“Informantes” o Inteligencia,
debate pendiente
por Ramón Ramos Trías*

En Uruguay desde hace mucho tiempo el tema de los Servicios de Inteligencia o la actividad de Inteligencia desde el Estado, es un problema pendiente de abordaje y solución. Todos los elementos que en torno a este tema se vienen sucediendo en los últimos años indican; que el Estado, el gobierno nacional y la sociedad, más temprano que tarde se verán frente a un gran problema si esta realidad no es abordada rápidamente. 

 

Entorno a los Servicios de Inteligencia y a la Inteligencia, suele haber mucha confusión, en La ONDA digital Nº 454 está publicado un excelente trabajo académico, que nos permite un enfoque concreto y nacional del tema.  En este estudio Jorge Jouroff Hazot, su autor, indica uno de los factores claves para su contextualización; “la inteligencia, como toda herramienta, no vale de por sí. Las formas organizativas se crean o surgen por alguna causa, con una finalidad determinada. Concordantemente con lo anterior, primero está la necesidad de dicha herramienta, y luego, la comprensión de su necesidad, lo que no es lo mismo”. 

 

Luego Jouroff Hazot agrega un enfoque que pensamos es relevante para no repetir errores: “Nosotros debemos de ser capaces de aprender sin imitar; es decir, desarrollar una cultura de Inteligencia propia, nacional. Debemos estudiar las experiencias de otros  países, pero debemos comprender que lo que define nuestro sistema son nuestros desafíos y nuestros recursos. No vamos a disponer del nivel tecnológico de otros países, pero a nivel de análisis, por ejemplo, sí podemos competir, si utilizamos inteligentemente los recursos de que disponemos. Y sobre todo, si definimos para qué queremos la inteligencia y si comprendemos que, por bueno que sea un sistema, sólo es útil como parte del conjunto de las herramientas de que dispone el Estado y no como fin en sí mismo”. 

 

No es ocioso que los uruguayos estemos entonces hablando por estos días, que las “reformas” en “Inteligencia” sean el “conjunto de las herramientas de que dispone el Estado y no como fin en sí mismo…”.    

 

Es en esta dirección que resulta particularmente extraña una información de prensa, que consigna que se “han hecho público propuestas parlamentarias con las que se pretende concederle un marco institucional a los servicios de Inteligencia del Estado, una vez que ya se sabe que una oficina coordinadora de los servicios ha comenzado a funcionar y tiene un responsable: Augusto Gregori”.

 

¿Los servicios de Inteligencia en Uruguay no tienen un marco institucional? ¿Estamos frente a una realidad donde el poder Ejecutivo y el Parlamento no tienen pleno control ni se conocen los protocolos de actuación de estos organismos?

 

Casi simultáneamente se conoció una iniciativa del senador oficialista,  Eleuterio Fernández Huidobro en el sentido de subrayar la necesidad de "un gran debate nacional para concluir qué inteligencia queremos y necesitamos para el país de hoy y de aquí a 30 años". Agregando que hoy la Inteligencia "abarca diferentes y nuevas áreas como el cuidado medioambiental, la aparición de enfermedades raras o la expansión de pandemias". También se manifestaron sobre el tema los parlamentarios; Javier García, nacionalista y José Amy colorado.

 

En su trabajo Jouroff Hazot nos habla de dos carencias principales: “Una, falta de definición política acerca de que se entiende (y que se pretende) con ‘la inteligencia’. Como hemos visto,  se produce inteligencia en determinados aspectos, pero no inteligencia estratégica, prospectiva. Es claro que, cuando hablamos de inteligencia y conformar un sistema, nos referimos a la producción de inteligencia estratégica. En una primera aproximación diríamos que definimos inteligencia estratégica como la producción de conocimiento sobre  áreas o problemas vitales para el interés nacional, con el fin de asesorar al más alto nivel político a fin de anticipar, prevenir y resolver situaciones de amenaza o riesgo para el estado democrático”,  agrega.

 

Que el Estado Uruguayo tenga bien definido los marcos institucionales y los protocolos éticos y políticos de actuación y funcionamiento de este instrumento, permitirá sin duda contar con la mejor información institucionalizada y democráticamente procesada para los poderes del Estado. Así se podría  evitar entre otras hipertrofias recurrir a extraños y peligroso atajos desde el Estado, como éste del que nos informa el diario El Observador; “el Presidente José Mujica “logró tejer una red de información por parte de otros funcionarios subalternos de su confianza que le reportan directamente a él sobre diversos aspectos del trabajo ejecutivo”, la cual le sirve “para estar vigilante ante presuntas irregularidades o incluso, acceder a información privilegiada de la gestión que de otra manera no le llegaría tan rápido”.

 

Algunos funcionarios que reportan directo ni siquiera tienen roles de jerarquía, sino que son funcionarios comunes “que tienen línea directa con el mandatario”.

 

Se agrega que “algunos jerarcas del gobierno confesaron (al matutino) sentirse “observados”, ya que el Presidente les ha consultado sobre aspectos de la gestión que ni ellos conocían y que luego, averiguando, pudieron chequear.(Inred)

 

De confirmarse, es este un hecho grave y anómalo del ejercicio de gobierno. Cualquiera sea el signo ideológico que un gobierno tenga o la ejecutividad que pretenda darle a su práctica gubernamental esto no encuadra en ninguna sociedad o Estado con mecanismos auténticamente democráticos e institucionales. Menos aún en el Uruguay contemporáneo donde susciten heridas y sensibilidades expuestas, por las prácticas en este campo por parte de la dictadura.

 

*Sociólogo

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