Argentina: el día de la
justicia por maza propia
por Emilio Ruchansky

Al cerrarse la última semana todavía continúan en Argentina los ecos y la polémica sobre la construcción de un muro que había levantado el intendente de San Isidro

y que los vecinos de San Fernando destruyeron.

Este nuevo caso de un fenómeno que parece estar de moda en las sociedades contemporáneas ya que se han levantado muros en Israel, EE.UU. en la Frontera con México en Brasil para separar una Favela de Rio y ahora en plena ciudad de Buenos Aires. Lo que sigue es la crónica del periodista Emilio Ruchansky para el diario Página12, a horas que el muro del intendente de San Isidro fuera derribado.

A la mañana, chicos y no tan chicos la emprendieron con martillos y mazas contra el muro. La policía no intervino. Luego llegó la orden judicial de frenar la obra. Posse acató, aunque ratificó su idea. Crónica de una jornada a puro mazazo.

Las abuelas fueron con sus nietos, los pibes llevaron mazas y cortafierros, veinte policías miraron la escena de cerca sin atinar a interrumpirla: eran las 10.45 cuando un mazazo quebró el silencio y el muro. Los bloques de cemento sobre la calle Uruguay no estaban amurados al piso sino a las columnas de acero; no hacía falta estudiar mucho el asunto, bastaba con golpear esas juntas para que cayeran los últimos cinco bloques. Y cayeron ayer, antes de que saliera el amparo judicial para frenar la construcción, antes de la visita del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, que había prometido la suspensión de la obra hasta el lunes. El muro se levantó arbitrariamente; tirarlo, para los damnificados, fue una especie de justicia por maza propia.

El derrumbe fue aplaudido por todos los presentes, incluyendo a los muchachos del sindicato de camioneros de la zona, que se sumaron a la volteada. A un costado de la calle Uruguay, que separa o une –según cómo se mire– San Fernando de San Isidro, el subsecretario de Planificación del primero de esos municipios charlaba con la prensa. “La situación no es sencilla”, explicaba. “El muro nos genera un problema violento, pero tenemos que agotar todos los carriles para que la situación se resuelva con cordura y tranquilidad.” Diego Rossi, el funcionario en cuestión, había ido para hablar con los vecinos y ratificar el rechazo de las autoridades a esa medida adoptada por el municipio de San Isidro para “proteger” el vecindario.

Al rato pasó Stornelli, custodiado por uniformados y funcionarios. Fue para inspeccionar el lugar por orden del gobernados Daniel Scioli y charló con los vecinos, que le dedicaron un largo aplauso. Prometió usar “el poder de policía” si vuelven a levantar el muro. “Es una locura que hay que frenar lo antes posible, esto no puede existir en la mente de nadie”, dijo. Luego aseguró que la Municipalidad de San Isidro “no tiene jurisdicción sobre la vía pública para impedirla ni para cercar barrios ni dividir gente”. Lo acompañó el intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro, quien sostuvo que la inseguridad “la sufren en mayor medida los más pobres que los más ricos”.

Pasado el mediodía, uno de los carriles había sido liberado y apareció una pala mecánica de la misma compañía que instaló el muro, pero con pretensiones de llevarse los bloques de cemento desparramados sobre la calle. Fue una lucha desigual. El operario utilizó una garra metálica que está en la parte de atrás del vehículo, pero sólo consiguió desplazar los bloques. Luego, con una uña de la garra, quiso sacar los restos de las columnas de acero. Tampoco tuvo éxito. Una señora veía la escena y le decía a otra: “Fijate cómo le cuesta a la máquina y cómo lo sacaron los guachos, así nomás, de una”.

A la vuelta, sobre la calle Antártida Argentina, un grupo de chicos de entre 8 y 15 años se desquitaban con dos pilas de bloques de cemento depositados sobre la vereda. Jonathan los rompía con una gran adoquín que apenas podía levantar, Nicolás le daba con una maza de mango largo como las que se usan para tumbar paredes, Mauricio golpeaba con un martillo de carpintero, Lucía le pegaba a los bordes con maza y punta, Matías intentaba con un garrote, Ariel y Federico daban vuelta los bloques para destruirlos contra el piso. Todos festejaban, como si estuvieran en Carnaval tirándose bombitas.

En la esquina de Uruguay y Carlos Tejedor, un camión de Cliba, pagado por el municipio de San Fernando, se disponía a borrar los rastros. Tenía una mano mecánica con dos garras en forma de pinza, que elevaban los bloques y los depositaban en el acoplado del vehículo. La gente aplaudía, se abrazaba, se besaba. Más allá, un operario cortaba las columnas de acero con una amoladora; otro iba detrás y golpeaba la base de metal hasta abollarla. Seguían los aplausos y un solo canto: “¡Nunca más!”, ¡Nunca más!”.

Graciela Lescano, una abuela de 80 años que vive del lado de San Isidro, miraba la escena emocionada. Ella estuvo el viernes pasado en una reunión hecha en la iglesia del pastor Castro, sobre esa misma calle, adonde acudió pensando en que discutiría un proyecto para solucionar las inundaciones en el barrio. Sin embargo ese encuentro pautado con Miguel Beliz, del área de Desarrollo Social de su municipio, era para hablar del muro, cuya construcción ya había comenzado del otro lado del calle Carlos Tejedor sin que nadie lo sospechara.

En la reunión estaban los 33 frentistas que según el intendente Gustavo Posse, impulsor de la medida, fueron quienes solicitaron el muro. “Eso no es cierto”, dijo la abuela. “Nadie en la cuadra estaba de acuerdo. Yo escuché un rato lo que decía Beliz y los otros tres hombres de la municipalidad que estaban. Pero enseguida me levanté y me fui indignada. Decían que entre calle y calle iban a poner molinetes para que pasaran los vecinos, y cámaras de seguridad.”

Su hija Magdalena se quedó hasta el final de la reunión junto a su marido. Preguntó si había espacio para que pasaran los bomberos o las ambulancias. Le dijeron que no. Después preguntó si iban a sacar los árboles y le dijeron que no, que si molestaban “los corrían”. Después preguntó por el recorrido de los colectivos y enseguida Beliz la cortó en seco. “Estás haciendo demasiadas preguntas.” Su marido levantó la voz y dijo lo que muchos pensaban: “¿Esta reunión es para pedirnos nuestra opinión o solo para informar? ¡Para qué carajo nos invitan si esto ya estaba decidido de antes!”.

Lescano, su hija y Silvia Maidana, otra vecina que se sumó a la charla y vive en la vereda de la discordia, juraron que casi ninguno de los 33 frentistas estuvieron de acuerdo. Las tres aclararon los tantos con sus vecinos de San Fernando cuando se desató el conflicto. Después supieron por el intendente del distrito de enfrente que había un petitorio firmado por doce familias a seis cuadras de ahí, en el lujoso barrio La Horqueta. Maidana aseguró que al terminar la reunión le advirtió al funcionario de Desarrollo Social que tenía que avisar a los vecinos porque iba a haber mucha resistencia. “Me dijo que iban a volantear, me mintió.”

Cuatro días después, su pronóstico se cumplió. Cuando los vecinos se toparon con las rejas montadas sobre los bloques de cemento, apedrearon a los operarios y tiraron las rejas. Al otro día, hicieron palanca con las columnas de acero que quedaron en pie, mientras la guardia de Infantería protegía el último tramo de cemento. Ayer, terminaron de tirar el muro erigido bajo la política de los hechos consumados.

Esa lógica, cuyo lema es “construir primero, negociar después”, también sucedió (y sucede según contaron varios vecinos) en la avenida Boulogne Sur Mer, que divide las localidades Pacheco y Don Torcuato. Allí, un grupo de propietarios de muy buen nivel adquisitivo pusieron tranqueras en las calles de salidas de las cuatro manzanas en las que viven. Y las cierran de noche ante la complicidad policial.

A estas estrategias se contrapuso la de los vecinos de San Fernando, que destruyeron lo hecho antes de que se expandiera, pese al riesgo de ser reprimidos. Siguieron ese viejo dicho: “A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso”.

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