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Brecha cada vez mayor entre
opinión pública y política
por Noam
Chomsky
Las
empresas toman
la democracia de EEUU
El 21 de enero de 2010 quedará
registrado como un día oscuro en la historia de la
democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día,
la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede
prohibir que las compañías hagan aportaciones
económicas en las elecciones.
La decisión afecta
profundamente a la política gubernamental, tanto en
el plano interno como en el internacional, y anuncia
incluso mayores conquistas de las corporaciones
sobre el sistema político de EEUU. Para los editores
de The New York Times, el fallo "golpea el corazón
mismo de la democracia" al haber "facilitado el
camino para que las corporaciones empleen sus vastos
tesoros para inundar [con dinero] las elecciones e
intimidar a los funcionarios elegidos para que
obedezcan sus dictados".
La Corte estuvo dividida, cinco
contra cuatro. A los cuatro jueces reaccionarios
(engañosamente llamados conservadores), se les sumó
el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado
presidente, John G. Roberts Jr., tomó un caso que se
podía haber resuelto fácilmente sobre bases más
limitadas y maniobró en la Corte con el fin de hacer
aprobar un dictamen de gran alcance que revierte un
siglo de restricciones a las contribuciones de las
empresas en las campañas federales.
Ahora, los gerentes de las
compañías podrán, de hecho, comprar directamente
comicios, eludiendo vías indirectas más complejas.
Es bien sabido que las contribuciones empresariales,
en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden
inclinar la balanza en las elecciones y, así,
dirigir la política. La Corte acaba de entregar
mucho más poder a ese pequeño sector de la población
que domina la economía.
La Teoría de inversiones de
política, del economista político Thomas Ferguson,
ha constituido durante mucho tiempo un exitoso
pronóstico de la política gubernamental. La teoría
interpreta las elecciones como ocasiones en las que
segmentos del poder del sector privado se unen para
invertir en el control del Estado. La decisión del
21 de enero refuerza los medios para socavar la
democracia funcional.
El trasfondo es revelador. En
su disensión, el juez John Paul Stevens admitió que
"desde hace tiempo se ha sostenido que las
corporaciones están amparadas por la Primera
Enmienda [la garantía constitucional de la libertad
de expresión, que incluye el derecho a apoyar a
candidatos políticos]".
A principios del siglo XX,
teóricos legales y tribunales implementaron un fallo
de la Corte de 1886 mediante el cual las
corporaciones -esas "entidades colectivistas
legales"- debían tener los mismos derechos que las
personas de carne y hueso. Este ataque al
liberalismo clásico fue condenado con rotundidad por
la especie en extinción de los conservadores.
Christopher G. Tiedeman describió el principio como
"una amenaza a la libertad del individuo y a la
estabilidad de los estados americanos como gobiernos
populares".
En su trabajo de historia sobre
la ley, Morton Horwitz escribe que el concepto de
personalidad corporativa evolucionó a la par que el
desplazamiento del poder de los accionistas hacia
los gerentes y, finalmente, condujo a la doctrina de
que "los poderes de la mesa directiva son idénticos
a los poderes de la corporación". En años
posteriores, los derechos corporativos se
expandieron mucho más allá que los de las personas,
particularmente mediante los mal llamados "acuerdos
de libre comercio". Bajo esos acuerdos, por ejemplo,
si General Motors establece una planta en México,
puede exigir ser tratada igual que una empresa
mexicana (trato nacional), a diferencia de un
mexicano de carne y hueso que pretendiera en Nueva
York un trato nacional o, incluso, los mínimos
derechos humanos.
Rivales del Gobierno
Hace un siglo, Woodrow Wilson,
en aquel entonces un académico, describió un Estados
Unidos en el que "grupos comparativamente pequeños
de hombres", gerentes corporativos, "ejercen un
poder y control sobre la riqueza y las operaciones
de negocios del país", convirtiéndose en "rivales
del propio Gobierno". En realidad, esos grupos
pequeños se han convertido cada vez más en los amos
del Gobierno. La Corte Suprema les da ahora un
alcance aún mayor.
El fallo de 21 de enero llegó
tres días después de otra victoria para la riqueza y
el poder: la elección del candidato republicano
Scott Brown para reemplazar al finado senador Edward
M. Kennedy, el león liberal de Massachusetts.
La elección de Brown fue
presentada como una "rebelión populista" contra los
elitistas liberales que manejan el Gobierno. Los
datos de la votación revelan una historia diferente.
Una asistencia alta de votantes de los suburbios
ricos y baja en las áreas urbanas demócratas
contribuyeron a la victoria de Brown. "Un 55% de los
votantes republicanos dijo estar muy interesado en
la elección, en comparación con un 38% de los
demócratas", según la encuesta de The Wall Street
Journal/NBC. De manera que los resultados fueron, en
realidad, una revuelta contra las políticas del
presidente Obama: para los ricos, no estaba haciendo
lo suficiente para enriquecerlos aún más, en tanto
que para los sectores pobres estaba haciendo
demasiado en favor de los poderosos.
La ira popular es perfectamente
comprensible, dado que los bancos están prosperando
gracias a los rescates, mientras que el desempleo se
ha elevado al 10%. En el sector de la manufactura,
uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo en
el nivel de la Gran Depresión. Con la
financialización creciente de la economía y el
desplome en la industria productiva, las
perspectivas de recuperar los tipos de empleo que se
perdieron son sombrías.
La salud pública
Brown se presentó como el voto
41 contra el programa de salud pública; esto es, el
voto que podría socavar el dominio demócrata en el
Senado de EEUU.
El programa de atención médica
de Obama fue, en efecto, un factor en la elección de
Massachusetts. Los titulares están en lo correcto
cuando informan de que el público se está volviendo
contra el programa. Las cifras de la encuesta
explican por qué: porque la iniciativa no llega lo
suficientemente lejos. El sondeo de The Wall Street
Journal/NBC reveló que la mayoría de los votantes
desaprueba el manejo del sistema de salud tanto por
los republicanos como por Obama.
Estas cifras están en la línea
de otras encuestas nacionales recientes. La opción
pública de la salud es apoyada por el 56% de los
encuestados y el acceso a Medicare a los 55 años de
edad, por el 64%; pero ambas iniciativas fueron
abandonadas. Un 85% opina que el Gobierno debería
tener el derecho de negociar los precios de los
medicamentos, como en otros países; sin embargo,
Obama garantizó a las grandes industrias
farmacéuticas que no elegirá esa opción.
Amplias mayorías de ciudadanos
están a favor del recorte de costes, lo que tiene
sentido: el coste per cápita en EEUU por atención
médica es aproximadamente el doble que en otros
países industrializados y los resultados en términos
de salud están en el extremo inferior.
Pero el recorte no puede ser
emprendido seriamente cuando se trata con gran
generosidad a las compañías farmacéuticas y el
sistema de salud está en manos de aseguradores
privados prácticamente sin regulación -un sistema
costoso, peculiar de EEUU-.
El fallo del 21 de enero eleva
nuevas e importantes barreras para superar la grave
crisis del cuidado de la salud o para afrontar
asuntos tan críticos como las inminentes crisis
ambiental y energética. La brecha entre la opinión
pública y la política pública es cada vez mayor. Y
el daño a la democracia estadounidense es tan grande
que difícilmente se puede exagerar.
Fuente:
Publico/es (The New York Times Syndicate)
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