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2da. Parte
El valor de la Cultura: Nueva
institucionalidad y reforma del Estado
por Lic.
Sergio Navatta

En un número anterior
el 435 realizábamos una propuesta que merece un
mayor desarrollo y fundamentación acerca del nuevo
Ministerio de Cultura y de una nueva
institucionalidad en el área de la educación.
La actual expansión
de las políticas culturales, la creciente
complejidad del diverso movimiento cultural y la
necesidad de una mayor legitimación en la toma de
decisiones, se ha dado frente a una estructura
político-Institucional que no ha permitido una
participación efectiva en el diseño de instituciones
más democráticas. En este período de gobierno se ha
avanzado mucho, con una mayor apertura en respuesta
a demandas, necesidades y sensibilidades ciudadanas,
pero encontrándose aún inmersa dentro de un sistema
que, a pesar de proyectos de descentralización,
resulta todavía insuficiente la participación y el
control ciudadano.
La definición de
acciones culturales por parte del Estado, deberá
orientarse de manera participativa y concertada, con
políticas culturales de largo alcance, presupuesto
adecuado, con estrategias y racionalización de
recursos y procedimientos que lleven a líneas de
acción coincidentes con las realidades y
expectativas de los ciudadanos, que permitan
procesos de larga duración.
Decíamos que,
un Ministerio de Cultura, que
reafirme
la vital importancia del vínculo
existente entre la cultura y el desarrollo, que
logre una
mejor planificación, implementación, ejecución y
evaluación de las políticas culturales, que logre
una descentralización cultural, que logre una mayor
integración y coordinación entre las diferentes
áreas y servicios del Estado, que jerarquice el área
de la cultura dentro del gabinete de gobierno, que
promueva la difusión y el reconocimiento del valor
central de la cultura en el desarrollo integral del
ser humano, es ya hoy tan indispensable que se hace
impensable dilatar su concreción.
Un Ministerio de
Cultura, no implica necesariamente la creación de
otro ministerio, perfectamente se puede transformar
el actual Ministerio de Educación y Cultura en un
Ministerio de Cultura y darle a la educación una
nueva institucionalidad más acorde a las
características propias de nuestro sistema de
enseñanza descentralizado con consejos autónomos.
¿Por qué?
Todo sistema, en este
caso de educación, debe funcionar en interrelación y
articulación de todas sus partes hacia fines
comunes, sinergia que hoy no se estaría cumpliendo
cabalmente en el conjunto del sistema.
Al menos, debemos
considerar tres objetivos básicos de un Sistema
Nacional de Educación que deberían cumplirse:
1)
Coordinación y articulación
entre todas las partes que componen el sistema, con
fines, objetivos y metas claras para el conjunto del
sistema.
2)
Definición
y
elaboración de los lineamientos de las políticas
educativas hacia políticas de Estado, que permitan
un desarrollo coherente de la educación a través de
sus diferentes ramas con clara determinación de los
fines generales de la educación.
3)
Participación
representativa de todas las partes involucradas en
el proceso educativo, que en forma concertada
legitime la toma de decisiones y garantice la
aplicación de las políticas y el logro de los
resultados. En este sentido, no puede estar ausente
la opinión del Poder Ejecutivo en una materia tan
fundamental como la educación, buscando los
instrumentos adecuados para ello, pero que
garanticen las autonomías constitucionales de
nuestro sistema descentralizado de educación.
La actual estructura
institucional con un Ministerio de Educación no ha
dado respuestas satisfactorias a los objetivos
básicos del sistema educativo, que por otra parte,
no podría hacerlo con injerencia directa, sin violar
las autonomías de las diferentes ramas de la
enseñanza.
Un intento de lograr
estos objetivos mencionados, es la actual Ley
General de Educación 18.437 la cual amerita algunas
consideraciones.
En
la presente ley se crean nuevas instituciones,
varias comisiones que abarcan el amplio espectro del
sistema educativo, con una integración considerable
en número de miembros, como la Comisión Nacional de
Educación (COMINE) que se crea en el artículo 42, el
Congreso Nacional de Educación (art. 44) con una
integración amplia y plural que refleje
las distintas perspectivas de la ciudadanía en el
Sistema Nacional de Educación, una Comisión
Coordinadora del Sistema Nacional de Educación
Pública (art. 106) que a su vez integraría la
Comisión Nacional de Educación (COMINE), también se
crean Comisiones Coordinadoras Departamentales de la
Educación, en cada departamento del país, (Art. 90),
además de mantenerse los diferentes consejos de la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
como su Consejo Directivo Central, los Consejos de
Educación Inicial y Primaria, de Educación Media
Básica, de Educación Media Superior y de Educación
Técnico-Profesional (UTU), más, por otro lado, la
Universidad de la República.
La creación de varias
instituciones en el ámbito educativo y de una
Comisión Nacional de Educación, que abarcaría a todo
el ámbito de la enseñanza pública y privada, más
representaciones de trabajadores, empresarios,
estudiantes y organizaciones no gubernamentales
vinculadas a la educación, hacen aún menos necesario
el mantenimiento de un Ministerio de Educación, cuyo
espacio se ve disminuido por las competencias de las
instituciones existentes más la nuevas que se crean.
Por otro lado, la
función establecida en la ley para la COMINE tiene
carácter de asesoramiento y de consulta en los
siguientes cometidos: 1- Procurar la articulación de
las políticas educativas con otras políticas
públicas. 2- Integrar comisiones de asesoramiento o
de coordinación en temas vinculados a la presente
ley y a otras normas de la materia educativa. 3-
Propiciar foros, congresos y conferencias referidos
a temas educativos
En primer lugar, estos
cometidos no contemplarían los objetivos básicos
antes mencionados, no avanzándose sustancialmente en
la cuestión de fondo del sistema educativo y en
segundo lugar, serían recomendaciones, sugerencias y
asesoramientos que no obligarían a las partes
integrantes del Sistema Nacional de Educación.
Organigrama actual del
Ministerio de Educación y Cultura
Si observamos la
estructura actual del MEC, podemos ver con claridad
la distribución de los diferentes servicios que lo
componen y como resultaría un nuevo MEC a la luz de
la creación de un nuevo organismo, sobre el cual no
parece haber discusión, que abarque a los registros,
fiscalía y sistema carcelario.(léase Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, por ejemplo). Ya
actualmente el peso mayor lo tiene el área de la
cultura, con una Dirección de Cultura, Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos Históricos, Comisión
del Patrimonio Cultural, SODRE, Televisión
Nacional, Coordinación Centros MEC, Ciencia y
Tecnología, etc., una Dirección de Educación, una
Dirección de Derechos Humanos, Dirección General de
Secretaría y el resto Fiscalía, Registros, Asuntos
legales y Procuradurías. En números tendríamos
aproximadamente, área cultural: 45%, educación:
5,5%, resto 49,5% (incluida Dir. Gral. Secrataría).

De esta manera, con la
creación del nuevo organismo (Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos) se sacarían del MEC una serie de
reparticiones como: Dirección de Derechos Humanos,
Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y
Registrales, Fiscalía de Corte y Procuraduría
General de la Nación, Fiscalía de Gobierno (1º y 2º
turno), Dirección General de Registros y de Estado
Civil, Procuraduría del Estado en lo Contencioso
Administrativo. Por lo cual, el Ministerio quedaría
reducido prácticamente, salvo una Dirección de
Educación, al área cultural, más la Dirección
General de Secretaría.
En conclusión. ¿Qué
funciones específicas e indispensables cumpliría un
Ministerio de Educación, en este nuevo esquema?
En este esquema el peso
mayor lo seguiría teniendo el área cultural, con una
Dirección de Educación y el resto sería Cultura, en
donde quedaría la Dirección de Educación “colgada”
de un Ministerio de Cultura de hecho, ¿Qué función
específica y relevante tendría esta Dirección de
Educación como para ameritar el mantenimiento de un
Ministerio de Educación?
A la luz de la actual
estructura del sistema educativo, de su historia
descentralizada con autonomías y de un mayor
desarrollo en este sentido a partir de la Ley
General de Educación, una Dirección de Educación
sería irrelevante en un contexto estructural en
donde la definición de los programas de educación se
mantienen en las autonomías descentralizadas y las
coordinaciones en la COMINE y en las comisiones
coordinadoras respectivas.
De acuerdo a las
consideraciones mencionadas, una Secretaría de
Educación sería suficiente, para llevar adelante los
cometidos que le corresponderían dentro de un
Sistema Nacional de Educación, descentralizado y
autónomo como el nuestro.
LA
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