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Las bases
militares en Colombia
Una agenda de alta
tensión regional
por el
profesor Bernardo Quagliotti De Bellis
 El hecho que en la reunión de
Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas), realizada
en Quito el pasado 10 de agosto, los Cancilleres
asistentes habían decidido no incluir el tema del
acuerdo de Colombia con Estados Unidos, respecto a
la instalación de nuevas bases militares en
territorio colombiano, no impidió que el presidente
de Venezuela -no faltando a su costumbre- pusiera
la nota al manifestar enfáticament5e que su gobierno
se estaba preparando para un enfrentamiento bélico ,
acusando al gobierno de presidente Uribe de defender
la tesis del ataque preventivo, declaración que fue
acompañada por la presidente de Argentina quien
manifestó que la región se encuentra en un “estado
de beligerancia inédito e inaceptable”.
Fidel Castro -si
bien Cuba integra la Unasur- desde su ”retiro” en
La Habana, se pronunció muy preocupado, presagiando
la posibilidad del estallido de un conflicto entre
Colombia y Venezuela. El presidente brasileño Lula
da Silva, planteó en estilo cauteloso pero firme,
que Unasur debería invitar a Estados Unidos a la
próxima reunión, a llevarse a cabo en Argentina,
con el fin de conocer su posición al respecto. El
presidente paraguayo, abogó que la próxima cita
de Unasur no sea utilizada para “sentar” a Colombia
“en el banquillo de los acusados”, donde por moción
del presidente boliviano se elevó el perfil de la
discusión a nivel presidencial.
Al próximo encuentro
-posiblemente a realizarse en la próxima semana en
Bariloche (Argentina), fue invitado también el
presidente colombiano Álvaro Uribe, quien aseguró
que concurrirá. Fue el gran ausente de la Cumbre
de Quito por cuanto los gobiernos de Colombia y
Ecuador mantienen rotas sus relaciones
diplomáticas.
Al panorama continental de
las tres Américas, hay que sumarle el reciente
acuerdo de Guadalajara, que señala la posición de
Estados Unidos, Canadá y México, cuyos presidentes
reiteraron su apoyo al depuesto presidente
hondureño Manuel Zelaya, coincidiendo en lo
relacionado al combate al narcotráfico.
Una actualizada agenda de
seguridad.
En marzo de 1998 , fui invitado
a participar en el foto convocado por el filósofo
Leopoldo Zea, que se realizara en la Universidad
Autónoma de México, para debatir el tema “América
Latina: la nueva agenda de seguridad”.
Dos grandes paneles se
conformaron. A raíz de los Documentos de Santa Fe,
uno trató la perspectiva general en cuanto a las
tendencias en torno a la seguridad, analizando el
criterio tomado por los gobiernos iberoamericanos,
que en forma individual estaban desarrollando
-uno sí y otros no- y, en cuanto a la evolución del
concepto Seguridad que por diversas causas era
imprescindible analizar.
El otro panel examinó más
detalladamente la naturaleza de las nuevas amenazas
que en aquel entonces se presentaban, y que
comenzaban a convertirse en fuente de creciente
preocupación.
Se indicó que para conformar en
forma consensuada una política de seguridad
regional, era fundamental que los gobiernos
evitaren que su actuación diplomática fuese
contradictoria, es decir, aquélla donde se mezcla
hábilmente el diálogo con la provocación, actitud
que despierta la desconfianza total en el terreno
de la relación entre los gobiernos y sus pueblos.
Los acontecimientos de diversa
índole que se desarrollan en los Estados de
Iberoamérica y los vientos que soplan en diversas
zonas estratégicamente importantes del mudo, que
quizás hasta hace poco nos han sido ajenos, hacen
que debamos reflexionar sobre todo ello y obligue
a los políticos a tener una visión y magnitud más
certera de de los problemas de defensa dentro del
mundo moderno, que son complejísimos y en tan alto
grado que no pueden ser resueltos con soluciones
simplistas, pues las realidades de la estrategia
global y en menor escala de la sudamericana, traen
consigo una serie de condicionantes que se escapan
de los límites del pensamiento político de una
corriente de opinión.
El tema de la Seguridad es un
problema tan serio y su orientación debe ser
pragmática. Ante las circunstancias que se enfrenta
la Unasur, respecto a los acuerdos suscrito entre
el gobierno Uribe y el Pentágono, el hablar de la
defensa de la región es un tanto problemático, que
implica la existencia de un plan de defensa común,
para no caer en lo que algunos estrategas califican
como la “celeridad de las desactualizaciones”.
Ante la ausencia de consenso
Las denominadas reuniones
Cumbres Sudamericanas vienen señalando la falta de
parámetros y reglas básicas entre los gobiernos
sudamericanos. A partir de la desintegración del
bipolarismo el mundo carece de un orden mundial
estable y definido, situación que permitió el
desarrollo de un sistema unipolar que en la
actualidad, aunque vive también su crisis, su
liderazgo es difícil de desafiar. Los Estados
Unidos –la hiperpotencia de la modernidad- siguen
presentándose como el primer poder económico,
político, industrial, científico y militar del
mundo.
La Unión Sudamericana de
Naciones, debe seguir avanzando en pos de la
ratificación del su Tratado constitutivo, pues este
organismo regional creado en el 2007, sólo ha sido
ratificado por los gobiernos de Venezuela, Bolivia y
Ecuador.. En la reciente Cumbre Presidencial
realizada en Quito el pasado lunes 10 del mes en
curso, se le ha sumado a la Unasur nuevos
objetivos: la lucha contra el narcotráfico, temas de
infraestructura y planeamiento, desarrollo social,
educación, cultura, ciencia, tecnología e
innovación.
Objetivos que figuran en otros
intentos de integración que se han debatido en el
continente iberoamericano durante el siglo pasado.
Todos de carácter económico y todos no han dado un
resultado satisfactorio.
Es común oír de integración
iberoamericana, pero es muy raro hablar de
integración de cada país en su propio espacio. El
caso de Uruguay es ejemplarizante. En Quito, el
presidente brasileño Lula da Silva, expresando la
conducta pragmática de Itamaraty planteó la
necesidad de lograr consenso respecto al futuro de
la Unasur, con el fin de evitar que ella se
presente más como un club de amigos -“rodeado de
enemigos”- que un organismo de integración.
Las bases militares y la IV
Flota
Al tema “acuerdo
Uribe-Pentágono” respecto a las siete bases
militares en Colombia, hay que sumar la instalación
de otra base en el Chaco paraguayo; las acciones
diplomáticas de Washington que sin disimulo mira “de
reojo” el afianzamiento de la naciente Unasur. y la
restauración de la IV Flota en el Atlántico Sur. Es
evidente que todo ello responde a la histórica
visión geopolítica estadounidense en relación al
control y seguridad de abastecimiento de recursos
naturales estratégicos como el agua y el petróleo no
solamente de su “patio trasero”, sino de todo el
continente iberoamericano.
El verdadero fondo de la
preocupación sudamericana respecto al nuevo Tratado
es que el mismo desborda lo acordado en el Plan
Colombia El canciller brasileño Celso Amorim ha
indicado que todo ello conforma un hecho nuevo. “La
impresión es que las bases sirven para la operación
de aviones de un radio de acción muy grande. Todo
eso hecho así, sin que haya habido un proceso, sin
consultarnos. Colombia es un país soberano y tiene
el derecho de hacer lo que quiera en su territorio,
pero se trata de una presencia militar importante en
nuestro vecindario”. “Con el tema de la IV Flota es
que Brasil no0 tuvo aviso previo. Error que el
gobierno de Estados Unidos reconoció en
explicaciones que nos ofrecieron”.
El tema dominante desde tiempo
atrás en el espacio colombiano es la suma de
narcotráfico, violencia y terrorismo. Las causas de
este fenómeno son variadas y extremadamente
complejas; pero no hay duda de que representan un
síntoma grave y peligroso de perturbación social.
Antoinme Perret en reciente
conferencia ofrecida en el Aula Magna de la
Universidad Externado de Colombia, al referirse al
tema Seguridad Interna señaló: “Particularmente
Colombia, está expuesta a un riesgo de dimensiones
incalculables por la presencia de compañías privadas
militares o de seguridad, que actúan como ruedas
sueltas, sin control, arrebatándole al Estado el
monopolio sobre la seguridad y sobre el control de
las armas.”. Narcotráfico, paramilitarismo y los
caciques políticos locales (caso del departamento
de Antioquia) conforman -para el investigador Juan
David Parra-una suerte de “menaje à trois” del
conflicto colombiano.
En artículo publicado en el
diario chileno El Mercurio (7/agosto/2009), Andrés
Oppenherimer señala que, “ … a diferencia de en
Cuba, donde el país norteamericano enarbola su
bandera y tiene jurisdicción y autonomía, en
Colombia las tropas estadounidenses no tendrán sus
propias instalaciones”. Dicho analista expresa, a
renglón seguido, que entrevista que realizara al
ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, éste
le manifestó que el acuerdo Colombia-Estados Unidos,
está destinado a incrementar la cooperación militar
estadounidense, especialmente en vigilancia aérea e
inteligencia para combatir a los narcotraficantes y
a las narcoguerrillas en Colombia, y en cuanto a las
bases aéreas existentes, “las tropas estadounidenses
no tendrán sus propias bases en Colombia, pues éstas
son bases colombianas, operadas y comandadas por
colombianos, en las cuales habrá acceso regulado a
personal de Estados Unidos”. Si lo expuesto
anteriormente es cierto, para Oppenheimer “estamos
frente a un error garrafal en la forma en que
Colombia ha presentado este asunto”.
Todo indica que el
tema está, aún, confuso. Aguardemos el resultado
final de la próxima Cumbre de Unasur en Bariloche,
el próximo 28 de agosto.
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