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¿Hacer Cárceles es una
Inversión rentable?
por María
José Atiénzar
Los regímenes penitenciarios suelen
dejar fuera la reinserción de los presos, facilitada
por actividades relacionadas con el voluntariado,
las actividades culturales y el trabajo en beneficio
de la comunidad.
Construir una cárcel nueva
cuesta 100 millones de euros. Y cada preso en un
centro penitenciario español cuesta una media de 63
euros por día. Una de las formas directas de atenuar
ese gasto es evitar la reincidencia. Para ello,
resulta clave la función de reeducación que debería
desempeñar toda estancia en prisión. La finalidad de
las penas privativas de libertad es no sólo la
retribución –pagar por el delito- servir de ejemplo,
e intimidar, sino también la reinserción, según
recoge la propia Constitución Española.
Lo normal es pensar que cuando
hay más desocupación habrá más delitos, pero esa
creencia es falsa y se contradice con la realidad.
Según explica José Sánchez Isidoro, psicólogo del
centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid),
sucede lo contrario. Es cuando fluye el dinero, que
propicia un mayor consumo –eso incluye alcohol,
cocaína, heroína, y otras adicciones – cuando se
producen más delitos.
En el caso español, se produjo
un cambio total con el fenómeno de la droga en los
80. Ahora hay una tipología de delitos ‘nuevos’ que
incrementan también los ingresos en prisión.
España tiene la tasa de
población reclusa más alta de Europa, con 153 presos
por cada 100 mil habitantes. Desde el año 2000, el
número de internos casi se ha duplicado, pero el
número de centros se ha mantenido, lo que supone una
sobre ocupación del 200%.
“El actual sistema
penitenciario se ha quedado obsoleto, con unos
centros muy complejos, poco descentralizados, hay
excesivo peso de la gestión, una seguridad
sobrevalorada, no hay suficientes programas
específicos ni bastante personal para ellos, se
precisa más formación, pero aún así, las cárceles
españolas son un referente en el mundo”, afirma
Sánchez Isidoro.
En España hay 527
organizaciones sociales que realizan programas
dentro de las cárceles. Entre voluntarios y
profesionales contratados, más de 6000 personas
intervienen en los 82 centros penitenciarios con
programas para la inserción laboral y la integración
social; hay atención a colectivos específicos,
programas sanitarios y con drogodependientes,
programas educativos y deportivos.
Hay programas como las Aulas de
Cultura de Solidarios, donde se realizan
conferencias de gran interés, en las que participan
relevantes escritores, directores de cine,
profesores y periodistas junto a internos y
voluntarios. Existen Ciberaulas, impartidas por
voluntarios jubilados, para acercar la informática a
los internos. Hay formación para el empleo
medioambiental, como el Proyecto Oxígeno, de la
Fundación Biodiversidad. Y cientos de propuestas
cuyo objetivo no es otro que la resocialización de
los internos.
Un paso importante ha sido la
creación este año del Consejo Social Penitenciario,
primer organismo de participación social en las
cárceles. Responde a una demanda de las propias
entidades y pretende sumar esfuerzos y coordinar
acciones.
Por otro lado, para descargar
el sistema penitenciario es preciso que se
desarrollen y apliquen medidas alternativas a la
prisión. Cuando lo determina el juez, los condenados
a penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad
(TBC) prestan su cooperación no retribuida en
determinadas actividades de utilidad pública.
Algunos siguen programas de
formación, sensibilización y educación en valores en
seguridad vial cuando se trata de las infracciones
menos graves en materia de tráfico. Otros realizan
tareas auxiliares con voluntarios de protección
civil. Algunos cumplen la pena en asociaciones
donde, junto a voluntarios, se realizan tareas de
mantenimiento de montes para evitar incendios
forestales, limpieza de calles o carreteras en época
de nevadas o asistencia en grandes eventos en los
que hay gran afluencia de público.
Una persona que cumple su
condena en TBC puede seguir con su empleo y realizar
las tareas en tiempo libre mientras genera algún
bien a la sociedad. Por otro lado, un interno le
cuesta al Estado una media de 23.000 euros por año.
El tratamiento más apropiado es aquél que incide
mejor sobre los factores que llevaron a la persona a
cometer el delito (toxicomanías, violencia,
conductas antisociales, etc.). Se ha comprobado que
en grupos de internos que realizan programas
adecuados, puede reducirse la reincidencia hasta en
un 63%.
Después de más de tres décadas
de trabajo en prisiones el psicólogo Sánchez Isidoro
afirma que “el tratamiento especializado en las
cárceles además de ser una obligación de la
administración, es rentable. Hay voluntad y
conocimientos para hacerlo. Se puede si hay los
recursos apropiados suficientes”.
Periodista
ccs@solidarios.org.es
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