Martínez de Hoz: El rol de los
civiles en la dictadura argentina
por Raúl Arcomano
rarcomano@miradasalsur.com

Las fuerzas armadas son las que pusieron en funcionamiento la brutal maquinaria de exterminio. Pero los hilos los movieron otros sectores: un vasto grupo de civiles del poder económico más concentrado que le dieron sustento ideológico a la última dictadura. Hay una idea bastante atinada que despliega Hugo Vezzeti en su libro Pasado y presente. Dice allí que el denominado Proceso de Reorganización Nacional anunciaba desde la desmesura de esa denominación que no le bastaría intervenir sobre el Estado y las instituciones, sino que la Nación misma debía ser objeto de una profunda reconstrucción. Una regeneración –podría decirse– social y política. Para imponer a sangre y fuego ese proyecto económico ideado por las usinas ultraliberales se necesitó de la mano dura los uniformados. Poco se avanzó en determinar las responsabilidades de los hombres sin uniforme que adhirieron, colaboraron e instigaron con el régimen militar. Como José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía. El jefe civil y padre de ese modelo económico. Hoy su suerte se acabó.

El rol civil se analiza en Pasado y Presente. Sostiene: “Las fuerzas armadas intervenían sobre una sociedad que ofrecía mayormente una pasiva conformidad a lo que veía como inevitable. Aunque, desde luego, obtenían el respaldo bastante más entusiasta de quienes desde antes bregaban por la restauración de las jerarquías, la preeminencia del principio de la autoridad y del repertorio de valores de la constelación conservadora. En esa composición inestable, de indudable orientación restauradora, la transformación liberal de la economía buscaba hacerse compatible con la abundancia discursiva que insistía con esa mezcla de conservadurismo y nacionalismo que no era ajenas a tradiciones bien instaladas en la sociedad”.

En los años previos al golpe, la gran burguesía agraria e industrial argentina –con nexos cercanos con empresas extranjeras– se agolpaba en el Consejo Empresario Argentino (CEA). Lo dirigía Martínez de Hoz. Había nacido en el mismo mes y año que Jorge Rafael Videla: en agosto del ’25. Era hijo y nieto de terratenientes. Abogado, había participado desde diferentes cargos en el gobierno de la Revolución Fusiladora del ’55. Su currículum dice que fue la cabeza de presidencias y directorios de las empresas más encumbradas de la época. Era un número puesto para hacerse cargo de la empresa más grande del país: el Ministerio de Economía. No fue el único hombre por el que se preocuparon por sumar los militares. El otro fue Jaime Perriaux. Los dos fueron clave en el diseño del golpe y en las futuras políticas del régimen.

Perriaux era abogado y tenía fluidos contactos con la inteligencia militar. Videla les había ordenado a dos generales afines que mantuvieran línea directa con él: Santiago Omar Riveros y Guillermo Suárez Mason. Es que Perriaux era el líder indiscutido del grupo que llevaba su apellido: un grupo de civiles defensores del liberalismo más crudo. Entre ellos estaban –además de Martínez de Hoz– Enrique Loncán, Mario Cadenas Madariaga, Luis y Carlos García Martínez, Guillermo Zubarán y Horacio García Belsunce. Había otra usina de poder que interesaba a los militares: el  grupo La Plata. Lo encabezaba Alberto Rodríguez Varela. Y eran miembros Jaime Smart, Roberto Durrieux y Raúl Salaberry. A los dos grupos los fascinaba el color verde oliva. La atracción era recíproca. No fueron los únicos que aportaron hombres. Hubo muchos otros que llenaron las oficinas de diferentes ministerios. Muchos de ellos, la mayoría, se reciclaron en la democracia.

En el libro El dictador  –de María Seoane y Vicente Muleiro– se afirma que Videla había sido el elegido, el brazo armado de esos civiles y militares cuyo proyecto nacional correspondía a una Argentina feudalizada. “Porque –escribieron– una cosa parecían compartir Videla y los suyos: había que retrotraer al país a un estadio previo a la existencia del peronismo y del yrigoyenismo”. En medio de los entretelones golpistas que se sucedían, Videla y Massera tuvieron una fuerte discusión. Fue en enero del ’76.  Ganó la Marina y prevaleció su postura: cada fuerza tendría el 33 por ciento del poder en todas las áreas del Estado. Sobre el aniquilamiento acordaron que nadie debería rendir cuentas sobre lo que sucedía con los detenidos en sus respectivas áreas. La otra pata del plan, la más importante, la arreglaron una noche de marzo Videla, Massera y Agosti. Llamaron a Martínez de Hoz a Kenia, donde se encontraba de cacería. Le ofrecieron ser ministro de Economía. El empresario les habló hasta la medianoche, sin parar. El plan económico de la dictadura ya tenía sustento ideológico. Y fue anunciado el 2 de abril de 1976.

Seoane y Muleiro analizan lo que buscó la CEA y Martínez de Hoz con el plan económico que la dictadura implantó con muerte y desapariciones. “El plan era una reedición de las variantes ortodoxamente liberales: internacionalización de la economía con sesgo agroexportador, apertura irrestricta del comercio exterior, drástica concentración de la riqueza y reducción del crédito a pequeñas y medianas empresas, y endeudamiento externo.” Un plan para un país con diez millones de habitantes. Es decir: sobraba la tercera parte. Sobretodo, los obreros industriales. La monumental biografía de Videla señala que ese plan tenía un solo y necesario aliado: la represión a cargo del Ejército.

En Bases para una Argentina moderna. 1976-1980, el libro que se dedicó a sí mismo, Martínez de Hoz defiende su gestión y dice: “Se actuó con una unidad de orientación ideológica que permitía lograr una verdadera acción de ‘equipo’”. El texto está prologado por Videla: “Alguna vez expresé públicamente mi concepto sobre el valor personal y dije que valor no es sólo el coraje para afrontar el riesgo, sino también el temple para sostener sin claudicar nuestras convicciones.” Luego le dedica unas sentidas palabras a su soldado: “Demostró en todo momento poseer el coraje necesario para aceptar situaciones de riesgo en las que estaba en juego su propia vida. Tuvo además la firmeza suficiente en llevar adelante un programa de profundos cambios en la economía”. Y vaya si lo fueron.

El destino se volvió esta semana en contra de ese hombre de orejas prominentes y mirada fría que intentó ser el restaurador de la economía. La Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad del indulto firmado por Carlos Menem, que lo beneficiaba. La Corte recordó que el crimen por el que se acusa es imprescriptible. Martínez de Hoz está imputado por el secuestro en el ’76 de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim. Detenidos de manera ilegal, fueron secuestrados y obligados a firmar un acuerdo con empresarios de Hong Kong. En ese convenio estaba interesado personalmente Martínez de Hoz.

La Secretaría de Derechos Humanos también lo querelló por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, funcionario de Economía que se opuso a la estatización de la Italo. La mejor defensa es un ataque. Lo que hizo Martínez de Hoz: en una solicitada denunció que sufre “una persecución interminable”. “No parece que existan frenos institucionales que contengan la ensañada y larguísima persecución en mi contra, que no tiene precedentes en el país”. El juez federal Norberto Oyarbide prohibió la salida del país de Martínez de Hoz. Y podría pedir su detención.

Fuente: El Argentinocom

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