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La militarización
de América Latina
por Carlos Miguélez Monroy
La militarización de América
Latina podría servir a los intereses
del narcotráfico y a las empresas armamentísticas.
También peligran progresos
importantes en
democracia y
desarrollo.
El gasto militar en América
Latina ha aumentado en un 90% desde 2003, según el
Instituto Internacional para Estudios Estratégicos.
El gasto incluye los 100.00 rifles AK 103 que
Venezuela le compró a Rusia, los 300 tanques
Leopardo de Chile y los 10 millones de dólares que
Bolivia ha invertido en su Academia Militar Naval,
aunque el país no tenga salida al mar.
Por otro lado, ha nacido el
Consejo de Defensa Sudamericano. Este paso se podría
entender como una medida para asegurar el respeto a
la soberanía, a la autodeterminación y al derecho de
no intervención en los asuntos internos del
continente. El reciente bombardeo del ejército
colombiano a campamentos de las FARC en territorio
ecuatoriano y las disputas territoriales entre
distintos países dejan aún latente una “necesidad”
que en estos tiempos se creía superada.
El gasto en armamento podría
poner en peligro la seguridad y la soberanía si las
metralletas acaban en manos del crimen organizado.
Esta posibilidad no es descabellada si se toma en
consideración la capacidad económica, la falta de
escrúpulos de los cárteles del narcotráfico y la
corrupción. En México, miles de soldados han
abandonado el ejército para ponerse al servicio del
narcotráfico, que les ofrecen sueldos diez veces
superiores.
Al Gobierno de Estados Unidos
le preocupan las incursiones de las bandas
criminales a su propio territorio. En la medida que
asciende el número de muertos en las fronteras en
manos del crimen organizado, surgen nuevas voces que
cuestionan la capacidad de México para hacer frente
a los cárteles del narcotráfico. Hace unos días, el
diputado texano John Culberson dijo que México es
más peligroso que Irak. Algunas fuentes incluso
hablan de un posible Estado fallido. Al presidente
de México le vuelven como un boomerang sus propias
declaraciones de ‘mano dura’ frente al narcotráfico
cuando asumió la presidencia en 2006.
El ejecutivo de Estados Unidos
empieza a barajar una posible cooperación con su
país vecino para hacer frente a la lucha contra el
narcotráfico. Hablar de ‘cooperación’ plantea el
problema como lo que es: un problema donde ambos
países juegan un papel y tienen una responsabilidad.
Una solución militar por parte
de Estados Unidos o de la comunidad internacional
costaría miles de millones de dólares en (más)
armamento y entrenamiento militar. Por eso el
presidente Calderón insiste en que ‘cooperación’ no
equivale a un nuevo ‘Plan Colombia’.
La parte de responsabilidad de
Estados Unidos en el asunto queda expuesta por unas
investigaciones de The New York Times. Éstas relatan
cómo unas armas incautadas después de un tiroteo
llevó a los investigadores hasta una tienda de armas
en Phoenix, Arizona. Al dueño de la tiendo se le
acusa de vender centenares de armas a
contrabandistas con el conocimiento de que acabarían
en manos de narcotraficantes.
En cuanto a la droga, ¿en manos
de quién acaba una vez que cruza la frontera? ¿Quién
la distribuye? Así como nadie fuerza a los
ciudadanos norteamericanos a consumir droga, cuesta
creer que la capacidad logística del FBI y de la DEA
no tengan alcance suficiente para actuar en
territorio norteamericano. Sin esas respuestas,
quedaría en duda el papel de la policía y del poder
judicial norteamericanos.
Para la cooperación que propone
Obama, Estados Unidos tendrá también que replantear
su laxitud en la venta de armas, algo que se
presenta difícil en un país donde la facilidad para
comprar armamento se considera un derecho de los
ciudadanos. Además, la militarización tanto de los
Estados latinoamericanos como del crimen organizado
beneficia a los principales exportadores de armas:
Estados Unidos, Rusia, Francia y España, entre
otros.
Sin embargo, ninguno de estos
planteamientos exime a México ni a los países
Latinoamericanos de su responsabilidad a la hora de
enfrentarse a su propia corrupción, impunidad y
debilidad de sus instituciones. Cuestiones que sólo
podrán erradicar profundas reformas educativas,
institucionales y de lucha contra la pobreza para
que no se tenga que blindar siempre a las mismas
élites de la violencia, un fruto de la injusticia
social.
Periodista español
ccs@solidarios.org.es
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