Roque Arregui y Alicia Pintos
fundamentan por si y por no
sobre la Ley de Educación

Con el voto en contra de la diputada comunista Alicia Pintos y el retiro de sala del diputado  Darío Pérez, además de la oposición (El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente) ,

se aprobó el lunes 1 de diciembre en la Cámara de Representantes

la Ley de Educación, por 50 votos en 69.

La ley tiene ahora media sanción para su definitiva aprobación.

Palabras del diputado maestro Roque Arregui 

La Cámara de Diputados se apresta a votar la nueva Ley General de Educación que va a tener nuestro país. Cuando un Parlamento se apresta a votar una normativa del área que corresponda, esta no está aislada sino que forma parte de un conjunto de acciones y del quehacer nacional. Es por eso que nosotros enmarcamos esta nueva Ley General de Educación en el concepto de que la educación tiene un significativo papel en la formación del ser humano y en la construcción social; asimismo, tiene su ligazón con un proyecto de país apegado a valores de democracia, de justicia, de solidaridad, de promoción de los derechos humanos y de progreso. Por tal motivo, la actual Administración está encarando una integralidad de acciones para que la educación cumpla con el rol que mencionábamos.

El crecimiento permanente y significativo de los recursos económicos hasta llegar a la meta planteada del 4,5% del Producto Bruto Interno para la enseñanza pública “que para el próximo año va a representar US$ 1.500:000.000 invertidos” está permitiendo una cantidad de mejoras en distintas áreas de la educación; por ejemplo, nos viene posibilitando aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores de la enseñanza “que se encontraban a niveles bastante depreciados” de manera gradual y sostenida. Así se está realizando; era un compromiso de nuestro Gobierno.

Esto ha permitido crear cargos que se hacían imprescindibles para cumplir funciones docentes en distintas áreas y para reducir la cantidad de alumnos por grupo. Se trata de cargos de maestros comunitarios, de profesores y de trabajadores de la enseñanza en tareas de apoyo, como, por ejemplo, adscriptos y auxiliares de servicio, personal que es fundamental.

En tal sentido quiero señalar lo siguiente, señor Presidente: si hay algo básico en el proceso educativo es el recurso humano, que es el que está en contacto con el educando, con el niño, con el joven y con el adulto que participa de la educación. Por eso, es fundamental priorizar y prestigiar la función del docente y la de los otros trabajadores de la enseñanza que colaboran en su apoyo.

 Este crecimiento de los recursos permite realizar importantes inversiones en materia de infraestructura edilicia, en un sistema educativo que cuenta con cerca de tres mil centros que tenían déficit crónicos, carencias de mantenimiento, necesidades de refacción. También se necesita construir más cantidad de centros educativos.

Dicho crecimiento también ha permitido invertir en planes, en programas, en equipamientos y en materiales didácticos fundamentales para lograr mejores resultados educativos.

 Entre la integralidad de acciones debemos mencionar, asimismo, el Plan Ceibal y su instrumentación, que tiene profundas características integradoras y coloca a todos los niños y a las niñas de este país en pie de igualdad en cuanto al acceso a la tecnología de la información y la comunicación. Ha representado una acción realmente revolucionaria, que ha pasado a ser ejemplo a nivel internacional.

Es importante señalar que, luego de la reforma vareliana, que tanto representó en cuanto a la democratización de la educación y del conocimiento y a la socialización, el Plan Ceibal ha sido el paso posterior de mayor trascendencia en la materia, que permite cerrar la brecha digital.

¿Cómo no vamos a mencionar entre esta integralidad de acciones la obligatoriedad de la educación inicial en el nivel de cuatro años a partir de 2009, que fue votada por unanimidad en este Parlamento, porque se ha entendido la importancia que tiene la educación a nivel temprano?

Por otra parte, quiero señalar la importancia de otra ley que hemos votado en este Parlamento, que establece la obligatoriedad de la educación física en la totalidad de las escuelas públicas urbanas y rurales y en todas las clases, porque partimos del concepto de que hay que formar al ser humano de manera integral y la educación física forma parte de ello.

 La elaboración de nuevos planes y programas a nivel de la educación primaria, media y de formación docente es parte de esa integralidad de acciones. Además, la incorporación de la historia reciente es fundamental para cubrir ese tremendo bache que teníamos, que hacía que los educandos no estuvieran en contacto con algo que es fundamental; así, de alguna forma, por omisión aunque no por acción, se estaba violando la laicidad, porque en la medida en que existe ignorancia, hay violación de la laicidad.

Asimismo, hay una clara orientación y una acción efectiva en marcha para no retrasar más la educación sexual, que es fundamental y que de alguna forma estaba detenida; realmente, no estaba a la altura que correspondía.

En todo esto y mucho más es en lo que se ha venido trabajando y avanzando en materia educativa.

Ahora bien; todo ello debe complementarse con la aprobación de una nueva normativa legal, que es un debe que se arrastra desde 1985, cuando en un período muy especial de la vida democrática de nuestro país, cuando se salía de la dictadura y se procedía a la reinstitucionalización democrática, se aprobó la Ley N° 15.739, denominada Ley de Emergencia. Fue una ley de emergencia que aún hoy está vigente para el sistema educativo; en su título se estableció que era una ley de emergencia, lo cual implica que la totalidad del espectro político de este país que en aquel tiempo se expidió, entendió que había que hacer modificaciones de fondo, profundas, para poner la educación a la altura de lo que necesita nuestra gente y nuestro país.

 Veintitrés años han pasado desde entonces, señor Presidente, y el actual Gobierno asume la responsabilidad de poner manos a la obra e inicia el proceso para aprobar una nueva ley de educación.

Queremos hacer una pequeña acotación antes de proseguir con esta exposición. Se nos ha dicho que ha habido incapacidad de parte del actual Gobierno y de la Administración para fomentar un diálogo y para poder avanzar en la materia. Yo digo que lo que ha habido en este país en los veinte años posteriores al 1° de marzo de 1985 fue incapacidad propositiva de parte de quienes tenían las mayorías parlamentarias para cambiar la actual normativa legal. Ha faltado capacidad propositiva, aun en este período de Gobierno, como para que desde otros ámbitos muy legítimos, con visiones distintas o coincidentes, se propusieran nuevos contenidos para modificar la ley de emergencia. Esto es lo que ha habido en cuanto a incapacidad, señor Presidente.

Para aprobar una nueva ley general de educación, la actual Administración entendió que era fundamental dar participación a todos los que tuviesen la posibilidad de efectuar aportes en esta materia, pero también, en una integralidad de acciones, de hacer propuestas educativas de todo tipo. Y es así que se convocó a un debate educativo, que se realizó a lo largo y ancho de este país, en asambleas de base territorial en ciudades, en pueblos, en barrios. Esto dio lugar a un Congreso Nacional, en el que se realizaron valiosos, muy importantes y plurales aportes. Eso habla de la característica de nuestra sociedad democrática y de la diversidad de opiniones, que en algunos casos eran coincidentes y, en otros, contradictorias, pero fundamentales para que el legislador, en el rol que le concede la ciudadanía de ser su representante, tomase precisamente esos aportes.

 Cuando se elaboró el proyecto de ley que hoy está a consideración, los aportes de las asambleas de base, del Congreso Nacional, fueron insumos privilegiados para la definición de sus contenidos. También se tomaron otros insumos procedentes de la sociedad civil, de las distintas orientaciones, porque es obligación del legislador y de la Administración oír todas las voces, todas las opiniones y, posteriormente, definir.

 La que se está proponiendo, señor Presidente, es una ley general de educación. Una ley general de educación significa que contempla la educación en los distintos estadios, desde la primera infancia hasta el final, en el sistema formal, en lo que hoy es la ANEP y en lo que serán el Instituto Universitario de Educación y el Instituto Técnico Superior. Además, una ley general de educación debe contemplar el ámbito de la educación no formal, es decir, esa educación que se da en el seno de la sociedad civil a través de distintas instituciones sociales, deportivas, culturales, a través de distintas organizaciones, cuyas energías liberadas para contribuir a la formación del ser humano en las distintas áreas son fundamentales.

El Título I del proyecto de ley, que trata sobre las "Definiciones, fines y orientaciones generales de la educación" y el Capítulo VII del Título II, referente a las "Líneas transversales", le ponen un norte y una orientación al sistema educativo. La educación no es neutra ni aséptica; implica compromiso con valores y principios comunes de la sociedad y, por lo tanto, compromete a todos los actores vinculados a ella: alumnos, docentes, autoridades, etcétera.

 Se ha dicho que la primer parte de este proyecto de ley es meramente declarativa porque habla de fines, de principios, de políticas educativas, de orientaciones generales. Como decía antes, esta ley de educación no puede ser neutral ante los valores de la sociedad; tiene que tomar partido. Ante la solidaridad y el individualismo no puede ser neutral; toma partido por la solidaridad. Ante la justicia y la injusticia no puede ser neutral; toma partido por la justicia. Ante los derechos humanos y la violación de ellos, toma partido, genera un compromiso. Y de eso se trata: de que las autoridades de la enseñanza, de que las autoridades nacionales, de que los docentes, los padres, los alumnos y la sociedad en general estén mandatados por una norma al servicio de los valores comunes de toda la sociedad. Por eso es importante dejar consignado en la primer parte del proyecto lo que estaba mencionando.

 En el ar­tículo 1º de este proyecto de ley “y no es casual que sea en su primer ar­tículo” se define la educación como un derecho humano fundamental. Se establece que la educación es un bien público, o sea, un bien de la sociedad en su conjunto, de todos sin excepción. Asimismo, se establece una orientación: la de que en el ámbito educativo van a estar plenamente vigentes los derechos humanos, que el sujeto de la educación, la prioridad de todo el accionar, el centro, es el educando y que todos los demás tenemos que contemplar esa situación.

El Capítulo II del Título I está referido a los principios de la educación. En él estamos tomando y reafirmando los principios varelianos, que son fundamentales y característicos de la sociedad uruguaya y de la educación pública. En cuanto a que exista universalidad, se reafirma el principio de la gratuidad de la enseñanza, para que todos tengan acceso a ella. Los otros principios son la obligatoriedad y la laicidad. En este último quiero detenerme unos instantes. La laicidad es un principio fundamental, no solamente para esta fuerza política, sino para la totalidad de las fuerzas políticas democráticas de este país y para la totalidad de la sociedad uruguaya. Eso significa “está establecido en el proyecto” que los educandos, los alumnos, van a estar en contacto con todas las interpretaciones de la realidad. Se les debe proporcionar una visión integral que les permita, en la libertad de conciencia posterior y en su autonomía, tomar sus propias definiciones en un ámbito de libertad plena. No existe laicidad sin libertad de cátedra, porque el docente, como profesional de la enseñanza, formado como corresponde y cumpliendo con los planes, con los programas, con los fines, las orientaciones y los principios que este proyecto de ley claramente establece, lo que debe hacer, con libertad y respetando lo que decíamos, es una exposición integral de todas las posturas ante aquellos temas que se requieran.

En el Capítulo II, "De los principios de la educación", que no figuraban en la ley, se contemplan los temas de la diversidad y de la inclusión para quienes tienen capacidades diferentes, para que los colectivos minoritarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para que a aquellos sectores que social, cultural o geográficamente de alguna manera están en inferioridad de condiciones en el ámbito de la educación, efectivamente se los incluya, se les respete la libertad y se adopten las medidas correspondientes.

Entre los fines de la política educativa “y esto será mandato por ley” se establece promover la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la integración regional e internacional y la convivencia pacífica.

El tema de la igualdad de oportunidades o de la equidad pasa a ser fundamental para incluir a todas las personas y poder lograr situaciones de igualdad, independientemente de la edad, del género, de la raza, de la etnia y de la orientación sexual.

 Cuando llegue el momento de concretar esos fines, esos principios y la orientación de la política educativa de este proyecto de ley de educación, habrá dos ámbitos en los cuales deberá plasmarse y concretarse: el de la educación formal y el de la educación no formal.

En el ámbito de la educación formal se estructura y se recoge buena parte de lo que ya existe en los distintos niveles. Estamos hablando de la educación inicial “que a los efectos legales se establece entre los tres y cinco años de edad”, de la educación primaria, de la educación media básica, de la educación media superior, de la educación terciaria, de la formación en la educación con carácter universitario, de la educación terciaria universitaria y de la educación de posgrado.

 Hay algo que nosotros entendemos importante que se haya plasmado en este proyecto de ley general de educación. Me refiero a la movilidad de los estudiantes, a permitir que a aquel alumno que ha realizado un curso en determinada orientación y decide cambiarla “ya sea por distintas situaciones en su vida, porque cree que otra orientación es la mejor o por motivos laborales”, se le acrediten las materias que sirven para la otra orientación, es decir, le sirva lo cursado, aprendido e integrado, de modo que todo ello no sea en vano y tenga que empezar desde el principio. Nos parece que ello es fundamental.

También incorporamos normas relativas a la educación a distancia y semipresencial como modalidades que aportan a la enseñanza. Antes de Internet, la educación a distancia y semipresencial se usaba a través de distintos mecanismos, pero con la tecnología de la información y de la comunicación, con la democratización de ese acceso, debemos tomar en cuenta la educación a distancia y semipresencial como un instrumento más, aunque no como un instrumento sustitutivo de la presencia, porque nos queda absolutamente claro “como docentes que somos” que el relacionamiento directo del docente con el educando es fundamental para lograr resultados educativos. Pero debemos admitir que estas tecnologías pasan a ser un aporte fundamental y contribuyen sobre todo con aquellos que están más alejados geográficamente de un centro educativo y con aquellos que por motivos laborales no pueden asistir a la totalidad de los cursos. De esa manera tienen la posibilidad de acceder a conocimientos y hasta de hacer intercambios de información directamente con los docentes. Por eso consideramos que es necesario modernizar y poner a tono la actual Ley de Educación, que hoy no contempla estos aspectos.

Hay otro ámbito que nos parece insustituible, que es la educación no formal. Me refiero a las instituciones de la sociedad civil, a las que se les reconoce “como veremos más adelante” su importancia, y se analiza si aportan, para ver qué puede hacer el Estado en esa materia, sin sustituirla.

 La educación en la primera infancia es considerada fundamental, tomada desde el punto de vista legal desde el nacimiento hasta los tres años de edad, con la importancia y la conciencia que tiene para esa etapa la estimulación temprana, la integralidad de acciones entre lo educativo, la salud y lo social.

 Hay un Capítulo que no podemos mencionar en forma muy sintética. Me refiero a la reinserción y a la continuidad educativa. En este punto es fundamental lograr el abatimiento de la deserción; encontrar mecanismos para que quienes han abandonado el sistema formal se reinserten. Ello nos parece muy importante. Para reinsertar en el sistema de educación formal a dichas personas “niños, jóvenes o adultos” es necesario tomar en cuenta los conocimientos que la propia vida les ha dado, porque quizás se aprende más en la sociedad y en la vida que en un centro educativo. Esto no es nuevo, señor Presidente. En la educación primaria hay un instrumento de validación de conocimientos por el sistema de acreditación por aprendizaje, con lo cual se realizan evaluaciones y se ve si esos conocimientos son los adecuados para poder reinsertarse. Lo que hacemos ahora “damos un paso más” es encarar esto hacia los niveles superiores, hacia la educación media y la educación superior.

Ahora quiero referirme “porque tenemos que medir los tiempos para poder desarrollar nuestra exposición” al rol que le asignamos a los centros educativos. Estos son clave; son la esencia misma donde se desarrolla el fenómeno educativo. Es el núcleo base, es la célula fundamental, allí donde está el alumno y el docente; todo lo demás debe estar al servicio del centro educativo como institución. Por eso, al centro educativo le asignamos una importancia fundamental, porque es el lugar del proceso de la enseñanza”aprendizaje, de la socialización, de la construcción colectiva del conocimiento, de la integración, de la convivencia social y cívica, del respeto, de la promoción de los derechos humanos. Es por eso que el proyecto de ley establece que el Estado fortalecerá la gestión de los centros educativos en los aspectos económicos y financieros, en lo que tiene que ver con el equipamiento pedagógico y la parte edilicia. Asimismo, fortalecerá lo relativo al personal docente, no docente, administrativo y en todo aquello que requiera para su funcionamiento.

No puedo pasar por alto “aunque esto está en otra parte del proyecto de ley general de educación” la creación de algo que va a ser fundamental para el sentido de pertenencia; me refiero a los Consejos de Participación. Creemos que todos aquellos que, de una u otra forma, están ligados al centro educativo, tienen que participar de él, planteando iniciativas, generando asesoramiento, comprometiéndose y colaborando. Para eso estamos dando forma institucional a este principio, creando Consejos de Participación en cada una de las escuelas, en cada liceo y en cada centro de la UTU. Esos Consejos de Participación estarán integrados por representantes de los docentes, de los estudiantes en el caso de la educación media, de los padres, de las madres o de los referentes familiares o de la comunidad. Esa participación va a generar más eficiencia en el centro educativo y, además, algo que es muy importante: compromiso.

Quiero señalar un aspecto de uno de los sectores que es fundamental para los Consejos de Participación: los estudiantes. Actualmente, como vemos que el sistema normativo legal no permite la vida institucional de los estudiantes, legislamos para que en los Consejos de Participación de las escuelas, los liceos y las escuelas de la UTU por lo menos un tercio de los miembros sea estudiante, de manera que no quede supeditado al azar o a la voluntad, estableciendo un mínimo de sesiones de los Consejos de Participación para que funcionen efectivamente. Esto es fundamental, porque que un estudiante pueda llevar al Consejo de Participación sus inquietudes, sus sensibilidades, sus necesidades, sus pedidos, sus críticas, sus discrepancias con el funcionamiento del centro educativo, genera mejores lineamientos en ese centro y compromiso de parte de ellos. Se termina con ese sentimiento de ajenidad que muchas veces existe, por el cual el educando está esperando que suene la campanilla o el timbre final para irse cuanto antes y no volver más. Queremos que el estudiante sienta a la institución educativa como algo propio y de su vida; pero no lo puede sentir así mientras no esté participando efectivamente.

Además, estamos creando algo que, por resolución y voluntad política, se hizo por la vía administrativa: que se institucionalice el Congreso Nacional de Educación. Así, estamos planteando muy claramente tres principios básicos para el funcionamiento del sistema educativo, que se complementan uno con el otro, por lo que no se pueden tomar en forma aislada pues sería un error. Estos son: el principio de la autonomía, el principio de la coordinación y el principio de la participación, participación que elevamos a la categoría de principio y no como algo meramente declarativo.

 La autonomía es fundamental, y así lo entendemos en nuestras convicciones. Además, hay un mandato expreso de la Constitución de la República que establece que los servicios docentes del Estado estarán a cargo de Entes Autónomos. Por tal motivo, estamos creando dos instituciones fundamentales para la educación de este país: el Instituto Universitario de Educación, que formará a los docentes, y el Instituto Terciario Superior, que formará técnicos calificados para el mundo de la producción y del trabajo. Reitero que estas instituciones se crean como Entes Autónomos.

El siguiente principio es el de la coordinación. No nos quedaríamos contentos si no relacionáramos uno con el otro, porque si cada Ente Autónomo no coordinase con los otros, en un sistema nacional de educación pública, tendríamos un sistema de chacras aisladas, sin comunicaciones, sin continuidad en la política educativa. Entonces, quienes estarían perdiendo no serían los distintos sectores de la sociedad ni los diferentes partidos políticos, sino los estudiantes y la educación. La formación del ser humano es una sola desde su nacimiento hasta el último día, y las políticas educativas deben estar coordinadas. De ahí lo fundamental de la coordinación.

 Tan importante es la coordinación que en la Constitución de la República, además de la autonomía, se prevé que la ley establecerá la coordinación de las instituciones. El constituyente estableció con claridad y con inteligencia que la autonomía y la coordinación son aspectos complementarios y no antagónicos.

El otro principio es el de la participación. Ya nos referimos a este cuando hablamos de los Consejos de Participación, de la participación en el centro docente. Veremos después la participación en los organismos de dirección de la enseñanza.

Ahora vamos a pasar a los organismos de dirección de la enseñanza.

Por una parte, tenemos que delimitar claramente y establecer con precisión cuáles son los roles del Ministerio de Educación y Cultura en la materia. Por algo se llama Ministerio de Educación. Pero no puede asumir ninguna competencia relativa a los Entes Autónomos, como la ANEP y la Universidad de la República, ni a los otros dos institutos que se crean. Este lineamiento sigue los cometidos establecidos en la ley.

Ahora, pasamos a lo que es la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP. Hoy, está regida por un Consejo Directivo Central, que es el titular del Ente Autónomo y que tiene varios Consejos Desconcentrados: el de Primaria, el de Secundaria y el de UTU. Entonces, respetando esa estructura general como Ente Autónomo y con consejos desconcentrados, pero haciendo variaciones que son muy importantes, estamos proponiendo un cambio en lo que es la integración de los organismos directivos. Dicha integración nos parece fundamental para avanzar en el lineamiento de la participación a la cual hacíamos referencia.

Voy a dar un ejemplo concreto

En el caso del CODICEN, titular del Ente Autónomo ANEP, hoy está integrado por cinco miembros, designados en su totalidad por el Poder Ejecutivo con venia de la Cámara de Senadores. Nosotros estamos incorporando algo que nos parece un avance sustantivo: la integración de los docentes en el Consejo Directivo Central, electos por los propios docentes. Dos representantes de los docentes, electos por voto secreto y directo, van a formar parte del CODICEN. Se trata de un avance sustantivo en materia de participación. Se nos ha criticado diciendo que esto es participacionismo. Se nos ha dicho que esto es ceder a las corporaciones. Nosotros decimos que aquí lo que se hace es integrar inteligentemente la representación de la sociedad uruguaya en un sistema democrático representativo, con lo que significa la integración de los directamente involucrados, los docentes, en el fenómeno educativo. ¡Vaya si habrá experiencias interesantes y positivas en la vida de nuestro país! Voy a tomar el ejemplo del Banco de Previsión Social. Allí, los trabajadores eligen a sus representantes, los jubilados al suyo y los empresarios a otro.

Este CODICEN nuevo, que se va a integrar de una manera distinta a partir de esta Ley General de Educación, tendrá la virtud de integrar dos visiones fundamentales: la de aquellos que fueron designados por el Gobierno electo democráticamente y la de los propios docentes, que van a llevar sus pensamientos, sus iniciativas, sus asesoramientos, sus críticas y sus discrepancias a fin de construir modelos educativos integrados y comprometidos, de mayor eficiencia, con conocimiento de la realidad. Y, ¿en beneficio de quién? De quien corresponde: del sujeto y centro de la educación, el educando; el joven; el estudiante; el niño y el adulto que concurren al sistema de educación formal.

 Luego, en este Ente Autónomo están los Consejos Desconcentrados. Vamos a seguir teniendo el Consejo de Educación Primaria, pero le hacemos una corrección en el título. En realidad, este Consejo hoy cumple también la función de Consejo de Educación Inicial. Por eso, se cambia la denominación y pasa a llamarse: Consejo de Educación Inicial y Primaria.

 En cuanto al ciclo básico, en la actualidad una parte está a cargo de la UTU, otra de Secundaria y el siguiente fragmento de Séptimo, Octavo y Noveno años funciona en las escuelas. Si creemos que tenemos que dar igualdad de oportunidades a los estudiantes, más allá de valoraciones y modalidades distintas, debe haber una propuesta común y unificadora de alta calidad, de formación integral, en la que se incorpore de forma importante la tecnología que hoy tiene el ciclo básico de la UTU. Y es importante rescatar este elemento para todo el ciclo básico. A fin de no tener fragmentos del ciclo básico en distintos consejos desconcentrados, estamos creando el Consejo de Educación Media Básica. Luego, como Consejos Desconcentrados tendremos el Consejo de Educación Media Superior y el Consejo de Educación Técnico Profesional, la UTU, de tan importante valor en la vida de nuestro país y que muchas veces fue dejada como la cenicienta cuando el rol que ha venido cumpliendo es fundamental para la formación profesional, tecnológica, y para cuanta cosa sea necesaria para el futuro.

  Hoy, los Consejos Desconcentrados están integrados por tres miembros. En el proyecto de ley general de educación nosotros establecemos que los docentes deben participar de forma tal que uno de los tres miembros de cada Consejo sea electo por los propios docentes, por voto secreto y directo, en línea con lo que significan los fundamentos de la participación que antes explicitábamos para otros aspectos.

 Algo que nos quedó en el debe “antes de seguir avanzando en la consideración del proyecto de ley” es aclarar a partir de cuándo se instalará el Consejo de Educación Media Básica.

Como esto no puede hacerse de un día para otro, ya que hay que formular planes y programas que den igualdad de oportunidades, formación integral y que incorporen lo tecnológico, teniendo en cuenta la infraestructura edilicia y la necesidad de establecer un proceso gradual y armónico en materia de docentes y de recursos humanos, así como otra cantidad de aspectos, lo que aquí se propone es una transición. Desde ahora hasta el 1º de enero de 2013 va a funcionar una Comisión que trabaje en este tema, en coordinación con el CODICEN, Secundaria, UTU, y también en diálogo con los docentes y los distintos actores involucrados.

 Otra referencia, a modo de titular, es la creación de comisiones consultivas en las que participen estudiantes, madres, padres, otros responsables, trabajadores, empresarios y otros actores de la vida civil y social.

Voy a pasar a otro aspecto que nos parece un avance sustancial para la educación uruguaya: la creación de dos instituciones con carácter de Ente Autónomo. Me estoy refiriendo al Instituto Universitario de Educación y al Instituto Terciario Superior. Me quiero detener en la consideración de sus fines, su funcionamiento, su estructura y las condiciones políticas para crearlos, porque son fundamentales. Tanto es así que por lo menos en dos bancadas de la oposición se ha manifestado, a texto expreso, que se trata de instituciones necesarias. Entonces, tenemos que buscar la forma de que estas se instalen. ¿Qué es el Instituto Universitario de Educación con carácter de Ente Autónomo?

El Instituto Universitario de Educación va a formar a los maestros, a los profesores, a los maestros técnicos y a los educadores sociales, que hoy son formados en el INAU. De esa manera, los docentes egresados de este Instituto tendrán su título de carácter universitario, reclamo largamente realizado. Además de ser fundamental para los propios docentes, tener un título universitario otorga una importancia enorme en la educación, porque si hay algo clave en esta materia son los docentes; su formación es el factor neurálgico, porque son ellos, en contacto con el alumno, en el proceso de socialización, de integración, de enseñanza, de aprendizaje, quienes ponen el norte a la educación.

Cuando hablamos del carácter universitario no nos referimos a un mero rótulo sino a un verdadero contenido donde deben estar permanentemente presentes una formación académica de buen nivel, la investigación “hoy en día este es un déficit” y la extensión.

También se establece la forma de validar los títulos de maestros y profesores que no cursaron en este Instituto que ahora se va crear, y que precisen la validación universitaria.

El Instituto Universitario de Educación es uno de los Entes Autónomos que estamos proponiendo crear. ¿Cuál es el otro? El Instituto Terciario Superior, que se encargará de formar técnicos de alto nivel de calificación para el mundo del trabajo y de la producción, que son fundamentales. Crear una red de instituciones terciarias con técnicos de alto nivel es esencial para que los trabajadores puedan acceder a puestos de trabajo a los que no llegan porque no existen niveles de calificación.

Hace pocas semanas, o pocos meses, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hizo un estudio que demuestra que sobra mano de obra en puestos no calificados y que están faltando técnicos calificados, por lo cual algunas industrias del mundo de la producción, a veces contratan en el exterior, habiendo trabajadores uruguayos con amplias capacidades como para formarse aquí.

Esto también es fundamental para el mundo de la producción. Por eso estamos creando este Instituto Terciario Superior que, como Ente Autónomo, además de la formación académica tendrá como característica la extensión y la investigación. Y para estos dos Institutos “Entes Autónomos”, el Universitario y el Terciario Superior, establecemos una forma de Dirección que realmente supondrá un carácter universitario, porque van a estar cogobernados por representantes de los distintos órdenes: docentes, estudiantes, egresados. En la Dirección también habrá representantes de ANEP, que tienen mucho para aportar porque es donde hoy se forman los docentes y técnicos. Habrá representantes de la Universidad de la República porque su participación es fundamental en lo que hace a la investigación y al carácter universitario. En el Instituto Universitario de Educación habrá representantes del INAU, porque allí se van a estar formando los educadores sociales que trabajan en su ámbito y que cumplen un rol social importantísimo en la integración de los niños para lograr una sociedad mucho más equilibrada.

Decíamos que también nos íbamos a referir a las condiciones políticas para la creación de estos dos Institutos, Entes Autónomos. Sabido es por todos los colegas Diputados de este Cuerpo que para poder crear Entes Autónomos se necesitan dos tercios de votos, y que esta bancada, a pesar de contar con la mayoría absoluta, no los tiene. Por lo tanto, para su creación como Entes Autónomos vamos a necesitar el concurso de fuerzas de la oposición. Hemos escuchado manifestaciones y leído expresiones de las fuerzas de la oposición sobre la importancia que podían tener estos Institutos. Cada uno asume libremente la posibilidad de optar; cada uno de nosotros, con el voto afirmativo o negativo, asumimos nuestras responsabilidades, que después son puestas a consideración de la ciudadanía, que es la que juzga nuestras acciones como sus representantes.

Quisiéramos contar con su voto, quisiéramos que estos Institutos hoy quedasen integrados como Entes Autónomos. Respetamos profundamente las decisiones que se adopten, pero no podemos quedarnos en la sociedad en que vivimos sin hacer absolutamente nada, sabiendo qué es lo que precisa la educación. Si bien no tenemos las mayorías necesarias y somos profundamente respetuosos de la Constitución de la República cuando establece las mayorías requeridas para aprobar algunas leyes, estamos buscando formas de avanzar en estos dos Institutos en caso de que no se alcancen los dos tercios de votos.

En ese sentido, estamos comenzando dos líneas de acción. Una de esas líneas es la creación de estos dos Institutos, en forma transitoria, dentro de la ANEP, que ya es un Ente Autónomo. La otra línea sería insistir en que estos dos Institutos se creen con carácter de Ente Autónomo, para lo cual se estaría encomendando a organismos como la Universidad de la República y la ANEP la elaboración “además del paquete de planes, programas, estructuras de funcionamiento, patrimonio y recursos humanos que precisan estos dos Institutos” de una normativa legal, que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento para que, si en el futuro las condiciones políticas varían por cualquier circunstancia, la sociedad uruguaya pueda contar con estos dos Institutos con carácter de Entes Autónomos.

Como veo que estoy llegando al final del tiempo reglamentario, voy a hablar de la educación en la primera infancia. Acá nos referimos a instituciones con responsabilidad estatal en la materia; estamos legislando y reafirmando los conceptos.

A efectos legales, como primera infancia se define al tramo comprendido entre el nacimiento y los tres años de edad. Hay tres instituciones estatales: el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública y el Ministerio de Educación y Cultura, que reafirman sus competencias en el contralor y el desarrollo de la educación en distintos aspectos. Es necesario que estas tres instituciones trabajen en forma coordinada y tengan un Consejo Coordinador de todos aquellos sectores y ámbitos de la institucionalidad estatal y actores sociales para que participen en un mejor desarrollo. Por eso estamos creando un Consejo Coordinador, integrado por representantes del INAU, del Consejo de Educación Inicial y Primaria, del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Salud Pública “incluimos a esta última Cartera porque en esta franja etaria es fundamental la salud, en los centros de educación privados”, y representantes de los educadores que trabajan con la primera infancia.

Para los centros de educación infantil privados, en cuanto al contralor y supervisión de distintos aspectos hoy rige la Ley de Guarderías; estamos tomando aspectos fundamentales de esa norma vigente y estamos modificando algunas cuestiones para avanzar en el tema.

En primer lugar, quitamos el título de guardería, porque encierra un significado que no nos parece el más adecuado para los niños de cero a tres años de edad que tienen que estar en centros de primera infancia. Los padres no llevan a sus niños para que se los guarden mientras tanto y no suceda nada, sino para que durante el tiempo en que deben permanecer allí logren la integración y el desarrollo educativo de acuerdo con sus características psicológicas, físicas, fisiológicas y sociales. No es una guardería, y por eso la modificación del nombre, entre otros cambios.

 En este proyecto de Ley General de Educación también nos estamos refiriendo a la educación policial y militar, y claramente establecemos y reafirmamos algo que para nosotros es clave: los aspectos específicos y técnicos deben estar a cargo de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional. En esto somos muy claros y categóricos porque, felizmente, para nosotros está muy vigente la esencia de los derechos humanos y la igualdad de formación de todos los seres humanos en una sociedad democrática; en todo momento, en la educación policial y militar los valores deben ser exactamente los mismos, compartidos por toda la sociedad uruguaya. Por lo tanto, la selección y el ingreso de los docentes a este tipo de centros educativos debe cumplir con los mismos requerimientos que existen para ingresar a Secundaria, UTU o a otros niveles de la educación.

 Nos parece fundamental repensar para el futuro la formación policial y la militar. Muchas veces el pasado nos deja enseñanzas, muchas veces nos deja prejuicios, muchas veces nos deja aspectos a corregir. Por lo tanto, en un ámbito de racionalidad para sopesar serenamente todo lo que significa la educación de los seres humanos “más allá de si están en la Policía, en el Ejército o en las Fuerzas Armadas” hay que ver cómo modificamos, construimos y repensamos las situaciones.

Creamos la Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública. No queremos chacras aisladas, sino respetar la autonomía; la coordinación no va en desmedro de ello, tal como lo establece la Constitución de la República. Por lo tanto, estamos integrando todos los Entes Autónomos y el Ministerio de Educación y Cultura.

También estamos creando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como persona de derecho público no estatal, a efectos de dar mayor grado de independencia a lo que representa el sistema de educación formal. Desde allí se tendrá la posibilidad, no solo de realizar evaluaciones internas “que no hay que sustituirlas jamás” sino también evaluaciones externas. La evaluación interna es la que hace el docente en las aulas; la evaluación de la Dirección se hace en cada centro educativo; la evaluación de la inspección se hace en cada circunscripción, y la que realizan los Consejos en cada uno de los subsistemas son insustituibles, fundamentales para avanzar.

 La evaluación externa está inmersa en ese proceso educativo porque fruto de las evaluaciones son los avances. Esas evaluaciones permiten ver en qué se ha sido fuerte, qué debilidades hay que corregir y en qué hay que avanzar. Estos son los motivos de la creación de este Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Como no puede ser de otra manera, decimos que el principio de interpretación de la ley, con las disposiciones transitorias establecidas, siempre debe poner como prioridad al sujeto educativo.

Palabras de la Diputada Mtra. Alicia Pintos,

quien votó en contra del proyecto de Ley

 Queremos iniciar nuestra intervención haciendo la siguiente precisión:

Desde siempre, los frenteamplistas, en distintos congresos, dijimos y decimos que "la educación constituye un asunto de estado". En este sentido, frente a la realidad de gobiernos de los partidos tradicionales, sostuvimos que era necesaria una "...verdadera transformación que revolucionara la educación en el Uruguay, recogiendo el consenso y la participación, tanto en su elaboración como en su implementación, de todos los actores sociales y políticos involucrados - estado, docentes, alumnos y padres..." Porque "...el Frente Amplio, como fuerza política popular y participativa..." debía asumir "...el compromiso de promover y tomar como propio el gran proyecto educativo que implícita y explícitamente se ha ¡do elaborando - a lo largo de los años - en innumerables discusiones, diagnósticos, documentos, etc., aportados por docentes, padres, alumnos y trabajadores." 

Esto es lo que siempre nos ha diferenciado de la derecha de este país. Seguramente algún despistado tratará de argumentar que en todos los partidos somos la misma cosa. Sepan que somos parte de una fuerza política que accedió al gobierno de la mano de un programa nacional, popular y democrático. Nuestro Frente Amplio se nutrió y se nutre de las elaboraciones y reclamos del pueblo y sus organizaciones. Y más allá de los aciertos o errores puntuales de los hombres y mujeres que lo componemos nuestro norte siempre ha sido y es "que los más infelices sean los más privilegiados".

Señor presidente: podemos demostrar que en nuestro país la clase dominante siempre buscó controlar la educación y por eso históricamente -y hoy también- se expresa en contra de la participación. Los representantes de los llamados partidos tradicionales hoy votarán contra este proyecto de Ley, no porque reclamen mayor participación para los directamente involucrados sino que por el contrario lo han denunciado porque contiene demasiada participación.

En oposición a esta concepción, nuestro pueblo tiene una larga tradición de defensa de la educación frente a los intentos de cercenarla y dejarla sin su contenido democrático.

Cómo no recordar por ejemplo a los maestros que lucharon por instaurar a la escuela nueva en la década del 60 y 70 o la lucha de los obreros y estudiantes por el cogobierno y la autonomía en la lucha por la Ley Orgánica de la Universidad. Fue nuestro pueblo y sus organizaciones los que enfrentaron al pachecato. Recordemos cómo durante su gobierno se impidió que asumiera el delegado por las asambleas artículo 40, en una concepción que trataba de someter la Educación al poder político. Esa concepción es la que se plasma, luego en el 72 con la ley 14.101 emitida por el poder ejecutivo de la época de Juan María Bordaberry y el entonces ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguineti. Y que enfrentamos multitudinariamente.

Esa concepción es reafirmada durante la dictadura cívico-militar al intervenir la Universidad y la enseñanza toda. Centenares de docentes destituidos por su filiación política. Algunos de ellos pagaron con su vida su concepción democrática, son tantos que sería imposible nombrarlos a todos.

Fue la lucha del pueblo organizado y de amplios sectores democráticos los que derrotaron la dictadura. Sin embargo, los acuerdos de la CONAPRO fueron olvidados por los legisladores blancos y colorados durante el primer gobierno de Sanguinetti quienes votaron la ley de Emergencia de Educación, desconociendo los mismos.

La Ley de emergencia continuó con el control de la educación que reprimió con dureza en la década del 80 a los sectores populares. Pongamos como ejemplo la acción de Pivel Devoto reprimiendo a los estudiantes que ocuparon el IPA, las observaciones de Tarigo a una docente de historia alegando "violación de laicidad" o la destitución del maestro consejero Foch Puntigliano que terminó finalmente adhiriendo al FA.

También la limitación del desarrollo de la educación en un sentido presupuesta!: esa política concreta buscó ahogarla al no brindarle los recursos necesarios para recuperar la calidad perdida durante la dictadura. No hubo diferencias cuantitativas en políticas educativas entre el período de dictadura y el primer período de democracia.

Frente a esto, el movimiento sindical respondió, y respondió con firmeza. Como maestra en ese tiempo, como dirección del sindicato y de la CSEU -junto a otros compañeros del Frente Amplio, hoy diputados acá presentes o otros que están al frente de los ministerios y en diferentes responsabilidades de nuestro gobierno- iniciamos una huelga que duró 53 días. ¿Qué reclamábamos? Lo mismo que ahora reclaman los trabajadores de la enseñanza, -nucleados en sindicatos y no en corporaciones como a alguno se le ha escapado- mejor presupuesto: salarios para los docentes, mejores condiciones de trabajo, mejoras en la formación docente.

En la década del '90, durante el gobierno de Lacalle, se inició el desmantelamiento de la UTU a través de los convenios con organismos internacionales como el BID. También se reduce a tres años la carrera docente en Magisterio, en un intento claro de seguir cercenando la formación y precarizando aún más la enseñanza pública.

Con el segundo gobierno de Sanguineti entramos de lleno con las Reformas neoliberales: la reforma Rama y su continuación en el período de Bonilla en el mandato de Jorge Batlle. Recordemos cuánto fue dañada la educación de los hijos de los trabajadores: educación por áreas, flexibilización en los reglamentos de pasaje de cursos, permisividad que acentuó las deficiencias en la formación a una década de generaciones de nuestros estudiantes de Enseñanza Media, cierre de Escuelas Rurales, desmantelamiento de la Educación de Adultos. Promoviendo el crecimiento y desarrollo de las instituciones privadas.

A todo esto, el Frente Amplio siempre se ubicó del lado de los reclamos populares y los trabajadores. Uno puede leer como en los distintos Congresos de nuestra fuerza política, en los distintos proyectos o intervenciones en las cámaras del Legislativo como los frenteamplistas nos posicionamos del lado de las luchas de nuestro pueblo.

En nuestro IV Congreso ordinario "Tota Quinteros ", afirmábamos que: "La democratización del conocimiento y de la educación es un capítulo fundamental de nuestra propuesta. La inteligencia humana y el conocimiento son en última instancia las claves determinantes de todo progreso. Por ello promovemos una fuerte apuesta a la educación en todos sus niveles como espacio fundamental para la enseñanza, el desarrollo la consolidación y la elaboración colectiva de los principios éticos aplicables a toda la vida humana. Hoy más que nunca importa que los jóvenes aprendan y obtengan formación que les habilite su desempeño laboral; pero resulta fundamental además, que desarrollen un espíritu crítico y solidario que los prepare para hacer frente a los nuevos desafíos que un mundo en permanente transformación les depara, para asumir plenamente sus derechos y responsabilidades ciudadanas.

La democratización del conocimiento y del acceso a la educación sólo se aseguran independizando estos procesos de los condicionamientos por parte de organismos financieros internacionales; así como transfiriendo a los principales actores del sistema educativo (alumnos, docentes y padres) la conducción de los procesos de reforma educativa, asegurando desde el Estado la realización de los mismos por la vía de la asignación de los recursos económicos necesarios.”

Es por eso que cuando nuestro Gobierno convocó al debate educativo y al Congreso Nacional de Educación "Maestro Julio Castro", vimos en eso una señal muy positiva, convencidos de que los lineamientos medulares emanados de ese debate y congreso se iban a reflejar en el nuevo marco normativo. Así inclusive lo reafirmó el V Congreso del Frente Amplio "Líber Seregni" cuando aseveró que "la futura Ley de Educación se enmarcará en las resoluciones del Congreso Nacional de Educación"

Lamentablemente esto no ha sido así, el proyecto en discusión contiene una serie de elementos, totalmente ajenos y en muchos casos contrarios, a las conclusiones emanadas del debate y congreso educativo.

Cierto, que hemos escuchado decir a los defensores del proyecto que las conclusiones del mencionado debate no eran vinculantes, sino referenciales, pero aún así cabe señalar, que ni como referencias han sido tomadas en cuenta.

Como ya hemos señalado, desde siempre los gremios de la educación han reclamado la autonomía y el cogobierno, porque ambos garantizan la independencia de la educación del poder político, es decir, son la garantía de una educación nacional por encima de las banderías políticas de los gobiernos de turno.

Nosotros que desde la oposición compartimos la apreciación precedente, no tenemos hoy siendo gobierno motivo alguno para apearnos de ella.

No es solo este aspecto lo que criticamos, es también la ingerencia del Ministerio de Educación y Cultura, en asuntos que deben ser materia de resolución de los diferentes consejos. Es decir, que a la autonomía relativa debemos sumarle el recorte aun más de la misma, por el Poder Ejecutivo.

Nosotros que no ponemos en duda que el objetivo es alcanzar una educación permanente y de calidad, estamos convencidos que la normativa propuesta expresa una mirada tecnocrática, que no avanza en ese camino.

El proyecto incursiona en aspectos, que a nuestro juicio no deben ser materia de legislación, sino de resolución de las autoridades de la educación como las cargas horarias, modalidades como la educación a distancia entre otros.

Nosotros tenemos acá el proyecto emanado por la comisión de seguimiento del Congreso maestro Julio Castro, de la lectura del mismo y la del proyecto en discusión, surge con claridad las diferentes concepciones que los animan, una continuadora de las mejores tradiciones valerianas y educativas nacionales y el otro conteniendo en su seno claudicaciones a la concepción neoliberal.

Qué otra cosa puede ser sino, la limitación de las competencias de la UTU o la fragmentación de la enseñanza secundaria, no surgen estas de un estudio de las necesidades sociales o pedagógicas, sino de la pretensión de adaptar la educación a un modelo de reproducción de un modelo de sociedad, al que precisamente los impulsores del proyecto afirman querer superar.

Creemos que el proyecto no es el que la sociedad y el país están reclamando, sus defectos minimizan los contenidos transversales, que en materia de valores contiene y relativizan la relación con el trabajo, que en él se proclama.

Mucho más podríamos decir, pero no queremos distraer más la atención de este cuerpo, solo agregar que lamentamos profundamente que en materia tan delicada y estratégica como la educación, no hayamos tenido la capacidad de alcanzar un gran consenso nacional, fundamentalmente con los actores del proceso educativo. Nosotros queremos cambiar la Ley de emergencia pero "ASÍ NO, ASÍ NO"

Señor presidente pedí la palabra para manifestar, que no vamos a acompañar ni en general, ni en particular el proyecto de ley de educación remitido por el Poder Ejecutivo. Esta actitud no es un capricho, obedece a lo que son para nosotros como integrantes del espacio 1001 cuestiones de principios.

Hemos buscado que se nos permitiera la libertad de acción en un tema en el que todos sabían cual eran nuestra posición desde un principio, lamentablemente esto no se nos fue concedido. Hemos sido leales y responsables al comunicarles ayer al presidente de nuestra fuerza política y al responsable de nuestra bancada la actitud que hoy tomaríamos. Somos plenamente concientes de nuestros actos y estamos dispuestos, como Partido Comunista, a transitar todas las instancias orgánicas de nuestra fuerza política.

Soy comunista y en mis hombros pesa la lucha histórica de nuestro Partido, fundador del Frente Amplio, en el que siempre permanecimos y al que siempre respetamos. Pero hoy pesan también la lucha de miles de hombres y de mujeres que dieron su vida por una sociedad más justa y democrática, en donde el respeto por las decisiones populares siempre fue el norte.

Cómo podría nuestro Partido seguir ocupando una banca en este recinto si no respetara la tradición de educación democrática que desde Artigas se desarrolla y crece con Várela, Vaz Ferreira, Grompone, Reina Reyes, Yolanda Valariño, Jesualdo Sosa, Julio Castro, Selmar Balbi, Paco Espínola, Miguel Soler y jóvenes como Ángel Yoldi, Elena Quinteros, Carlos Chasale.

Cómo levantar la cabeza para mirar a los padres y maestros que nos acompañaron en luchas pasadas, y a los trabajadores y estudiantes que hoy rodean el Palacio o a los trabajadores organizados que el fin de semana, en el X Congreso del PIT-CNT, refrendaron su rechazo a este proyecto del Ley.

Soy representante de un Partido arraigado en la clase obrera y el pueblo y en ese sentido podrá  temblarme la voz pero jamás el  brazo al no votar esta ley.

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