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En Sudamérica se produce
aproximadamente 1.000
toneladas
de cocaína al año
Informe de Francis Maertens y Amado Philip de Andrés
…En
su mayoría se envía a
10 millones de consumidores
en Esados Unidos y Europa
¿Por qué América Latina es
vulnerable a
la delincuencia en 2009?
En América Latina, la gente
identifica las cuestiones económicas y la
delincuencia como sus dos mayores problemas, y ambos
están íntimamente interrelacionados, pues la
delincuencia y la corrupción suelen dar al traste
con el desarrollo económico. Países como Venezuela,
Guatemala y El Salvador parecen los más preocupados
por el aumento de los problemas que provoca la
delincuencia, aunque en Colombia la delincuencia ya
no es considerada la cuestión más apremiante.
Muchos de los países de la
región son vulnerables a la delincuencia debido a
las condiciones socioeconómicas. La desigualdad en
los ingresos suele ir asociada a la delincuencia
violenta, y América contiene algunos de los países
con las mayores disparidades en riqueza del mundo.
El pasado reciente de conflictos o regímenes
autoritarios en muchos países latinoamericanos puede
también generar problemas de delincuencia, pues el
autoritarismo y la guerra civil pueden haber
normalizado la violencia como medio para resolver
disputas. Los conflictos introducen las armas
pequeñas en una zona y enseñan las habilidades
prácticas y psicológicas necesarias para su uso,
mientras que la actuación policial autoritaria
inculca malos hábitos en los servicios de seguridad
y atrofia el desarrollo de las habilidades
necesarias para el trabajo policial en la comunidad.
Las percepciones de aumento de la delincuencia
pueden espolear la demanda popular de que se recurra
al ejército para que ejerza funciones policiales y
de que se introduzcan leyes contra la delincuencia
que reduzcan protecciones procesales, erosionando
así los beneficios en materia de derechos humanos.
Estas vulnerabilidades son
agravadas por la industria de la droga,
especialmente por la producción, el tráfico y el
consumo de cocaína. En América del Sur, la región
andina produce la cocaína del mundo, que en su mayor
parte procede de Colombia, Perú y Bolivia.
Se calcula que se producen al
año 1.000 toneladas de cocaína, que en su
mayoría se envía a 10 millones de consumidores en
Estados Unidos y Europa. Los países vecinos son
proclives a convertirse en países de tránsito,
y otros aspectos de la industria también tienden a
extenderse a medida que aumentan las presiones de la
aplicación de la ley. Esto puede verse actualmente
en los casos de Venezuela, Panamá y Costa Rica. En
2007 y 2008, el aumento de los decomisos de cocaína
de las que se informaron desde Chile, Uruguay,
Argentina y Paraguay sugiere que el tráfico a través
del Cono Sur podría haber aumentado durante ese
periodo.
Cálculos citados a menudo por
las agencias de aplicación de la ley en los últimos
años sugieren que desde América del Sur se envía
alrededor de 450 toneladas de cocaína (el 46 por
ciento de la producción de 2006 y el 44 por ciento
de la de 2007) a los mercados de América del Norte,
pero esta cantidad está disminuyendo. Otras 250
toneladas (el 25 por ciento de la producción) van a
los mercados de Europa, y esta cantidad está
aumentando. La mayor parte del resto, equivalente a
unas 170 toneladas de cocaína pura, es confiscada en
los propios países productores de coca. El resto se
consume en la región y en otras partes del mundo.
Por lo menos desde 2006, los
traficantes comenzaron a utilizar de forma creciente
rutas terrestres para transportar la cocaína desde
Colombia a través de Venezuela (y, en menor medida,
Ecuador) hasta Estados Unidos y Europa. De los
decomisos realizados en la región, el 54 por ciento
fueron en rutas terrestres y el 44 por ciento, en el
mar. Las autoridades colombianas calculan que el 78
por ciento podría transportarse finalmente por mar,
en embarcaciones rápidas (el 65 por ciento) u otro
tipo de barcos. También calculan que el 55 por
ciento de la cocaína producida en América del Sur se
transporta por el pasillo México-Centroamérica hacia
América del Norte.
El pasillo centroamericano
La Evaluación Interorganismos
del Movimiento de la Cocaína estadounidense (IACM,
por sus siglas en inglés) calcula que en 2006
podrían haber salido entre 530 y 710 toneladas de
cocaína de América del Sur en dirección a Estados
Unidos. De esta cantidad, se cree que casi el 90 por
ciento ha pasado por el pasillo México-Centroamérica
en 2006. La IACM concluye que el 66 por ciento de
la cocaína que salió de América del Sur hacia
Estados Unidos en 2006 circuló a través del vector
del Pacífico oriental, lo que representa un aumento
en comparación con la misma cifra del año anterior
(el 50 por ciento).
El predominio del pasillo de
tránsito centroamericano es reciente. Los carteles
colombianos de Cali y Medellín preferían el pasillo
caribeño, que utilizaban desde finales de la década
de 1970. En la década de 1980 la mayor parte de la
cocaína que entró en Estados Unidos llegó desde el
Caribe hasta el sur de Florida. Pero los éxitos en
la interdicción hicieron que los traficantes
modificaran sus rutas. En 1998, cerca del 58 por
ciento de la cocaína se transportaba a través de
Centroamérica/México, el 30 por ciento a través del
Caribe y el 11 por ciento a través de buques
mercantes o vuelos comerciales directos.
En 1999, las entradas por la
frontera mexicana disminuyeron hasta casi el 54 por
ciento, las procedentes del Caribe aumentaron hasta
alcanzar el 43 por ciento y sólo el 3 por ciento
llegó directamente de América del Sur. En 2000, las
proporciones se desplazaron hasta el 66 por ciento
procedente de Centroamérica/ México y el 33 por
ciento del Caribe, con una disminución del uso de
Haití y Puerto Rico y un aumento del uso de
Jamaica. En 2003, la proporción era del 77 por
ciento a través de Centroamérica/México y el 22 por
ciento a través del Caribe. En 2006, se decía que
el 90 por ciento llegaba a través de Centroamérica,
dos tercios procedente de la costa del Pacífico y el
8 por ciento a través de la Hispaniola.
Este cambio en los patrones del
tráfico se ha atribuido a la actuación de las
agencias de aplicación de la ley. Otra posible
explicación es la tendencia a largo plazo hacia el
dominio mexicano de los mercados de cocaína
estadounidenses. En la década de 1980, los grupos
colombianos utilizaban a los carteles mexicanos
sobre todo para transportar cocaína a Estados
Unidos. Pero dado que los traficantes recibían su
pago en cocaína, supuestamente recibiendo la mitad
del envío desde la década de 1990, sólo era cuestión
de tiempo para que comenzaran a dominar todos los
aspectos de la industria. Hoy, aunque los grupos
colombianos y sus socios dominicanos siguen
controlando el noreste, los grupos mexicanos están
haciendo peligrar la posición de otras
organizaciones en todo el país. Los grupos
colombianos/ dominicanos tradicionalmente han
preferido usar el Caribe, mientras que los mexicanos
prefieren el pasillo centroamericano. Aunque los
colombianos continúan controlando el suministro al
mercado europeo, los traficantes mexicanos tienen
también una presencia en él. En 2007, las
autoridades mexicanas decomisaron 48 toneladas de
cocaína, más del doble de la cantidad decomisada en
2006. El Caribe sigue siendo una plataforma
competitiva
Sin embargo, el abandono del
uso del Caribe podría ser efímero. El Caribe es un
centro del contrabando desde hace siglos. En el
pasado, la circulación de cocaína oscilaba entre los
dos pasillos, en respuesta a la actuación de las
agencias de aplicación de la ley y de otros
factores. Es probable que el Caribe mantenga su
atractivo para los traficantes por diversas razones.
Mientras los grupos traficantes colombianos sigan
siendo un factor, es probable que continúen
utilizando tanto a los grupos de delincuencia
organizada mexicanos como otras redes de tráfico
para transportar sus drogas. Además, la importancia
que siguen teniendo los grupos de expatriados
caribeños en la venta al por mayor y al por menor de
cocaína en Estados Unidos, sobre todo en el noreste,
probablemente promoverá las rutas de tráfico
controladas del Caribe.
El Caribe tiene lazos
lingüísticos, históricos, comerciales y jurídicos
con algunos de los principales países consumidores,
que abarcan su masiva industria turística. Estos
lazos incluyen vuelos y tráfico de contenedores
directos a diario. El torrente de remesas
procedentes de las poblaciones expatriadas, así como
una gran industria de servicios financieros,
proporcionan una tapadera para el blanqueo de
dinero.
Por tanto, a pesar de los
cambios recientes, siguen atravesando el Caribe
grandes cantidades de drogas. En 2005 se calculaba
que pasaron por Jamaica cerca de 10 toneladas de
cocaína y
20 toneladas por Haití y la
República Dominicana.
Más recientemente, parece que
la Hispaniola ha adquirido aún más importancia, y el
número de traficantes dominicanos detenidos por las
autoridades federales en Estados Unidos ha crecido.
Las autoridades dominicanas
decomisaron 3,8 toneladas de cocaína en 7.342
decomisos en 2007, lo que sugiere que gran parte del
tráfico es a pequeña escala. Los traficantes
dominicanos también han establecido una presencia en
Europa, donde los dominicanos fueron el 4 por ciento
de los traficantes de drogas extranjeros detenidos
en Italia en 2006 y el 17 por ciento de los
traficantes de cocaína detenidos en España en 2007
(más de 500 personas sumados los dos países).
El sur del Caribe sufre también
una presión cada vez mayor con el aumento del paso
de drogas por Venezuela y el mercado europeo
adquiere una importancia creciente. Recientemente,
las Antillas Holandesas encabezaron los decomisos de
cocaína percápita del mundo, pero parece que esta
importancia ha disminuido, pues los esfuerzos de las
agencias de aplicación de la ley han reducido
drásticamente el movimiento de mensajeros desde los
aeropuertos del Caribe holandés hasta los Países
Bajos. Puede que estos esfuerzos hayan empujado el
tráfico hacia el sur, hacia Trinidad y Tobago, donde
los decomisos y la violencia relacionada con las
drogas han aumentado en los últimos años. Hay mucho
tráfico marítimo comercial entre Venezuela y estas
islas, que están a sólo unos kilómetros de la costa
venezolana. Este tráfico sirve de tapadera para los
envíos de droga que pueden realizarse por mar o por
aire.
El tráfico sigue dominado
por los grupos colombianos y mexicanos; el
papel que están desempeñando las bandas
centroamericanas en el transporte de cocaína sigue
sin ser claro y está sometido a cambios. Al parecer,
gran parte de la cocaína que se envía a través del
Pacífico entra directamente en México: en 2007, las
autoridades mexicanas calculaban que el 57 por
ciento de la cocaína que entraba en el país llegaba
por mar. Pero parece que se está utilizando a los
países de Centroamérica, y concretamente Guatemala y
Honduras, como escalas para el transporte por
carretera y por aire a México, así como para el
tráfico en embarcaciones rápidas por la costa del
Caribe. Aquí los centroamericanos podrían estar
desempeñando un papel logístico.
Las maras (bandas callejeras)
centroamericanas han sido asociadas a menudo con el
narcotráfico, sobre todo desde que la operación
estadounidense Escudo Comunitario comenzó a deportar
a miembros de bandas en 2005. Entre los deportados
había más de 2.000 miembros de la Mara Salvatrucha,
una banda fundada por salvadoreños que actúa tanto
en Estados Unidos como en Centroamérica. Pero hay
aún razones para ser escépticos sobre el papel clave
que puedan desempeñar los miembros de las maras en
el narcotráfico transnacional.
Las bandas callejeras se hacen
más sofisticadas y diversifican sus operaciones Las
bandas callejeras suelen controlar los mercados de
droga al por menor, pero también han sido acusadas
de estar implicadas en el narcotráfico transnacional
y de utilizar estos fondos para fomentar la
delincuencia local. Por ejemplo, en varios países
centroamericanos como El Salvador, Honduras,
Guatemala y Nicaragua, se considera que las bandas
son el centro del problema de la delincuencia local
y las estrategias contra la delincuencia más
destacadas giran en torno a acabar con ellas.
Según la información recibida
por la UNODC a través de fuentes que aplican la
ley en Centroamérica y en México, se puede
clasificar a las bandas juveniles activas en
estas dos regiones en tres categorías:
- En primer lugar, jóvenes sin
empleo que se unen a las maras y podrían estar
vinculados a algún tipo de actividad delictiva, como
las falsificaciones, el contrabando de cigarrillos,
etc.
- En segundo término, bandas
juveniles más organizadas con lazos organizativos
que los unen a grupos de sicarios de carteles de la
droga mexicanos (miembros de los carteles que se
ocupan de ejecutar determinadas tareas). Según
fuentes de los servicios de inteligencia mexicanos,
estadounidenses y europeos, hay 5.000 “jefes” y
“animadores” de bandas juveniles procedentes de
Honduras, Guatemala y El Salvador muy activos en 200
“células” (unidades operativas) en 23 de los 32
estados de México.
- Tercero, según la policía
federal mexicana, ciertos carteles de la droga
mexicanos emplean directamente a una selección de
miembros de las maras para operaciones concretas,
como las de narcotráfico, prostitución y contrabando
de armas y municiones. Según fuentes de los
servicios de inteligencia mexicanos y
centroamericanos, una de las redes de drogas
mexicanas más mortíferas, el cartel del Golfo,
recluta miembros de la banda MS-13 de El Salvador y
kaibiles guatemaltecos desde mediados de 2007.
La nueva cruzada del
presidente Felipe Calderón contra los carteles
de la droga
En los últimos años, los
carteles de la droga de México libran batallas cada
vez más violentas entre sí, así como contra el
gobierno mexicano. Tras tomar posesión de su cargo
en diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe
Calderón desplegó a miles de soldados federales en
una ofensiva selectiva contra la violencia
relacionada con las drogas. Pero el número de
víctimas mortales sigue aumentando. En 2007 hubo más
de 2.500 muertes relacionadas con las drogas, y la
cifra anual subió a más de 4.000 a finales de 2008.
Los asesinatos y las batallas callejeras con armas
de fuego son sólo parte de un problema más arraigado
que incluye unas fuerzas policiales corruptas y un
poder judicial que se está adaptando al modus
operandi recientemente más sofisticado del
narcotráfico. Las reformas policiales y judiciales
adoptadas son un paso en la dirección correcta, pero
hará falta tiempo para aplicarlas. Mientras tanto,
se considera que hace falta una mayor cooperación y
una cooperación sostenida desde Estados Unidos para
poner freno a la violencia relacionada con las
drogas.
Cerca del 90 por ciento de la
cocaína que entra en Estados Unidos ha pasado por
México, según el Informe de la Estrategia para el
Control Internacional de Estupefacientes de 2008 del
Departamento de Estado. La vasta industria de la
cocaína está controlada por carteles con base en
zonas fronterizas y a lo largo de la costa
meridional. Tres grupos —el cartel de Sinaloa, el
cartel del Golfo y el cartel de Tijuana— están
implicados en una guerra territorial cada vez más
violenta sobre rutas de tráfico y “plazas” o pasos
fronterizos. Según la ministra de Relaciones
Exteriores mexicana, Patricia Espinosa18, y otros
funcionarios del gobierno mexicano, esta amenaza se
ve exacerbada por las armas de fuego que se están
introduciendo de contrabando en México desde Estados
Unidos a través de los 3.000 kilómetros de frontera
común.
La violencia alcanzó niveles
extremos en 2006 y desde entonces no ha hecho más
que empeorar las decapitaciones se hicieron
habituales y los carteles empezaron a difundir
vídeos en los que documentaban muertes horripilantes
—los “narcomensajes”— para amenazar a los carteles
rivales y a las autoridades. Aunque inicialmente la
mayor parte de la violencia era entre miembros de
carteles, en los dos últimos años, se han convertido
en víctimas frecuentes de homicidios relacionados
con las drogas agentes de policía, periodistas y
políticos. En mayo de 2008, por ejemplo, el jefe en
funciones de la policía federal de México fue
asesinado por este motivo.
En diciembre de 2006, el
presidente Calderón desplegó a unos 36.000 soldados
para trabajar con la policía federal en nueve
estados, incluidos Michoacán, Guerrero y lo que se
conoce como el Triángulo de Oro, formado por
Sinaloa, Durango y Chihuahua. Estas tropas erradican
cultivos, recogen información, llevan a cabo
redadas, interrogan a sospechosos y confiscan
contrabando.
Algunos expertos afirman que el
gobierno de Calderón no tenía ninguna otra buena
opción para enfrentarse a los carteles de la droga.
Mientras la corrupción policial parece impregnar los
niveles federal, estatal y local, se considera que
el ejército bien entrenado y disciplinado. Además,
la opinión pública mexicana respeta al ejército. “El
ejército y la iglesia son las dos instituciones más
respetadas en México”, dice David A. Shirk, director
del Instituto Transfronterizo de la Universidad de
San Diego y editor de un reciente libro sobre la
reforma judicial en México. Desde la indignación
pública que provocó la protesta estudiantil de 1968
de cuya represión se ocupó el ejército, este
mantiene su reputación guardando las distancias con
la opinión pública. Como consecuencia, a diferencia
de lo que sucedió en numerosos países
latinoamericanos, el ejército se abstuvo de injerir
en política en las décadas de 1970 y 1980.
Ciertos analistas dicen que el
despliegue del ejército para hacer frente a la
violencia de la droga lo ha hecho vulnerable a la
misma corrupción que infecta a la policía. Además,
México y Centroamérica necesitarían unidades
antinarcóticos especializadas mejor entrenadas y
bien equipadas para combatir eficazmente la
delincuencia organizada en los ámbitos federal,
estatal y regional. Esta solución reduciría el
riesgo de que se recurra de forma continua a la
actuación militar en detrimento de un trabajo
policial en la comunidad eficaz, de la cooperación
entre organismos y de una colaboración eficiente del
poder judicial y las agencias de aplicación de la
ley entre estados.
Otros analistas afirman que el
efecto de la política antinarcóticos en Colombia y
México podría haber tenido un efecto dominó negativo
en el aumento de la violencia y la actividad
relacionada con las drogas en Centroamérica. Según
esta hipótesis, el aumento del narcotráfico y de la
violencia está provocado por un triple efecto: en
primer lugar, la rivalidad entre grupos en
organizaciones delictivas rivales para ampliar el
alcance geográfico de sus operaciones y su cuota de
mercado. En segundo término, como en el caso de
Guatemala y Belice, la permeabilidad de sus
fronteras, la ausencia de coordinación entre
diferentes organismos para generar información y de
evaluaciones eficaces de la amenaza han aumentado
aún más su vulnerabilidad frente a los grupos de
delincuentes organizados que actúan en sus
territorios. Tercero, la necesidad urgente de
reforzar el Estado de derecho con jueces y fiscales
bien preparados y una policía nacional dotados de
medios viables para luchar contra el narcotráfico y
contener la violencia.
En 2007, el presidente Calderón
y el presidente George W. Bush acordaron cooperar en
sus esfuerzos antinarcóticos. Su reunión dio origen
a la Iniciativa de Mérida, un plan de 1.500 millones
de dólares para combatir el narcotráfico en México y
Centroamérica durante tres años. La iniciativa, que
aprobó el Congreso estadounidense en junio del 2008,
asignó 400 millones de dólares en el 2008 a adquirir
equipos como helicópteros, ampliar la
infraestructura de telecomunicaciones de México y su
capacidad para vigilar el espacio aéreo, reforzar
los programas existentes para profesionalizar a la
policía mexicana y proporcionar tecnologías
avanzadas a las agencias de aplicación de la ley
mexicanas.
El 12 de enero de 2009, el
presidente electo Obama se reunió con el presidente
Felipe Calderón para hablar de la creciente
violencia relacionada con las drogas (así como de
asuntos relacionadas con el comercio, la seguridad y
la inmigración). El presidente Obama anunció su
apoyo a la Iniciativa de Mérida del presidente Bush
y también se comprometió a respaldar la iniciativa
del presidente Calderón de reducir el contrabando de
armas de fuego desde Estados Unidos a México. Las
cuestiones de seguridad nacional derivadas de la
entrada de armas de fuego ilegales desde Estados
Unidos a México han contribuido a la sensación de
urgencia en ambos países.
Poco después de la reunión
entre el presidente Obama y el presidente Calderón,
los senadores estadounidenses Kay Bailey Hutchison y
Jeff Bingaman presentaron un proyecto de ley
dirigido al contrabando de armas de fuego en México,
que proporcionaba 30 millones de dólares para
financiar el desarrollo del Proyecto Iniciativa
Traficante de Armas, del Departamento de Justicia.
Además, el presidente Obama ya se ha entrevistado
con su recién nombrada secretaria para la Seguridad
de la Patria, Janet Napolitano, para hablar de
medidas destinadas a mejorar los mecanismos para
compartir información con las agencias de aplicación
de la ley del otro lado de la frontera.
En un contexto similar, el
presidente Martín Torrijos de Panamá invitó su país
a los presidentes Felipe Calderón, Álvaro Uribe
(Colombia) y Álvaro Colom (Guatemala) el 15 de enero
de 2009 para finalizar y respaldar una Declaración
que lanza la propuesta de preparar un instrumento
abierto a todos los Estados miembros de la región a
reforzar la cooperación bilateral y multilateral con
el fin de combatir eficazmente la delincuencia
organizada, especialmente el contrabando de drogas y
de armas, la trata de personas, el blanqueo de
dinero y otras actividades delictivas.
Blanqueo de dinero,
delincuencia organizada y terrorismo en la región.
Unido al narcotráfico y a las
operaciones de la delincuencia organizada
relacionadas con él está la capacidad de blanquear
dinero de los grupos delictivos. México,
Centroamérica y el Caribe reciben una cantidad
masiva de remesas y es frecuente la introducción
clandestina de grandes cantidades de moneda
estadounidense a través de México y Centroamérica.
Tanto Panamá como El Salvador han dolarizado sus
economías, y el uso del dólar en Panamá es una razón
clave por la que el país sea tan atractivo para el
blanqueo de dinero. Históricamente, el Caribe es
susceptible al blanqueo de dinero por varias
razones. Lleva mucho tiempo dedicándose a
proporcionar servicios financieros en el exterior a
los mercados estadounidenses y europeos, pero debido
a su pequeña capacidad estatal, no ha contado con
suficientes recursos de vigilancia. Físicamente está
ubicado junto a una de las vías principales de la
droga y el dinero en efectivo del mundo. El sector
turístico genera numerosos negocios basados en el
dinero en efectivo por los que puede circular el
dinero sucio sin ser detectado.
En relación con el terrorismo
en la región, al igual que en ciertas zonas del
África Subsahariana, las diferencias sobre el
terreno entre las sectas musulmanas chií y wahhabí y
salafi stas sunníes parecen superadas por alianzas
tácticas, sobre todo en relación con la circulación
de dinero y la obtención de servicios como
documentos de identidad falsos. Según Doublas Farah,
autor de The Growing Terrorism Challenges from Latin
America, en América Latina, Hizbulá (chií) y Hamás (sunní)25
han desarrollado estructuras financieras complejas
—aunque poco estudiadas—, en su mayor parte a través
de las casas de cambio no reguladas y de las zonas
de libre comercio de determinadas partes de la
región, como la zona de libre comercio de Colón de
Panamá, Isla Margarita en Venezuela, Ciudad del Este
en Paraguay, la zona de libre comercio de Aruba y
otros. Según este autor, la estructura general que
permite que estos grupos trabajen juntos es la
Hermandad Musulmana internacional, el único grupo
panislamista que funciona desde hace varias décadas
como puente entre las dos facciones. Esto no es más
que un ejemplo de todo el espectro de la amenaza
terrorista en la región.
También hay indicios, en forma
de inscripciones de sociedades, de que estos grupos
delictivos han establecido decenas de empresas en el
exterior en Panamá y el Caribe. Además, estas
empresas delictivas parecen tener tratos financieros
con bancos concretos que a menudo están también
implicados en actividades de blanqueo de dinero para
carteles de la droga y otras transacciones ilegales.
En el Caribe, estos grupos
delictivos tienen un largo historial de actividades
bancarias que se remontan a 1982, cuando líderes de
la delincuencia abrieron una serie de bancos,
compañías de seguros y empresas fantasmas.
Globalmente, estos bancos manejan miles de millones
de dólares en transacciones e inversiones, según
altos cargos del sector antiterrorista
estadounidense.
Por otra parte, a las
autoridades de la región les preocupa la
“influencia creciente” de
grupos radicales islámicos como amenaza para la
seguridad marítima del Caribe, además de
preocupaciones más tradicionales como las bandas
organizadas, la inmigración ilegal y el
narcotráfico.
Soluciones globales para un
desafío regional: ¿Está David preparado para
combatir eficazmente contra Goliat?
El continente americano tiene
un problema con la droga y la delincuencia: América
del Sur produce casi toda la cocaína del mundo y
América del Norte consume la mitad de ella (mientras
que el resto va a parar a Europa). El hemisferio
americano produce más de la mitad del cánnabis del
mundo y el 10 por ciento de los norteamericanos lo
fuma por lo menos una vez al año. El comercio
ilícito de heroína, drogas sintéticas y precursores
químicos se produce sobre todo dentro de la misma
región. En resumen, la demanda de drogas de América
es cubierta en gran parte por la oferta de América
y, por tanto, el problema debe ser tratado como una
cuestión de seguridad hemisférica.
Las víctimas son los países y
comunidades atrapados entre dos fuegos. La
delincuencia relacionada con las drogas y la
violencia que esta alimenta en Centroamérica, partes
del Caribe y México son una amenaza para la
seguridad pública y un obstáculo para el desarrollo;
el mayor temor de los inversores públicos y
extranjeros.
Una aplicación endeble de la
ley permite el narcotráfico, lo que, a su vez, sirve
para debilitar aún más el Estado de derecho. No es
ninguna casualidad que los países más afectados por
el narcotráfico tengan algunos de los índices de
asesinato más elevados del mundo. El narcotráfico
también representa una amenaza para la seguridad
urbana, desde Toronto hasta Tierra del Fuego. La
violencia de las bandas en Centroamérica y el Caribe
y la delincuencia relacionada con las armas de fuego
aumentan, hasta el punto de que algunos barrios se
han convertido en zonas de combate.
El problema está extendiéndose
al otro lado del Atlántico. África Occidental sufre
el ataque de los narcotraficantes latinoamericanos
que se aprovechan de la fortaleza del euro y de la
demanda creciente de cocaína en Europa. En los
últimos cinco años, la cantidad de cocaína que
circula por esta vulnerable línea costera ha
aumentado a un ritmo exponencial.
Abordar la amenaza del
narcotráfico en el continente americano es una
responsabilidad compartida. Ningún país es inmune al
problema: todos participan en él, sea como fuente de
drogas, país de tránsito para el tráfico o como
importador. La naturaleza transnacional del problema
exige la cooperación regional, por ejemplo a través
de las Naciones Unidas, la Iniciativa de Mérida, la
CARICOM, la Organización de Estados Americanos y los
bancos de desarrollo regional. También exige
compartir más la información entre regiones, por
ejemplo entre África Occidental y América Latina.
La asistencia bilateral e
internacional puede reducir la vulnerabilidad frente
a las drogas y la delincuencia. Esto incluye
asistencia para el desarrollo destinada a promover
la educación, el empleo, el desarrollo rural y la
renovación urbana. También requiere asistencia
técnica para mejorar la capacidad y la integridad en
la aplicación de la ley y los sistemas de justicia
para que puedan brindar mejor protección a testigos,
contrarrestar el tráfico, luchar contra la
corrupción y el blanqueo de dinero, proteger los
derechos humanos, combatir la violencia de las
bandas y enfrentarse a la grave delincuencia
organizada.
Desde una perspectiva regional,
Centroamérica, México y el Caribe afrontan
actualmente la doble (a través del Caribe y de
Centroamérica) que llega a Europa a través de África
Occidental, al mismo tiempo que reduce las
actividades de las bandas callejeras y combate
eficazmente a la delincuencia organizada en todos
sus frentes activos.
Reforzar el Estado de derecho
puede dar rienda suelta al desarrollo, pues la
reducción de la delincuencia representa el aumento
del crecimiento y de la estabilidad. Por ejemplo,
Haití y Jamaica podrían duplicar sus ingresos
económicos anuales si consiguieran reducir sus
índices de delincuencia al nivel de Costa Rica.
Hacen falta una aplicación de la ley más eficaz y
una mayor cooperación para hacer frente al
narcotráfico en Centroamérica, México y el Caribe.
La UNODC está trabajando muy estrechamente con los
gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México en
la elaboración de un plan de acción para la región
basado en la creación de centros de excelencia
especializados en sofisticadas técnicas de
vanguardia de seguridad marítima, antidelincuencia
organizada, antiblanqueo de dinero, actuaciones
antinarcóticos y cooperación judicial. Partes
interesadas clave en la región, como Estados Unidos,
Canadá y la Unión Europea comparten también la
responsabilidad de respaldar este proceso en curso.
La UNODC ha establecido
asimismo una asociación estratégica con la CARICOM y
el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
en el Caribe y Centroamérica, respectivamente, para
reforzar la seguridad y el Estado de derecho en
estas regiones prioritarias.
Recomendaciones de política:
- Centroamérica, México y el
Caribe afrontan actualmente una amenaza que
representa un desafío en términos de narcotráfico y
delincuencia organizada. Este panorama exige con
urgencia un plan de acción que aborde el aumento del
uso por el narcotráfico de una ruta doble (a través
del Caribe y de Centroamérica) que llega a Europa a
través del África Occidental, al mismo tiempo que
reduzca las actividades de las bandas callejeras y
combata eficazmente la delincuencia organizada en
todos sus frentes activos.
- Al combatir esta amenaza,
México y los países de Centroamérica y el Caribe
consolidarán su desarrollo económico al mismo tiempo
en que afiancen sus democracias y multipliquen sus
industrias de servicios (especialmente el turismo)
con un potencial enorme de crecimiento en
Centroamérica y el Caribe. Por ejemplo, Haití y
Jamaica podrían duplicar sus ingresos económicos
anuales si lograsen reducir sus índices de
delincuencia hasta el nivel de Costa Rica y México
se convertiría por fin en un motor de crecimiento en
América Latina y el Caribe.
- En este contexto, hace falta
una estrategia de seguridad holística para el
Caribe, que debe ser elaborada por los países de
CARIFORUM (la CARICOM más Cuba y la República
Dominicana) con la asistencia técnica de la UNODC y
otras partes claves interesadas.
- Centroamérica necesita
también un plan de acción a medida para reforzar el
Estado de derecho y combatir eficazmente la
delincuencia organizada y el narcotráfico basado en
la creación de centros de excelencia en la región,
así como en la estrecha colaboración con Estados
Unidos y Europa.
Fuente Fride
Bio
autor: Francis Maertens
Actualmente, Maertens está liderando una reforma
interna y operacional basada en la vertebración de
programas integrados regionales y temáticos y en una
eficiente movilización y utilización de recursos con
el objetivo de maximizar la eficacia de UNODC
multiplicando el espectro de servicios en regiones
prioritarias.
Bio
autor: Amado Philip de Andrés
Amado
Philip de Andrés es representante regional adjunto
para África Occidental y Central de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
LA
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