|
A 130 años de la renuncia
de Lorenzo Latorre,
fundador del Estado Uruguay
por el
Dr. Alfredo E. Allende
Un país desgarrado
“Bien puede decirse
que la guerra es el estado normal de la República”
declaraba en 1875, el futuro Educador José Pedro
Varela. Computaba 19 revoluciones en 45 años,
situación que le hizo dudar sobre la viabilidad del
país.
En marzo de 1876
resultaba inevitable que Lorenzo Latorre asumiera la
jefatura de Estado, con el apoyo casi
universal de la población uruguaya. Los
empresarios, las clases medias, la gente humilde
azotada en el campo por malones y en Montevideo por
la inseguridad, los militares, como también
numerosos políticos de ambos bandos principales,
veían en él una garantía para la pacificación que se
retardaba indefinidamente en arribar desde el
nacimiento de la República, desde hacía no menos de
50 años. Pero también muchos intelectuales
justificaron el episodio, que fue cívico-militar,
con el recuerdo y ejemplo de Manuel Herrera y Obes
que ya la había preanunciado y reclamado para sí
(hecho que suele omitirse en las crónicas
históricas). A su vez, el Presidente Pedro Varela
había intentado un golpe con fines absolutistas.
Hubo siempre
gobiernos tambaleantes porque en verdad se carecía
de un real Estado, de educación pública masiva, de
códigos, de respeto a la propiedad y a las personas;
faltaban instituciones básicas, producción
mínimamente adecuada y finanzas sanas y
transparentes y se estaba sobre el punto de la
disgregación nacional porque no había paz en los
espíritus, ni las ciudades ni en los campos.
Luego de sangrientos
episodios electorales, los acontecimientos hacia
1876 se precipitaron. Latorre imantaba a todos los
sectores sociales: “tiene el ejército, tiene los
caudillos, tiene el comercio, tiene los hacendados,
tiene el bajo pueblo de la capital”, dijo el
historiador Zum Felde que lo desprestigió acusándolo
de crímenes que nunca se molestó en probar,
simplemente porque aquél nunca los había cometido;
pero reconoció su decencia proverbial y admitió
además que se pergeñaron relatos falsos en su torno.
Más aún, escribió expresamente que el período
propiamente militar no comenzó con Latorre, sino
después de su renuncia.
El 10 de marzo, una
comisión de ciudadanos convocó a una asamblea a
Plaza Constitución que resultó mucho mayor en número
de ciudadanos que los asistentes a los comicios
efectuados jamás en todo el territorio. Pero más
importante fue el reconocimiento del país que aceptó
la toma del poder acéfalo, en una nación sumida en
el caos. Desde la plaza, la multitud se dirigió a la
casa de Latorre sita en Convención, cerca de la
calle Soriano, donde, plebiscitado, se lo consagró
gobernador Provisorio. Por supuesto que la
legislatura quedó disuelta; ya lo había anunciado
Manuel Herrera y Obes en caso de asumir él la
dictadura, ya lo había preanunciado la propia
legislatura expulsando de su seno a miembros
importantes de ella.
* A los 24 años de
edad Latorre había sido nombrado capitán. Tenía en
sus legajos computados varios encuentros bélicos.
“Se distinguió ante sus jefes por su golpe de
vista”… “su compañía llegó a ser un modelo de
instrucción y de disciplina”, explicó Eduardo de
Salterain y Herrera circunstancia ésta de gran valía
en una época en la que el ejército no tenía
formación profesional y los reclutados no estaban
habituados a las necesidades del ordenamiento que
exige la actividad castrense, sobre todo en tiempos
de guerra que eran poco menos que continuos. La
indisciplina dentro de las filas era otro factor que
robustecía el desorden reinante. Ese joven
comandante, alto y espigado, de mirada penetrante,
era prolijo en su labor, ahorrativo al máximo a fin
de extraer el mayor rendimiento posible a la
eficacia de sus unidades sin expensas inútiles.
Durante la contienda del Paraguay fue subordinado y
dilecto alumno del prestigioso militar español León
de Palleja, con el que llegó a tener durísimas
polémicas, sin por ello dejar de respetar las
reglas. León de Palleja dictó normas para la
infantería y comenzó a consolidar una fuerza bajo
reglamentos imprescindibles, alejando las
similitudes existentes entre el ejército de línea y
las meras montoneras. Su discípulo más cercano,
Lorenzo Latorre, fue un héroe en la desgraciada
guerra contra el Paraguay; malherido al encabezar la
vanguardia de los ejércitos aliados en Estero
Bellaco, lo elogiaron sus superiores por su valor y
profesionalismo. Fue considerado un héroe de guerra.
En 1870 se iniciaba
la “Revolución de las lanzas”, que a pesar de su
nombre no careció de medios de fuego intimidatorios.
Se libraron enfrentamientos duros y batallas como la
del Sauce del 25 de diciembre, sangrienta si las
hubo, en la que el Comandante del batallón 1° de
Cazadores, Teniente Coronel Lorenzo Latorre, logró
salvar la vida a prisioneros rivales que iban ser
pasados a degüello. Actuando en el frente interno,
años después, como Ministro de Guerra, venció la
fuerte sublevación denominada “la Tricolor”. Indujo
a los rivales hacia el norte -que se refugiaron en
el Brasil- con maniobras persecutorias, sin
atacarlos. Solicitó para ellos buen trato a las
autoridades de ese país. Antes de esa revolución
había acordado con el prestigioso caudillo blanco
Aparicio una forma de convivencia que permitiera la
presencia de ese sector en la vida pública de la
República. De cuerpo entero queda pintada la
personalidad de Latorre, reiterando brío pero
también humanitarismo (eludir las represiones) y
sentido nacional de integración (acuerdo con
Aparicio) en una patria desquiciada. Como asimismo
lo describe su retorno silencioso al hogar de la
Calle Convención, eludiendo los homenajes que, por
su triunfo sobre la “Tricolor” le estaban preparando
entre sincera admiración de muchos e inevitables
zalamerías de algunos. Rehuía el boato, como rechazó
el ascenso a general por dos veces, una en esta
instancia de la rebelión Tricolor y otra cuando la
legislatura le ofreciera más tarde el grado máximo.
Decía que rechazaba ese honor por dos razones
principalísimas: la angustiosa y desesperante
situación de nuestro erario, incapaz de soportar hoy
nuevo recargo, y la necesidad de dar una lección a
esos militares y ciudadanos que sólo sirven a la
República por los atractivos de las recompensas
individuales, y no por llenar los deber que tienen
contraídos, ora como soldados, ora como simples
particulares”.
El mayor pintor del
Río de la Plata, José Manuel Blanes se quejaba
porque Latorre esquivaba el retrato, debiendo
hacerle uno de dimensión más bien pequeña en buena
parte de memoria y con la ayuda de una foto; no
posaba Latorre -menos con uniforme de gala que nunca
usó- pero sí ayudó al talentoso artista
encomendándole obras, como “La Revista de Rancagua”
donada al Estado argentino así como visitó el taller
del pintor en ocasión de mostrarse el majestuoso
“Juramento de los Treinta y Tras Orientales”.
Protegió con afán la gloria de Blanes.
Expuso cuando inició
la gestión de gobierno con sólo 31 años de edad:
“Mis opiniones personales son conocidas; y así como
me honro de haber sido y ser individualmente
colorado, tomando parte activa en la batallas que
han ensangrentado la República, así también me hago
un honor en declarar que mi gobierno prescindirá en
absoluto de nuestras discordias y anteriores y de
todo favoritismo de partido.” Y obró en
consecuencia.
En el ministerio de Hacienda fue
designado Juan Andrés Vázquez, juez de comercio,
hombre de reputación, impuso contención a los gastos
e imprimió disciplina presupuestaria, como lo quería
el Gobernador siempre atento al proceso financiero
con un sentido del ahorro rayano en la obsesión. En
el ministerio de Guerra y Marina actuó Eduardo
Vázquez, compañero de Latorre en la contiende con el
Paraguay y en la campaña contra la Tricolor, único
militar de su gabinete. En las Relaciones
Exteriores, Latorre eligió a Ambrosio Velazco, recia
personalidad del partido Blanco. En el ministerio de
Gobierno fue nombrado José María Montero (h), su
colaborador infatigable, que gozó de reconocimiento
en los ambientes de la cultura montevideana.
Al frente de la Educación, puso
al notorio José P. Varela.
Colaboraron de manera
directa o indirecta, a veces con consultas
requeridas por el Gobernador Provisorio,
personalidades como Lorenzo Batlle, Mariano Berro,
Joaquín Requena, Alejandro Magariños Cervantes, Juan
José de Herrera, Aurelio Berro, Manuel Herrera y
Obes. Hipólito Gallinal, aquel jurista que cuando
tenía 8 años de edad recibiera balazos en las
piernas por cierto sargento ebrio “para que no
sirviera a los blancos”, se constituyó en el
exclusivo miembro del Tribunal de Apelaciones
agregado en el Poder Judicial por la iniciativa del
Gobernador. Gallinal, erudito en leyes, poseedor de
una integérrima moral, prestó servicios para
asesorar al Ejecutivo en los múltiples cambios de
normas legislativas que se fueron operando y para
modernizar el aparato jurídico, vetusto en buena
parte de su extensión. El Dr. Gualberto Fernández,
que había estado en París radicado por sus estudios
de medicina, ocupó la cartera de Relaciones
exteriores latorrista. Blanco en sus preferencias
políticas, Alfredo Vázquez Acevedo no fue un
colaborador directo, pero como Fiscal en lo Civil y
criminal desempeñó una labor de contralor,
oponiéndose en ocasiones a decisiones del Gobierno
que terminó acatando sus dictámenes.
El Gobernador, sumó
inteligencias en torno a él con prescindencia de los
partidos Diferente a lo ocurrido con desgraciada
frecuencia en gobiernos rioplatenses.
El país que recibió
Latorre estuvo signado por una tradición
ininterrumpida de asonadas, rebeliones y feroces
luchas facciosas de los partidos con frecuentes
intervenciones militares o para-militares. En las
relaciones internacionales, el cuadro no era mejor:
la penetración brasileña al norte, las continuas
amenazas de invasiones desde las costas argentinas,
la dependencia de los humores y peripecias de lo que
ocurría en ambas naciones linderas presagiaban lo
peor. En lo financiero, hubo un déficit crónico,
emisión sin garantía, sueldos atrasados en la
administración, presupuestos absorbidos por gastos
castrenses. En lo económico, ausencia de producción
estable y necesaria para el mantenimiento de un
orden civilizado, con campos abiertos, y pandillas
bravías que aterrorizaban a los pobladores; en lo
institucional, falta de un verdadero Estado con
organismos adecuados para servir a la población y
avanzar en progreso. En lo educacional, poco
menos que la nulidad absoluta, con una población
abrumadoramente analfabeta en la campaña y gran
parte de la población de la ciudad capital.
En lo que hacía a la seguridad de las personas,
ciudadanos estaban expuestos a las levas arbitrarias
de los ejércitos de línea y de los malones, con una
policía corrupta, cruel y dispersa sin contralor
serio por parte de las autoridades y sin
tranquilidad ni aún en Montevideo, ante la
delincuencia recurrente.
Que haya críticos de
Latorre que olviden todos estos antecedentes, más
que asombro provoca pena porque las víctimas de sus
“olvidos” son los integrantes de la comunidad
Oriental, sumida en la ignorancia de la verdad
histórica.
Pero, ¿cuáles fueron
las primeras medidas de fondo adoptadas? A fin de
revertir esa situación, debía servir de base un
orden elemental para lograr organización y unidad en
integración cultural, política y económica. O sea,
para lograr un Nación moderna.
Se enfrentó el cáncer
de las correrías criminales sobre la campaña,
poniéndose a las comisarías bajo un estricto control
del gobierno a fin de que actuasen enérgicamente en
defensa de los derechos de los habitantes, de la
producción, de los colonos, propietarios y
puesteros, así como de los pobladores de las villas
dispersas del territorio. Pero en esa actividad los
responsables de la acción policial debían dar cuenta
estricta al Ejecutivo de lo que se estaba haciendo y
de lo realizado, para evitar tropelías o
permisividades atentatorias a la habitabilidad de la
campaña, perversión que venía ocurriendo desde
siempre en el Uruguay. Una vez reducida la dimensión
del tumor, apenas transcurridos unos meses, se
inició el gran proceso de judicialización del
territorio mediante la designación de jueces
letrados que reemplazaban a las alcaldías
inservibles y sometían a debido proceso a los
imputados; fue una tarea revolucionaria en lo
jurídico, dándose oportunidad a los alegatos de los
imputados delante de un magistrado y de la
acusación en regla, procedimiento nunca antes
realizada por gobierno alguno. Se dictó en este
sentido el Código Rural y el Código de Instrucción
Penal, luego de la consulta con juristas de
enjundia. Se prohibieron las levas por parte de las
unidades militares, poniéndose énfasis en defensa de
la población llamada africana, la gente de tez negra
o parda, porque de ello hizo el Gobernador un tema
de honor, como lo declaró expresamente.
Es decir, se comenzó
a instaurar un orden básico, organización y
seguridad, dentro de la ley en resguardo de los
habitantes, ciudadanos o no, mujeres y varones de la
campaña. Los derechos humanos y las libertades
fueron así garantizados con especial tesón y por vez
primera en la historia del Uruguay independiente
para las mayorías modestas de la población rural y
para los empresarios del campo.
Los derechos de los
detenidos por delitos comunes fueron resguardados;
la leyenda negra contra Latorre se fortaleció con el
tiempo en torno del Taller denominado “de los
adoquines” del cual se decía sin pudor que servía de
base para hacer trabajar a los opositores en el
empedrado de las calles. En cambio y según la
interpretación de un antilatorrista, José M.
Fernández Saldaña, amigo de imaginar relatos
truculentos, afirmó: “El famoso Taller de los
Adoquines constituyó un interesante ensayo de
reforma en el régimen carcelario del país.” Agregó
que esta prisión constituyó “un enorme avance”
porque en la situación anterior los presos “hundidos
en la miseria y el ocio, habían sido encerrados, con
o sin grillos, en los calabozos del Cabildo, en el
cuartel de La unión, en la fortaleza del Cerro, en
la Isla de Ratas, en pontones fondeados en la Bahía.
Los presos eran a la par una pesadilla y una lacra;
en todas partes estaban mal.” Por su parte Eduardo
Acevedo, enemigo de la imagen del Gobernador,
manifestó que existieron conmutaciones realizadas
por Latorre de penas de muerte, legalmente válidas
entonces, por otras menores. No hubo un solo preso
político durante el latorrismo. Simultáneamente se
puso fin al método del exilio por razones políticas,
o por cualquier otro motivo: nadie fue perseguido
por sus opiniones políticas durante el gobierno
latorrista -contrariamente a las necedades y
fantasías que se han escrito- al punto que no sólo
hubo numerosas publicaciones opositoras, sino que
también surgieron otras, por ejemplo “La Razón”
plena de biliosos textos.
Ante las calamidades
ya comentadas de un campo sin labores fecundas, sin
oportunidad de poseer rodeos refinados ni
agricultura, se lanzó la gran reforma agraria
uruguaya, la más grande que haya tenido
concretamente la historia de la nación. Desde 1876
comienza un ritmo vertiginoso de cerramientos de las
propiedades. Ese año se importaron 2 millones de
kilos de hilo metálico, en 1877, 6,6 millones; en
1879 se superaron los 10 millones, y al año
siguiente más de 14 millones. Ya en 1882, por
impulso obviamente del gobierno anterior que
finalizó a principios del año 80’, se había
alcanzado alambrar el 64% de las estancias. (Antes
de 1876 sólo en el 13% de los establecimientos
estaban cercados). Las tierras se valorizaron a
causa del cerramiento forzoso, y si bien los
latifundistas se quedaron con la parte del león -que
ya la tenían desde el punto de vista legal- se puso
un límite a las grandes extensiones de sus campos,
preexistentes a la reforma. Se puso a disposición de
los productores créditos accesibles a los efectos
del alambrado por lo que propietarios medianos y
muchos de los dueños de pequeños fundos, quedaron a
salvo de la marejada latifundista; y algunos de
aquellos, los de mediana propiedad, por añadidura,
enriquecidos.
Se ha hablado mucho
de una fuerte desocupación que se habría producido
en la etapa de Latorre, pero se ha omitido de
ordinario explicar que se crearon labores diversas
en los campos, que significaban puestos laborales:
cuidado de los apareamientos, antes dejados al azar;
se atendían cercados de partes internas de los
establecimientos para las rotaciones en búsqueda de
pastos adecuados; se efectuó la modernización de la
trasquila y la actividad de fue actualizada; se
otorgó atención especial a los animales de raza,
etcétera. Además, el gobierno lanzó obras de
explotaciones mineras, de emplazamiento de líneas
férreas, al par que se efectuaban trabajos públicos
en la ciudad capital, algunas de real significación,
más el tendido de telégrafos a los largo del país
que permitió la unificación de las imprescindibles
comunicaciones de las regiones entre sí y con la
capital; se erigieron agencias de Correo,
nacionalizado y creado como servicio público durante
ese gobierno -antes funcionado en pulperías del
interior- en tanto se levantaban escuelas.
El progreso rompe la
visión idílica de un campo que consistía, en el
mejor de los casos, en un amasijo de desorden y de
nidos delictivos. El período de “peonización” se
convirtió en uno de proletarización considerado
siempre como una etapa superadora en los procesos
sociales. El trabajador rural se constituyó pronto
en un segmento de la comunidad regido por normas
consuetudinarias que tendieron hacia una
racionalización del trabajo y de sus propias
condiciones de vida.
En este orden de
cosas, se crearon algunas colonias agrícolas, se
constituyó una Comisión Central de Agricultura, con
recomendación de formar Comisiones auxiliares en el
interior del país. Se requirió del extranjero
sarmientos de viñas para vinificación, plantones de
olivos y semillas de numerosos cultivos, entre ellos
de trigo, maíz, morera, lúpulo, para ser
distribuidas entre los agricultores. Se estimuló con
premios diversas producciones agrarias y al
iniciador del primer sistema de irrigación. Se
abrieron cursos teóricos de Agronomía y Zootecnia. A
fines del 76’ el gobierno autorizó a los vecinos a
colonizar tierras fiscales, ya que como rezaba una
circular, “no se han habituado nuestros paisanos al
cultivo de tierras.” Vino el progreso en materia de
granos y frutos merced a las demarcaciones
alámbricas que dificultaron las estampidas de
animales.
Se protegió la
manufactura nacional hasta tal punto que la
tecnificación rural adquirió en 1879 una velocidad
inédita. Se sustituyeron importaciones y los
uruguayos empezaron a proveerse localmente de ropa
incluso zapatos, carruajes, muebles, materiales de
construcción que precedentemente se traían del
exterior. No por casualidad en 1879 se creó “La Liga
Industrial” primera organización gremial encaminada
a representar los derechos de la incipiente
manufactura.
Algo que era de la
mayor importancia por entonces: hubo, desde 1877,
una merma de importación de la galleta común, de
legumbres secas, de fideos, cebada y alpiste,
mercaderías vitales para la población en general. Se
hizo cesar la introducción de harina, aspecto éste
de fundamental significación para la economía del
país, y también para su autonomía respecto del
exterior. Ahora bien, toda “esa producción ayudó a
los pobres a ganarse la vida, a los pequeños
propietarios a mejorar sus campos; tuvo por
resultado general la economía de miles de pesos, que
en lugar de salir del país o cargarse a su pasivo,
han quedado en manos del productor y del
trabajador.” Fueron Expresiones de Adolfo Vaillant,
jefe de Estadísticas (Cuando en la Argentina, se
obtuvo el mismo resultado liberador de las
importaciones de harina, por obra de Carlos
Pellegrini y Vicente F. López, se los alabó -se
prolongan actualmente los elogios- en los textos y
en las enseñanzas como modelo de orientaciones
correctas para beneficio de productores, de
consumidores nacionales y a fin de consolidar la
autonomía nacional. En el Uruguay no se menciona al
gobernador que hizo posible este gran logro).
El investigador
Oriental Silos Piedra Cueva en su El vicario, el
inspector y el coronel, ha puesto en evidencia un
episodio histórico importante: Latorre produjo un
proyecto para viabilizar la ocupación de tierras por
sectores desplazados o modestos, cuando efectuaba su
mandato en carácter de Presidente constitucional
para el cual había sido designado el 10 de marzo de
1879 por la Asamblea Legislativa; se tocaban
intereses porque se preveía que la supuestas
propiedades o parte de extensiones mayores, habían
sido invadidas por terratenientes. El asunto fue
dilatado y llevado a las calendas griegas. Este tema
seguramente impactó negativamente en el ánimo del
Presidente que esperaba mediante tal procedimiento
no sólo hacer justicia distributiva, sino impulsar
la economía en proceso de estagnación debido a las
malas condiciones climáticas, movilizando recursos
en favor del fisco y del desarrollo nacional.
Se dispuso en
Montevideo -1879- la prestación de atenciones
médicas de urgencia con un servicio nocturno
provisto de botica y de carruajes que fungían de
ambulancias. En 1877 se creó el Asilo Maternal
diurno, para niños entre 2 y 8 años de edad, hijos
de familias trabajadoras. En los dos años siguientes
se establecieron otros asilos similares, lo que
prueba que se estaba llenando una necesidad de los
hogares humildes. Se implantaron cursos nocturnos de
enseñanza primaria a los que asistían gente de
condición modesta que por tareas diurnas no podían
ampliar sus conocimientos en cuanto a instrucción.
Se estableció la Escuela de Artes y Oficios -1879-
primero de manera efectiva en Montevideo y por ley
para el interior del país con afluencia al principio
de prevenidos por la policía, otros enviados por sus
padres a título de incorregibles y más de treinta
por carecer de medios de subsistencia (Curiosamente
se adjudica a menudo esta obra al General Santos,
posiblemente porque en el interior del país ejecutó
la ley obtenida por Latorre y -como ha sido
tradicional- para evitar el nombre del coronel en su
enorme obra de progreso)
En el marco del
desarrollo económico lanzado, se acrecentó el número
de los trabajadores organizados. El 1° de mayo de
1878 la “Federación Regional de la República
Oriental del Uruguay”, de tendencia socialista
libertaria, aprobó sus estatutos y publicó una
declaración de principios. En ese año circuló el
periódico de la organización obrera titulado “El
Internacional”, sin ningún inconveniente. Hubo
varias huelgas en la época de Latorre: las de
fideeros, la de los obreros de los saladeros, la de
tranviarios, carpinteros, gráficos, en reclamo de la
jornada de 8 horas y de mejores condiciones
laborales. Los anales gremiales certifican que se
comenzaron a realizar convenios entre los obreros y
los empresarios, con salarios mínimos garantizados y
con cláusulas de ingresos exclusivos para los
afiliados al sindicato.
Un principio de
justicia social básico y superior se logró con la
pacificación lograda en el gobierno latorrista. Se
suele olvidar que son los sectores pobres e
indigentes la carne de cañón de los enfrenamientos
civiles y del malón siempre delictivo. Esto fue así
por más que se cante con tonos románticos a las
montoneras, habitualmente feroces, o en el mejor de
los casos irrespetuosa de los derechos humanos y de
las haciendas ajenas. Los integrantes de estos
grupos erráticos y violentos con ruda dignidad
rendían la vida, haciendo de la valentía personal y
de grupo, como de fidelidad a la causa que no
entendían, los máximos tributos a la existencia
barbarizada en la que maduraban y caían, con
generoso desdén por el repliegue o la fuga, al que
acudían sólo en casos extremos; para poder retornar
con ardides renovados al centro del combate.
Mientras “doctores”, militares y políticos dirimían
sus contradicciones mediante el derramamiento de
sangre popular, ellos llegaban a acuerdos
circunstanciales, aliaban o rompían pactos, y allí
abajo en el corazón del pueblo, se penaba teniendo
como único recurso sumarse a las “cruzadas”, a las
montoneras, a una vida sin arraigo, sin educación,
sin alimento regular, sin hogar estable.
La organización
socio-institucional y cultural gestada por Latorre
hizo cada vez menos significativos los desórdenes
con tintes caóticos prevalecientes hasta entonces.
La organización constituyó un grado superior al
simple orden basado en la fuerza pasajera. El Estado
es la máxima expresión político-cultural de
cualquier país, y ello fue el objetivo y el
contenido del Gobierno latorrista que lo edificó
dentro de pautas republicanas y progresistas.
El gobierno de
Latorre acudió a la defensa de la moneda dándole
estabilidad por medio de la aceptación del oro como
patrón que facilitaba las transacciones y obligaba a
la disciplina fiscal. El ataque que a veces se ha
efectuado sobre esta resolución no tiene pie ni
cabeza: ¿qué otra cosa se podía hacer sino someter a
la población al escándalo del emisionismo? Pero su
decisión “orista” -para emplear un calificativo
usado entonces- no fue dada en el vacío, sino en
pleno auge de una producción que se extendió desde
el campo a la manufactura, desde la suplantación de
importaciones básicas, a la mayor exportación en
cantidad y sobre todo en calidad por el mejoramiento
de las carnes y las lanas que sobrevino a los
cercados de los campos, al orden institucional
establecido, al principio de autoridad sin
autoritarismos concretado. Además, no se decidió
para siempre una política económica: se salió del
marasmo y se dieron las bases del desarrollo con
integración, pacificación y libertad. Luego se
podría reformular los cambios que los avatares de la
historia determinasen como más apropiados. Uruguay,
que no podía pagar regularmente los sueldos de sus
funcionarios administrativos o debía reducirlos, no
estaba en capacidad de llevar adelante el despliegue
de puentes o el emplazamiento de vías férreas. Sólo
el capital externo, con la tecnología de que se
carecía en el país, podía realizar esa tarea
compleja. A no ser que se prefiriera la pampa
bárbara de la “tierra purpúrea”, para sobrevivir en
el atraso, bajo el imperio del malón y el
desencadenarse de las luchas entre cacicazgos
cambiantes y sangrientos mandones.
En el acuciante y
grave problema educacional Latorre volcó su interés
por la obra de José Pedro Varela, el estudioso joven
vinculado al principismo, círculo enemigo del
gobernador. En 1877, Varela elevó a Latorre la “Ley
de Educación Común”, relativa a la instrucción
primaria, acompañado de un extenso informe. El
titular del Ejecutivo la hizo analizar por una
comisión de personalidades, entre las cuales se
contó con el concurso del Ministro Montero. Se
produjo una modificación de la doctrina inicial de
Varela favorable a la descentralización
administrativa, creándose en cambio una Dirección
Nacional integrada por cuatro vocales y un
secretario general, todo bajo la dirección de un
Inspector Nacional, cargo que fue confiado por el
Gobernador Provisorio al mencionado J. P. Varela que
luego sería conocido con los calificativos de
Educador o Reformador.
Latorre tuvo que
luchar y “dar la cara” contra los enemigos de la
gran reforma; casi se puede decir que protestaban
todos: las juntas administrativas locales porque las
debilitaba la reasignación de poder nombrar maestros
y manejar los colegios; los jefes políticos porque
perdían peso sus influencias; los curas porque en
principio no podían enseñar en los establecimientos;
los principistas porque alegaban que no podía haber
una obligación en materia educacional, que había
sido consagrada en gratuita, pública y precisamente
obligatoria; y no faltaron los particulares porque
Latorre impuso impuestos específicos para solventar
tamaños cambios a una tradición de despreocupación
sobre el asunto, con una población mayoritariamente
iletrada. La tarea hercúlea de Varela y el obstinado
apoyo a su obra de parte de Latorre, que cargó sobre
sus espaldas los ataques y firmó las odiosas
resoluciones impositivas, hicieron el milagro: en
pocos lustros la República Oriental del Uruguay se
constituyó en el país más alfabetizado de América
toda y tal vez del mundo entero. La educación fue en
sí misma pero también como factor de integración: el
23 de septiembre de 1878 Latorre ordenó crear
escuelas en la zona norte “donde los muchachos
aprenden a decir Nao en vez de decir NO, lo que es
una vergüenza.” El mismo día el Ministro Montero
remitió un oficio a los Jefes de Policía de las
regiones fronterizas del norte en el que expresaba
que la persona que crece bajo el imperio de una
lengua extraña “menoscaba necesariamente los
sentimientos de patriotismo y la dignidad
ciudadana.”
Fue la Reforma
educacional en verdad vareliana-latorrista, como lo
reconoció el propio Varela en su lecho de enfermedad
postrera al enviar al 9° Presidente constitucional
del país un ejemplar de su “Legislación escolar” con
la siguiente dedicatoria redactado por su mano:
“Como recuerdo al Magistrado que al promulgar la Ley
de Educación Común y mantenerla con inalterable
firmeza, supo cubrirse de gloria legítima,
resolviendo en el sentido del progreso y de la
felicidad de la República uno de los más importantes
problemas de nuestra época y de nuestro país.”
Fallecido Varela
en medio de su enorme labor que le minó la salud.
Latorre se inclinó por el hermano de aquél, Jacobo
Varela, para el reemplazo efectuado por decreto
el 5 de enero de 1880, -una de las últimas
decisiones que tomó- porque así daba continuidad al
trabajo comenzado.
Una fuerte y curiosa
objeción contra la Educación Común fue levantada
porque se introducía a la mujer como maestra
en las escuelas y porque en los grados preliminares
las aulas eran mixtas para los alumnos; se
temía una posible feminización de los varones.
Mérito del Reformador
consistió en ignorar estas acerbas críticas y del
gobernante aceptar una innovación que no se
compadecía con los prejuicios de la vida de cuartel
ni en general de su tiempo, pacato y misógino. Se
prohibió toda clase de castigo corporal inflingido a
los educandos, norma de suma importancia en tiempos
de recias y duras costumbres aceptadas.
Pero en materia
formativa hubo más, como se verá más abajo, en tarea
que no realizó Varela pues su misión se
circunscribió -nada menos- que a la implantación de
un régimen escolar revolucionarios para todo el
país.
Con Latorre en el
gobierno y dentro del marco de libertad imperante,
se crearon bibliotecas populares y salas de lectura.
La Biblioteca y el Museo de Montevideo fueron
colocados en 1879 bajo la dependencia de la Comisión
de Instrucción Pública. Aquellas instituciones,
hasta entonces sin actividad, sin vida, fueron
vinculadas de tal manera a las escuelas primarias,
hecho que les otorgó un notable impulso, como lo
reconoció Eduardo Acevedo.
A poco de iniciado su
gobierno, Latorre anuló una disposición que había
creado una censor teatral, es decir suprimió la
censura a las funciones teatrales. Aprovechando esa
libertad reinante, la pacificación alcanzada y el
desenvolvimiento masivo de actividades, por fusión
de varias entidades se erigió el “Ateneo de
Montevideo” en 1877, en los que se dictaron cursos
preparatorios para los ingresos universitarios y
hasta una Facultad de Derecho, ambos libres. La
actividad cultural durante el latorrismo no sólo fue
muy grande, sino que se desarrolló de manera
libérrima. Llamó la atención del pintor y pensador
Pedro Figari que desde el Ateneo y otros centros de
cultura, el Club Uruguay por ejemplo, ubicados
alguno de ellos a metros de la casa particular de
Latorre, se imprecara con acritud contra el
gobernante, sin que por ello sucediera nada en
materia de represiones, mordazas, censuras o trabas
a la libre expresión. Nunca en su vida pudo
comprender el famoso autor de inigualados cuadros
sobre candombes y costumbres, tanta verbosidad
vehemente respecto del gobierno progresista,
productivista y liberal de Lorenzo Latorre.
Más allá de todas las
realizaciones ya citadas, se mencionarán algunas de
las más importantes que restan recordar y que
conformaron el meollo del Estado hasta entonces
impotente o no nato.
Ninguna de las
grandes novedades producidas en gobierno de Latorre,
al decir de E. Salterain y Herrera “significó
modificación del orden social tan importante como la
de la ley del registro civil.” Se establecieron
cuatro registros que llevarían los Juzgados de Paz:
nacimientos, defunciones, matrimonios, y el de
reconocimientos y legitimaciones. Se legitimaron los
matrimonios entre personas de diferentes credos y en
el matrimonio de católicos, la norma exigió que
dentro de los tres días siguientes a la ceremonia
religiosa, los contrayentes debieran presentarse
ante el Juzgado correspondiente para dar validez al
acto de enlace. (En 1885 se estableció el Matrimonio
Civil Obligatorio completando la reforma insinuada
en 1879). Al tratar de hijos fuera del matrimonio la
ley de Latorre prohibió que el padre revelara el
nombre de la madre y viceversa, con la excepción de
una libre decisión de ambos. Se resguardaba así el
derecho a la intimidad, la facultad de los
individuos de evitar la intromisión de terceros aún
del Poder Público.
Nació con Latorre el
Registro General de Embargos e Interdicciones
Judiciales, instituto fundamental para evitar que
las disposiciones de los magistrados fueran eludidas
en desmedro de los intereses lesionados de
particulares o públicos.
Se creó el Registro
General de Marcas y Señales del ganado que, parece
mentira, no existía en un país prioritariamente
ganadero, lo que significaba una ausencia asombrosa
de un ordenamiento elemental para las
manifestaciones de propiedad y de riquezas.
En el comienzo del
período latorrista, 1876, surgió la Facultad de
Medicina; hasta esos momentos los profesionales de
la medicina eran reclutados extranjeros o se trata
de uruguayos que estudiaban en Buenos Aires u otros
países. El gobierno contra la opinión del Consejo
Universitario, dispuso que las dos primeras
cátedras, las de anatomía y de fisiología fueran
nombradas por concurso -y de todas las demás
asignaturas que se fueran creando- y no por
designación directa como quería el Consejo. Al año
siguiente se establecieron otros cursos: materia
médica y terapéutica, higiene y medicina legal,
patología general. (No hay placas recordatorias, ni
los profesionales médicos uruguayos tienen idea de
este origen)
A su vez la Escuela
Politécnica Oriental fue autorizada a expedir
títulos de Agrimensor, Perito Mercantil, Arquitecto
e ingeniero a condición de que el examen de fin de
carrera se llevara a cabo antes mesas de examen
designadas por el poder público, dándose inicio a
las carreras superiores de esas profesiones:
agrimensura, arquitectura, etcétera.
En 1876, un sector de
estudiantes universitarios presentó un proyecto de
libertad de estudios y a pesar de la reticencia de
otro grupo de alumnos que predicaban la postergación
de la iniciativa para que la realizara un gobierno
constitucional (¿Lo hubieran hecho? No lo habían
llevado a cabo hasta entonces los “gobiernos
constitucionales”, así llamados los surgidos del
fraude institucionalizado, de la violencia y de la
abstención de la mayoría abrumadora de la
población). Latorre dictó el decreto argumentando
que la libertad de estudios era “un sagrado derecho
que el Poder público tiene el imperioso deber de
respetar y garantir.” No fue todo: un nuevo
requerimiento de ese mismo año planteaba un Consejo
Universitario que, además de los catedráticos y de
vocales elegidos por los profesionales ya recibidos,
podían ser miembros los propios estudiantes,
modificación de avanzada insólita para la época que
fue acordada favorablemente por el Gobernador
Provisorio. Fue la creación del cogobierno en las
altas casas de estudio. Constituyó un antecedente de
varias décadas, respecto de la gran reforma
universitaria de Córdoba -Argentina- famosa en el
continente, pero de 1919.
Una acotación, a modo
de ecuación: el latorrismo significó: escuelas +
telégrafos + correo + puentes + trenes + jueces
letrados para al campaña + alambrado + producción +
instituciones = Estado, civilización y unidad
nacional.
Si Latorre observó
severidad con algún sector la ejerció con los
militares. Al asumir en 1876 el presupuesto dedicado
a este rubro alcanzaba a ser el 49% del total; ya en
1878 se había reducido a un 32%, disminución que se
acentuó hasta llegar a preverse en 1880 sólo un 21%.
En tanto los recursos para la educación se expandían
de manera explosiva. Se suprimieron dos batallones
de cazadores, por un decreto emitido a las 24 horas
de ocupar el gobierno, y un regimiento de
artillería. Se otorgaron poquísimos ascensos y casi
ninguno de alta graduación. En los niveles
superiores hubo, en 1879, 305 oficiales; en 1883,
alejado del poder hacía tres años, ese tipo de
oficiales llegaba a ser de 411 … En 1886, sin
considerar el rubro asignado al “Ministerio de
Guerra” el presupuesto militar era del 70% del
total.
Se alejaron de
Montevideo las tropas de línea -con la excepción de
una unidad de artillería- al punto que tuvo que
armarse un sistema de rondas para vigilancia con
soldados provenientes del interior. Se efectuó una
reestructuración con una nueva distribución de las
unidades, adquisición de armamentos útiles,
doctrina y entrenamiento heredados de León Palleja.
Se debe imaginar el malestar que habrán sentido los
jefes militares desplazados hacia la campaña
uruguaya. El estudioso y pensador Carlos Real de
Azúa, y otros numerosos autores negaron el carácter
de militar al gobierno de Latorre: “Faltó a lo largo
de todo el período el ingrediente típico de un
sistema militarista que importa la imposición a toda
la sociedad de los valores militares y la
movilización de ella hacia fines de agresión.”
(“Cuadernos de Marcha”, 23) Si bien existió en
Latorre, la tendencia a exaltar ciertos valores
estimados de modo particular en la vida militar: “el
orden, las tradiciones nacionales, el respeto a las
jerarquías, la sobriedad, la honestidad, la
eficacia”, todo ello “que se manifestó en la
conducta del gobernante y en algunas medidas de
gobierno, no llegó a constituirse en normas
impuestas a la sociedad.” Quiere decir, fueron
valores propios del gobernante no transmitidos de
manera sofocante a la civilidad, sino como ejemplo.
Los mandos militares
con Latorre no deliberaban ni decidían nada.
Gobernaba él, con sus ministros todos civiles salvo
la razonable excepción del titular de la cartera de
Guerra, con sus asesores designados para reformular
códigos o crearlos y con quienes fueron convocados
para consultas sobre elecciones, con el Poder
Judicial independiente, y luego de ser nombrado
Presidente constitucional, con el Poder Legislativo.
No lo hizo con sus pares de profesión. Y tuvo el
coraje posiblemente inédito de reducir drásticamente
el presupuesto militar y bajar el número de unidades
miliares, tal cual se ha visto.
*A principios de
1880 Latorre renuncia. Dejaba instaurado tras de
sí el Estado, todavía no real hasta su gobierno, de
la República Oriental del Uruguay. Y enviaba un
mensaje en favor del progreso en libertad que no se
borraría más.
Se fue a la Argentina porque le
hicieron imposible su estadía en su país;
quiso volver en más de una
oportunidad poniéndose bajo la jurisdicción de la
Justicia para que lo investigara. Prefirieron las
autoridades aplicarle lo que él había desechado: el
exilio inconstitucional; se tuvo temor a su imagen
incorrupta, a su inocencia y popularidad. Todavía
ocurre ello, aunque parezca absurdo.
LA
ONDA®
DIGITAL |
|
