El atolladero
de México
por Jorge Castañeda

México emprendió esta lucha sin

 debate ni reflexión; se dejó convencer

 fácilmente por los mitos de Calderón

 de que era una guerra necesaria.

Cinco mitos que han provocado la 'guerra fallida' en México.

El actual Gobierno de México tomó posesión el 1 de diciembre de 2006, pero en realidad asumió el poder 10 días después, cuando Felipe Calderón –vencedor en unas ajustadas elecciones presidenciales, en las que su adversario izquierdista, enfurruñado, se negó a reconocer la derrota – se puso una chaqueta militar, declaró la guerra abierta contra el crimen organizado y el narcotráfico y ordenó al Ejército que saliera de los cuarteles a las calles, las carreteras y los pueblos. Gracias a la audaz medida contra unos enemigos odiosos (y al cambio de tema), Calderón se ganó el amplio apoyo de la población y de la comunidad internacional, además del asombro de las élites políticas, empresariales e intelectuales de México.

Tres años y 15.000 muertes después, la guerra de Calderón sigue contando con apoyos dentro y fuera de sus fronteras, sobre todo de Obama, pero el escepticismo sobre su estrategia está extendiéndose, como descubrimos Rubén Aguilar y yo cuando el otoño pasado publicamos El Narco: La Guerra Fallida y nos encontramos en medio de un enérgico debate sobre el destino de nuestro país. Ya era hora.

La guerra contra las drogas en México es cara e imposible de ganar, y se basa en unos mitos peligrosos. Calderón ha desplegado todo tipo de armas, desde estadísticas tergiversadas hasta un mal uso de la historia, para convencer al país y al mundo de que hay que librar esta batalla. Como saben bien los estadounidenses, los conflictos basados en falsas premisas y que persiguen objetivos mal definidos suelen convertirse en atolladeros lamentables. México no es todavía, ni mucho menos, un Estado fallido, pero ya está metido en una guerra fallida. Mientras no abandone la falsa narración de la guerra como defensa necesaria de una tierra desesperada y acosada por los malos, correrá grave peligro de acabar derrumbándose.

La explosión de los drogadictos mexicanos

El Gobierno mexicano afirma que ha tenido que desplegar decenas de miles de soldados y atacar a los carteles de la droga como nunca antes, en parte, para alejar a los niños de ese mundo. El argumento en el que se basa este emotivo grito de guerra es que México ha dejado de ser sólo un lugar de paso y de producción de drogas para convertirse en consumidor.

México lleva décadas produciendo marihuana y heroína y exportándolas a Estados Unidos; no produce cocaína, pero es la principal ruta de Colombia a EE UU desde finales de los 80. En los últimos diez años, se ha convertido en importante fábrica de metanfetaminas, que también se venden en suelo estadounidense. Pero ahora el Gobierno asegura que la población ha empezado a consumir droga, y que es preciso detener esa tendencia antes de que México DF acabe como los peores barrios de Baltimore.

Ahora bien, los argumentos del Gobierno tienen en contra sus propias estadísticas. El Ministerio de Sanidad realiza sondeos nacionales sobre adicción desde 1988; los estudios constituyen una serie de datos fiables y constantes, recogidos por los mismos especialistas en los mismos sitios. El más reciente muestra que no ha habido un aumento significativo del número de consumidores. El total pasó de 307.000 adictos a 465.000 entre 2002 y 2008, un incremento de 26.000 adictos al año en un país de 110 millones de habitantes. El índice global de adicción asciende al 0,4% de la población, y es mucho menor que en Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, y también inferior a otros países latinoamericanos, como Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile.

El número de mexicanos que reconocen que han consumido drogas al menos una vez en su vida –la llamada tasa de incidencia – también ha permanecido estable o incluso ha disminuido durante la última década para todas las drogas. La extensión del consumo –es decir, el número de personas que confiesan haber consumido alguna sustancia al menos una vez durante el año anterior – permanece estable.

Estos hallazgos están corroborados por otros sondeos, por ejemplo, los llevados a cabo por el Instituto Nacional de Psiquiatría, y en el ámbito regional por los Centros de Integración Juvenil. Estas cifras muestran que, en los mayores centros urbanos del país, como México DF, Guadalajara y Monterrey, o en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, no existe ninguna prueba que indique un aumento significativo del consumo de drogas, pese a la gran expansión de la clase media de México en los últimos años. Destacan, sobre todo, las cifras de Tijuana y Ciudad Juárez: entre 1998 y 2005, la tasa de adicción en la primera cayó del 4,4% al 3,3%; e incluso en Ciudad Juárez, presunta capital mundial de la droga, subió del 1,6% a sólo el 4%.

La explosión de la violencia en México

La segunda razón ofrecida para la guerra de Calderón fue el aumento de la violencia hasta 2006 y a lo largo de ese año, y la idea de que el caos del crimen organizado estaba menoscabando la seguridad pública, por no hablar del imperio de la ley. La violencia sangrienta entre carteles durante la segunda mitad de ese año, incluida la aparición de cinco cabezas decapitadas en una discoteca de Uruapan, en el Estado natal de Calderón, Michoacán, escandalizó a la sociedad, y el nuevo Gobierno sacó gran provecho de los sondeos de campaña que mostraban que la seguridad y la violencia eran algunas de las cosas que más preocupaban al electorado.

Por desgracia, los hechos desmienten también este argumento. La violencia en México, si se cuentan los asesinatos por cada 100.000 habitantes, había disminuido en la década anterior, según las estadísticas gubernamentales, que el propio Calderón ha utilizado. De acuerdo con los datos de la ONU, el índice de asesinatos había pasado de 14,9 por cada 100.000 habitantes en 1998 a menos de 11 en 2006. Era superior al de Estados Unidos (5,6), pero muy inferior al de gran parte del resto de Latinoamérica, con casos como los de El Salvador (58), Venezuela (48), Colombia (37) y Brasil (25).

Los mexicanos quizá se sentían más inseguros cuando eligieron a Calderón, pero la verdad es que el país era mucho menos violento y sufría muchos menos crímenes que 10 años antes.

Las discrepancias entre la percepción y la realidad derivan de una mala interpretación de los sondeos de opinión pública. En 2006, los mexicanos estaban más preocupados por el crimen y por el orden público que por ninguna otra cosa, en parte porque las preocupaciones económicas habían disminuido tras 11 años de estabilidad macroeconómica y de crecimiento modesto pero persistente. Pero no relacionaban esa preocupación con los carteles, el crimen organizado ni el narcotráfico. En todos los sondeos, estas cuestiones ocupaban un lugar muy bajo entre las preocupaciones de los ciudadanos. En realidad, la violencia directamente relacionada con el negocio de la droga no estalló hasta después de que Calderón tomara posesión; en 2006 se cometieron 2.100 asesinatos relacionados con el narcotráfico; en 2007, la cifra aumentó a 2.700; en 2008, a 5.660; y en 2009, hasta finales de noviembre, a 5.800.

El Estado acosado

El tercer argumento para la declaración de guerra fue el espectro de la captura del Gobierno mexicano –en el ámbito local, provincial e incluso nacional – por parte de los todopoderosos carteles. Este motivo parece más creíble que las otras afirmaciones de Calderón; cada vez había más episodios que parecían demostrar que los carteles estaban apoderándose de ciudades, carreteras y puntos de entrada a Estados Unidos, cobrando a cambio de protección, poniendo a cuerpos enteros de policía a sueldo y así sucesivamente. El Estado mexicano, dijo Calderón al país, estaba perdiendo el control de su territorio.

Sin embargo, también este argumento se vio debilitado por las repetidas afirmaciones del propio Gabinete –con el respaldo de Washington– de que México no era un Estado fallido. No lo era ni lo es, pero no se pueden alegar las dos cosas a la vez: es decir, por un lado, que México no es un Estado fallido y, por otro, que está perdiendo el control de su territorio.

Una dosis de contexto histórico también quita fuerza a la idea de que los carteles, de pronto, amenazaron con infiltrarse en el Gobierno mexicano y corromperlo. México no es Noruega ni jamás lo ha sido. En los 80, hubo que disolver toda la Dirección Federal de Seguridad porque los señores de la droga se habían adueñado de ella por completo. El embajador estadounidense de entonces, John Gavin, acusó concretamente a varios gobernadores de Estados y miembros del Gobierno de participar en el narcotráfico en conversaciones privadas con el presidente Miguel de la Madrid, una acusación que éste consideró, en algunos casos, “excesiva”.

En 1998, el zar antidroga recién designado por el presidente Ernesto Zedillo, Jesús Gutiérrez Rebollo, fue detenido apenas dos meses después de su nombramiento cuando su homólogo estadounidense, Barry McCaffrey, que al principio había aplaudido a Gutiérrez Rebollo, descubrió que trabajaba para los narcotraficantes.

La declaración de guerra del Gobierno Calderón contra los carteles y su historia de que los gobiernos locales corrían peligro de caer en manos del crimen organizado presuponía que la penetración de aquéllos en éstos, así como en la policía y el Ejército, era mucho mayor en 2006 que en los 30 años anteriores. Por desgracia para México, la historia deja claro que ésa es una afirmación dudosa. Aunque es posible que la violencia y el secuestro de ciertas prerrogativas del Estado por parte de los carteles sea mayor hoy que a mediados de 2006, la cuestión es qué fue primero: la guerra o la ascensión de los carteles. Calderón afirma que la amenaza creciente de los carteles le empujó a la guerra; yo creo que la guerra fallida ha hecho que los carteles tengan más poder.

El vecino traficante de armas

Calderón no cesa de repetir que Washington comparte la responsabilidad de la guerra contra las drogas porque ha sido mal vecino. El Gobierno mexicano acusa a Estados Unidos de ser el proveedor de armas indispensable de su enemigo y atribuye una parte importante de la violencia actual al sur del Río Grande a la segunda enmienda de la Constitución al norte de dicho río.

Es cierto que una gran proporción de las armas de asalto utilizadas por los carteles procede de Estados Unidos, pero la cifra es muy inferior al 90% que suele decirse (en efecto, el 90% del armamento que las autoridades mexicanas entregan a las estadounidenses para que descubran su origen proceden de ese país, pero otros cálculos más acertados sugieren que esa cifra representa entre el 20% y el 35% de las armas en México), y a la afirmación, también frecuente, de que cada día entran en México 2.000 fusiles de asalto. Si fuera así, eso significaría que, desde que Calderón juró su cargo, han entrado más de dos millones de artefactos. Para situarlo en contexto, México tiene un promedio de 15 armas por cada 100 habitantes. Finlandia posee 55.

Las estadísticas mundiales sugieren que el hecho de compartir una frontera con Estados Unidos influye poco en la disponibilidad y en el precio de las armas de asalto, como saben los habitantes de las favelas de Brasil, los campesinos de Colombia o los niños sin brazos de Sierra Leona. Las autoridades mexicanas harían bien en aceptar esta realidad, porque el coste que tendría para el comercio legítimo y el turismo el cierre y el escrutinio de todo el tráfico fronterizo sería inmenso, y el esfuerzo sería inútil. Si hay unos productos que son casi tan fáciles de adquirir en los mercados mundiales como las drogas, son las armas.

EE UU puede acabar con su adicción a las drogas

Este quinto mito también vincula Estados Unidos a la guerra de Calderón y refleja la protesta mexicana de que, si los estadounidenses redujeran su afición a las drogas ilícitas, o tomaran medidas drásticas contra su consumo, la situación mexicana mejoraría. También ésta es una ilusión quijotesca.

El consumo de drogas en EE UU no ha disminuido durante el último decenio, y no existen motivos para pensar que vaya a hacerlo en el futuro. Lo que cambia con el tiempo son los tipos de sustancias que se consumen, los grupos sociales que las consumen y su situación geográfica. Pero la sociedad norte-americana nunca va a reducir su demanda, porque no quiere hacerlo; y no quiere porque, con razón, cree que el coste no merece la pena.

En todo caso, Estados Unidos parece encaminarse en la dirección opuesta, es decir, hacia la despenalización de la marihuana, una mayor tolerancia hacia las formas menos peligrosas de heroína, un esfuerzo para desenganchar a la gente de las metanfetaminas y, en general, la adopción de una actitud más relajada respecto a este mercado. De ahí la decisión de la Administración Obama de no hacer respetar las leyes federales contra la marihuana en los Estados que la han legalizado para usos medicinales.

Es absurdo que cientos de soldados, policías y pequeños narcotraficantes mexicanos estén muriendo en la guerra contra las drogas en Tijuana cuando, a 150 kilómetros al Norte, en Los Ángeles, hay, como informaba hace poco The New York Times, más dispensarios legales y públicos de marihuana que escuelas públicas.

Si uno aceptase estos mitos como verdades, sería posible ver la guerra mexicana con optimismo. El Gobierno de Calderón, de vez en cuando, publica estadísticas sobre las incautaciones de drogas, sustancias químicas para la fabricación de metanfetamina, armas, aviones, barcos, camiones e incluso submarinos semisumergibles –el equivalente, en la guerra contra las drogas, al número de bajas –, todas ellas muy superiores a las anunciadas por presidentes anteriores. También asegura que la mejor prueba del éxito de la contienda es el aumento de precio de varias drogas en las calles de Estados Unidos, como las metanfetaminas y la cocaína.

Según este punto de vista, casi cualquier cosa puede convertirse en una medida del éxito. El Ejecutivo mexicano sostiene incluso que el espectacular incremento del número de asesinatos relacionados con la droga en México entre 2007 y 2009 debe atribuirse a las victorias logradas en la guerra contra los carteles; estas desafortunadas muertes, afirma, significan que las organizaciones criminales están matándose entre sí por desesperación a medida que el Ejército estrecha el cerco.

El Gobierno ha proseguido la política de las dos Administraciones anteriores de construir una policía nacional, hasta ahora con tan poco éxito como Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y se dice que está desarrollando la estrategia de cerrar el acceso a México por el sur del país a la altura del istmo de Tehuantepec, el estrechamiento de 220 kilómetros que es mucho más fácil de patrullar que la frontera con Guatemala y Belice.

Pero esas afirmaciones, como los mitos que llevaron para empezar a México a la guerra, son fáciles de deshacer. Colombia ofrece a México unas dolorosas lecciones sobre la necesidad de tomar medidas serias contra los daños colaterales del negocio de la droga –violencia, corrupción, secuestros, extorsión –, y sobre lo inútil de intentar erradicar el narcotráfico por completo. Después de 10 años del Plan Colombia, la estrategia de Estados Unidos que se remonta al Gobierno de Bill Clinton y que consiste en financiar con generosidad las campañas de lucha contra la droga y contra los rebeldes, la violencia en dicho país ha disminuido de forma radical, las guerrillas están en fuga, los grupos paramilitares están en gran parte desmantelados e incluso la corrupción se ha reducido ligeramente. Sin embargo, en 2007, las exportaciones colombianas de cocaína permanecían estables, así como la extensión de tierra dedicada a cultivar la hoja de coca, y, de todas formas, cualquier disminución de la oferta que se produjera allí se compensaría con un aumento de la producción por parte de Perú y Bolivia. El precio de la cocaína en las calles de Estados Unidos es superior hoy al de hace varios años, pero muy inferior al de hace una década.

La verdad es que el éxito del ataque frontal de México contra la producción y el tráfico de drogas es tan poco probable como la perspectiva de que la sociedad estadounidense tome medidas drásticas contra la demanda. Para México sería más prudente ejercer presiones conjuntas con Estados Unidos para que se despenalicen la marihuana y la heroína, los dos estupefacientes más fáciles de abordar (el primero porque es el menos dañino y el segundo porque es el más dañino). Aunque la legalización de la marihuana no sea inminente, las últimas encuestas muestran que son partidarios de ella más del 40% de los estadounidenses y el 54% de los demócratas.

Calderón afirma que la creciente amenaza de los carteles le empujó a la guerra. Creo que la ‘guerra fallida’ ha hecho que tengan más poder.   

Para continuar con el rumbo actual, habrá que contar con más cooperación y con más intervención de Estados Unidos, tanto para el equipamiento y el entrenamiento de los policías mexicanos como para labores de inteligencia y otras tareas de apoyo táctico. Es difícil imaginar una situación que exija presencia estadounidense sobre el terreno, como ha ocurrido en Colombia, pero hay que destacar que una encuesta realizada el pasado mes de marzo muestra que el 40% de los mexicanos, una proporción sorprendente, estaría a favor de la presencia militar estadounidense en México para luchar contra las drogas.

Lo que está claro es que México no puede seguir jugando a dos barajas: queriendo más apoyo de su vecino del Norte y de tipo más moderno, pero poniéndole límites tradicionales. Estados Unidos está financiando la Iniciativa Mérida para apoyar la guerra mexicana, pero la ayuda actual –por un valor aproximado de 450 millones de dólares al año– es insuficiente, y hacer bien las cosas costaría muchos miles de millones de dólares anuales. La Administración Obama ha seguido los pasos del ex presidente George W. Bush durante sus dos últimos años de mandato, y ha convertido esta guerra en el elemento central y casi único de las relaciones bilaterales. La Casa Blanca dio el visto bueno a la estrategia de Calderón como si sus premisas fueran completamente sólidas; ese respaldo ha sido crucial para la cruzada actual. Pero las premisas han resultado equivocadas, la estrategia no está funcionando y la movilización del Ejército ha provocado cada vez más violaciones de los derechos humanos.

México emprendió esta lucha sin debate ni reflexión; se dejó convencer fácilmente por los mitos de Calderón de que era una guerra necesaria. Pero, aunque fueron pocos los mexicanos que la criticaron en un principio, cada vez son más los que están de acuerdo con el título de nuestro libro. La guerra fallida, que es como lo llamamos, ha vendido más de 20.000 ejemplares en tres meses, y forma parte de un examen general, en libros, ensayos y artículos periodísticos, de la tragedia mexicana.

Yo voté por Calderón y animé a lectores y simpatizantes a hacer lo mismo; le apoyé activamente durante las turbulencias postelectorales de 2006, sobre todo ante los escépticos extranjeros. Por tanto, lamenté tener que empezar a formular muchas de estas críticas a mediados de 2007.

Pero la cultura política en México sigue recompensando la lealtad irreflexiva; si uno cuestiona una estrategia, por mucho peso que tengan sus argumentos, la gente se apresura a acusarle de tener oscuros motivos políticos. El debate sobre los porqués y los cómos de la guerra de Calderón que hemos empezado a ver en la prensa escrita está todavía ausente de la televisión, el medio de comunicación más importante del país. Es una lástima. Hasta que México se enfrente pública y colectivamente a los duros interrogantes que plantea la guerra contra las drogas no tendremos una política sostenible ni una estrategia viable. Y, mientras Estados Unidos no ponga en tela de juicio nuestras respuestas, carecerá también de una estrategia para la guerra contra las drogas y, sobre todo, para el desarrollo de México. Es un problema: si la guerra continúa, será tanto la guerra de Obama como la de Calderón, y seguirá distrayéndonos de asuntos mucho más importantes, fundamentalmente cómo consumar la extraordinaria transición actual de México a una sociedad de clase media.

Jorge Castañeda: ex ministro de Exteriores de México, es miembro titular de la New America Foundation, y catedrático distinguido en el Centro para Estudios sobre América Latina y Caribe, de la Universidad de Nueva York.

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