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Argentina en la puerta
del Bicentenario
por Pablo
Broder *
 A
escasas semanas de llegar al tan declamado
Bicentenario de la Revolución de Mayo, que implicó
el inicio de un proceso de soberanía y construcción
de una nacionalidad, la realidad argentina sigue
transcurriendo con similares perfiles a los
evidenciados en los últimos años.
Un país crispado,
violentado desde los más altos niveles políticos, un
Estado de Derecho que muchas veces brilla por su
ausencia, multiplicación de marchas, paros,
protestas, cortes de calles y expresiones de
violencia, un Congreso parcialmente paralizado,
descuidos en el frente de las relaciones exteriores
lamentables ( caso anulación del viaje presidencial
a China), y una conducción de la economía que
ratifica la línea de castigar y presionar a los
sectores productivos, con el consiguiente deterioro
de los incentivos a la inversión y por ende a la
producción.
Firmamento político
surcado por discusiones secundarias, en muchos casos
inconducentes, y donde el debate de ideas, aquellas
que puedan hacer viable el tránsito hacia la
reconstrucción nacional, se encuentra ausente.
Frente a ello una
cada vez más numerosa masa de argentinos que de una
u otra manera, reciben cual una fuente milagrosa,
subsidios y asignaciones de un Estado que parece no
tener límite para expandir el gasto público en todas
sus manifestaciones.
En ese marco, en los
párrafos siguientes se habrán de comentar algunos
aspectos que lo han caracterizado en los últimos
tiempos.
La economía.
Son conocidos los
padecimientos de las finanzas de los Estados
provinciales. No obstante, buena parte de los
mandatarios oficialistas y semioficialistas que
compartieron con la Presidente, el último almuerzo
de gobernadores se fueron de Olivos con la certeza
de que la Casa Rosada los abastecerá de fondos
suficientes para pagar aumentos salariales, terminar
obras públicas y refinanciar deudas con la Nación.
Es decir, que podrán no sufrir mayores apremios
fiscales en estos tiempos preelectorales, siempre y
cuando continúe, obviamente, la obediencia debida de
sus cuadros y sus legisladores. De ahí que la
mayoría haya mostrado escaso o nulo entusiasmo con
la propuesta de tornar más equitativa la
coparticipación del impuesto al cheque, promovida
por el arco opositor. Descuentan que si esa ley
fuera sancionada finalmente por el Congreso, la
Presidente habría de vetarla, pero, para atenuar el
costo político, podría prometer una eliminación o
reducción gradual del gravamen a partir del año
2011. (1).
Con este panorama
político por delante, el matrimonio presidencial no
tendría demasiados escollos para seguir bombeando el
gasto público y la demanda interna como lo ha hecho
en los últimos meses.
La contracara de esta
recuperación a marcha forzada de la economía es un
cuello de botella en la oferta producto de la falta
de inversión y de los estrangulamientos productivos,
que derivan inevitablemente en una inflación en
escalones más altos y que el Gobierno niega. Las
fuertes alzas del primer trimestre elevan a 25%
anual el piso de aumento de precios al consumidor, a
pesar de los índices INDEK.
A diferencia de años
anteriores, la expansión del gasto público (que en
el primer trimestre promedió el 35% frente a una
suba del 25% en la recaudación) tiene esta vez mucho
más incidencia inflacionaria. Desaparecido el
superávit fiscal; no hay margen para subir impuestos
ni retenciones y el Gobierno recurrió a todas las
cajas disponibles para financiarla. Ahora les toca
el turno a las reservas del Banco Central
transferidas al Tesoro y no se descarta que
aproveche el canje para colocar deuda voluntaria.
Estos niveles
inflacionarios acentúan la desigualdad social, pues
mientras que los trabajadores formales, podrían
lograr aumentos salariales superiores al 20%, los
trabajadores en negro, jubilados, cuentapropistas,
desocupados y beneficiarios de planes sociales,
pueden experimentar deterioros progresivos en su
poder adquisitivo.
El Poder Ejecutivo
continúa con su presión sobre el sector productivo,
ignorando que para compensar un aumento de demanda
se requiere ampliar la oferta y la inversión,- ,
único reaseguro contra la inflación - por ahora
objetivos lejanos.
Las penurias que
evidenciarían las arcas fiscales llevaron al Poder
Ejecutivo a apelar a cuanta caja hubiera disponible.
Ya se han comentado en estas columnas largamente
todo el trámite respecto al propuesto, derogado y
vuelto a restablecer Fondo del Bicentenario en sus
variadas denominaciones.
No obstante las
acusaciones de no responder tal aplicación a normas
jurídicas que lo convaliden, el Poder Ejecutivo ya
ha dispuesto de parte de tales fondos.
La Cámara de
Diputados en su sesión del 13 de abril último, logró
rechazar el polémico decreto 298, que autoriza al
Gobierno a tomar 4382 millones de dólares de
reservas del Banco Central para pagar deuda pública.
Pese a este primer
avance de los diputados, el decreto continúa
vigente, y al momento de redactar estas líneas,
resta el veredicto del Senado. Si los senadores
aprueban el decreto o no se pronuncian al respecto,
mantendrá su validez, pues así lo establece la ley
que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia.
Tipo de cambio.
La actual estrechez
fiscal, junto con las presiones inflacionarias y la
inquietud respecto al decurso de una demanda cebada
por fondos públicos, crearon los lógicos tironeos
sobre el tipo de cambio.Tal que dirigentes
empresarios de la industria y del campo reflotaron
el debate al respecto, luego de que el presidente de
la Federación Agraria Argentina dijera que "habría
que pensar en un dólar de 4 pesos para arriba", por
considerar que la relación entre las monedas está
sufriendo un retraso. (2)
Inflación
Se ha hecho visible
una escalada creciente en los precios, especialmente
de aquellos que afectan a los sectores más humildes.
Como una demostración de las presiones
inflacionarias, los combustibles exhibieron en las
últimas semanas sucesivos incrementos, tanto más
preocupante por su ubicación en la cadena productiva
y de consumo, presionando, especialmente el gasoil,
el transporte de pasajeros y de carga, que genera
un efecto cascada importante en toda la economía. La
mayoría de los economistas considera que durante el
primer trimestre la inflación rondó el 8%, aunque
para el Indec probablemente se ubicará entre 3 y 4%
.
El campo ¿nuevo
conflicto?
Con las exportaciones
de carne trabadas, sin señales claras para el
sector, con fuertes distorsiones en el comercio de
granos, sobre todo en trigo, y la falta de ayuda a
los productores que más sufrieron la sequía, los
dirigentes vuelven a advertir sobre un posible
recrudecimiento del conflicto con el Gobierno.
A este panorama se
agregan los problemas de la escasez y encarecimiento
del gasoil, vital para la cosecha en curso.
Diversas expresiones
son claros preanuncios de un enfrentamiento renovado
a menos que el Gobierno se decida a proveer de
adecuadas soluciones a un sector vital de la
economía.
Lavado de dinero/
corrupción.
El próximo informe
del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI,
un organismo intergubernamental) sobre la lucha
contra el lavado de dinero en la Argentina podría
ser muy crítico según trascendidos periodísticos,
que señalan que el mencionado documento criticaría
especialmente a la Unidad de Información Financiera
dependiente del Ministerio de Justicia, por la
escasa profundidad para analizar los reportes de
operaciones sospechosas.
En la hipótesis que
el GAFI decida difundir el reporte junto a una
"declaración pública" sobre la Argentina, ello
forzaría la aplicación automática de la
"recomendación 21", que sugiere a la comunidad
internacional "prestar especial atención a las
relaciones comerciales y operaciones con personas,
incluidas las empresas e instituciones financieras,
de países donde no se aplican las recomendaciones
del GAFI o no se las aplica suficientemente". (3)
Crecimiento de la
burocracia
Desde 2003 hasta
fines del año pasado, 903.602 empleados públicos se
incorporaron a algún nivel de la administración
pública, sea en la Nación, las provincias, los
municipios, los bancos y las empresas públicas. De
acuerdo con un estudio de la Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL),
el empleo público consolidado, se estima en 3,13
millones de personas, con un incremento de 911.391
desde 2006 hasta fines de 2009, y las empresas
públicas empleaban 28.417 trabajadores en 2003,
número que pasó a 57.903 a fines de 2009. Dentro de
ese universo se cuentan las nuevas empresas
estatales como Enarsa, ArSat y AySA; o las que
volvieron a manos del Estado, como el Correo
Argentino -con 15.280 empleados-, el Ferrocarril
Roca, que tiene más de 5000, o Aerolíneas
Argentinas, que si bien aún no fue formalmente
expropiada, cuenta con casi 10.000 empleados pagados
con aportes del Tesoro. (4)
Transparencia
La negativa del
Gobierno a entregar información sobre la
distribución del gasto en propaganda ya no es un
suceso aislado: en los últimos meses diversas
dependencias oficiales han restringido o impedido el
acceso a datos fundamentales para el control de la
gestión oficial.
El Ministerio de
Economía, dejó de publicar en Internet la
actualización de la ejecución del gasto. La
Sindicatura General de la Nación (Sigen), el máximo
organismo de control interno de la administración
pública, retiró de su sitio web sus informes de
auditoría.
Los legisladores que
integran la comisión bicameral a cargo de controlar
el manejo de los fondos previsionales alertaron que
la última información actualizada sobre las
operaciones de la Anses data de diciembre del año
pasado.
Esta misma demora se
observa en el detalle de la ejecución de las obras
públicas, o el caso del FONAVI (construcción de
viviendas) cuya última actualización data de
septiembre de 2009.
Finalmente, un tema
paradigmático de distorsión de la información, el
INDEC, intervenido por el Ejecutivo desde el año
2007, originó – sin éxito- pedidos de informes por
parte de legisladores. (5)
La presión sobre la
Justicia.
Las expresiones de
independencia por parte de diversos magistrados y
estamentos del Poder Judicial, han generado en los
últimos meses una renovada presión por parte del
Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas. Así,
la jueza que suspendió el primer decreto
presidencial de uso de reservas, vio desfilar
patrulleros frente a su casa. Su colega que
suspendió el segundo decreto en el mismo sentido,
fue públicamente criticada por la presidente, quien
también deslizó una sospecha genérica por venta de
excarcelaciones.
Diversas iniciativas
de la bancada oficialista de diputados, accionan en
el mismo sentido: se exhumó la idea de cobrarles
impuesto a las ganancias a los jueces (con la
consiguiente rebaja de los haberes) y de obligarlos
a jubilarse a los 75 años. Otro proyecto propone que
los jueces deberían someterse, cada cuatro años
desde el momento de su asunción, a una prueba, a
cargo de un jurado conformado por la Comisión de
Selección del Consejo de la Magistratura,
actualmente con mayoría oficialista, en la que se
evaluará si conocen el derecho que deben aplicar,
según el fuero en el que se desempeñen. (La
Constitución, en el art. 110, establece que los
jueces duran en sus cargos mientras dura su buena
conducta).
El presidente de la
Corte Suprema de Justicia, en oposición a la
mencionada iniciativa señaló que los actuales
controles son más democráticos y menos peligrosos,
agregando que las sentencias están suficientemente
controladas por quienes son parte en los juicios,
por la prensa y por la sociedad en general,
advirtiendo que ésa es una forma mucho más
"democrática" y menos peligrosa de fiscalización.
(6)
En resumen
Un país empobrecido
en lo material, en lo institucional y en el campo de
las ideas. La crisis de valores, la inseguridad, la
prepotencia, la crispación, o el agravio gratuito,
están delineando una sociedad en la que los
pacíficos ciudadanos observan, con no poca
inquietud, el devenir de su patria.
*Economista argentino. Su último
libro: “Mitos y realidades en la era K”. Ediciones
Macchi. Buenos Aires. 2007. Referencias del diario
LA NACION de Buenos Aires.
Argentina: (1) 11-4-2010; (2)
14-4-2010; (3) 12-4-2010; (4) 4-4-2010; (5)
3-4-2010; (6) 13-4-2010.
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