Juez Garzón: de
perseguidor a perseguido
por Luiz Flávio Gomes

"Defender a Garzón es
defender la democracia"

 

El juez  de instrucción español Baltasar Garzón, de perseguidor archiconocido (justamente por eso cosechó incontables enemigos), pasó ahora a ser perseguido por la magistratura española. Está siendo procesado por Prevaricación (término usado en la justicia española para malversación) en el Tribunal Supremo y, paralelamente, en el Consejo General del Poder Judicial, y corre el riesgo de perder el cargo y de ser “jubilado”. ¿Por qué? Porque tomó la iniciativa de investigar las circunstancias de las muertes y desapariciones (se calculan en 100 mil) durante la época del General Franco (1936-1939).

 

La investigación de estos hechos está relacionada con el llamado derecho a la memoria y a la verdad - derecho de perpetuar en la memoria colectiva las atrocidades practicadas para que no sean repetidas y derecho de descubrirse la verdad de las muertes y de las desapariciones durante la época de la dictadura militar. Los ultraderechistas (políticos, organizaciones sociales y magistrados), amantes de la política fascista de Franco, sin embargo, están ávidos para “eliminar” del mapa jurídico al citado juez, que metió la mano en una herida aún abierta, que es la del fanatismo, del franquismo y del ultra-conservadurismo español.

 

Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y tantos otros países ya implantaron sus “Comisiones de la Verdad” (para la investigación de los crímenes de las respectivas dictaduras). Argentina y Chile, por cierto, fueron más lejos: están castigando, inclusive penalmente, a los torturadores, llevando a muchos de ellos a la cárcel.

 

El juez de instrucción Baltasar Garzón (de la Audiencia Nacional), en respuesta a peticiones legítimas de los familiares de las víctimas, determinó la apertura de un procedimiento de investigación. Una de las primeras providencias consistió en la apertura de varias fosas, para descubrir la identidad de las personas muertas.

 

La reacción ultraderechista fue inmediata. El ostracismo que diversos sectores antidemocráticos de España - que cuenta tanto con militantes de la derecha como de la izquierda - quieren imponer a Garzón es muy preocupante, ya sea desde el punto de vista jurídico, como del punto de vista político. Y es aterrador.  El fantasma de la ideología de la represión, del quiebre de las reglas democráticas, de la falta de respeto al juego democrático liberal no desaparece nunca. Ni en Europa, ni en Brasil, ni en ninguna parte del mundo. Cuando no forjan golpes militares y/o armados, caen en el desatino de procesar a un juez  (de instrucción) por querer investigar delitos contra la humanidad cometidos por una dictadura, que constituyó un riesgo permanente para la democracia liberal. Lo que está en juego, desde luego, en estos procesos contra Garzón, es la propia autonomía (independencia) de la magistratura (cf. Paolo Flores D’Arcais, El País de 18.02.10, p. 27).

 

El argumento central para la apertura de dichos procesos consiste en lo siguiente: el juez Garzón, al intentar investigar los crímenes de la dictadura franquista, habría violado la ley de amnistía española. Observando todo sin ira et studio, claro que jurídicamente el juez  tiene razón, porque las leyes de amnistía, por el derecho internacional y universal, no valen en favor de aquellos que cometen crímenes contra la humanidad (y el terrorismo de Estado de una dictadura es un típico crimen contra la humanidad). Nadie puede ser acusado de malversación cuando cumple el jus cogens (el derecho universal).

 

Los crímenes contra la humanidad son crímenes que no admiten amnistía ni son prescriptibles. Es por eso que en favor del juez Garzón se movilizaron varios juristas internacionales (El País, 16/02/10, p. 8), que hicieron y publicaron una petición firmada de solidaridad, manifestando decepción con la iniciativa de procesarlo (y “jubilarlo”) por estar actuando en favor de las víctimas de la dictadura franquista.

 

Carla del Ponte (que fue miembro del Ministerio Público que actúa junto al Tribunal Penal Internacional), Raúl Zaffaroni (que fue uno de los principales protagonistas en Argentina para derrocar las leyes internas de amnistía a los militares de la dictadura), Juan Guzmán (juez chileno que abrió procesos contra Pinochet y la dictadura militar chilena) y tantos otros, quieren atestiguar a favor del juez Garzón.

 

Un detalle interesante es que por detrás de todo este movimiento contra el citado juez  se encuentran tanto militantes de la derecha como de la izquierda. Es increíble como los cuestionamiento antidemocrático recorre todo el arco ideológico. Los procesos abiertos contra el juez  Garzón, por haber intentado investigar los crímenes de la era franquista, parecen dar la razón a la tesis hobbesiana del homo homini lupus. No es fácil enfrentar las dictaduras, incluso cuando matan, torturan o hacen desaparecer personas.

 

Criticando la postura de los magistrados que quieren “jubilar” a Garzón, José Saramago escribió (El País, 13/02/10, p. 13): “Nunca hubo una edad de oro de la Justicia. Hoy, ni oro ni plata, [porque] vivimos en tiempos violentos. Que lo diga el juez Garzón que, es víctima del despecho de algunos de sus pares demasiado complacientes con el fascismo que perdura por detrás del nombre de la Falange española”. 

 

En Brasil tampoco los ultraderechistas están muertos. El PNDH-3 (Plan Nacional de Derechos Humanos), aprobado por el decreto presidencial 7.037, de 21/12/09, continúa generando mucha polémica porque creó la Comisión Nacional de la Verdad, que vendría a investigar  tan sólo los delitos de la “represión política”. Frente a la reacción de las Fuerzas Armadas, la Comisión tiene ahora la tarea de averiguar los hechos practicados “por los dos lados” (por los agentes del Estado así como por los guerrilleros izquierdistas).

 

Las opiniones antagónicas, claro, cuentan con un fuerte contenido ideológico. Quien tiene simpatía por las tesis y valores de izquierda apoya la creación de la Comisión Nacional de la Verdad para investigar los crímenes de la dictadura brasileña (1964-1985).

 

Los de la derecha radical, que defienden las tesis y los valores de las fuerzas represivas, son, evidentemente, contrarios a todo eso. Dicen: si hay que investigar, que investiguen “los dos lados”. La exoneración pronta e inmediata del general Maynard Santa Rosa (del Departamento-General de Personal del Ejército), en febrero de 2010, por haber criticado a la Comisión de la Verdad (que, para él, sería la “comisión de la calumnia, compuesta de fanáticos”), retrata claramente la polémica ideológica antes referida.

 

Es preciso controlar estas reacciones ultraderechistas (y antidemocráticas). Nuestra civilización actual demoró tres siglos (desde el Iluminismo, por lo tanto) para llegar a la era democrática. En el origen de los levantamientos antidemocráticos y dictatoriales casi siempre hay un grupo de militares. De ahí la exactitud del castigo contra el general.

 

Vale recordar que “entre los 18 del Fuerte de 1922 y la bomba del Riocentro de 1981, ocurrieron por lo menos 20 episodios relevantes de insubordinación militar, una cada tres años [...] durante la dictadura de 1964-1985 la anarquía (militar) produjo e institucionalizó un aparato represivo que se dio a la delincuencia de la tortura, del asesinato de ciudadanos y del exterminio de militantes de organizaciones izquierdistas. Comenzaron combatiendo a los grupos que, entre 1966 y 1973, se lanzaron en un brote terrorista. Terminaron con un pedazo de esta máquina haciendo su propio terrorismo, tirando bombas en instituciones académicas, puestos de diarios y entidades como la OAB y la ABI” (Elio Gaspari, Folha de S.Paulo, 14/02/10).

 

Con los levantamientos militares y las reacciones de ultraderecha no se juega, porque reflejan posturas radicales, contagiosas y peligrosas. De ahí la imperiosa necesidad de que recordemos, permanentemente, para la actual y futuras generaciones, el valor de la democracia liberal, la importancia del Estado pluralista, en fin, las bases y los principios del Estado constitucional y humanista de derecho (muy superior al estado inconstitucional e inhumano de derecha o de izquierda).

 

Traducido para LA ONDA digital  por Cristina Iriarte

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