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“La cultura al frente” (I)
por el
Lic. Sergio Navatta
I
– Introducción, Antecedentes y Fundamentación:
Nuestra historia
post-dictadura se remonta a 1984 cuando en la
CONAPRO (Concertación Nacional Programática) se
comienzan a delinear los primeros instrumentos de
nuevas instituciones de la cultura, como por
ejemplo, un fondo para las artes. Desde ahí diversas
instancias de encuentros, foros y plenarios han ido
tejiendo diversas propuestas hacia una nueva
institucionalidad, cuya máxima expresión se ha
sintetizado en el concepto de “Sistema Nacional de
Cultura” esbozado por primera vez en la III Asamblea
Nacional de Cultura llevada a cabo en dos
instancias, Paysandú y Minas en el año 2003.
El IV Congreso del FA
adopta este concepto, incorporándolo a las bases
programáticas sobre cultura. La IV Asamblea
Nacional de Cultura y la primera organizada
oficialmente por el MEC se reúne en Salto (abril
2006) con la presencia del Presidente de la
República Dr. Tabaré Vázquez y ratifica los ejes
temáticos de la anterior y las resoluciones que
apuntan a nuevas instituciones de la cultura con
participación del sector cultural.
La formulación y la
puesta en marcha de estos procesos constituyeron una
propuesta formativa que contribuyera a la
construcción de la participación y la formación
ciudadana como ejercicio democrático de
transformación de la cultura política.
La actual expansión
de las políticas culturales, la creciente
complejidad del diverso movimiento cultural y la
necesidad de una mayor legitimación en la toma de
decisiones, se ha dado frente a una estructura
político-Institucional que no ha permitido una
participación efectiva en el diseño de instituciones
más democráticas. En este período de gobierno se ha
avanzado mucho, con una mayor apertura en respuesta
a demandas, necesidades y sensibilidades ciudadanas,
pero encontrándose aún inmersa dentro de un sistema
que, a pesar de proyectos de descentralización,
resulta todavía insuficiente la participación y el
control ciudadano.
La definición de
acciones culturales por parte del Estado, deberá
orientarse de manera participativa y concertada, con
políticas culturales de largo alcance, presupuesto
adecuado, con estrategias y racionalización de
recursos y procedimientos que lleven a líneas de
acción coincidentes con las realidades y
expectativas de los ciudadanos, que permitan
procesos de larga duración.
Los sujetos y
colectivos han ido construyendo con sus prácticas
nuevos espacios que requieren de una
institucionalización, más democrática y pluralista,
que expresen expectativas de mayor participación.
Este desafío
histórico requiere que tratemos de crear los
mecanismos adecuados para que, desde lo cultural, se
alimente la socialización que nos permita contribuir
al enriquecimiento de los espacios de participación
democrática, de manera realista y permanente. Sólo
reconociendo y acudiendo a esos espacios y niveles
de creación de la cultura para alimentar desde allí
los proyectos de convivencia, podremos construir una
ciudadanía efectiva basada en principios y prácticas
democráticas de acción, participación e integración,
que a su vez nos permita enriquecer la calidad de
vida.
Rol del Estado
La
intervención del Estado en la
regulación de las actividades humanas, como en la
cultura, debe estar orientada a garantizar la
diversidad cultural y a promover el desarrollo
cultural local, sin ningún tipo de imposición con
respecto a los contenidos culturales que se producen
y difunden. Y cuando hablamos de derechos de los
individuos implica hablar de deberes del Estado, y
en materia cultural cumplir con los deberes con la
cultura implica garantizar, satisfacer y promover
los derechos culturales de las personas.
En una formulación general la
participación del Estado en el ámbito cultural
consiste en reconocer, impulsar, estimular,
coordinar, promover, priorizar, regular y orientar
los procesos y proyectos culturales de los distintos
sectores de la población que
contribuyan, propicien y enriquezcan
la participación pública, en un marco de
reconocimiento y respeto por la diversidad cultural
y convivencia ciudadana.
Podríamos decir que
las políticas culturales se materializan cuando se
institucionalizan, sin organismos que definan
objetivos, prioridades y obtengan los recursos
necesarios para el ámbito cultural, no podemos
hablar de políticas culturales.
En este sentido, la
necesaria institucionalización de la cultura no solo
en el ámbito estatal sino también en la sociedad
civil nos lleva a la necesidad de una coordinación e
integración que en forma sinérgica se
interrelacionen Estado-Sociedad civil hacia fines y
objetivos comunes, que impliquen dos ejes
fundamentales del proceso cultural: construcción
identitaria y derechos culturales.
Con el reconocimiento
de que los individuos son sujetos de derechos
culturales, comienza a desplegarse en su plenitud la
libertad cultural. Pero también, el reconocimiento
de que los individuos son sujetos culturales,
portadores de prácticas y saberes, implica que son
parte activa y participante del desarrollo cultural
y global de la sociedad.
Los derechos
culturales, que ya han dejado de ser el
“subdesarrollo” de los derechos humanos, son
derechos de carácter fundamental, como lo establece
la UNESCO y la Carta Cultural Iberoamericana que
expresa:
“Convencidos igualmente de que la cultura se debe
ejercer y desarrollar en un marco de libertad y
justicia, reconocimiento y protección de los
derechos humanos, y de que el ejercicio y el
disfrute de las manifestaciones y expresiones
culturales, deben ser entendidos como derechos de
carácter fundamental;”
La libertad cultural,
implica la diversidad de la oferta cultural y el
derecho a su acceso, en donde las identidades
nacionales, regionales y locales forman parte de esa
diversidad.
Identidad y diversidad
La Cultura representa
el patrimonio fundamental sobre el cual los pueblos
construyen sus identidades colectivas, definen sus
estrategias de desarrollo y configuran sus
relaciones con el entorno. Cada cultura tiene el
derecho de crecer libremente en su herencia, ofrecer
espacios para la investigación y divulgación del
acervo cultural y ofrecer alternativas a los
individuos para explorar en su historia a la
cultura.
Según la UNESCO, el respeto a la
diversidad y a la identidad cultural es un bien y un
recurso que hay que promover y desarrollar por que
contribuye, no sólo a la cultura en general y al
arte, sino al desarrollo global de los pueblos,
afirmando
“el
valor central de la cultura como base indispensable
para el desarrollo integral del ser humano y para la
superación de la pobreza y de la desigualdad.”
Cultura y desarrollo.
La UNESCO habla de la importancia de
la creatividad y la diversidad cultural
incorporándola como un recurso fundamental para el
desarrollo de los países emergentes.
El valor de la cultura en el
desarrollo social y económico sostenible, en el
bienestar de los pueblos y como dice la UNESCO “como
base
indispensable para el desarrollo integral del ser
humano y para la superación de la pobreza y de la
desigualdad”,
ya es
indiscutible. Ya no podemos dejar de vincular
cultura y desarrollo, desde las declaraciones de la
UNESCO hasta la
Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales en
mayo del 2007, que establece: “El término cultura
abarca los valores, las creencias, las convicciones,
los idiomas, los saberes y las artes, las
tradiciones, instituciones y modos de vida por medio
de los cuales una persona o un grupo expresa su
humanidad y los significados que da a su existencia
y a su desarrollo”, apuntan hacia un nuevo
paradigma de desarrollo en donde la cultura es el
valor central.
Concepto que va más allá de una
perspectiva económica, en definir a la cultura solo
como recurso o como factor de desarrollo, concepto
común entre los economistas, sino como definición,
orientación y proyección del desarrollo en una
sociedad, mucho más en la actual sociedad del
conocimiento y de la información, de la economía
creativa y de la innovación en ciencia y tecnología.
El valor central hoy, se encuentra en la
“creatividad”, necesaria para la producción de
conocimiento, para la economía y para la innovación
científico-tecnológica; innovación que no es otra
cosa que “creatividad viable y materializable.”
Si la cultura es base indispensable para
la superación de la pobreza y la desigualdad, como
establece la UNESCO, y para el logro de estos
objetivos se requiere de desarrollo económico y
social, resulta claro que la cultura es base
indispensable para el desarrollo sostenido.
La cultura no es un instrumento, es algo
sustancial, sí podemos hablar de las políticas
culturales como instrumento en tanto políticas, ya
que la política es una herramienta para el logro de
los objetivos, mientras la cultura es la expresión
misma de nuestra humanidad. De manera sintética
podemos decir que la política es el “hacer” mientras
que la cultura es el “ser”.
Una cultura de
derechos ciudadanos y de respeto a la diversidad es
un camino ineludible para promover procesos de
integración social, solo a través de una sociedad
culturalmente integrada podremos seguir avanzando en
un proceso de desarrollo que recomponga el tejido
social, que ha sufrido fragmentaciones con políticas
sociales, económicas y culturales que no han
contribuido a un desarrollo social e integral del
ser humano.
Frecuentemente
hablamos de justicia social, como equidad en la
distribución del ingreso e igualdad de oportunidades
al acceso de bienes y servicios, pero también
debemos hablar de “justicia cultural”, concepto
que se define como “reconocimiento de las
diferencias” y es esto es fundamental, la protección
y defensa de la diversidad cultural comienza por el
reconocimiento, que genere el respeto y la
tolerancia que nos permitan avanzar hacia una
integración socio-cultural.
Estos dos elementos
señalados, distribución y reconocimiento, implican a
su vez la igualdad de la participación, que exige la
necesidad de distribuir los recursos materiales de
forma que se garantice la libertad de opinión y de
acción de los ciudadanos y también exige, sistemas
institucionalizados de valores culturales que
expresen igual respeto a todos los grupos e
individuos y garanticen igualdad de oportunidades
para alcanzar la estima social.
Hacia una nueva institucionalidad
de la cultura.
Nuevos instrumentos.
Teniendo en cuenta
las dos vertientes históricas en materia de
institucionalidad de la cultura, Francia
(Ministerio) e Inglaterra (Consejo), nuestro propio
proceso histórico y los avances que en este sentido
se han llevado a cabo en la región y el mundo,
debemos avanzar hacia la concreción de una nueva
institucionalidad, que nos permita
cumplir plenamente con los derechos
culturales.
Conscientes de que en la actualidad, al igual que en
muchos países de la región, debemos encaminarnos
hacia una política pública definida de protección de
los derechos culturales de la ciudadanía,
consideramos imprescindible la apropiación social
del concepto de que los derechos culturales son
derechos humanos.
Con
el actual gobierno se llevaron a cabo importantes
logros que apuntan al desarrollo humano y a la
calidad de vida como el Plan Ceibal, lo que
significa un impacto cultural fundamental hacia el
futuro. Con el Plan Ceibal y el acceso a la
información y al conocimiento, los niños han
descubierto una nueva pantalla al mundo, han
disminuido la cantidad de horas frente al televisor
y en la calle y han sido motivados a concurrir a
las aulas.
A partir de este gobierno
viejas demandas se hicieron realidad. El cine
uruguayo se ha ido consolidando y tiene nuevas
herramientas públicas, como la ley de Cine, también
otros logros fundamentales como los Fondos
Concursables, la creación del Cluster de la
Industria Audiovisual, el libro y la música, la Ley
de Seguridad Social de los artistas, el Fondo de
Incentivo Cultural, los 90 centros MEC instalados en
todo el territorio nacional y la ratificación de las
Convenciones sobre diversidad cultural y patrimonio
inmaterial.
A si mismo,
para seguir
avanzando se hace necesario una nueva
institucionalidad de la cultura, en un nuevo diseño
institucional que sintetice y supere los modelos
históricos, construyendo nuevos pilares de la
cultura: Ministerio
de Cultura - Consejo Nacional de Cultura – Nueva
estructura integral de financiamiento público y
privado- Estructuras regionales, departamentales y
Polos de desarrollo cultural estratégicos
(descentralización) – Institutos de intercambio y
cooperación regional e internacional – Oficinas
sectoriales de desarrollo - Nuevos marcos legales.
Todas estas acciones
deberán apuntar a la conformación, ordenamiento,
coordinación e integración de los espacios públicos
en un “Sistema Nacional de Cultura”, en donde los
pilares institucionales sean los instrumentos
fundamentales de la nueva institucionalidad de la
cultura.
La
creación de
un
Ministerio y un Consejo Nacional de Cultura
integrados, avanzando así
hacia una formulación de
institucionalidad participativa, congruente con
nuestros antecedentes, expresada en una forma
organizativa nueva y vinculante, en conformidad con
la Recomendación
Relativa a la Condición de Artista de la UNESCO de
1980, con los antecedentes inmediatos como el
consejo de la ley de
patrocinio y el instituto de cine y
con el criterio plasmado en
el documento
programático del Frente Amplio, es ya hoy una
necesidad.
Esta síntesis
superadora de un Ministerio con un Consejo Nacional
de Cultura, aúna las mejores características de
ambos, como ejecutividad con la representatividad y
la participación, elementos indispensables en una
sociedad moderna y progresista.
Un Ministerio de Cultura, que
reafirme
la vital importancia del vínculo
existente entre la cultura y el desarrollo, que
logre
una mejor planificación, implementación, ejecución y
evaluación de las políticas culturales, que logre
una descentralización cultural, que logre una mayor
integración y coordinación entre las diferentes
áreas y servicios del Estado, que jerarquice el área
de la cultura dentro del gabinete de gobierno, que
promueva la difusión y el reconocimiento del valor
central de la cultura en el desarrollo integral del
ser humano, resulta hoy indispensable.
Un Consejo Nacional
de Cultura
que siguiendo los modelos más
modernos, de la región y del mundo, en materia de
organización institucional conforme a la definición
de las políticas culturales y que respondiendo a las
necesidades culturales y a las recomendaciones de
organizaciones internacionales en la materia como
UNESCO, es hoy por hoy un instrumento necesario en
la participación y la representatividad de la
diversidad cultural de la sociedad.
Sobre los medios de
comunicación:
Hablar sobre
Comunicación y Cultura podría ser casi redundante,
porque ambos espacios públicos siempre han estado
irremediablemente integrados. Hoy más que nunca es
necesario un enfoque unitario e integral en las
políticas públicas y de cooperación internacional en
ambos campos.
En el
desarrollo actual de los medios de comunicación, con
un peso relativo mayor sobre la educación formal y
una mayor incidencia en la formación de los
individuos, no pueden ser tratados como meros
instrumentos de información, sino como verdaderos
sistemas inter-culturales que exponen y abren unas
culturas a otras, que promueve su interacción y ésta
a su vez, transforma a la propia cultura.
En el
diseño de las políticas de comunicación, ya no es
pensable su conformación como meras “políticas de
medios”, sino como políticas culturales sobre los
sistemas de comunicación.
Hoy día, los medios de comunicación tienen
una incidencia mayor en la formación de opinión y
transmisión de valores culturales, por lo que los
medios de comunicación oficiales no pueden estar
asilados del resto del Estado y menos de un
Ministerio de Cultura. El rol del Estado y de sus
servicios, no puede estar sujeto a la competencia
con los medios privados con iguales contenidos, sino
ofrecer otras alternativas que promuevan la
diversidad e identidad cultural y el respeto a los
derechos culturales.
Se debería continuar desarrollando y
profundizando la línea actual en materia de medios
de comunicación sobre: la libre competencia, la
asignación de publicidad del Estado y el surgimiento
de nuevas prácticas comunicacionales.
También avanzar en la
promoción y planificación en el área comunicacional,
que involucre a todos los medios en la
incorporación de objetivos culturales y educativos
que promocionen el patrimonio cultural, como así
también fomentar el desarrollo de medios de
comunicación ciudadanos y comunitarios que
enriquezcan la presencia de la diversidad cultural
en el espacio público.
Con respecto a la
promoción de
la difusión y fomento de la identidad y la
diversidad cultural en los medios de comunicación,
se hace necesario nuevos marcos legales en la
materia que tengan en cuenta el estudio de
legislación comparada y diversos instrumentos
proactivos de estímulos y promoción, como de
regulación de la actividad, que garanticen la
diversidad de la oferta cultural en cumplimiento de
los derechos culturales de los ciudadanos en lo que
tiene que ver con las oportunidades de acceso y de
libre elección de los individuos.
Así también, debe recogerse los
principios consagrados en la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, aprobada en la 33º
Conferencia de la UNESCO (Octubre 2005) y ratificada
en nuestro país por la Ley 18.068 el 11 de Diciembre
de 2006, que entre muchos otros, se establece el
derecho soberano de los Estados a adoptar medidas y
políticas para proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales en sus respectivos
territorios.
De la legislación comparada surgen
dos elementos o aspectos básicos como medidas de
protección y promoción de la diversidad de las
expresiones culturales a tener en cuenta: a)
establecimiento de porcentajes mínimos de
programación de producción nacional o regional y b)
incentivos a la producción nacional mediante
exenciones o deducciones fiscales
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