El cobre es chileno solo
en el imaginario colectivo
por Vivian Lavín

Frente a la enorme necesidad de reconstruir nuestro país, el gobierno debutante ha tenido que mirar con detención cómo costear los treinta mil millones de dólares que se requieren y para ello ha debido revisar la billetera e inversiones heredadas que no son suficientes para enfrentar cifras de esta magnitud. Es por ello que la creatividad, pero sobre todo, la memoria han puesto la mirada de los economistas sobre lo que antaño se llamaba “el sueldo de Chile” o la “viga maestra de nuestra economía”, pues claro, el cobre.

De aquí que no extrañe que haya surgido la idea de elevar el impuesto que paga la gran minería en nuestro país, sin embargo, no deja de ser sintomático que una idea de estas características provenga del mismo gobierno que está tan ligado a los intereses del empresariado nacional.

Algo de historia

Según los especialistas en el tema, todavía está en el imaginario colectivo chileno del siglo XXI que el cobre es chileno, sin embargo, esto ya no es así. En el gobierno militar se hicieron todos los traspasos que empezaron a operar en democracia quedando la mayor cantidad del cobre, nuevamente en manos extranjeras.

Fue en el año 2004, cuando el entonces presidente de la Democracia Cristiana, Adolfo Zaldívar, se salió de libreto y empezó a bregar por un “royalty” a las empresas mineras que ya venían operando catorce años en democracia sin pagar los impuestos que se les exige al resto de las empresas y personas de este país. Fue tanta la presión y la ofensiva de personas y organismos que el Presidente Ricardo Lagos envió un proyecto de royalty al parlamento, de mala gana, según confiesa el entonces senador Jorge Lavandero, a quien el mismo entonces Presidente Ricardo Lagos le habría confesado que “el cobre no estaba en su agenda”.

El economista Julián Alcayaga denomina “el tongo del royalty 2” lo que a la postre, se materializa en un impuesto más. “Lo que se hace es rebajar desde el 42 por ciento a un 35, incluyendo un impuesto denominado royalty de 4 por ciento, lo que al final se traduce en un rebaja a un 39 por ciento. Fuimos engañados por un sortilegio jurídico”, dice el ex senador Jorge Lavandero.

El asunto no es fácil y es justamente la dificultad que reviste, lo que habría permitido según explica Julián Alcayaga, que en los hechos, con el llamado royalty 2, “el Presidente Lagos, no solo rebajó la tributación total de las mineras extranjeras, sino que además, y sobre todo, impidió que los cuatro Presidentes de la República que le siguieran, pudieran legislar para aumentar las patentes mineras y establecer un verdadero royalty minero, porque gracias a esta ley, las empresas firmaban un contrato por quince años con el Estado, que les garantizaba que ninguna nueva ley les puede aumentar las patentes mineras o les imponga un verdadero “royalty”.

Es decir, ni el gobierno de Sebastián Piñera ni los próximos dos Presidentes de la República que le sucedan, podrán legislar para aumentar el royalty 2, ni aplicar un verdadero royalty a estas empresas, ni les podrán aumentar las patentes mineras”. De aquí que la propuesta que tiene hoy el gobierno hable de “una alza voluntaria de impuesto”.

El Consejo de Defensa y Recuperación del Cobre que preside Alcayaga le envió esta semana al nuevo presidente una carta en la que piden primero, que “antes que nada su gobierno debe entregar una cuenta pública respecto a cuál es el monto de las reservas invertidas en el extranjero que hereda su gobierno”, como también dos vías por la cuales podrían efectivamente hacerse de los abundantes recursos que se requieren para la reconstrucción.

 La primera es un tributo igual al 10 por ciento de las ventas, similar al que hoy afecta a Codelco en beneficio de las Fuerzas Armadas, pero que esta vez deben pagar por un período de cinco años todas las grandes empresas mineras privadas y segundo, un aumento en forma permanente del Impuesto Adicional a la Renta de 35 a 40 por ciento”.

La baja carga impositiva de las grandes mineras no es una ilusión. El director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) Juan Carlos Guajardo, que representa a las empresas del sector reconoce que “estudios comparativos muestran que Chile tiene un royalty situado en el punto medio-bajo de la tabla de tributación internacional”. El ex senador Lavandero es más enfático: “Chile tiene la tasa impositiva más baja del mundo y está comprobado en los archivos de la Comisión Especial de Tributación del Cobre que estas empresas pagan el doble de impuestos en sus países”.

Cobre y desarrollo

No es un dato que los chilenos debamos pasar por alto el hecho de que nuestro país sea el poseedor del 50 por ciento de las reservas del cobre del mundo  y que produzca entre el 35 y 45 por ciento  de éste. Tampoco debemos olvidar que es precisamente el cobre y no el oro, como era antaño, el mineral que mide el desarrollo de los pueblos, ya que éste se cuantifica en el consumo de electricidad por cada habitante de un país y sin el cobre, sencillamente, no hay conductividad. Un dato para no olvidar. Por esto no es algo que debiera pasar inadvertido cuando se comienzan a hacer los cálculos de cuánto pudiera valer siquiera una parte de Codelco, que siempre ha estado en la mira de las privatizaciones, debido a que es motejada como una empresa ineficiente.

“Aún cuando Codelco explota el 28 por ciento del total del cobre en Chile, hoy dispone de 198 millones de toneladas de reservas. Hay que recodar que 171 millones de ya fueron entregadas gratuitamente a las mineras, pero Codelco aún conserva bastante. Y a la hora de pensar en su privatización, hay que pensar que a 3 dólares la libra de cobre menos el costo de explotación del valor, el valor de Codelco ascendería a 1 billón 135 mil millones de dólares, una cifra que resulta inimaginable que aumenta si consideramos el molibdeno que está asociado a la explotación cuprífera. Por eso cuando Piñera dice que quiere vender un 20 por ciento de Codelco, hay que estar atentos a un oscuro negocio que puede estar en ciernes”.

Según el ex senador, el informe que recibió la Comisión de Minería del senado que preparó Sernageomín y el Ministerio de Minería en el año 2003 con los datos que corroboran lo que plantea ha “permanecido escondido”. La pregunta es ¿hasta cuándo?

Fuente: radio.uchile.cl

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