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Lula, la crisis económica,
Dilma Rousseff y el futuro
por
Fernando Gualdoni
La Samba no cesa
El gran interrogante de los
países ante la crisis económica no es si los
golpeará, sino en qué medida. Ninguno saldrá ileso,
pero las magulladuras dependerán de lo preparados
que estén y de cómo gestionen sus recursos. Pese a
que tiene un millón más de parados desde que estalló
el 'crash', el gigante suramericano está pertrechado
para capear el temporal, mejor que en anteriores
ocasiones.
Con unas reservas de más de
200.000 millones de dólares (unos 157.000 millones
de euros), una economía sólida y un ambiente
político estable, Brasil parece tener medios
suficientes para contrarrestar el desplome de los
precios de las materias primas. Los cultivos, las
carnes y la minería, que representan el 30% de sus
exportaciones, han sido un pilar de la espectacular
expansión económica de los últimos cuatro años.
“Entramos los últimos en la crisis y saldremos los
primeros”, dijo Lula el pasado 2 de marzo, el mismo
día en que la agencia de calificación financiera
Fitch afirmó que Brasil era uno de los países mejor
situados para hacer frente a la debacle mundial.
No cabe duda de que la
contracción del PIB de Brasil se sentirá. Ningún
Estado pasa de crecer en torno a un 5% de media
anual a poco más del 1,5% sin sentir el golpe. Habrá
un desplome del consumo, y la economía sufrirá,
sobre todo, por la escasez del crédito y de las
inversiones. Pero tiene un as en la manga: el Banco
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES),
la segunda mayor entidad de fomento del mundo tras
el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD), tiene suficientes fondos para financiar el
programa de inversiones públicas en
infraestructuras, similar al plan de estímulo puesto
en marcha por el presidente Obama en Estados Unidos.
Brasilia tenía ya uno mucho antes de que Washington
pensara en el suyo propio e incluso antes de que la
crisis arreciara.
El Programa de Aceleración del
Crecimiento (PAC) prevé una inversión de 500.000
millones de dólares durante cinco años para
construir y renovar carreteras, ferrocarriles,
puentes, puertos, presas hidroeléctricas, entre
otras obras, en todo el país. El programa, bien
implementado, supone un aumento de los desembolsos
en infraestructuras desde el 1% hasta entre el 6% y
el 9% del PIB, una cifra que acercaría a los
brasileños al nivel de inversión pública que tienen
los indios o los chinos, los otros jugadores de este
equipo de grandes economías emergentes. El paso es
crucial para Brasil, cuyo desarrollo siempre ha
estado lastrado por sus deficientes
infraestructuras. La ejecución de este plan está
prácticamente en manos de Dilma Rousseff, la jefa de
Gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y
candidata a competir por el puesto de su jefe desde
el Partido de los Trabajadores (PT). A finales del
año pasado, Rousseff afirmó que el PAC iba a ayudar
a Brasil a superar los efectos de la crisis porque
se trata de un “gran instrumento” para el
mantenimiento de las políticas llamadas
anticíclicas, es decir, aquéllas de las que se echa
mano en periodos de contracción económica y que se
financian con las reservas acumuladas durante los
tiempos de bonanza.
Muchos expertos creen que el
PAC será clave en los próximos años para paliar los
efectos de la crisis en el sector de la agricultura
a raíz de la bajada de los precios de las materias
primas. La industria agrícola, tanto para la
producción de alimentos como de biocombustibles, ha
creado miles de puestos de trabajo en los últimos
cinco años. Este fenómeno, que ha contribuido a
reducir la pobreza extrema y la inequidad en las
zonas rurales, tenderá a reducirse drásticamente
este año y el próximo, según varios informes de
bancos privados sobre el futuro a corto plazo del
país. No obstante, el mercado del etanol es lo
suficientemente robusto como para seguir dando
empleo, tanto en el sector agrícola como en el
industrial.
A pesar de los recientes
descubrimientos de gigantescos yacimientos de crudo
bajo las aguas del Atlántico, Brasil no da señales
de que su apuesta por el etanol vaya a menguar. En
el país ya hay 400 plantas de producción de este
carburante con caña de azúcar, el 87% en el centro y
en el sur. Dentro del PAC, además, se prevé la
ampliación del número de estas fábricas, y Petrobras
ya ha decidido que vale la pena construir oleoductos
para distribuir etanol. El 85% de la producción de
biocarburante se consume en casa, y el porcentaje
restante se exporta a Asia. La ley, además, refuerza
el uso de los biocarburantes: cada litro de gasolina
que se vende tiene que contener un 25% de etanol
(E25, en vigor desde julio de 2007). Aparte de esto,
el 70% de los vehículos que circulan por Brasil
puede usar tanto gasolina como etanol, y cuenta con
una amplia red de distribución territorial (más de
35.000 puntos de venta). El país suramericano
fabrica en sus plantas más de 70 modelos diferentes
de vehículos que pueden usar gasolina o etanol,
indistintamente.
La bandera del etanol fue una
de las cuñas con las que Brasil se abrió paso en la
escena internacional en los últimos años. Aprovechó
bien la escalada del precio del petróleo –que llegó
a rondar los 150 dólares en el primer trimestre de
2008– para situarse en el centro del debate
energético mundial con un producto que funciona y
que es posible producir masivamente. El auge de las
discusiones sobre las ventajas y los inconvenientes
del uso de los biocombustibles le sirvieron, a su
vez, a Brasilia para redoblar sus esfuerzos en la
madre de todas sus batallas diplomáticas: el libre
comercio. El gigante lleva cinco años dando guerra
para derrumbar los sistemas de ayuda que los países
ricos dan a sus agricultores y ganaderos. Esta
lucha, que se libra en el marco de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), ha dado pie al famoso
G-20, originalmente un grupo de países encabezados
por Brasil, China, India y Suráfrica que plantó cara
a EE UU y a la UE en el tira y afloja con el
objetivo de dar cuerpo a un nuevo proceso de
liberalización del comercio mundial para ampliar el
Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, en
inglés), creado en 1947 y renovado en 1994. Hoy, el
debate sobre el futuro de la economía mundial entre
los ocho países más ricos (G-8) es inconcebible sin
la presencia del G-20.
La heredera: Lula da Silva con
su favorita y jefa de Gabinete, Dilma Rousseff, que
podría sucederle en 2010.
A mediados del año pasado,
cuando la crisis ya se olía pero aún no se habían
hundido públicamente Lehman Brothers, AIG y las
otras entidades financieras y empresas que han
forzado a los gobiernos de todo el mundo
desarrollado a salir al rescate de sus economías con
ingentes cantidades de dinero público, Brasil aún
tenía la esperanza de que ese nuevo proceso de
apertura del comercio mundial, tan favorable para
sus exportaciones de materias primas, estuviera al
alcance de la mano. Brasilia y Washington se habían
puesto de acuerdo para desbloquear las negociaciones
comerciales y sólo quedaban un par de detalles que
debían zanjar la Casa Blanca y el Gobierno de Nueva
Delhi. Pero la crisis echó por tierra el proceso, y
el planeta, en vez de abrirse a los intercambios
globales de mercancías y servicios, se está cerrando
sobre sí mismo. Hay una nueva oleada de
proteccionismo económico que se extiende por el
mundo desarrollado, y Brasil está empeñado, desde su
atalaya del G-20, en que no se levanten nuevas
barreras comerciales.
El problema es que el nuevo
tipo de proteccionismo no tiene los usos y modos del
viejo. No hay subida de aranceles ni se establecen
cuotas a las importaciones, sino que se vinculan las
ayudas públicas a la manutención de los empleos
locales o a que reinviertan los fondos sólo dentro
del país que los concede. El llamado “nacionalismo
económico” es la mayor amenaza contra la ampliación
de la libertad comercial que quieren Brasil y otros
grandes exportadores de alimentos, como Australia,
Canadá o Argentina, o gigantes de la manufactura
como China o India. Aunque EE UU y Europa se hayan
manifestado en contra del nuevo proteccionismo, todo
el mundo sabe que en la práctica hay mil formas de
disfrazar las ayudas desleales en el comercio
internacional. Aun cuando puedan ser detectadas y
denunciadas ante la OMC, suelen durar el suficiente
tiempo como para provocar distorsiones en los
mercados que pueden llegar a hundir o dejar al borde
de la quiebra a uno o varios sectores en los países
perjudicados, que por regla general suelen ser los
menos desarrollados. Brasil es lo bastante fuerte
como para que el proteccionismo lo hunda, pero no
tanto como para que su economía, ya golpeada por la
falta de crédito internacional, no resienta el
levantamiento de nuevas barreras al comercio.
La situación, proclamó
recientemente la superministra Rousseff ante un
nutrido grupo de inversores extranjeros, es buena
porque el país ha logrado romper “el círculo vicioso
de la década de los 90”, cuando el Gobierno
brasileño estaba forzado a recurrir al Fondo
Monetario Internacional (FMI) siempre que había una
crisis internacional para, entre otras cosas,
recomponer los niveles de reservas financieras. En
aquella época, una crisis externa se convertía en
una crisis del tipo de cambio, generaba un agujero
fiscal y llevaba el déficit por cuenta corriente a
niveles insostenibles. Brasil se arruinaba y el
Gobierno, en vez de ser parte de la solución, era
parte del problema. Cuando se recurría al FMI, éste
exigía una reducción del gasto, sobre todo en
inversiones en infraestructuras. De inmediato, se
abandonaban las obras y se producía una crisis
energética. “Esto se acabó”, sentenció la jefa de
Gabinete.
Brasilia ha invertido los
últimos diez años en consolidar la estabilidad
macroeconómica; tanto es así, que ha sacrificado el
ritmo de crecimiento. Mientras otras economías
emergentes, como China o India, crecieron al 7% o al
8% anual, el gigante suramericano lo hizo a una
media del 4%. Hay una clara cronología del trabajo
que han hecho los brasileños para reforzar la
solidez de su economía. Tras la crisis asiática de
1998- 1999, cuyo contagio acabó derrumbando las
monedas rusa y brasileña, el entonces presidente,
Fernando Henrique Cardoso, echó mano de dos alfiles
supremos para darle la vuelta a la economía. En el
Ministerio de Hacienda puso a Pedro Sampaio Malan, y
en el Banco Central, a Arminio Fraga Neto. El dúo
dio el impulso que necesitaba el Plan Real
instaurado en julio de 1994 por el ex presidente
Itamar Franco y del que Malan era autor junto a
otros seis cerebros de la economía brasileña, entre
ellos el reconocido Edmar Bacha, para muchos el
padre del programa económico.
Para el siguiente cimbronazo,
el de 2002 –año de la peor crisis financiera de la
vecina Argentina–, Brasilia pudo hacer frente al
temor de los mercados que esperaban que el país
acabara aplastado por la deuda pública. A partir de
entonces, el objetivo del Gobierno fue el de reducir
la deuda en dólares, hacer el mayor acopio posible
de reservas en divisas extranjeras y mantener a raya
la inflación. El ex ministro de Hacienda Antonio
Palocci, el primero de la era Lula, afiliado al
Partido de los Trabajadores, no sólo no cambió un
ápice la marcha de la economía, sino que profundizó
las reformas puestas en marcha por la oposición
socialdemócrata. Palocci fue tan o más riguroso que
los creadores del Plan Real a la hora de
continuarlo, y fue duramente criticado por el ala
más de izquierda del PT y de los movimientos afines
al partido de Lula, como el Movimiento de los Sin
Tierra (MST).
Rousseff ha elogiado “la lucha
por la estabilidad” del ministro Palocci, y su
opinión ha irritado aún más a la izquierda más
tradicional del PT. El más sonado de los choques de
la preferida de Lula fue el que la enfrentó a Marina
Silva, la ex ministra de Medio Ambiente, una férrea
defensora de la preservación de la Amazonía. El
enfrentamiento de Silva con la superministra
Rousseff es el mejor ejemplo de la fractura entre
los políticos que permanecen fieles a la ideología
del partido y los que abrazan una economía de
mercado, aunque vigilada por el Estado. El plan de
crecimiento económico acelerado choca de frente con
la protección del medio ambiente. Silva se estrelló
una y otra vez dentro del Gabinete encabezado por
Rousseff. Bajo sus narices el Gobierno aprobó las
siembras de productos transgénicos, la construcción
de grandes centrales hidroeléctricas –en especial
las del río Madeira, en la frontera con Bolivia–,
las nuevas carreteras y puentes en la región
amazónica y la reactivación del programa nuclear.
Silva perdió la paciencia y se marchó.
Los enfrentamientos entre Silva
y Rousseff son clave para entender por qué
prácticamente no hay analista internacional que no
crea que el Gobierno de Lula puede gestionar, con
dificultad pero con firmeza, la crisis financiera.
Porque a la hora de elegir, Lula le soltó la mano a
Silva y se aferró a la de Rousseff, la que celebra
el ajuste del gasto público y la que ha impulsado
una política energética potente que ha llevado a
Brasil a descubrir el yacimiento de Santos, una
reserva submarina de petróleo que se calcula puede
llegar a tener 30.000 millones de barriles en
reservas, y que dará al país una suficiencia
energética que hasta hace unos años ni siquiera
había imaginado. Lula ya era popular cuando se hizo
este hallazgo, pero éste sin duda contribuyó a
elevar la buena imagen del presidente. Con el 80% de
popularidad, Lula es, probablemente, el dirigente de
un país que más respaldo tiene entre sus ciudadanos.
En marcha: fábrica de Brasil
Ecodiesel
Pocas cosas pueden explicar las
dos caras del PT y las constantes divisiones
internas dentro de la agrupación como la historia de
estas dos mujeres. Silva es hija de una familia de
seringueiros –recolectores de caucho– del poblado
amazónico de Breu Velho, a 70 kilómetros de Río
Branco, capital del Estado de Acre. Fue alfabetizada
por unas monjas a los 16 años y continuó estudiando
hasta cursar una carrera universitaria. Entró en la
política de la mano de Chico Mendes, una de las
primeras voces que se alzó para denunciar la
destrucción de la Amazonía brasileña y que fue
asesinado el 22 de diciembre de 1988, en una
emboscada montada por latifundistas y madereros a
los que acusaba de devastar la selva. Como
colaboradora de Mendes, Silva participó en 1984 en
la fundación de la filial de la Central Única de
Trabajadores (CUT) en Acre. Un año después, se
afilió al PT y fue elegida concejal de Río Branco,
el primer cargo público para el que postuló en su
vida política, que continuó en forma ascendente
hasta que conquistó un escaño en el Senado desde
1994 y hasta 2002, cuando Lula la puso al frente de
Medio Ambiente.
Dilma Rousseff
planeó espectaculares golpes de la guerrilla en los
años 60 y sufrió cárcel y tortura antes de hacerse
economista. Todo lo que aprendió, unido a su fama de
dura y trabajadora, quedó patente durante su etapa
al frente del Ministerio de Energía y Minas. Con
ella, Brasil afianzó su expansión en el sector
energético tradicional –Rousseff preside el Consejo
de Administración de Petrobras– y se convirtió en el
rey de los biocombustibles con la masiva producción
de etanol. De esta cartera fue ascendida a
superministra en reemplazo de José Dirceu, otro ex
preso político y guerrillero, que dejó el Gobierno
en medio de denuncias de pago de sobornos a
diputados aliados del PT.
Nacida en 1947 en el Estado de
Minas Gerais, Rousseff empezó su militancia en el
trotskismo, pero se sumó en 1969 a la maoísta
Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares),
del mítico guerrillero Carlos Lamarca, un capitán
del Ejército que rechazó el golpe militar de 1964.
Planificó junto a su compañero Carlos Franklin
Paixao de Araújo (con quien tendría su única hija)
el robo de una caja fuerte que el gobernador
paulista Adhemar de Barros, identificado como un
símbolo de la corrupción, escondía en la casa de una
amante en Río de Janeiro, el 18 de julio de 1969. El
botín ascendió a 2,5 millones de dólares, un récord
para una acción guerrillera por entonces. Dos meses
después, Rousseff encabezó una disidencia favorable
a una reducción de las acciones armadas y dejó en
minoría a Lamarca. Las dos facciones se repartieron
las armas y el dinero.
En enero de 1970 Rousseff
fue detenida en São Paulo y torturada durante varios
días. Pasó tres años en la cárcel. Al salir, se
graduó en Ciencias Económicas por la Universidad
Federal de Rio Grande do Sul, y dos años después se
doctoró en Teoría Económica y Monetaria de la
Universidad Estatal de Campinas. Para entonces ya
era una miembro activa del Partido Democrático
Laborista (PDL), del caudillo Lionel Brizola,
fallecido en 2004. Durante el Gobierno de Alceu
Collares en Río Grande do Sul, entre 1991 y 1995,
fue nombrada secretaria de Energía. En 1998, Olivio
Dutra, miembro del PT, ganó las elecciones estatales
con el apoyo de PDL, y Rousseff regresó a su puesto.
En 1999, la coalición se rompió y el PDL pidió a sus
miembros que dejaran sus cargos; frente a esto,
Rousseff dejó el partido y se integró al PT,
continuando en el Gobierno.
La ruptura entre Brizola y Lula
en 2003 fue bastante agria. El veterano líder de la
izquierda brasileña criticó al presidente Lula por
“no estar cumpliendo con el pueblo”. Brizola se
oponía férreamente a la reforma del sistema público
de pensiones, y aun antes de que el divorcio de la
izquierda se hubiera consumado empezaron los
coqueteos de Lula con los viejos enemigos del
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB),
de centro, y el Partido Progresista, de derecha,
para sacar adelante su proyecto político. La
fractura entre el PDL y el PT, los escándalos de
corrupción que salpicaron por entonces al PT –que
acabaron con la carrera de Dirceu y encumbraron a
Rousseff– y las negociaciones bajo manga con la
derecha reacomodaron a la izquierda brasileña. Hubo
deserciones en todos los bandos. Así como Rousseff y
otros dejaron el ala radical hacia el centro,
políticos tan valiosos como el ex ministro de
Educación de Lula, Cristovam Buarque, transitaron el
camino inverso. Buarque acabó siendo candidato a la
presidencia en 2006 por el PDL, y el partido
recuperó un poco de peso en la política nacional.
Tras este repunte electoral, Lula volvió a invitar a
la agrupación de Brizola a colaborar con el
Gobierno, y ésta aceptó.
“Divergir, sim. Descumprir,
jamais. Afrontála, nunca (‘Disentir, sí. Incumplir,
jamás. Enfrentarla, nunca’)”, dijo en un histórico
discurso el diputado Ulysses Guimarães hace más de
veinte años, refiriéndose a la Constitución
brasileña que cerró la transición política que dejó
atrás la larga dictadura (1964-1985). Aquel discurso
marcó el inicio de la estabilización política y
jurídica brasileña tanto como el Plan Real marcó la
económica. Pocos ejemplos ilustran tan bien la
naturaleza política brasileña como Guimarães
–celebrado como uno de los políticos más influyentes
en la historia del país– y su partido, el centrista
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Es la
agrupación con más fieles seguidores de Brasil y,
sin embargo, jamás logró un presidente de la
República por voto directo.
Al mismo tiempo, de los seis
mandatarios de la democracia, cinco llegaron a
afiliarse al PMDB, al margen de que pertenecieran a
sus propias fuerzas. El único que no lo ha hecho es
Lula y, sin embargo, está tan cerca hoy de las tesis
centristas del PMDB como lo estuvieron sus
predecesores en el cargo. Moraleja: tanto si Dilma
Rousseff compite por la presidencia en 2010 como si
el PT es derrotado por los hoy socialdemócratas con
mayor popularidad, Aecio Neves (gobernador de Minas
Gerais) o José Serra (gobernador de São Paulo),
Brasil ya tiene una política económica, y seguirá
ciñéndose a ella. Es la mejor garantía para superar
la crisis.
Foto:
Dilma Rousseff
LA
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