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Uruguay: Bernardo Jaramillo,
crimen de lesa humanidad
por
Carlos García
El exterminio en
Colombia de la Unión Patriótica
dejó un saldo de
2 candidatos presidenciales,
nueve
congresistas,
70 concejales y
decenas
de diputados,
alcaldes y líderes políticos
muertos o
desaparecidos.
Se calcula en 4
mil las victimas.
El periodista Carlos García, de la
publicación colombiana Semana.com 20-3-10, preparó
el informe que sigue sobre el asesinado el 22 de
marzo de 1990 de Bernardo Jaramillo Ossa candidato
presidencial y dirigente de la Unión Patriótica
colombiana. Jaramillo Ossa era un conocido de los
uruguayos ya que en los años 80 a iniciativa del
general Liber Seregni presidente del Frente Amplio
visito Montevideo, participando en actos públicos de
la coalición frenteamplista
Hace 20 años el candidato
presidencial fue asesinado en un episodio del
exterminio de todo un movimiento político de
izquierda: la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo
Ossa, candidato presidencial y dirigente de la Unión
Patriótica asesinado el 22 de marzo de 1990.
Jaramillo Ossa asume la jefatura de la Unión
Patriótica tras el asesinato de Jaime Pardo Leal.
Con mezcla de frialdad y quizá
con un poco de humor negro, el candidato
presidencial por la Unión Patriótica, Bernardo
Jaramillo Ossa, aseguraba en todas las entrevistas
que lo iban a matar.
Una predicción que no resultaba
difícil después del asesinato de centenares de
militantes de ese movimiento de izquierda que surgía
con un gran respaldo popular que no se veía en
Colombia desde la época de Jorge Eliécer Gaitán.
Su presentimiento se cumplió el
22 de marzo de 1990. Cuatro balas disparadas desde
una Mini-Ingram por un joven que lo esperaba en el
Puente Aéreo de Bogotá, acabaron con su proyecto de
una izquierda moderna y democrática y se convirtió
en uno de los tres candidatos presidenciales
asesinados en la sangrienta campaña de 1990.
Ya estaba muerto el candidato
del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán y sólo
faltaba un mes para que acabaran con la vida del
recién desmovilizado del M-19 y también candidato a
la presidencia, Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa tuvo éxito en la
política por su franqueza. Quienes lo conocieron, lo
catalogaban como un social demócrata, un visionario
y un hombre de cambio.
Nació en Manizales en 1956 y se
graduó en Derecho y Ciencias Políticas. Pronto se
convertiría en un importante dirigente agrario en el
Urabá Antioqueño, militante del Partido Comunista
Colombiano y tras la expulsión de esa colectividad
por plantear reformas ideológicas y abrir paso a la
concertación y a la democratización sin abolir la
propiedad privada, asumiría la presidencia de la
Unión Patriótica después del asesinato de su
dirigente, Jaime Pardo Leal en 1987.
Este abogado manizalita acertó,
hace 20 años, en lo que sería la degradación del
conflicto armado colombiano. Advirtió el
fortalecimiento de las estructuras paramilitares y
su complicidad con el Estado y el narcotráfico, y
señaló la pérdida del horizonte político de la
guerrilla de las Farc, subrayando incansablemente
que la única salida posible era el diálogo. En
repetidas ocasiones aseguró que la UP no necesitaba
de las Farc, ante las denuncias de sus
contradictores que señalaban a ese movimiento como
brazo político de la guerrilla.
“Sé que la única salida
política al conflicto armado pasa por el diálogo
entre gobierno e insurgencia y la interlocución
válida de la sociedad civil para encontrar caminos
de reconciliación”, afirmaba en Jaramillo en sus
discursos y siempre resaltaba que “no se puede ser
consecuente con la paz ni hablar de paz mientras no
se combate efectivamente a los grupos paramilitares
ni se castiga ejemplarmente a los miembros del
Estado comprometidos en la violencia contra la
población civil”.
Jaramillo Ossa confiaba en que
un proceso de paz no debía resumirse a la entrega de
armas por parte de la insurgencia, sino que debería
alcanzar transformaciones profundas en una sociedad
inequitativa como la colombiana. Por eso fue uno de
los principales veedores del proceso de
desmovilización de la guerrilla del M-19 y su
transformación en partido político, perseguido y
exterminado al igual que la Unión Patriótica.
Su muerte
Bernardo Jaramillo Ossa llegó
al Puente Aéreo de Bogotá a las 7:30 a.m el jueves
22 de marzo. Lo acompañaban Mariela, su esposa, once
escoltas del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), dos de la Policía y dos de la Unión
Patriótica (UP). La pareja abordaría un vuelo de
Avianca, rumbo a Santa Marta, para gozar de la
luna de miel que no habían podido tener por las
múltiples ocupaciones del dirigente político. Su
esposa recuerda que justo ese día no quiso llevar el
chaleco antibalas que siempre usaba por ser uno de
los hombres más amenazados del país.
Una hora antes, un joven de 17
años, vestido de corbata y un maletín en su mano,
llegó a la terminal aérea y confirmó un pasaje de
Avianca en el mismo vuelo a Santa Marta. Las
autoridades lo identificaron después como Andrés
Arturo Gutiérrez, el menor de cuatro hijos de
una familia que vivía en el barrio Enciso de
Medellín.
Minutos después, tres hombres
se acercaron al joven y le entregaron una
ametralladora Miningram, calibre nueve milímetros y
una fotografía del líder de la UP. Luego se
alejaron. Andrés Arturo agarró el arma, la escondió
en su saco y esperó sentado en los pasillos del
terminal fingiendo leer un periódico y esperando el
momento preciso para actuar.
Todo estaba planeado. Si el
primer intento en el Puente Aéreo fallaba, había
otro joven que también abordaría el avión para
asesinar a Jaramillo en pleno vuelo. Pero si éste
también fallaba, otro grupo de sicarios lo esperaba
para ultimarlo en el aeropuerto de Santa Marta.
Ese joven que abordaría el
avión se llamaba Gerardo Martínez, quien un mes
después acabó con la vida del recién desmovilizado
del M-19, Carlos Pizarro Leongómez. Andrés Arturo le
disparó a Bernardo a las 8:05 a.m. El sicario
desenfundó la ametralladora y la accionó
escondiéndola con el periódico. En menos de un
minuto descargó las 33 balas del proveedor.
Cayó herido, tenía cuatro
impactos en el tórax. Mariela, su esposa, se tiró a
su lado para protegerlo. Herido, Jaramillo le dijo a
su esposa: “Mi amor, no siento las piernas. Estos
hijueputas me mataron, me voy a morir. Abrázame y
protégeme”.
Y allí quedó su anhelo de una
patria democrática, equitativa e incluyente. Y
allí quedaron sus sueños, repetidos en varias
entrevistas, de tener la posibilidad de caminar por
las calles sin escoltas, de ir tranquilo a una
heladería, sentarse en una banca de un parque para
darle de comer a las palomas, leer un periódico o
entrar a un cine.
El exterminio de la Unión
Patriótica dejó como saldo el asesinato de dos
candidatos presidenciales, nueve congresistas, 70
concejales y decenas de diputados, alcaldes y
líderes políticos. Se habla de más de 4 mil
víctimas, muchos de ellas desaparecidas.
Días antes del asesinato de
Jaramillo Ossa, entre los dirigentes de la UP causó
revuelo unas declaraciones de Carlos Lemos Simonds,
ministro de gobierno del presidente Virgilio Barco.
Lemos Simmonds sostuvo en entrevista con Colprensa
que “el país ya está cansado y una prueba de ese
cansancio es que en estas elecciones votó contra la
violencia y derrotó al brazo político de las Farc
que es la Unión Patriótica. Se van a enojar porque
les estoy diciendo esto, pero ellos saben que es
así”.
Dirigentes de la UP
reaccionaron diciendo que esas afirmaciones ponían
en riesgo la vida de sus militantes.
¿Quién ordenó su asesinato?
Esa misma mañana, el general
Maza Márquez, director del DAS, atribuyó la autoría
intelectual del asesinato al capo del cartel de
Medellín, Pablo Escobar en su guerra terrorista que
había asesinado meses atrás al candidato
presidencial Luis Carlos Galán. Pero el poderoso
narcotraficante envió una carta declarándose
“adolorido” y negó categóricamente ser el autor
intelectual del crimen.
Los Castaño, jefes
paramilitares, entonces se convirtieron en el foco
de las miradas. En su libro “Mi confesión”, Carlos
Castaño afirma que su hermano Fidel dio la orden de
asesinar al dirigente de la UP. Otras hipótesis
hablaron de escuadrones de la muerte cercanos a
organismos del Estado e incluso de sectores de las
Farc, incómodos con las reiteradas condenas de
Jaramillo a la lucha armada.
Veinte años después, lo único
que se ha conseguido acaba de suceder: el crimen fue
considerado de lesa humanidad para evitar que su
investigación prescriba.
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