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Cárceles españolas;
una mirada de cerca
por Ana
Muñoz Álvarez
 España
tiene uno de los porcentajes de presos más altos de
Europa. Entre 1980 y 2009, se ha cuadriplicado su
población penitenciaria. En algo menos de 30 años,
se ha pasado de tener una población reclusa de un
poco más de 18.500 personas, en 1980, a más de
77.000 personas presas en la actualidad. Sin
embargo, el número de delitos no aumenta.
Actualmente, España tiene la tasa menor de Europa,
con menos de 47 delitos por cada 1.000 habitantes.
Cifras que contrastan con la presión pública para
que se endurezcan las penas y el código penal.
Organizaciones, juristas y profesores se han
adherido a la Plataforma Otro Derecho Penal es
Posible para contrarrestar el clima de “populismo
punitivo que vive la sociedad española”. Desde aquí,
se explica que la legislación penal española se
aplica de manera muy estricta y de ahí el número de
internos que hay en los centros penitenciarios
españoles. Desde esta Plataforma, ven necesarias
reformas en el derecho penal y en las instituciones
penitenciarias para humanizar el sistema.
“Las
penas privativas de libertad y las medidas de
seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y
reinserción social”, dice el artículo 25.2 de la
Constitución Española. Los centros penitenciarios,
por tanto, no sólo son castigo sino que están
orientados a la reinserción social. La práctica nos
dice que este artículo constitucional tiene un
difícil cumplimiento. La falta de personal
(educadores, psicólogos, trabajadores sociales…), el
número de internos en las prisiones y, a veces, la
actitud de algunos funcionarios hace que la prisión
pierda su sentido y se convierta en un mero lugar de
reclusión. Y tampoco pueden dar respuesta a todos
los problemas sociales. En los centros
penitenciarios hay extranjeros, personas con
adicciones, personas que desde niños han vivido
excluidos, personas analfabetas, personas que sufren
alguna enfermedad mental… Es cierto que ninguno
“está ahí por haber ayudado a cruzar la calle a una
abuelita”, como se dice entre los presos, pero, a
veces, la cárcel no es la mejor solución.
Actualmente, un 66% de los internos están en prisión
por delitos contra el patrimonio y por delitos
contra la salud pública, es decir, por robos y por
tráfico de drogas, según los datos del gobierno
español. Así, “el mito popular sobre la alta
peligrosidad y la gravedad de los delitos de las
personas que están encarceladas y que subyace en las
peticiones expansionistas del sistema penal pierde
intensidad”, sostiene la plataforma Otro Derecho
Penal es Posible.
También
hay que romper con el tópico de que las prisiones
son “resorts de lujo”, donde uno va con todos los
gastos pagados. Esta percepción cambia si uno la ve
de cerca. Los centros penitenciarios son lugares
hostiles y agresivos, donde la persona pasa a ser un
número, donde se tienen rutinas muy estrictas, donde
no abundan las actividades y los talleres, donde no
puedes moverte con libertad, donde no hay una
asistencia sanitaria adecuada… Visto así, no parece
un sitio de lujo.
Otro
Derecho Penal es Posible también advierte de que en
España las condenas se cumplen de manera íntegra. La
mayoría de las personas cumplen sus penas en 1º y 2º
Grado, lo que significa que lo hacen en la cárcel.
Menos de 7.000 personas se encuentran en situación
de 3º Grado, es decir, que salen de la prisión
durante el día y vuelven por la noche o tienen
permisos los fines de semana.
Las
Instituciones Penitenciarias son unas grandes
desconocidas. Son poco transparentes. De ahí, la
falta de conocimiento de la sociedad sobre el
entorno penitenciario y sobre lo que significa la
privación de libertad. Organizaciones como
Solidarios para el Desarrollo entran todas
las semanas en prisión con cientos de voluntarios
como un soplo de aire fresco. Es importante que la
sociedad civil entre en las prisiones y que cuenten
esa realidad tan distinta al imaginario colectivo.
*
Periodista
ccs@solidarios.org.es
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