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Cuando EEUU previó invadir
militarmente a Colombia
por el
historiador Luiz Alberto Moniz Bandeira*
Desde
1998/99, varios sectores de la administración de los
Estados Unidos estaban pergeñando la intervención
militar en Colombia, bajo el pretexto de combatir el
narcotráfico, que se había convertido en la mayor
fuente de financiamiento de la guerra de guerrillas
emprendida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) y por el Ejército de Liberación
Nacional (ELN). Valdomiro Montesinos, director del
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), de Perú, y
cuyo “alias” en la CIA era Mr. Fix, reveló a Genaro
Delgado Parker, propietario de la cadena Global
Televisión, que los Estados Unidos articulaban esta
intervención y que la conferencia pronunciada por el
presidente Alberto Fujimori en el Colegio
Interamericano de Defensa, el 4 de febrero de 1999,
había sido coordinada con los americanos, apuntando
a presentar al mundo el conflicto como un peligro
para la sub-región. Asimismo anunció a los
generales peruanos, que los preparativos para la
invasión de Colombia estaban en andamiento y que se
realizaría con dos divisiones aerotransportadas, dos
fuerzas especiales de tierra, tres divisiones de
marina y 2000 aviones C-45 y C-141, movilizando
cerca de 120.000 soldados. En un período de 45 a 60
días, apoyados por dos divisiones aerotransportadas,
dos fuerzas especiales del Ejército, tres divisiones
de marines y 200 aviones C-5 y C-141. La
intervención sería ejecutada por tropas de otros
países de América del Sur (evidentemente para evitar
bajas americanas), o sea, por una fuerza militar
interamericana propuesta, durante la reunión de los
jefes militares del hemisferio, en Panamá (1999),
inicialmente, sin el compromiso directo de los
Estados Unidos, que le darían, sin embargo, apoyo
financiero de U$S 1,5 mil millones, entrenamiento,
armamentos y apoyo logístico.
En junio
de 1999, ante el Comité de Relaciones Exteriores
del Senado americano, el general Charles E.
Wilhelm, entonces comandante-en-jefe del Southern
Command (USSOUTHCOM), confirmó que el Pentágono
estaba elaborando un plan de contingencia para
intervenir en Panamá, en caso necesario, e invadir
Colombia, multilateral o unilateralmente, si las
guerrillas colombianas llegasen al Canal de Panamá.
También el general Barry McCaffrey, director de la
National Drug Policy Control Office de los Estados
Unidos, informó al Committee on Government Reform,
Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and
Human Resources, el 6 de agosto de 1999, que las
guerrillas de las FARC encontraban santuarios en
Panamá y también cruzaban las fronteras de Ecuador,
Venezuela y Perú, de modo que la insurgencia, que
había sido un problema interno más de Colombia,
estaban recibiendo combustible con los negocios de
la droga y obteniendo importancia para la seguridad
regional. Y, pocas semanas después, viajó hacia
América del Sur, donde visitó Brasil, Bolivia, Perú
y Argentina y, presentando dramáticamente la
situación en Colombia, urgió a que los cuatro países
emprendiesen una intervención multinacional contra
las FARC. McCaffrey ponderó que para los Estados
Unidos sería “una locura” intervenir militarmente en
Colombia, razón por la cual era necesario buscar el
apoyo de la región para solucionar el problema.
El plan
sugerido por el general McCaffrey consistía en
desencadenar una ofensiva con cinco batallones
colombianos, que las Special Forces de los Estados
Unidos estaban entrenando y equipando, y, en caso de
que ellas no consiguiesen sofocar las guerrillas,
realizar la intervención militar multilateral.
La fecha límite para que las negociaciones con la
FARC concluyesen un acuerdo era enero de 2000,
cuando Andrés Pastrana, declararía el estado de
guerra interna en Colombia, en el caso de que no
alcanzase con un acuerdo de paz, y requería
asistencia de los países sudamericanos, como Perú,
Ecuador y Brasil, cuyas fuerzas se unirían a los
cinco batallones entrenados por asesores americanos,
mientras que navíos de guerra de los Estados Unidos,
en las costas de Colombia, sustentarían la
intervención con misiles y ataques aéreos.
El
control de la región se volvía necesario, a fin de
asegurar la explotación de petróleo, realizada por
varias compañías, entre las cuales, se hallaba la
Occidental, British Petroleum y Texas Petroleum, así
como proteger los oleoductos allá existentes, que
llevaban la producción de los campos de Cupiagua,
Cusiana, Guaduas y Orito, y de Ecuador, para los
puertos de Coveñas y Tumaco, en el Pacífico, y las
guerrillas de las FARC estaban atacando
incesantemente. Colombia poseía vastas e
inexplotadas reservas de petróleo, ya se había
tornado el 6° proveedor de los Estados Unidos y sus
exportaciones, sumadas a las de Ecuador y Venezuela,
ya superaban a las del Golfo Pérsico.
El National Energy Report, de
2001, presentado por el Policy Development Group
resaltó que “Colombia has become an important
supplier of oil to the United States”. La
embajadora de los Estados Unidos en Bogotá, Anne
Patterson, declaró que la seguridad del petróleo en
Colombia se había convertido en la prioridad de los
Estados Unidos, que estaban dispuestos a proteger no
sólo el oleoducto de Caño Limón – Coveñas, sino
también 300 puntos críticos, pues el petróleo se
había convertido en “an increasing priority” in
Colombia, conforme declaró Adam Isacson, analista
del Center for International Policy. También un
estudio del think-tank conservador RAND Corporation
resaltó la importancia estratégica de Colombia
importante, debido al hecho de ser uno de los
cuatro mayores países de la región, con la segunda
mayor población, poseer litoral en ambos océanos,
el Pacífico y el Atlántico, ser contigua a
Venezuela, a la cuenca del Caribe, Panamá, al Canal
y a América Central, y tener algunas de las mayores
reservas de petróleo del hemisferio occidental.
El
combate al narcotráfico constituía, en realidad,
un objetivo secundario y la intervención en
Colombia, prevista para el año 2000, permitiría
también a los Estados Unidos probar su capacidad de
coordinación de las tres nuevas bases, las Forward
Operating Locations, o FOLs, ubicadas en Ecuador,
Aruba-Curação y El Salvador, así como experimentar
nuevos armamentos y el desarrollo de nuevas
estrategias. Estas Forward Operating Locations, o
FOLs, permitían que los aviones americanos de
reconocimiento y monitoreo tuviesen acceso a
aeropuertos o bases extranjeras. Las instalaciones
de los aeropuertos y bases eran de propiedad y
operadas por los países huéspedes y en ellas
permanecía asentado un pequeño número de militares,
de agentes de la DEA (Drug Enforcement Agency), de
la Guardia Costera y de la aduana para apoyar a los
aviones norteamericanos y coordinar comunicaciones y
recolección de inteligencia.
El
propósito del presidente Bill Clinton, por lo que
todo indicaba, era promover la intervención en
Colombia, en el correr de 2000, lo que por
cierto fortalecería la posición del Partido
Demócrata en la elección para la presidencia, razón
por la cual, probablemente, declaró que daría dos
años al presidente Andrés Pastrana, para alcanzar un
acuerdo de paz con las FARC, y amenazó resolver el
problema a su manera, en caso de que las
negociaciones de paz, iniciadas a fines de 1998,
fracasasen. Este plazo de dos años demostró su
propósito de ordenar la intervención militar en
Colombia, de conformidad con el principio
estratégico entonces establecido, según el cual la
decisión de usar la fuerza sería dictada,
primero y por encima de todo, por los intereses
nacionales de los EE.UU..
El
gobierno de Washington, entre tanto, estaba dividido
en dos tendencias con respecto a la intervención en
la guerra civil de Colombia, donde ya había 200
asesores militares norteamericanos entrenando al
Ejército en la lucha contra las FARC, que con 17.000
efectivos controlaban grandes zonas del sur de
Colombia y una zona en torno de Bogotá, mientras el
ELN, con 5.000 efectivos, dominaban el territorio,
al norte, o sea, un total de aproximadamente el 40%
del país. Algunos sectores temían que la asistencia
militar terminase en una escalada del conflicto, tal
como había sucedido en Vietnam, tanto que algunos
analistas políticos ya se referían al
desvanecimiento de las líneas entre la campaña
contra las drogas y el combate a las guerrillas como
una posible “Vietnamization” de la política
norteamericana en Colombia. Otros, liderados por el
general Barry McCaffrey, director de la National
Drug Policy Control Office de los EE.UU., pretendían
incrementar la asistencia y enviar más asesores
militares, a fin de intensificar el entrenamiento
del Ejército, o alentar una intervención militar
multinacional en Colombia, ejecutada por algunos
estados de América del Sur, sin involucrar
directamente a los EE.UU., por lo menos en un primer
momento.
Brasil y
Venezuela, sin embargo, se rehusaron incluso a
permitir que aviones americanos y contingentes de
tropas se estacionasen en sus respectivos
territorios para atacar a las FARC en Colombia.
Panamá, asimismo, se negó a apoyar la intervención
multinacional en Colombia. La presidenta Mireya
Moscoso rechazó el argumento de que el conflicto
con las FARC pudiese desbordar la frontera y
amenazase la seguridad del canal. Y, por su parte,
el presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, criticado y
desgastado a causa de la cesión de la base de Manta
a los Estados Unidos, no se mostró dispuesto a
embarcarse en una aventura de consecuencias
imprevisibles. Únicamente el presidente de
Argentina, Carlos Menem, complaciente con la
doctrina del “realismo periférico”, se atrevió a
defender públicamente la intervención militar en
Colombia y proclamó a través de la prensa su
disposición de ofrecer tropas para intervenir en
Colombia, en caso de que el presidente Andrés
Pastrana solicitase ayuda.
Con la
administración en Washington, dividida en dos
tendencias y sin contar con el apoyo de Brasil,
Venezuela y Panamá, el plan de intervención militar
en Colombia fue abandonado. Y el 31 de agosto de
2000, en Cartagena de Indias, se anunció el
lanzamiento del Plan Colombia, que preveía una
inversión de U$S 7,5 mil millones, en cinco años,
bajo el pretexto de combatir el narcotráfico,
fomentar el desarrollo económico del país y
financiar culturas alternativas en sustitución a las
plantaciones de coca. Del monto de U$S 7,5 mil
millones, los Estados Unidos suministrarían apenas
U$S 1,3 mil millón (incluyendo U$S 47 millones como
ayuda a Ecuador), y U$S 4 mil millones serían
provistos por el Gobierno de Colombia, U$S 1.9 mil
millón por parte de Europa y algunas instituciones.
Esta iniciativa se convirtió en una estrategia,
apuntando a rediseñar el mapa de América del Sur, y
varios militares, entendieron que el Plan Colombia,
legitimando la presencia de los militares americanos
en la Amazonia, representaba el comienzo de su
internacionalización.
Traducido para LA ONDA digital por
Cristina Iriarte
* Luiz Alberto Moniz
Bandeira
es cientista político, Historiador, profesor titular
jubilado de la Universidad de Brasilia y autor de
más de doce libros, entre las cuales se encuentra
“Formación del Imperio Americano -De la guerra
contra España a la guerra en Irak, Argentina Brasil
y Estados Unidos – De la Triple Alianza al Mercosur.
Columnista regular de La ONDA digital, escribe para
diversos periódicos y diarios de Brasil y el mundo.
Actualmente, reside en Alemania.
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