Relaciones Brasil - Paraguay
y el problema del crimen
organizado transfronterizo
por Ariane Cristine Roder Figueira

 

La medida de excepción establecida por el presidente paraguayo Lugo, dando libertad de acción a los militares para promover prisiones, busca combatir a los grupos armados vinculados al movimiento de guerrilla Ejército del Pueblo del Paraguay acusados de matar a cuatro personas, además de ser sospechosos de tener vínculos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y con el crimen organizado que actúa en la frontera con Brasil.

 

El estado de excepción decretado por el gobierno paraguayo en cinco departamentos (estados) ha dejado en evidencia la actividad delictiva en la región de la frontera en los últimos días. Pero lo que no se puede dejar de resaltar, es que la problemática vivenciada por el país vecino no es novedad, sino, por el contrario, tiene raíces históricas, lo que dificulta aún más las acciones de combate.

 

Más allá de la notoria deficiencia en los mecanismos de fiscalización, otro factor que agrava el caso referente al contrabando en la región de la frontera es la rentabilidad que el mercado negro genera en algunos sectores de la sociedad paraguaya y las redes poderosas del crimen organizado Brasil-Paraguay, que en gran medida poseen vastas ramificaciones en las instituciones del Estado, dominando decisiones en los niveles Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

 

En el caso paraguayo, la contaminación del poder político por la mafia se dio principalmente durante el largo período de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Durante todo este período, el gobierno brasileño actuó de una forma complaciente al creciente mercado ilícito que florecía en la región de la frontera, visto que el foco de la política externa brasileña, en ese momento histórico, era mantener al Paraguay como su área de influencia. Este movimiento de proximidad representaba para Brasil una ganancia potencial, ya que el principio rector de la agenda diplomática del país para América del Sur era conquistar el papel de líder hegemónico en la región del Plata. De este modo, además de ejercer el papel de péndulo en el poder regional, Paraguay tenía con Brasil una relación de gran proximidad con innumerables proyectos bilaterales en desarrollo, tales como: la construcción de carreteras, el Puente Internacional de la Amistad, entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este, Itaipú y, posteriormente, el Mercosur.

 

El estrechamiento de las fronteras a través de proyectos que apuntaban a la ampliación de las relaciones económicas entre los países, puede ser fácilmente visualizada con el intercambio creado luego de la construcción del Puente Internacional de la Amistad y la carretera Foz de Iguazú-Paranagua, que dieron un enorme estímulo al comercio exterior paraguayo que pasó a tener un acceso más fácil a la ruta de exportación. Más allá del avance en el comercio bilateral con Brasil, Paraguay, más específicamente la Ciudad del Este, experimentó un avance significativo, tornándose un gran emporio exportador y centro del comercio de triangulación.

 

Fue durante este estrechamiento de los lazos de amistad entre Brasil y Paraguay que se produjo un avance exponencial de las actividades del contrabando en las fronteras bilaterales, que inició su historia con el contrabando de yerba mate, café, soja y madera hasta llegar a ser una de las principales rutas de contrabando de aparatos electrónicos, cigarros y de las actividades del narcotráfico en general. Este avance significativo en el comercio ilícito entre Brasil y Paraguay es el resultado, no sólo de una infraestructura creada para la facilitación de las relaciones comerciales bilaterales, sino también y, sobre todo, debido a la contaminación del poder político paraguayo por los líderes del crimen organizado, que pasaron a utilizar toda la estructura de la máquina estatal y la fragilidad del ordenamiento jurídico nacional en pro de la expansión de las actividades ilícitas. Brasil no quedó por fuera del proceso al  ser permisivo con la situación que estaba siendo creada y, también, por tener una estructura frágil de combate al crimen organizado, que ya se instalaba en el territorio nacional como parte de la red mafiosa Paraguay - Brasil.

 

Hasta el inicio de la década de 1990, el contrabando no era un tema de gran preocupación del gobierno brasileño, tampoco del gobierno paraguayo. La problemática sólo fue tema de un debate más profundo en la agenda bilateral a partir del segundo mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso, que pasó a buscar, aunque de una forma bastante tímida, una cooperación de Paraguay  para contener el avance de la actividad clandestina en la región.

 

La nueva dinámica global también influenció la formulación de la agenda externa de diversos países, que se vieron obligados a adherir a las nuevas prioridades internacionales. El Mercosur, en este contexto, buscó incorporar en su ordenamiento jurídico estas innumerables iniciativas, reglamentándolas de acuerdo con las especificidades regionales. La garantía de la vigencia de un régimen democrático en el país y una postura más rígida con relación al  comercio ilícito fueron algunos de los compromisos formalizados entre los miembros del bloque.

 

En 1993, la cuestión de la seguridad regional se torna uno de los temas prioritarios en el Mercosur. Se establece, en esta fecha, un Proyecto de Acuerdo para la Aplicación de los Controles Integrados en Fronteras entre los Países del Bloque. En 1997, se firma un Convenio de Cooperación y Asistencia Recíproca entre las Administraciones de las Aduanas en el Mercosur Relativo a la Prevención y a la Lucha Contra las Ilegalidades Aduaneras. Estas iniciativas fueron consolidadas en la creación del Plan de Cooperación y Asistencia Recíproca para la Seguridad Regional en el Mercosur. En seguida, el 22.06.2001, fue creado en el ámbito del Mercosur un Programa de Acción de Combate a los Ilícitos en el Comercio Internacional.

 

En el ámbito bilateral Brasil – Paraguay, en 1988, fue celebrado un acuerdo entre Brasil y Paraguay sobre la Prevención, Control, Fiscalización y Represión al  Uso Indebido y al  Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. En el mismo año el acuerdo bilateral fue referente a las Notas Reversales sobre el Tráfico Ilícito de Vehículos. En 1994, el tema fue la Cooperación para el Combate al Tráfico Ilícito de Madera. En el año 2000, Brasil y Paraguay  firmaron un Acuerdo de Cooperación Mutua para Combatir el Tráfico de Aeronaves en Actividades Ilícitas Transnacionales.

 

Estos factores tuvieron un reflejo directo en Paraguay, que se vio presionado por los demás países del Mercosur para sustituir el llamado comercio de triangulación y para reestructurar la industria nacional, con el fin de evitar el fortalecimiento de las actividades ilícitas, que sacan provecho de la ampliación del mercado regional. Estas iniciativas referentes al combate al contrabando están expresadas en algunos acuerdos y propuestas emanadas de los miembros asociados al Mercosur.

 

No obstante, aunque en este período hayan sido firmados innumerables acuerdos por parte de Paraguay, en virtud especialmente de la presión ejercida por Brasil y, en parte, por los EE.UU., se hizo poco para implementarlos. Eso porque, hasta fines de la década de 90, el cargo presidencial estuvo en manos de agentes políticos ligados a la mafia organizada, que disputaron intensamente el espacio en el poder político y en el comando del tráfico. Como consecuencia, el aparato normativo creado tanto en el Mercosur como en el ámbito bilateral, pasó a encontrar grandes dificultades para ser efectivizado, sobre todo, debido a la resistencia interna del gobierno paraguayo, que posee, en sus diversos escalones del poder, personas que actúan en favor del crimen organizado.

 

Esta contaminación de la máquina estatal por el crimen organizado en Paraguay dificulta el proceso de negociación en cuanto a la problemática. Incluso con los signos de nuevas perspectivas para una política de combate al  comercio ilegal en el ámbito multilateral, el gobierno paraguayo presenta aún una gran resistencia en adoptar medidas prácticas para el enfrentamiento del problema.

Traducido para LA ONDA digital por Cristina Iriarte

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