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Círculo vicioso entre
pobreza y seguridad
en América Latina
por
Susanne Gratius
 Hoy,
América Latina es algo menos pobre y desigual, pero
más violenta e inestable que en décadas anteriores.
La buena noticia es que los países latinoamericanos
no tienen conflictos armados entre sí. La mala es
que la región es la segunda menos segura del
planeta: tiene una tasa de homicidios de 25 por cada
100.000 habitantes, cuatro veces más alta que el
promedio mundial.2 En la mayoría de los países, la
violencia ha aumentado en democracia.3 La región
afronta amenazas no tradicionales de seguridad como
el narcotráfico, la violencia urbana o la
polarización política que requieren respuestas
internacionales diferentes a la perspectiva de
desarrollo que domina en la Unión Europea (UE) o la
vía militar-legal que persigue Estados Unidos.
América
Latina ha vuelto a ser una región convulsionada. El
caos en el Estado fallido Haití, el golpe de Estado
en Honduras, la polarización entre indígenas y no
indígenas en Bolivia, el conflicto armado en
Colombia, la inseguridad en Centroamérica
y Venezuela, el autoritarismo en Cuba y Venezuela y
la “guerra del narco” en México –que en 2009 costó
la vida de 8.000 personas comprueban el alto grado
de conflictividad que vive gran parte de la región.
Ante la ausencia de conflictos inter estatales,
América Latina está sobrearmada: entre 2000 y 2008
incrementó en un tercio su presupuesto militar.
Aunque en términos del PIB sigue gastando un
porcentaje similar al de España en defensa, es una
tendencia alarmante que despierta los fantasmas del
pasado.
En este
mismo período en el que aumentaron la inseguridad y
los gastos militares, América Latina redujo los
niveles de pobreza en diez puntos: del 44 por ciento
al 34 por ciento. Al mismo tiempo, a excepción de
Cuba, en todos los países se han consolidado
gobiernos democráticamente electos. Sin embargo,
estos avances hacia la democracia y el desarrollo no
han frenado el progresivo camino hacia una mayor
inseguridad ciudadana. El caso de América Latina
sugiere que, a diferencia de la visión de la UE, no
parece existir una relación lineal entre desarrollo
y seguridad ni tampoco entre democracia y seguridad.
Además, la simultánea reducción de la pobreza y el
auge de la violencia indican un claro déficit en las
políticas de la UE hacia América Latina.
Por otra
parte, es cierto que América Latina no tiene armas
de destrucción masiva, apenas está afectada por el
terrorismo, carece de conflictos estatales y Haití
es el único Estado fallido. ¿Por qué, entonces,
debería preocuparse Europa? En primer lugar, por el
enorme despliegue de recursos. La UE es el principal
donante de América Latina, y desde el año 2008
España se ha situado en la primera posición
precediendo a EEUU. En segundo lugar, al contrario
que con sus orientaciones políticas y las
relaciones con África la UE no ha establecido ningún
vínculo estratégico entre des- arrollo y seguridad
con América Latina. En tercer lugar, por el
compromiso histórico que asumió la UE, a partir
del proceso de paz centroamericano, en América
Latina y que representa un cierto contrapeso a EE UU.
El mejor
ejemplo para ilustrar el fracaso de la política de
la UE es el Istmo centroamericano que concentra la
AOD europea y donde sí se ha producido un círculo
vicioso entre inseguridad y subdesarrollo: la tasa
de homicidios en El Salvador, Honduras y
Guatemala duplica el promedio regional y la pobreza
apenas se ha reducido. Otra subregión convulsionada
que recibe algo menos de la mitad de los recursos
comunitarios la con- forman los países andinos y,
sobre todo Colombia y Bolivia que han sido los
mayores beneficiarios de la política de desarrollo
alternativo que ofrece la UE para combatir el
narcotráfico.
En el
marco del debate sobre desarrollo, democracia y
seguridad, este trabajo se basa en el argumento de
que ni la democracia ni la reducción de la pobreza
han traído más seguridad a la región sino menos, y
analiza en qué medida la UE/España como principal
donante de la región, por omisión o políticas
erróneas, ha contribuido a este proceso. Sin ánimo
de seguir profundizando en los abundantes estudios
sobre la violencia en América Latina, este
documento se limita a discutir la responsabilidad de
la UE y proponer una reorientación de su política.
Entrar en los detalles y evaluaciones de los
proyectos en cada país superaría el alcance de esta
reflexión centrada en el papel de la UE ante el
círculo vicioso entre desarrollo y seguridad en
América Latina y, particularmente, en Centroamérica
y la región andina.
El
perfil de la violencia latinoamericana
En el
futuro inmediato, no es la pobreza sino la
inseguridad la que se perfila como el principal
problema de la región. Más de un tercio de la
población ha sido víctima de algún delito, y la
mitad de los secuestros globales ocurren en América
Latina. Un 21 por ciento de los latinoamericanos y
un 55 por ciento de los venezolanos identifican la
violencia como principal problema de su país.8 A
diferencia de las dictaduras de los años sesenta y
setenta, las amenazas surgen de actores no
estatales, como los narcotraficantes, los carteles
de la droga, la narcoguerrilla, los paramilitares,
las pandillas juveniles o las maras.
El auge
de la violencia es, en gran parte, el resultado de
la libre circulación de armas: en México, 15 de cada
cien ciudadanos poseen un arma de fuego, en
Guatemala, en Argentina, Chile y Venezuela, y en
Brasil. Estados Unidos, los Estados miembros de la
UE y Rusia son los principales vendedores de armas,
aunque también existe un importante mercado interno:
México es el séptimo exportador mundial de armas
pequeñas y ligeras y Brasil el octavo.
La
violencia en América Latina tiene un perfil
preeminentemente urbano. Los carteles del narco se
han trasladado de Colombia a la frontera norte de
México (la principal ruta de tránsito a EE UU.), las
favelas en Río de Janeiro son zonas no estatales,
las maras dominan en algunas capitales
centroamericanas y nuevos grupos armados
atemorizan a los venezolanos. En 2009, Ciudad
Juárez y Caracas eran las ciudades más peligrosas
del mundo, y la situación en otras metrópolis
latinoamericanas no es mucho más alentadora.
Por otra
parte, también persiste la violencia rural: el
conflicto étnico, social y político en Bolivia tiene
su raíz en la desigual distribución de las tierras y
riquezas del país. En Brasil ha surgido el
influyente Movimento dos Sem Terra (MST) que ocupa y
reclama tierras para los pequeños campesinos. Y
también en otros países como Colombia o Guatemala
hay elevados niveles de conflictividad en zonas
rurales donde la presencia del Estado es mínima y
los poderes criminales locales actúan sin ningún
tipo de control.
• La
persistencia y complejidad del fenómeno indica que
la violencia no es sólo el resultado del déficit
social, sino que se debe a un conjunto de factores
interrelacionados:
•
Socioeconómicos: altos niveles de pobreza e
indigencia a pesar de la mejoría de los últimos
años, des- igual distribución de ingresos y
oportunidades, desempleo (socioeconómico),
discriminación étnicaracial y bajos niveles de
educación y formación.
•
Político-institucionales: Estados débiles que no
pueden garantizar la seguridad, instituciones
democráticas secuestradas por intereses
particulares, corrupción, clientelismo, legados
autoritarios y sistemas judiciales, policiales y
penitenciarios deficientes.
Estas
debilidades estructurales han provocado diversos y
complejos tipos de conflictos, la mayoría de ellos
no tradicionales:
–
Polarización política: Un alto grado de violencia y
división política, particularmente en Centroamérica
y la región andina (Bolivia, Ecuador,
Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela) que
también tiene repercusiones en la relación entre
determinados países (p.e. el conflicto
Colombia-Ecuador).
–
Autoritarismo: aunque el legado del pasado militar
afecta a muchos países, salvando las diferencias,
Cuba y Venezuela son los únicos casos en la región,
con un gobierno autoritario en el caso del
Castrismo, o semiautoritario en lo que concierne el
chavismo.
–
Conflictos étnicos están presentes en casi todos los
países de la región, pero particularmente en
aquellos (Bolivia, Guatemala, Ecuador, México y
Perú) con importantes poblaciones indígenas.
–
Conflictos rurales: Conflictos sobre la pertenencia
de tierras y recursos naturales existen en la
mayoría de los países, y particularmente en
Bolivia y Brasil donde el MST o los indígenas son
un actor político clave.
–
Fragilidad del Estado: Haití como Estado fallido y
otros Estados disfuncionales como Colombia,
Guatemala, Honduras o Venezuela.
–
Conflicto armado: la lucha entre gobierno,
paramilitares y grupos guerrilleros en Colombia y,
en menor grado, en Guatemala, México y Perú.
–
Conflictos fronterizos: sobre las Malvinas/Falkland
entre Argentina y el Reino Unido; entre Bolivia y
Chile sobre el acceso al mar, y muchos otros
conflictos territoriales de menor alcance entre
países vecinos.
–
Narcotráfico: las secuelas de la producción, el con-
sumo y la distribución de drogas en toda la región,
pero particularmente en Bolivia, Brasil, Colombia,
Perú, México y Venezuela.
–
Pandillas juveniles como las maras y otras redes
criminales que socavan el monopolio estatal de la
violencia en sociedades de post-conflicto como
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
En
muchos países y/o ciudades, sobre todo en Brasil,
Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y
México, la “política de mano dura” ha sido la
respuesta habitual a la violencia. Tan sólo en
México, 45.000 soldados intentan controlar la
situación en las zonas dominados por los
narcobarones. La lucha contra la violencia consume
cada vez más recursos. Según cálculos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), los costes de la
violencia son enormes y varían entre el 3 y el 15
por ciento según el país. Aunque no hay conflictos
interestatales, desde 2000, la región ha
aumentado en más de un tercio sus gastos militares.
Gasto
militar en América Latina (en millones de dólares)
Países 2000 2008 y % del PIB
(2007)
1.
Brasil
12.910 15.477 (1,5%)
2.
Colombia
3.431
6.568 (4%)
3. Chile
3.050 4.778 (3,4%)
4.
México
3.344 3.938 (0,4%)
5.
Argentina
2.082 2.077 (0,8%)
6.
Venezuela
1.484 1.987 (1,3%)
Total
región 28.800 38.609
Fuente:
Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI),
SIPRI Yearbooks.
Aparte
del ascenso global de Brasil y la modernización de
equipo, la subida del gasto de defensa refleja la
respuesta militar a los desafíos internos de
seguridad como la lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado o, en el caso de Honduras y
Venezuela, el coste de la participación de las
Fuerzas Armadas en la política. Recurrir al ejército
es casi siempre el último recurso de los gobiernos
centrales o locales que revela, al mismo tiempo, la
incapacidad de las fuerzas de seguridad pública de
frenar la violencia. Pese a la existencia de órganos
colectivos como el Consejo de Defensa Sudamericano
en el marco de UNASUR, la región no ha sido capaz de
definir una estrategia común hacia el desafío
transnacional del narcotráfico y sigue priorizando
“soluciones” nacionales.
La vía
militar alimenta la espiral de la violencia y
despierta las fantasmas del pasado autoritario al
recurrir a las fuerzas armadas para restablecer el
orden interno. Además, los sistemas policiales,
judiciales y penitenciarios de América Latina no
están preparados para asumir las consecuencias de la
militarización de los conflictos internos.
Incluso si funciona el sistema policial, falla la
justicia (muchos crímenes quedan impunes) o
los sistemas penitenciarios reproducen la violencia.
Aparte de su poca eficacia, los enormes recursos
asignados a la “guerra contra la violencia” también
neutralizan los gastos sociales y con ello el
impacto de la AOD que la UE destina a América
Latina.
La
ausencia de la seguridad en la agenda europeo-
latinoamericana
Contraria a la práctica internacional, así como su
propia política y presencia en África, en
América Latina, la UE no ha creado ningún nexo entre
desarrollo y seguridad. Diferente al enfoque militar
y legal (law enforcement) de EE UU, la única
respuesta de la UE a la violencia en la región es la
cooperación al desarrollo. En 2008, la Unión aportó
un 46 por ciento de los flujos de AOD destinados a
la región. Con el 21 por ciento de los recursos
totales en 2008, España fue el principal socio de
América Latina y la Comisión Europea el tercero tras
EE.UU.
La
seguridad no es ningún pilar de las relaciones
europeo-latinoamericanas ni tampoco un asunto
importante en los proyectos de cooperación o el
diálogo político:
En el
sexenio 2007-2013, la Comisión Europea comprometió
sólo un 14 por ciento del total de sus fon- dos
destinados a América Latina a proyectos vinculados
con el tema de la seguridad.
El único
instrumento de la UE en esta materia es el Mecanismo
de Coordinación y Cooperación ALC- UE sobre drogas
que nació a raíz del diálogo político UE-CAN de 1995
y sigue concentrándose en los países andinos.
En su
programa horizontal de cooperación Euro- Social para
reducir la pobreza y la desigual distribución de
ingresos, la Comisión apenas destinó 30 millones de
euros y –aparte del pilar justicia- no se incluye la
seguridad.
En los
proyectos que se realizaron entre 2007 y 2009 el
marco del Instrumento Europeo para la democracia y
los derechos humanos (EIDHR), América Latina
apenas figura, pese a haber sido hasta 2006 la
segunda región más beneficiada del programa, ante
todo por la actuación de la UE en el conflicto
colombiano.
Aunque
las empresas europeas/españolas presentes en América
Latina contratan servicios privados de seguridad y
se quejan de la inseguridad, estas preocupaciones no
han sido canalizados políticamente. La seguridad es
un tema prácticamente ausente en los 12 foros de
diálogo entre ambas regiones.
No se ha
concretado la idea lanzada hace años por el
Parlamento Europeo, de firmar una Carta de Paz o de
crear un centro de prevención de conflictos. A
diferencia de la OEA18, el sistema europeo
latinoamericano no prevé ningún foro oficial que
convoque a los responsables de seguridad o los
Ministros de Defensa.
La UE
destina muy pocos recursos a fortalecer los sistemas
penitenciarios, judiciales y las reformas de los
sectores de seguridad pública en América Latina.
Aparte de las actividades de la Comisión Europea,
Francia, España, Países Bajos y Reino Unido
financian proyectos para apoyar la modernización de
las Fuerzas Armadas y o de las fuerzas de seguridad
en Bolivia, Colombia y Venezuela.
Comparado con el peso desmesurado de EE UU, la UE
está prácticamente ausente en el debate de seguridad
en América Latina y mantiene su tradicional
identidad exterior como actor de desarrollo.19
Asimismo, es llamativo que los dos socios
estratégicos de la UE, Brasil y México, apenas
figuran en la cooperación al desarrollo de la UE ni
tampoco se benefician de otro tipo de medidas.
Mientras que Brasil es el principal país consumidor
de drogas en la región, México es la principal
puerta de entrada hacia EE UU: Al haberse instalado
nuevos carteles de la droga, un 90 por ciento de la
droga a Estados Unidos (hace cinco años fue la
mitad) pasa por su frontera norte. No se trata de un
problema menor, sino que los narco-carteles
mexicanos ocupan la quinta posición en el ranking
de los grupos criminales, lograron una mayor
penetración en los círculos políticos y policiales
del país, profesionalizaron los sicarios y controlan
aproximadamente un 40 por ciento del territorio
nacional. En los últimos cinco años, más de 20.000
personas murieron por la delincuencia organizada. EE
UU asigna 500 millones de dólares anuales a la lucha
contra el narco en México, la UE prácticamente cero.
En el
sexenio 2007-2013, Centroamérica y los países
andinos concentran el 80 por ciento de los proyectos
de cooperación financiados por la Comisión Europea.
A nivel individual, –por su posición en la AOD
europea y los problemas de seguridad que presentan
Bolivia, Colombia, Guatemala y Honduras son los
cuatro países prioritarios a considerar. El panorama
en la subregión andina y centroamericana no es nada
alentador. A primera vista, los países
centroamericanos y andinos son hoy los más afectados
por la violencia, el narcotráfico o altos grados de
polarización y conflictividad.
¿Permite
esto concluir que la política europea ha fracasado?
Y si es así, ¿sólo se trata de aumentar la eficacia
de la ayuda o sería recomendable reasignar estos
recursos? Y, finalmente ¿puede la UE hacer algo para
reducir los niveles de conflicto o debería
retirarse?
La
actual política latinoamericana de la UE es el
resultado de su mediación en las guerras civiles de
América Central, una región que hoy es considerada
la más violenta del mundo. Al apoyar la iniciativa
regional de paz, el grupo de “Contadora” (en aquel
entonces Colombia, México, Panamá y Venezuela), a
partir de 1983, la UE se convirtió en un importante
mediador en la crisis centroamericana y,
particularmente, en el conflicto entre los
sandinistas en Nicaragua y la Contra apoyada por EE
UU. El Proceso de San José, las conferencias
entre los ministros de Asuntos Exteriores, marcó
el inicio del diálogo político de la UE con América
Latina. Sin disponer de los actuales instrumentos de
la PESD y antes del ingreso de España, la actuación
de la UE en Centroamérica fue ejemplar y contribuyó
a poner fin a los conflictos armados.
Una vez
firmados los acuerdos de paz, los conflictos
políticos del Istmo se transformaron en una
violencia criminal generalizada. Siendo sociedades
post-bélicas, por diversas razones, las
centroamericanas no han logrado salir de la
espiral de violencia que ya no tiene un cariz
político, sino que está protagonizada por redes
criminales que infiltran las de por sí débiles
estructuras de los Estados. Como legado de la guerra
centroamericana de los años ochenta surgieron nuevos
actores como las maras (60.000-70.000 personas) que
atemorizan la población en El Salvador,
Honduras, Guatemala y, en menor grado, Nicaragua.
El
número de víctimas de la violencia en El Salvador ya
supera los muertos durante la guerra civil. El
Salvador y Honduras tienen unas de las tasa más
altas de homicidios del mundo que, en ambos casos,
se atribuyen a las pandillas juveniles importadas de
EE UU, y a la debilidad endémica de un Estado
secuestrado por intereses particulares e incapaz de
responder a los nuevos y múltiples desafíos de
seguridad. Guatemala, infiltrado “por poderosos
grupos de crimen organizado”, está en vías de
convertirse en un Estado criminal, y Nicaragua sigue
inmerso en una permanente crisis política e
institucional.
Casi
veinte años después de los conflictos armados, el
Istmo sigue siendo una subregión afligida por
reiteradas crisis políticas, golpes de Estado
(2009 en Honduras), populistas y caudillos,
desigualdad social y un nivel de pobreza y
subdesarrollo muy superior al resto de América
Latina. Estos datos indican que la estrategia
post-conflicto de la UE ha fracasado. No es un
problema de recursos, sino lo contrario: la UE
siguió su histórico compromiso y mantuvo desde los
años ochenta altos niveles de cooperación con
Centroamérica que durante muchos años recibió, en
términos percapita, la AOD más alta del mundo.
Honduras (2), Nicaragua (3), Guatemala (7) y El
Salvador (9) que figuran entre los países más
frágiles de la región, son también los mayores
beneficiarios latinoamericanos de la cooperación
europea. En algunos países, la AOD llega a
representar el 10% de su PIB (caso de Honduras) y
es, por tanto, un importante factor económico y
político.
Honduras es la segunda nación más violenta de
América Latina y el segundo país prioritario de la
cooperación de la Comisión Europea. Entre 2007 y
2013 recibirá 223 millones de euros (11,7 por ciento
del total para la región) destinados a contribuir a
una mayor cohesión social en un contexto de
integración regional.26 Sólo un proyecto, que aún no
se ha iniciado, se dedica a la seguridad pública
que, en términos numéricos, está en clara
desventaja: en Honduras, 9.000 policías se enfrentan
a 36.000 pandilleros; una relación de uno a cuatro.
La situación antes y después del golpe de Estado en
Honduras ilustra que los recursos millonarios que la
UE ha desplegado en las últimas tres décadas no han
traído ni desarrollo, ni estabilidad política ni
tampoco más seguridad. Y si la violencia es el
principal problema del país, ¿por qué la UE no
concentra sus proyectos en este tema o crea un nexo
entre desarrollo y seguridad?
Tampoco
la AOD de España en la región, concentrada en
América Central, ha contribuido a mejorar la
situación de seguridad. Ante el constante auge de la
violencia y la incapacidad del Estado de controlar
la situación, la asistencia técnica que ha ofrecido
España en los últimos diez años a fortalecer las
nuevas policías en El Salvador y Guatemala, creada a
raíz de los acuerdos de paz en 1992 y 1996, no ha
tenido un impacto positivo.
Particularmente negativa fue la experiencia en
Guatemala. La “nueva” Policía Nacional Civil no sólo
es corrupta e ineficaz, sino que su participación en
el asesinato de tres diputados salvadoreños y otros
crímenes demuestra que constituye una amenaza de
seguridad. El fracaso de la reforma policial se
debe, entre otras razones, a la aplicación del
propio modelo jerárquico de la Guardia Civil
española a países con largas tradicionales
autoritarias y a la falta de cohesión con otras
medidas para crear un Estado democrático más inmune
a la corrupción y los “poderes ocultos”.
La
ausencia de progresos en los ámbitos de seguridad y
desarrollo permite concluir que la política de la UE
no ha funcionado. Cabe preguntarse ¿por qué no ha
tenido resultados más favorables?, ¿qué se puede
hacer para hacer la ayuda más eficaz? e incluso
plantearse si no sería mejor dejar de dirigir más
recursos a gobiernos que por falta de voluntad
política y capacidad no han mejorado sino en muchos
casos empeoraron la situación. En su estrategia
para América Central 2007-2013, la Comisión
Europea reconoce la necesidad de convertir la
seguridad pública en una prioridad de cooperación,
pero es más que dudoso que seguir apostando por el
apoyo de una integración centroamericana cuyos
resultados son decepcionantes y seguir apoyando
gobiernos que no han sido capaces de afrontar los
problemas reales del país, sea el camino más idóneo.
La
escasa presencia de la UE en los debates actuales
sobre la violencia latinoamericana sugiere que la
percibe como un problema ajeno a sus propios
intereses de seguridad que sí vio amenazados durante
la crisis centroamericana en el período de la Guerra
Fria. Pero si es así, cabe preguntarse por qué sigue
asignando tantos recursos de cooperación (y firma un
acuerdo de asociación) a una subregión que en su
momento sirvió para que la UE articulara una
política común, pero que hoy es prácticamente
irrelevante. Y si no fuese así, es incomprensible
que los proyectos no se dirigen hacia la solución de
los verdaderos problemas de postconflicto:
estructuras políticas y estatales socavadas por la
corrupción, una oligarquía irresponsable y
secuestrada por redes criminales que encuentran una
tierra fértil en sociedades post-conflicto.
Suma
cero de la política antidroga de la UE en la zona
andina
No mucho
más alentador es el panorama en la zona andina, la
principal productora de coca y cocaína del mundo.
Colombia es el único país latinoamericano con un
conflicto armado, violaciones sistemáticas de los
derechos humanos y redes de narcotráfico que socavan
los fundamentos de un Estado que ha sido
históricamente frágil o ausente en algunas
zonas del país. Bolivia, Ecuador y Venezuela
están gobernados por populistas de diversos
orígenes y trayectorias que fomentan la
polarización política y aumentan los niveles ya
existentes de conflictividad en sus sociedades.
En
Bolivia, Ecuador y Perú, los indígenas han ascendido
al poder por la vía electoral y la movilización
popular permanente. En todos estos países, los
niveles de pobreza se han reducido, pero siguen
superando al pro- medio regional. Sin duda, el
flagelo del narcotráfico representa el principal
desafío de seguridad para la región andina. Bolivia,
Colombia y Perú producen cada año hasta 1.000
toneladas de cocaína.
En este
caso, el balance de la actuación de la UE es
mixto, aunque positivo comparado con la
de Washington. El principal problema no es la
ausencia de la dimensión seguridad política, sino la
escasa visibilidad de la UE frente al peso de EE UU.
Nuevamente, la principal respuesta de la UE al
problema del narcotráfico, la polarización política
y los conflictos intra estatales es la cooperación
al desarrollo. A diferencia de América Central, al
ser la región andina la principal ruta de entrada de
cocaína a Europa, el narcotráfico tiene efectos
(aunque menores) de seguridad para Europa. Es
por ello que la UE ha dado lugar a una política que
vincula el desarrollo con la lucha contra la droga.
De hecho, el narcotráfico ha sido el ámbito
prioritario de la cooperación de la UE con América
Latina en materia de seguridad. La principal función
de la política de la UE es ofrecer una alternativa
al enfoque militar y al “paradigma prohibicionista”
de EE UU.
Mientras
que Estados Unidos responde a este desafío por la
vía militar y las sanciones (el proceso de
certificación que condiciona la AOD), la UE lo hace
median- te una política basada en dos principios:
(1) la responsabilidad compartida entre los que
producen y los que consumen drogas, (2) el
desarrollo alternativo median- te la sustitución del
cultivos ilícitos por otros productos agrícolas.
En este
marco, se aplican varios instrumentos:
–
Diplomacia. El Mecanismo de Coordinación y
Cooperación en materia de Drogas UE-ALC basado en la
responsabilidad compartida. En 2009, ambas partes
reconocieron los límites de este instrumento creado
en 1998, porque aparentemente sus 11 reuniones
sirvieron de poco más que reconocer que el
Mecanismo, “requiere ser fortalecido como marco para
un diálogo birregional más eficiente”.
–
Cooperación. Reducir la oferta a través de
incentivos adicionales para sustituir los cultivos
de coca, el denominado “desarrollo alternativo”, es
el principal instrumento de la UE para luchar
contra la droga en los países andinos.
–
Comercio. En este marco general, la UE aprobó en
1991 el SGP drogas (luego exportado a América
Central y otros países) para que los productos
agrícolas entraran en condiciones preferenciales a
la UE. Sin embargo, el impacto de estas preferencias
está limitado por el proteccionismo consagrado
en la Política Agrícola Común (PAC) y, en el
futuro, por la firma de acuerdos de libre comercio
con Colombia y Perú.
–
Diversos. Otros componentes menores en este ámbito
son la reducción del consumo a través de programas
de salud, particularmente en el Caribe y
Venezuela, así como la cooperación judicial,
policial y marítima de algunos Estados miembro
(Alemania, España, Italia y el Reino Unido) para
controlar el narcotráfico y el lavado de dinero.
Los
resultados señalan que ninguna de las respuestas ha
funcionado. Ambos no sólo fallaron en conseguir su
principal objetivo, la reducción de la producción y
el tráfico de drogas, sino que alimentaron la
espiral de violencia, corrupción y delincuencia en
los países destinatarios de la “ayuda”. El problema
no se resuelve,
Declaración de Quito, XI Reunión del
Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia
de Drogas ALC-UE, Comunidad Andina, Quito, 27 de
mayo de 2009. Del presupuesto total para el combate
del narcotráfico y las drogas de la UE (526.651.911
Euros en 2004) un 35% se encuentra destinado a los
países de la región andina, más específicamente
Colombia, Perú y Bolivia, siendo en conjunto los
segundos beneficiarios, únicamente detrás de
Afganistán. El acuerdo original fue modificado y se
incluyó dentro de los estados beneficiarios a
algunos países de transito como Paquistán. Ello
motivó las quejas de India en la OMC, con lo cual el
instrumento SGP Drogas fue eliminado y sustituido
por el SGP plus. sino que se desvía: En Bolivia, el
cultivo de la hoja de coca aumentó en 2008 en un 8
por ciento y la producción de cocaína en un 50 por
ciento. Ambos también aumentaron en Perú.
En este
mismo año, la coca y cocaína en Colombia
disminuyeron casi en el mismo porcentaje. Lo mismo
ocurre con los carteles de la droga que se han
trasladado de Colombia a la frontera sur de Estados
Unidos. La actuación de EE UU y la UE en la región
andina se concentra en Bolivia y Colombia:
Bolivia,
el principal cultivador de coca, es el país
prioritario en la cooperación de la UE con América
Latina. Aunque la situación ha mejorado durante el
Gobierno de Evo Morales, más de la mitad de los
ciudadanos siguen viviendo en condiciones de
pobreza, los índices de desigualdad están entre los
más altos de la región.
Colombia,
el mayor productor de cocaína del mundo, es el
segundo país prioritario de la cooperación de la UE
en la zona andina. El índice de pobreza (45 por
ciento) supera en un tercio la del promedio
regional. Aunque la percepción de seguridad ha
mejorado, este avance no se debe a la política de la
UE sino al apoyo militar y policial de EE UU que
contribuyó a recuperar el monopolio estatal de la
violencia en parte del territorio.
Estados
Unidos
dedicó en las últimas décadas recursos millonarios
(canalizados principalmente a través de la Drug
Enforcement Agency -DEA, el Plan Mérida y el
Plan Colombia) a la erradicación de las plantas de
coca y a combatir el narcotráfico que no impidieron
el surgimiento de nuevos Carteles de la droga en
México y Centroamérica, no redujeron ni la
producción ni el tráfico de cocaína y otros
estupefacientes, sino que criminalizaron el
consumo y el comercio de cocaína sin ganar la
proclamada “guerra al narco”.
Aunque
no se percibe un giro político sustancial
durante el Gobierno de Obama, en línea con la
política de la UE, la Secretaria de Estado, Hillary
Clinton, reconoció la “coresponsabilidad” de EE UU
en cuanto al consumo de drogas y la venta de armas.
Con
ello, Estados Unidos se acerca más a la posición de
la UE, cuya política ha sido algo menos desastrosa.
Al ser el único país con una guerrilla activa
vinculada al narcotráfico –casi la mitad de los
15.000 homicidios cometidos en 2009 se
atribuyen a sicarios. Colombia fue en 2008 el
mayor beneficiario de la AOD total de la UE dirigida
a América Latina. Aunque un 60 por ciento de los
ciudadanos dicen sentirse más seguros, con un 46,8
por ciento, los niveles de pobreza superan en 13
puntos el promedio regional y apenas han bajado en
los últimos veinte años. el desarrollo de las zonas
afectadas”.
De
hecho, la producción de coca y cocaína aumentó. No
obstante, la política de desarrollo alternativo
ofrecen una opción distinta (y más cercana a la
política de Evo Morales) a la política de
erradicación de EE UU que, al radicalizar las
posiciones, contribuyó a aumentar la producción de
la hoja de coca y de cocaína. De hecho, la
erradicación de cultivos contribuyó a crear un
movimiento de protesta de los cocaleros
protagonizado por el hoy Presidente Evo Morales,
claramente opuesto a la política antinarcótica de
Washington que expulsó en 2008 los agentes de DEA.
Proyectos actuales de la CE en materia de drogas
La
iniciativa más visible de la Comisión Europea han
sido los “laboratorios de paz” que funcionan desde
2002 en zonas de producción de cocaína y con
presencia de guerrilleros y/o paramilitares. Los
“laboratorios” representan una vía local de
resolución de conflicto al reunir a autoridades
municipales con
representantes de la sociedad civil en un diálogo de
paz que incluye el tema del narcotráfico y los
grupos armados. El balance es mixto. Aunque el
diseño del proyecto es evaluado positivamente, se
critican los modestos recursos de 92 millones de
euros (por cinco años), su limitación a determinadas
zonas del país y el rechazo de las partes en
conflicto”.
En
Bolivia,
la UE financia proyectos de “desarrollo alternativo”
en varias zonas del país. Similar al caso de
Colombia, los proyectos europeos no tienen “un
impacto relevante ni en la desaparición de los
cultivos ni en el desarrollo de las zonas
afectadas”. De hecho, la producción de coca y
cocaína aumentó. No obstante, la política de
desarrollo alternativo ofrecen una opción distinta
(y más cercana a la política de Evo Morales) a la
política de erradicación de EE UU que, al
radicalizar las posiciones, contribuyó a aumentar la
producción de la hoja de coca y de cocaína.
De
hecho, la erradicación de cultivos contribuyó a
crear un movimiento de protesta de los cocaleros
protagonizado por el hoy Presidente Evo Morales,
claramente opuesto a la política antinarcótica de
Washington que expulsó en 2008 los agentes de DEA.
Sin
embargo, contraria a la retórica de reducir
simultáneamente la oferta y la demanda, en la
práctica, la política de la UE no es tan diferente a
la de EE UU: “Más allá de los discursos que invocan
la co-responsabilidad de las partes (…), las
prácticas efectivas en Estados Unidos, Europa,
América Latina y las Naciones Unidas muestran que
el modelo prohibicionista estadounidense se ha
impuesto”. De hecho, la mayor cantidad de proyectos
en este ámbito están des- tinados a la reducción de
la oferta: 102 de un total de 13540, mientras que
sólo 22 proyectos se dirigen a reducir la demanda.
No menos contradictoria es la estrategia del
desarrollo alternativo para sustituir el cultivo de
la coca que no está acompañada por instrumentos de
incentivo económicos.
Mientras
que EE UU aplica medidas demasiado drásticas, la UE
responde al cáncer del “narco” con una
tirita que no hace daño, pero tampoco cura. El
discurso de la corresponsabilidad, el SPG droga y el
desarrollo alternativo que ha caracterizado la
política de la UE no ofrece una respuesta eficaz. En
primer lugar, ya no se puede separar entre demanda y
oferta, porque Brasil, México y Venezuela son al
mismo tiempo países productores, de tránsito y de
consumo de drogas. En segundo lugar, el desarrollo
de productos alternativos que sustituyan las plantas
de coca no puede ser eficaz sin que se paguen
precios más altos para el café y el banano que por
la hoja de coca o la cocaína. Mientras que la UE
siga protegiendo su agricultura y en la medida en
que firme acuerdos de libre comercio con
Colombia y Perú pero no con Bolivia, el impacto de
su política seguirá siendo limitado. Por tanto, la
evaluación de sus proyectos de desarrollo
alternativo tampoco es demasiado favorable y los más
críticos consideran que “la UE ha dejado el
liderazgo de la lucha contra la droga en este país
en Estados Unidos”.
La
propia experiencia de la UE en la lucha contra la
droga ha demostrado que su política podría ser más
audaz y proactiva.
Muchos
Estados miembro de la UE – incluyendo España, Países
Bajos y Portugal– han despenalizado la tenencia y el
consumo de drogas blandas en vez de criminalizarlos.
La UE también ha crea- do varios instrumentos
–estrategias plurianuales, planes de acción y un
Observatorio Drogas en Lisboa– encaminados a
desarrollar una política común. Sin embargo, fuera
de su territorio, la UE no ha incentiva- do un
debate más abierto y sin tabúes sobre la paulatina
legalización de drogas no letales como la marihuana,
el hachís o la cocaína. Sin embargo, esta podría ser
una vía mucho más eficaz que la vía militar para
cortar las redes del narcotráfico y con ella la
principal fuente de violencia en América Latina.
Una
política de despenalización de determinadas drogas
se conectaría al debate intralatinoamericano a
partir del documento “Drogas y democracia: hacia un
cambio de paradigma” creado en 2009 por tres ex
Presidentes y otras personalidades. El traslado de
la guerra del narco de Colombia a la frontera sur de
EE UU ha abierto una nueva ventana de oportunidad
para repensar las políticas antidrogas. Poco a
poco, Estados Unidos se inclina a adoptar la visión
de la UE: incorporó el principio de
corresponsabilidad en su estrategia antinarcótica
y destinará en 2011 (en el marco de la “Iniciativa
Mérida”) más recursos para proyectos de buen
gobierno y el fortalecimiento de la justicia. En
principio, también la política de desarrollo
alternativo constituye una respuesta más idónea que
la erradicación de cultivos. Pero esta política está
conde- nada al fracaso si EE UU. y la UE siguen
aplicando subsidios agrícolas que impiden la entrada
a condiciones más favorables de productos agrícolas
latinoamericanos.
Controlar el problema transfronterizo del
narcotráfico y reducir, con ello, la violencia,
requiere soluciones multilaterales, porque “la falta
de una visión compartida entre Estados Unidos y
Europa sobre el narcotráfico ha llevado a una mayor
expansión de sus redes”.
Retirar
la base financiera y legalizar al negocio de la
droga podría ser una solución, pero este paso
requiere valentía y voluntad política para
enfrentarse no sólo a los narcotraficantes, sino
también a aquellos que argumentan que la
despenalización crearía nuevos adictos y más
problemas de salud. Un estudio reciente45 calcula
que los costes de una legalización serían menores
que la política de prohibición que sigue alimentando
el vínculo entre guerrilla, narcotráfico y
violencia en Colombia. Un efecto similar tendría
para las maras en Centroamérica, los
narcotraficantes en Caracas y Río de Janeiro o los
carteles de la droga que operan en México.
El
“eslabón perdido”: Conectando desarrollo y seguridad
Sin
duda, la UE es un actor secundario a la hora de
afrontar las amenazas de seguridad en América
Latina. Comparado con EE UU, que es parte del
problema y de la solución, la UE tiene una escasa
presencia en materia de lucha contra la droga, las
pandillas juveniles, los secuestros, la delincuencia
común y los conflictos políticos. Aún así, su
política tiene un impacto simbólico importante. A
través de sus proyectos de cooperación ofrece un
cierto contrapeso político a la respuesta militar y
legal (law enforcement) por parte de EE.UU. y muchos
gobiernos de la región.
Aún así,
por diversas razones, el balance de la actuación de
la UE en materia de seguridad no es demasiado
favorable. En primer lugar, cuenta con recursos
financieros limitados y proyectos puntuales y/o
locales sin trascendencia nacional o regional.
En segundo lugar, revela el trato desigual de los
países y llama la atención que la UE esté ausente en
los problemas de seguridad pública en Brasil y
México, los principales socios políticos que
concentran su comercio e inversiones. En tercer
lugar, la actuación de la UE se basa en un enfoque
basado en una única causa: ligar violencia con
pobreza y exclusión social, que no se ajustan a la
realidad de la región.
En la
región andina, la UE tiene la política correcta
(aunque no audaz), pero la aplica de forma errónea.
Como comprueban el auge del cultivo de coca y la
producción de cocaína en Bolivia, los proyectos de
desarrollo alternativo no tienen visibilidad.
Tampoco se percibe una sustancial disminución de la
pobreza y de la desigualdad. La situación particular
de Colombia sugiere lo contrario: los ciudadanos se
sienten más seguros, pero la pobreza apenas ha
disminuido. Es difícil comprobar la contribución de
la UE a esta mejoría, pero en este caso, el balance
es mejor: sobre todo los “laboratorios de paz” de la
Comisión Europea tienen visibilidad, prestigio y
siguen un enfoque integral y local para la
resolución pacífica de los conflictos.
Las
peores notas las obtiene su política hacia América
Central. Desde los años ochenta, el Istmo ha sido un
área prioritaria de cooperación de UE, sin que hayan
bajado los niveles de pobreza. La violencia incluso
ha aumentado. Todo indica que, por diversas razones,
la política de post-conflicto ha sido un rotundo
fracaso. La AOD no ha contribuido a reducir la
pobreza identificada como principal causa de la
violencia, ni los niveles de cohesión social ni la
capacidad del Estado ni de los gobiernos para
combatir la inseguridad.
México
(y Brasil)
brillan por su ausencia. Los dos socios estratégicos
de la UE apenas están presentes en su política de
cooperación ni tampoco son prioritarios en su
política de lucha contra el narcotráfico que se
concentra en los países andinos. México, con el que
firmó un acuerdo de libre comercio, no es importante
en la política antidroga de la UE. Al igual que a
Brasil, la UE considera a México como potencia
regional e ignora el debilitamiento de un Estado
infiltrado por el crimen organizado.
Contrario al discurso oficial de la importancia de
México en la región y en la política europea, por
omisión, la UE percibe el narcotráfico como un
problema bilateral México-EE UU. Otra razón es la
inclusión del tema de seguridad en sus pro- gramas
de cooperación, puesto que al ser países de renta
media, Brasil y México apenas reciben fondos. La
política de la Comisión Europea contrasta con recien-
tes iniciativas de Estados miembros, como un acuerdo
entre Brasil y Francia o el programa regional de
seguridad hemisférica que financió la Fundación
Friedrich- Ebert desde Colombia. No obstante, son la
excepción a la regla general de hacer caso omiso a
los problemas de seguridad.
Sin
negar que se trata, ante todo, de un problema
interno latinoamericano, al ser el principal donante
de la región la UE tiene una corresponsabilidad en
el auge de la violencia. En primer lugar, la
trayectoria de América Latina cuestiona una
relación directa entre desarrollo y seguridad, tal y
como lo sugieren los documentos y la política de
la UE que considera la cohesión social como
principal estrategia de prevención de conflictos en
América Latina. Llama la atención que los máximos
beneficiarios latinoamericanos de la ayuda de la
UE en los últimos veinte años siguen sien- do los
más inestables en términos políticos y de
seguridad. Al ser el principal donante, la Unión
probable- mente haya contribuido a que la región sea
hoy menos pobre, pero su AOD no ha impedido que sea
también mucho más insegura que años atrás.
El caso
de América Latina permite sacar varias lecciones: 1)
aparentemente, atacar las causas de la inseguridad
al reducir la pobreza y la desigualdad no conduce a
la reducción la violencia y habría que revisar la
política de cohesión social de la UE en
América Latina; 2) los elevados costes de las
amenazas no
tradicionales a la seguridad y la “política de mano
dura” tienden a neutralizar la eficacia de los
proyectos de cooperación; 3) por los limitados
recursos, la política antidrogas de la UE no
ofrece un contrapeso a Estados Unidos pero sus
fundamentos
(corresponsabilidad, políticas locales, desarrollo
alternativo)
representan una alternativa viable a la
militarización; 4) no hay mecanismos de
coordinación y intercambio de información en
materia de seguridad entre la Comisión y los Estados
miembro de la UE; 5) reducir la violencia en América
Latina requiere una mayor coordinación y políticas
comunes entre Estados Unidos y la UE.
Los
próximos años enseñarán si en América Latina existe
o no una correlación entre desarrollo y seguridad.
Mirando la trayectoria de la región podría haber un
orden lógico: de la transformación democrática de
los años ochenta, se pasó a la transformación
macroeconómica y hoy está inmersa en la tercera gran
transformación social. Si hubiera una secuencia, la
cuarta gran transformación debería ser una mayor
seguridad pública. El camino hacia una región más
segura requiere Estados e instituciones más fuertes
y democráticos, mayores niveles de educación y
formación, más producción y empleo, mejores sistemas
judiciales, policiales y penitenciarios y gobiernos
dispuestos a afrontar el desafío de seguridad.
El
ejemplo de Honduras y Guatemala señala que
mientras que no existen las condiciones
político-institucionales para ello, los proyectos de
cooperación europeos, aunque estén bien diseñados,
seguirán siendo ineficaces. Por tanto, cabe
preguntarse si tiene sentido mantener los altos
niveles de AOD con gobiernos que aparentemente
reproducen el círculo vicioso de violencia y
pobreza.
Por otra
parte, la UE y América Latina no mantienen ningún
diálogo en materia de seguridad y no existe nada
parecido al apoyo que ofrece la Comisión al African
Peace Facility coordinado por la Unión
Africana. Aunque es cierto que no hay
una Unión Latinoamericana, el Consejo de Defensa
Sudamericano en el marco de la UNASUR o la próxima
creación de una Comunidad de América Latina y el
Caribe (CALC) ofrecen nuevas plataformas para
apoyar soluciones regionales.
Sin
embargo, contrario a su compromiso de crear una
mayor coherencia entre seguridad y desarrollo, en
América Latina, la UE no trabaja con UNASUR, apenas
participa en las reformas del sector de seguridad ni
tampoco (excepto en Haití) vincula ayuda humanitaria
y seguridad pública.
Obviamente, su actuación está limitada por la
presencia de Estados Unidos y la ausencia de una
estrategia común latinoamericana, pero también hay
otras razones que explican su escasa visibilidad,
entre ellas la inexistencia de conflictos
interestatales y de una amenaza a los propios
intereses o la paz global. En el marco del actual
debate sobre seguridad y desarrollo en el seno de la
UE, llama la atención que, a diferencia de su
actuación en muchas otras zonas del mundo, su
política en América Latina sigue el camino inverso:
prioriza la cooperación y descuida la seguridad.
Aún así,
incluir esta dimensión en sus proyectos de
cooperación en América Central y la región andina es
la única fórmula para elevar su eficacia.
¿Por qué América Latina no está incluida en la
estrategia de la UE para responder a situaciones de
fragilidad? Fuera de sus fronteras, África es la
región donde la UE aplica su doctrina de “seguridad
y desarrollo”. Sería fácil trasladar este modelo, si
no al conjunto de América Latina a aquellas zonas
con altos índices de conflictividad. La definición
de “fragilidad” se ajusta a la situación de
países como Colombia o Guatemala y Venezuela
con “un Estado incapaz o no dispuesto a asumir sus
funciones básicas, obligaciones y responsabilidades
con respecto al suministro de servicios, manejo de
recursos, Estado de derecho, acceso equitativo al
poder, seguridad de la población y protección y
promoción de los derechos y libertades de los
ciudadanos”.
Por
negligencia o desinterés, una vez superados los
conflictos interestatales en la región, la UE
descuidó el aspecto de seguridad en su
relación con América Latina que, pese a ser una
región de renta media, se centra en la cooperación
al desarrollo.
Ante el
auge de la violencia que reduce el impacto de sus
proyectos de desarrollo, la UE debería modificar
esta visión e introducir el concepto de seguridad en
su cooperación al desarrollo. En primer lugar, la
Comisión Europea y los Estados miembros deberían
coordinar sus actividades y desarrollar una
estrategia conjunta con una visión de medio y largo
plazo. Siguiendo el ejemplo de la Unión Africana, la
UE también debería apoyar iniciativas regionales
(dependiendo de su eficacia).
A fin
de desarrollar una política más coherente, podría
considerar la creación de una Misión de Prevención
de Conflictos en América Latina que, aparte de
identificar estrategias y proyectos concretos,
explorara la viabilidad de la propuesta del
Parlamento Europeo de crear un Centro de Prevención
de Conflictos UE-AL.
El auge
de la violencia en una región libre de conflictos
interestatales, con gobiernos democráticos y niveles
relativos de pobreza como América Latina socava la
política de cooperación de la UE. Además, el
problema de violencia intraestatal no se limita a
esta región de escasa importancia para la UE, sino
que también se reproduce en otros países y zonas del
mundo. Es por ello que la UE tiene el doble reto de
incorporar la seguridad pública como tema horizontal
en sus proyectos de cooperación y de integrar a
América Latina en una política de seguridad global
más amplia. Ello implica ante todo reorientar sus
proyectos hacia la reforma o reconstrucción de las
instituciones del Estado desde la democracia, el
desarrollo y la seguridad ciudadana.
Previo a
ello sería importante realizar una evaluación
crítica de los proyectos que la UE ha llevado a cabo
en materia de seguridad y narcotráfico en
América Latina.
Los
extremos opuestos del Estado exitoso de Chile y el
Estado fracasado de Guatemala señalan que las
instituciones públicas y la (poca) separación de
poderes siguen siendo el principal problema de
una región donde los militares siguen siendo
utilizados como últi- mo recurso para resolver los
problemas. En este camino hacia una necesaria
reforma de la justicia, la seguridad pública y los
sistemas penitenciarios así como en materia de lucha
antidrogas, la UE podría ofrecer una ayuda mucho más
eficaz, cohesionada e inspirada en su propia
experiencia y políticas exitosas.
Por los
límites mencionados, la UE no quiere ni puede
equipararse con Estados Unidos, pero sí puede
contri- buir a desarrollar un nuevo paradigma local
e integral para disminuir los niveles de violencia.
Ello no
requiere más recursos sino más visibilidad,
presencia y perfil propio en los debates y políticas
sobre seguridad en las Américas. Finalmente, al
existir una estrecha interrelación con la migración,
la seguridad latinoamericana no un problema tan
lejano de Europa.
Por un
lado, la migración es, en parte, la consecuencia de
la creciente inseguridad latinoamericana. Y por el
otro, existe el riesgo de exportar el crimen
organizado hacia Europa, sobre todo a España como
principal receptor de inmigrantes latinoamericanos.
Aparentemente, reducir la pobreza y la desigualdad
no reduce la violencia.
Hoy,
América Latina es algo menos pobre y desigual, pero
más violenta e inestable que en décadas
anteriores. La región afronta amenazas no
tradicionales de seguridad como el narcotráfico, la
violencia urbana o la polarización política que
requieren respuestas internacionales diferentes a la
perspectiva de desarrollo que domina en la Unión
Europea (UE) o la vía militar-legal que persigue
Estados Unidos. Al ser el principal donante, la
Unión probablemente haya contribuido a que la región
sea menos pobre, pero no ha impedido que sea también
mucho más insegura.
Por
omisión y políticas erróneas, la UE tiene
una cierta co- responsabilidad. En primer lugar,
el simultáneo auge de la violencia y reducción de la
pobreza en América Latina cuestiona una relación
directa entre desarrollo y seguridad, tal y como lo
sugiere la política de la UE. En segundo lugar, los
máximos beneficiarios latinoamericanos de la ayuda
de la UE, los países centroamericanos y andinos,
siguen siendo los más inestables en términos
políticos y de seguridad. Aparentemente, atacar las
causas de la inseguridad al reducir la pobreza y la
desigualdad no conduce a la reducción la violencia.
Por tanto, habría que revisar las prioridades de la
política de la UE hacia América Latina. Aunque la UE
no quiere ni puede equipararse con Estados Unidos,
puede contribuir a desarrollar un nuevo paradigma
para disminuir los niveles de violencia y tener más
presencia y perfil propio en los debates y políticas
sobre seguridad en las Américas.
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