuentas para la ANEP, el
Legislativo ha de seguir decidiendo el Presupuesto,
teniendo en cuenta las propuestas del Ejecutivo pero
también las de la ANEP, cualquier particular seguirá
pudiendo llevar a la ANEP ante los estrados
judiciales si entiende que aquella obra de modo
contrario a derecho. Más aún: seguirá habiendo
Tribunal de Cuentas que observe los gastos de la
ANEP que pudieran no ser legítimos, seguirá
existiendo el Tribunal de lo Contenciosos
Administrativo para que los funcionarios que
entiendan que el Ente lesiona su derecho hagan sus
reclamos. Y será la Corte Electoral la que supervise
las elecciones de consejeros y representantes para
todos los órdenes,
sujetos a su posible
revocación por los mismos.
La alternativa es
clara: un proyecto, el del Poder Ejecutivo, malogra
la oportunidad de democratizar nuestra educación
pública, otro, el que emanó del pueblo reunido en
Congreso de Educación, abre amplias avenidas para el
avance de la educación y la democracia.
La etapa de discusión
parlamentaria en que nos hallamos implica muchas
posibilidades, pero entre ellas no se cuenta ni por
asomo la del hecho consumado. No sólo porque
los Sres. Legisladores tengan la potestad de
aprobar, rechazar o modificar el Proyecto que se les
remite y hasta incluso presentar uno sustitutivo.
Tienen que volver a
abrir los causes democráticos y participativos para
respetarlos y potenciarlos; es la principal
obligación de signo popular y democrático de esta
etapa en la Educación.
Además de las
potestades legislativas está la propia soberanía
popular, la propia ciudadanía, con su derecho a
movilizarse en defensa de las formulaciones que ella
misma se diera en el Debate Educativo que fuera
sintetizado en el Congreso Nacional de Educación, y
que sigue teniendo la palabra.
Por mayor presupuesto
para la educación pública!
Por boleto gratuito
para todos los estudiantes de educación pública!
Por la exclusividad
publica de la formación docente!
Solidaridad con todos
los gremios en conflicto!
Por una educación
autónoma y cogobernada al servicio de los
trabajadores!
arriba los que
luchan!
LA
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