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El “repechaje”
del voto rosado
por Roger
Rodríguez
Los
ciudadanos que no lograron anular la Ley de
Caducidad a través del voto rosado, tendrán una
suerte de "repechaje" como parece ocurrir en los
últimos tiempos con todo en Uruguay si en el
balotaje del próximo 29 de noviembre gana la fórmula
frenteamplista Mujica-Astori, cuyo programa de
gobierno prevé eliminar la impunidad.
La
posibilidad existe, aunque la papeleta rosada que
identificó a los impulsores de la reforma
constitucional para anular la ley, que desde 1986
ampara a quienes cometieron violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura, no alcanzó a
obtener un voto más del 50% de los sufragios
emitidos durante las elecciones nacionales del
domingo.
La
segunda vuelta tendrá implícita dos posiciones
frente al tema de las violaciones a los derechos
humanos durante la dictadura cívico-militar: el
Frente Amplio tiene un mandato programático para
anular la ley, mientras el blanco Luis Alberto
Lacalle se habría comprometido a "indultar" a todos
los militares y policías presos por la Justicia.
La
posibilidad de que todos los militares que fueron
condenados por la Justicia Penal uruguayo sean
liberados en un eventual gobierno del Partido
Nacional fue denunciada el 16 de octubre último por
el semanario Brecha, que informó sobre un compromiso
que al respecto habría hecho Lacalle ante familiares
de los represores presos.
Según la
publicación, la promesa de un indulto fue trasmitida
a los propios reclusos por el ex vicepresidente del
propio Lacalle, el abogado Gonzalo Aguirre, quien ha
defendido sistemáticamente la Ley de Caducidad y a
grupos de militares en un recurso contra el Impuesto
a las Rentas Personales de las Personas Físicas
(IRPF).
La
decisión de indultar a los criminales de lesa
humanidad podría explicar el inmediato apoyo que
Lacalle recibió para el balotaje por parte del nuevo
líder colorado Pedro Bordaberry, quien no habría
pedido cargos ni cogobierno, según se indicó, pero
lograría que su propio padre, el dictador Juan María
Bordaberry sea liberado.
Intentos frustrados
El
intento de anulación de la ley ya se había visto
frustrado por un leve margen en un referéndum de
1989 cuando, con el sistema constitucional entonces
vigente, se opusieron papeletas verdes del NO para
derogar la ley y papeletas amarillas del SI que
finalmente fueron mayoría y ratificaron la
caducidad.
Diez
años después, en las elecciones del año 1999 entró
en vigencia una reforma constitucional aprobada en
1996 que impuso un nuevo sistema electoral con
balotaje, en el que el colorado Jorge Batlle le ganó
entonces al frenteamplista Tabaré Vázquez, y
determinó que con un 10 por ciento del padrón
electoral podrían plebiscitarse normas.
En
setiembre de 2007 la central sindical PIT-CNT y
otras organizaciones sociales lanzaron la campaña de
firmas por una reforma constitucional que eliminara
la Ley 15.484, luego que en 2006 en el Poder
Legislativo, pese a la mayoría parlamentaria que
tiene el Frente Amplio, se decidiera no anular la
ley ni aprobar una norma interpretativa.
El
argumento del partido de gobierno, encabezado por el
presidente Tabaré Vázquez, fue entonces que el
programa político con el que el Frente Amplio había
ganado las elecciones de 2004 señalaba expresamente
que no se modificaría la Ley de Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado y debía cumplirse ese
compromiso electoral.
En junio
de 2009 la Corte Electoral confirmó que se habían
conseguido las firmas para plebiscitar la reforma
constitucional para anular la Ley 15.848 y se
estableció que la consulta se hiciera junto a las
elecciones nacionales, con una sola papeleta a favor
contra el resto de los votos emitidos. Se logró un
47, 36% de los sufragios.
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