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Ministro Lorenzo: no hay
una sola medida que implique
aumentar los impuestos
por
Fernando Lorenzo
ante las Redes Frenteamplistas
(Ministro de Economía)
Lo que sigue a continuación es la
versión completa de la exposición no leída del
Ministro de Ecomónia de Uruguay, Fernando Lorenzo,
el viernes 30 de junio ante el auditorio de las
Redes Frenteamplistas que lo habían invitado para
conocer los lineamentos fundamentales del
Presupuesto Nacional (el primero de la
administración Mujica)
que inicia su tratamiento por estos
días.
La reunión fue en el Club Banco
Hipotecario, donde Lorenzo habló por más de una hora
y media y entre otros anuncios dijo que la educación
se llevará en este quinquenio más de un tercio de
los recursos adicionales con los que se cuenta.
El evento comenzó con una exposición
general del jerarca sobre la política económica y el
presupuesto quinquenal indicando que el Frente
Amplio hizo de la política fiscal "un instrumento
útil" con "contenido político", cuando en gobiernos
anteriores se gobernaba "a los barquinazos".
Versión transcrita y titulada por La
ONDA digital.
“ (…) El gobierno
fija prioridades, y fija distintas áreas de la
actividad institucional, social, política del país,
metas y desarrollos y aspiraciones verdaderamente
importantes para la construcción de ese Uruguay más
próspero y más justo que estamos pensando. Y no hay
que confundir además – como también hay que hablar
del presupuesto – las prioridades del Plan de
Gobierno con las prioridades del presupuesto. O sea,
entender que la herramienta presupuestal es una
herramienta a jerarquizar, no implica sub-sumir
contratos de avances que están jerarquizados en el
Plan de Gobierno en una expresión meramente de
formulación y ejecución del presupuesto nacional.
Me parece que eso
es – en cierto sentido – como reducir la importancia
de los objetivos políticos que tenemos planteados y
llevarlos – casi – a la formalidad del diseño de una
ley y de la ejecución de un conjunto de planes,
soportados sobre recursos públicos. Yo creo que
buena parte – además – de lo que son los objetivos
más relevantes del Plan de Gobierno y los objetivos
programáticos más profundos del Frente Amplio,
tienen que ver con constituir derechos y no
solamente con asignaciones de recursos.
Presupuesto, acto
de realidad política
La constitución de
derechos, el crear derechos y crear capacidades para
ejercerlos, va bastante más allá del enfoque
político que a nosotros nos parece decididamente más
útil que pensar en que la consecución de los
objetivos es una expresión meramente
económico-financiera y que depende – básicamente –
de montos asignados y de la capacidad de llevar
adelante un conjunto de programas que lo que
creemos. Quiero aclarar, esto no se trata de reducir
la importancia del presupuesto nacional. Se trata de
ubicar las discusiones presupuestales en su
contexto. Y me parece que esto importa, porque la
política económica está – por supuesto – apuntalada
en la gestión de gobierno, en una sólida política
fiscal. El Frente Amplio hizo una contribución muy
importante – en ese sentido – al país. Hizo de la
política fiscal un instrumento útil. La política
fiscal había deambulado en muchas oportunidades
históricas en el país. Había sido – muchas veces –
gobernada a los “barquinazos”; gobernada a los
“golpes de timón” provocados por circunstancias
adversas o por bonanzas temporales. Nosotros hicimos
de la política fiscal y de la discusión presupuestal
– que es una herramienta fundamental de la política
fiscal, no la única – hicimos algo que fue
jerarquizar el debate.
¿Cómo lo hicimos?
Me parece que esto importa compartirlo, también.
Hicimos que el presupuesto nacional y la discusión
sobre el mismo, se transformara en un acto de
realidad política. ¿De qué manera? Diciendo que
lo que el Parlamento de la República decía que
autorizaba el Poder Ejecutivo y las distintas
instituciones públicas a ejecutar y los programas a
priorizar y los recursos a asignar – finalmente –
estaban a disposición de todos los organismos que
tenían que ejecutar esas políticas. Y no había
ningún intento de retacear los recursos, ni limitar
los recursos, aprobados por el Parlamento de la
República. ¡Esto es un contraste muy grande con la
historia de la construcción y la ejecución
presupuestal en el pasado! Donde la discusión
parlamentaria, era una discusión que después se
vaciaba parcialmente, cuando llegaban las instancias
de fijación de topes y limitaciones administrativas
– por parte del Ministerio de Economía y Finanzas –
para poder manejar la política fiscal de manera
controlada.
Nuestro primer
gobierno y este segundo gobierno han hecho de la
política fiscal y el debate sobre la política
fiscal, un elemento fundamental con contenido
político. Y yo creo que eso importa tanto como lo
cuantitativo. Importa porque nosotros nos hemos
obligado a que estas discusiones tienen relevancia
política porque son discusiones sobre la realidad y
porque – además – nos hemos encargado de hacer
responsablemente las asignaciones presupuestales,
porque nosotros sabemos el valor que tiene asignar
un recurso – aunque es valioso – y que después ese
recurso no esté disponible o se extinga. ¡Piensen lo
que pasaría! ¡Piensen lo que pasaría! Si nosotros
asignáramos recursos a fines tan importantes para el
desarrollo del país, como a la educación u otras
áreas fundamentales – como la salud – y nuestro
esfuerzo fuera – un año – concretar una asignación
presupuestal importante y después despreocuparnos de
cómo sigue la historia. Si al otro día faltan los
recursos, ese no es nuestro problema. No. Nosotros
nos preocupamos en todo momento, de cada paso y de
cada transformación que se iba impulsando a través
de inversiones públicas y recursos de la comunidad,
que esos recursos estuvieran disponibles para
realizar un esfuerzo de largo aliento.
El debate
presupuestal y el debate de política fiscal que el
Frente Amplio ha propiciado, es un debate que está
lleno de contenido estratégico, lleno de la idea de
que lo que estamos haciendo no es un esfuerzo
durante nuestro gobierno, es la aspiración de la
concreción de transformaciones que queden para
adelante y de manera duradera para la sociedad. Esa
es la forma de actuar. Esa es la forma en que hemos
ayudado a jerarquizar el debate presupuestal y a
jerarquizar la discusión de la política fiscal. Y la
política fiscal es importante, no sólo porque ella
es capaz de proveer de los recursos necesarios para
atender políticas sociales y programas valiosos. Yo
creo que reducir el papel de la política fiscal y el
debate sobre los instrumentos de la política fiscal,
al problema de que a la economía y a la política
económica sólo le compete propiciar que los recursos
estén ahí para poder fortalecer áreas prioritarias y
áreas que tienen alto contenido social, a mi me
parece que eso es reducir demasiado el alcance de la
política fiscal.
La política fiscal
tiene un papel clave en la existencia de incentivos,
en la existencia de elementos proporcionales o
específicos sobre la economía, el de atender
discriminaciones que afectan – finalmente – a la
asignación de recursos y a la distribución del
ingreso en la comunidad y que no se manifiestan en
recursos asignados como una partida presupuestal,
sino que tienen un alcance distinto. La política
fiscal incluye todas las transformaciones que hemos
realizado en materia de promoción de inversiones; la
política fiscal incluye todos los elementos
específicos de asignaciones diferenciales de
incentivos, según un conjunto de contribuciones que
los distintos proyectos que eleva el sector privado
a consideración del Ejecutivo, están para aportarle
a la sociedad. Todos estos elementos también son
parte de la política fiscal y también son parte del
diseño presupuestal, aunque ellos – por su
naturaleza – no estén votándose en artículos
concretos del presupuesto, en algunos casos.
Por tanto, la
jerarquización que hemos hecho de la política fiscal
tiene un enorme contenido político y la política
fiscal no es sólo la proveedora de recursos para que
sean ejecutados por determinados ámbitos relevantes
e importantes de la política económica. Me parece
que estas consideraciones hacen bien para
contextualizar – al menos – cómo razonamos quienes
trabajamos en el área de la política económica,
pensando en todo instrumento que está a nuestra
disposición para cumplir los fines que el gobierno
se traza.
Es probable que en
la Ley de Presupuesto se incluya un conjunto de
asignaciones muy relevantes para el cumplimento del
Plan de Gobierno. Pero va a haber otro conjunto de
normas que van a estar dejando pautas nuevas sobre
incentivos fiscales – en algunas áreas – que tienen
tanta o más relevancia – en algunos casos – que las
propias asignaciones presupuestales en esas
materias. Y es esa integralidad del análisis
político de la política fiscal – que yo siempre
digo: de todas las políticas económicas, la política
fiscal es la más política de todas. No tengo dudas.
Es la que condensa y concentra la mayor cantidad de
intereses de la sociedad y en la que se tensionan
todos los conflictos – distributivos y de
prioridades - que están trazados en una sociedad. Y
esto es así porque la política fiscal incluye
gastos, pero incluye los impuestos, las exenciones,
las exoneraciones y todas las medidas de fomento que
el país pone a disposición de los actores de la
sociedad para progresar.
Prosperidad
duradera
Estas
consideraciones requieren – ahora – de algunas
reflexiones antes de entrar en materia presupuestal,
respecto a cómo identificamos – de alguna manera –
el papel que tiene la economía y la política
económica, con algún énfasis en la política fiscal,
en este proceso de avance hacia el desarrollo que
nos hemos propuesto.
El Plan de Gobierno
del Frente Amplio es un plan preparado para un país
que superó muchas de sus debilidades en el período
anterior; iniciamos el primer gobierno del Frente
Amplio con un conjunto muy amplio y muy pesado de
vulnerabilidades sociales, institucionales,
económicas, financieras, fiscales de todo tipo.
Afortunadamente, cinco años después, el
presidente Vázquez nos dejó un país en el cual –
muchas de esas urgencias – habían sido resueltas y
otras tantas habían sido mitigadas lo suficiente
como para podernos plantear objetivos más
ambiciosos. Y los objetivos que nos hemos trazado,
son objetivos de que este país puede y debe – en
este período de gobierno – dar pasos importantes
hacia el desarrollo. Y el desarrollo – en un país
como Uruguay – con nuestra realidad económica y
nuestra realidad social, tiene dos dimensiones
incontrastables: una, que nosotros necesitamos
prosperidad duradera. Este país necesita que la
expansión económica sea duradera, estable,
permanente y que no esté amenazada – en todo momento
– por circunstancias y efectos que terminan
sacándonos del camino.
Nosotros
necesitamos – por nuestro nivel de ingresos, porque
somos un país de renta media y que si queremos
avanzar hacia el desarrollo, necesitamos dejar de
ser un país de renta media para ser – al menos – un
país de renta media que está aspirando a nivel de
renta per cápita más elevados, necesitamos la
expansión económica. Y la expansión económica tiene
algunas características muy importantes que las
hemos visto – en estos años – actuar plenamente.
La expansión
económica es algo que – para un país que estuvo tan
postrado, tan estancado y con tan pobre desempeño
económico durante tanto tiempo – produce un cambio
muy grande en la sociedad. Porque la transformación
más grande que trae la continuidad y el crecimiento
económico es que aumentan las oportunidades: hay más
y mejores oportunidades. Eso es lo que la
prosperidad económica le aporta – como posibilidad –
a los países que deciden progresar y avanzar hacia
el desarrollo. Obviamente la prosperidad económica,
es una suerte de condición necesaria para avanzar
hacia el desarrollo, pero tiene la potencialidad de
ofrecerle oportunidades - no a todos – a algunos de
la sociedad. ¿A quiénes? A los que están mejor
preparados, a los que tienen más capacidades, a los
que tienen mejores contactos, a aquellos que –
verdaderamente – están ellos mismos y sus familias
en mejores condiciones de aprovecharse de la
prosperidad porque tienen con qué. Y – por suerte –
en estos últimos años, son cada vez más las familias
y los ciudadanos de este país que tienen condiciones
de ser incorporados en la prosperidad económica.
¡Por suerte eso ha ocurrido! Pero también tenemos
que lamentar que en nuestro país hay demasiados
compatriotas, demasiados ciudadanos y ciudadanas,
demasiados hogares de nuestro país, que no tienen
las herramientas, las capacidades, la formación, ni
los vínculos, para que la prosperidad económica los
lleve de la mano y les asegure mejoras de bienestar.
Parte fundamental
de nuestra propuesta política
Nosotros, con
nuestra forma de pensar – desde la izquierda
política uruguaya, sabemos que ellos son parte
fundamental del contenido de nuestra propuesta
política y parte fundamental de lo que tenemos que
asegurarnos que ocurra, para que este país sienta
que progresa. Porque este es un país muy peculiar.
Este es un país que tiene una preferencia por la
equidad – yo siempre lo menciono – y se desgarra con
tanta facilidad viendo injusticias – flagrantes y
exclusiones flagrantes sociales – que ese es un
valor que nosotros – en la izquierda – lo tenemos
muy adentrado pero que – en realidad – somos
herederos de nuestras tradiciones políticas pero –
también – de las tradiciones culturales más
profundas.
Este es un país
donde hay una preferencia muy importante por la
igualdad, y esa preferencia por la igualdad – desde
nuestro punto de vista – no está garantizada en una
sociedad que está expandiéndose económicamente,
si no hay una red de políticas sociales y una red de
acciones específicas del estado que tiendan la mano
y ayuden a paliar dificultades y a gestar
capacidades y oportunidades que – de otra manera –
no podrán ser aprovechadas por el país. Este es el
núcleo central de las razones por las cuales
nosotros necesitamos prosperidad duradera y
una red de políticas sociales que sean capaces –
armoniosamente – de hacer evolucionar a este país
desde sus situaciones actuales hacia situaciones –
desde el punto de vista económico y social – mucho
más avanzadas que las que tenemos hoy.
Y el crecimiento
económico nos ha ayudado en eso en estos últimos
años. Ha sido – al mismo tiempo – proveedor de
oportunidades y ha ayudado a resolver algunos de los
más angustiosos problemas económicos y de bienestar
en nuestra comunidad. Hoy el INE divulga cifras
sobre indicadores de pobreza, indicadores de pobreza
extrema en el país, correspondientes al año 2009.
Las cifras son alentadoras, en el sentido de que –
durante el año 2009 – en un contexto en el cual en
toda América Latina se observó exactamente el efecto
contrario – en todos y cada uno de los países de
América Latina se observó un efecto contrario al que
ocurrió en Uruguay.
Uruguay redujo sus
niveles de pobreza, tanto en número de hogares como
en número de personas que se encuentran por debajo
de la línea de pobreza, completando un registro de
cinco años consecutivos de reducción del número de
hogares y el número de personas que se encuentran
por debajo de la línea de pobreza (aplausos). Y una
más que alentadora evolución de los niveles de
pobreza extrema, esos que sí, ya son inadmisibles.
La pobreza extrema en el país en el año 2009 – según
los indicadores publicados por el INE – ronda el
0,8% de los hogares y algo más del 1% de las
personas. Ustedes saben que los hogares más humildes
y en los más pobres, es donde hay más cantidad de
ciudadanos viviendo. Esto hace ubicar los niveles de
pobreza extrema – en algunos casos lo denominan
“indigencia” – pero es pobreza extrema, la pobreza
que tiene una vinculación directa con los problemas
alimentarios, los más angustiantes y con más
capacidad de influir negativamente sobre las
posibilidades de progresar de una persona, son esas
condiciones que están en la raíz misma del concepto
de tener oportunidades. Esas condiciones
evolucionaron favorablemente – nuevamente - a lo
largo de los cinco años de gobierno.
Nosotros tomamos el
gobierno después de una crisis muy importante y los
niveles de indigencia, de pobreza extrema, se
situaban por encima del 4%. Y a veces cuando uno
habla de números – a mi me gusta poco llenar este
tipo de reuniones de números – pero 4 puntos de los
hogares del país o 4 puntos de las personas, son
muchos hogares y muchas personas. Son más de 45 mil
familias y bajar esa cifra a 9 mil familias – como
es lo que dan los indicadores del 2009 – alienta, no
satisface, alienta. Porque mientras haya indigencia,
hay una razón para que plantear satisfacción, con
eso no sea suficiente. Eso yo creo está
perfectamente entendido por todos nosotros. Nosotros
nos propusimos abatir la indigencia en este período
y nos propusimos reducir – de manera drástica – el
nivel de pobreza del país.
Eso es lo que nos
propusimos. Y las dos políticas requieren de
instrumentos diferentes. Si nosotros pensamos en
objetivos de eliminación o de llevar a su mínima,
mínima expresión las posibilidades de que haya
indigencia en el país, estamos hablando de medidas y
programas muy focalizados. Si estamos hablando de
nueve mil hogares, no les vamos a llegar nunca con
políticas generales. Estamos hablando de que ese
tipo de cosas requieren de una puntería certera,
en términos del tipo de programas y el tipo de
beneficiarios a los cuales estamos apostando. Cuando
uno piensa en otros avances sociales sin reducción
de la pobreza, ahí operan muchos más instrumentos,
muchos más factores, y tienen la red de protección
social más amplia y más universal, tienen papeles
fundamentales para cumplir. Tienen un papel clave
para cumplir. Y el crecimiento económico – sobre eso
– puede actuar también y nos puede ayudar como nos
ha ayudado en estos años.
Pero jerarquizar
adecuadamente, ¿cuál es el papel de la prosperidad
económica y cuál es el papel de otras políticas
necesarias para conseguir objetivos distributivos
ambiciosos, como los que procuramos en este período?
Ese es un tema absolutamente fundamental en lo
político. Esto es el enfoque general con el que
estamos razonando los objetivos de largo alcance, en
materia de avance social que nos hemos propuesto
alcanzar en este segundo gobierno del Frente Amplio.
Y necesitamos que el crecimiento económico continúe.
Necesitamos fortalecerlo, estabilizarlo, pero
también necesitamos asegurarnos que disponemos de
herramientas suficientes para hacer contribuciones
relevantes en estos planos sociales tan importantes
como los que están afectando los niveles de vida
directos de – todavía – demasiadas familias en
nuestro país. Este marco general y el conjunto de
medidas que están en el Plan de Gobierno específico
y metas específicas, son el soporte fundamental de
la propuesta presupuestal que estamos trabajando a
nivel del Poder Ejecutivo. Este es el soporte, la
tónica y el mecanismo orientador – desde el punto de
vista estratégico – de cómo concebimos la armonía
entre expansión económica y equidad social. Esta es
la forma. Y cuando se va a discutir del presupuesto
nacional y del conjunto de medidas que estamos
impulsando para cumplir el Plan de Gobierno, estamos
inspirados – siempre – en un enfoque de este tipo.
En todo momento estamos pensando en un concepto muy
rico y muy amplio para interpretar el desarrollo
económico y social. No es mera expansión de la
actividad económica, pero tampoco lo conseguiremos
si no conseguimos expansión económica duradera,
sólida y permanente. Este es el enfoque con el cual
estamos trabajando.
Los resultados no
son de la política económica
Y – afortunadamente
– la realidad nos dice, el marco de realidad, el
realismo – simplemente, la observación real de lo
que está ocurriendo en nuestra economía y en nuestra
sociedad, nos hace pensar que Uruguay tiene una
posibilidad para continuar creciendo y continuar
generando oportunidades desde el lado de la economía
en los próximos años. Y cuando se mira la forma en
que nos ha tocado enfrentar y sobrellevar las
dificultades de la crisis económica internacional,
creo que uno podría estar tentado de decir que el
haber sobrellevado la crisis internacional de la
forma que lo hicimos, es el resultado exclusivo de
la acción del gobierno y de la política económica en
particular. Hay una tentación de hacerlo de esa
manera. Nosotros estamos convencidos de que eso no
es así: ni todo lo hizo el gobierno, ni la política
económica fue la única responsable de que Uruguay
transitara por la crisis como lo hizo. El conjunto
de fortalezas generadas a nivel individual, los
altos niveles de cohesión social, la red de
políticas sociales ascendentes, la fortaleza de las
empresas, los niveles de vulnerabilidad de muchos
colectivos, la existencia de la negociación
colectiva a nivel laboral… Podría hacer una
larguísima lista de acciones en las que el único
protagonista no son las políticas públicas y – mucho
menos – la política económica en la crisis, como lo
hizo. Y no es atribuible – de ninguna manera – a un
factor único, autónomo y – mucho menos – que ese
factor autónomo sea la política económica.
Últimamente puede haber hecho su contribución. Yo
creo que hizo, la hizo y fue muy importante, pero no
fue la protagonista única de que las cosas
ocurrieran como lo ocurrieron. Si no hubiéramos
encontrado al Uruguay invirtiendo, al Uruguay
productivo invirtiendo – como nunca, en décadas - ,
si no hubiéramos encontrado un sector exportador que
hubiera aumentado su productividad del modo que lo
hizo, si no hubiéramos desarrollado múltiples
acciones de fortalecimiento de la competitividad y
la innovación en las empresas, si no hubiéramos
desplegado al conjunto de la sociedad un conjunto de
iniciativas - que eran las que estaban operando en
el año 2008 – discúlpenme, seguramente en el año
2009, no hubiéramos tenido los resultados que
tuvimos.
Estar bien
preparados es algo a lo que las políticas públicas y
los gobiernos tienen que ayudar, pero no son los
únicos protagonistas. Asumir desde las políticas
públicas que somos nosotros los únicos responsables
de generar las fortalezas y las capacidades para
enfrentar dificultades, me parece que es de un
reduccionismo formidable y algo que no ayuda –
además – a algo que es muy importante desde el punto
de vista social, y es que todos tenemos que ser
responsables y todos tenemos que ser parte de la
construcción de esas cosas que después llamamos
“fortalezas”, que después llamamos de elementos
positivos que nos hacen construir el futuro. Me
parece que estas cosas importan – en ese sentido – y
la continuidad del crecimiento económico le da un
soporte a una formulación presupuestal. Inspira
algunas medidas de estímulo para asegurar que ese
crecimiento económico ocurre, pero sobre todo – ahí
si – se transforma en la fuente fundamental de
disponibilidad de recursos adicionales para aplicar
sobre nuevas iniciativas.
En ese sentido, el
presupuesto está inspirado en el Plan de Gobierno
del Frente Amplio y el presidente Mujica ha sido muy
enfático en esto – además está basado en los
acuerdos alcanzados multipartidarios como una
referencia importante, porque ellos también son
parte de los compromisos políticos asumidos. Se
convocó a los partidos a acordar sobre algunas
áreas, se avanzó en los trabajos y se lograron
concreciones en varias de ellas. Esos acuerdos
también son parte de la inspiración de lo que
sumamos a lo que es nuestro Plan de Gobierno. Es
compatible – por cierto – son perfectamente
compatibles los acuerdos alcanzados y con los
objetivos y con las metas que nos trazamos en
nuestro Plan de Gobierno. Pero jerarquizar
adecuadamente que en esas áreas hubo una
contribución y un acuerdo de otros partidos
políticos, también nos importa tenerlo en cuenta,
Este es el norte político que inspira las
asignaciones presupuestales.
¿Qué nos propusimos
hacer en el presupuesto? En primer lugar nos
propusimos asegurar la continuidad y consolidación
de todas las transformaciones realizadas durante el
primer gobierno del Frente Amplio. Ese nos pareció
el primer mandato. El primer mandato no era avanzar
en nada de lo que nos proponíamos de nuevo. Lo
primero que teníamos que hacer era asegurarnos que
los programas, reformas y transformaciones que
habíamos iniciado y que estaban en proceso de
consolidación, al momento de asumir el gobierno en
marzo del año 2010, iban a tener los recursos y las
asignaciones necesarias para su continuidad y su
consolidación. Este es un objetivo fundamental. Y,
¿por qué? Porque habían reformas en curso que tenían
ya – incluso - el respaldo parlamentario, leyes
atrás, y que faltaba – por la lógica propia de la
elaboración presupuestal de todo gobierno, que es su
período de gobierno y no transgredirlo a él – tenían
que ser incorporadas – explícitamente – en la
programación económico-financiera que iba a asegurar
los recursos para el cumplimiento de los compromisos
asumidos. Y lo que hicimos fue – en primer lugar –
jerarquizar todas las acciones que tenían respaldo
legal y eran – por tanto – decisiones ya adoptadas y
que requerían asignaciones de recursos. Esto cubre
aspectos como: la incorporación al FONASA de los
cónyuges, avances en materia de asignaciones
familiares, avances en materia de prestaciones
activas del Banco de Previsión Social, la
continuidad del Plan Ceibal, la consolidación y su
extensión a secundaria que eran elementos que
estaban siendo analizados ya al final de la anterior
administración y que necesitaban estar previstos en
los recursos con los cuales esas iniciativas se
financiaban y se llevaban adelante. Esa fue la
primera.
En segundo lugar
tomamos una decisión muy importante, yo creo. Todos
los recursos adicionales de los que disponíamos –
después de atender los compromisos ya asumidos –
tenían que ser para el cambio. Tenían que ser
recursos adicionales aplicados sobre el proceso de
transformación y cambio. En realidad el presupuesto
nacional, parecería que es una instancia en la que
se debería discutir sobre todo el gasto público.
Algunos pueden creer que lo que se discute es de la
totalidad del gasto público, esos más de 8.000
millones de dólares. Bueno, lamento decirles que la
discusión está centrada sobre la parte incremental
de los recursos. Y la habilidad política consiste en
cómo utilizar lo incremental de los recursos para
producir cambios en lo ya asignado. Pero si no se
utiliza la palanca de la asignación presupuestal
adicional para introducir cambios, ¿qué se tiene
para introducir los cambios? ¿Sólo voluntad e
iniciativa política? Eso es muy difícil para avanzar
en procesos de cambios socialmente valiosos, si no
se dispone de los recursos y los argumentos para
poderlos propiciar. Y esta decisión de aplicar los
recursos adicionales a procesos de cambios es
crucial. ¿Por qué? Porque el automatismo y el
mecanicismo de la asignación de recursos – pre
asignación de recursos – es la mejor forma de no
tener metas específicas ni tener prioridades. Si
nosotros volvemos mecánicas las asignaciones
presupuestales, trivializamos el proceso de
fortalecimiento de recursos en las distintas áreas,
seremos incapaces de priorizar. Y no nos
preocupemos, entonces, de fijar prioridades. Porque
las propias asignaciones presupuestales harán que el
concepto de prioridad haya caído por tierra.
Prioridad es elegir y para poder elegir hay que
utilizar todo el esfuerzo del que se dispone para
propiciar los cambios. Y las prioridades tienen que
estar reflejadas de esa manera. Esa es la decisión
política que se adoptó.
Y se adoptó una
decisión muy importante y es que las reducciones
impositivas - a las que nos hemos comprometido en
este período – no tenían que quitarle recursos a las
disponibilidades presupuestales para esas
transformaciones. Y cargamos sobre las espaldas de
nuestras agencias de recaudación - la DGI y el BPS –
la carga de reducir la evasión y la informalidad por
un monto equivalente a todos los sacrificios de
impuestos que vamos a hacer, como producto de las
adecuaciones y reducciones impositivas
comprometidas. Esta es una decisión política: nos
comprometimos a reducir impuestos, pero al mismo
tiempo – del punto de vista de la programación
presupuestal – decimos que es contra la reducción de
la evasión y contra la reducción de la informalidad,
que deben estar fijadas las metas de recaudación de
las agencias que nos proveen los recursos con las
que vamos a financiar el resto de las políticas
sociales. Esta es – básicamente – la estructura de
donde vienen los ingresos y es un punto muy
importante. Los ingresos provienen – en un sistema
impositivo, como el nuestro – dependen de la
capacidad de que la economía continúe creciendo y
que ella provea de ese crecimiento – a través de los
impuestos – de recursos adicionales. Si se quieren
generar otros recursos, hay que aumentar los
impuestos. Y no hay una sola medida en el Plan de
Gobierno del Frente Amplio, que implique aumentar
los impuestos. Tenemos compromisos en materia de
adecuaciones y reducciones de impuestos. No tenemos
un solo compromiso, ni una sola meta, que se pueda
expresar como incremento de los impuestos. Y si
hemos propuesto – en estos días - algunas medidas
referidas a cambios en el sistema impositivo, no es
con ningún propósito recaudatorio. Es – simplemente
– con hacer lo que sabíamos que teníamos que hacer y
que – cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo – lo
hicimos. Y eso es lo que estamos discutiendo en
estos días en el Parlamento. Cuando dispusimos de la
herramienta para iniciar verazmente el proceso de
fiscalización de lo que son las colocaciones de los
uruguayos en el exterior, simplemente extendimos el
concepto de impuestos sobre las colocaciones, sobre
las rentas de capital, a las colocaciones en el
exterior. ¿Por qué? Porque ahora disponíamos de
elementos para su fiscalización. No hay ningún
elemento fiscalista, ningún afán recaudatorio en
esto. Ya lo hemos expresado públicamente, hoy lo
empezamos a debatir en el Parlamento y quedó clara
cual es nuestra posición al respecto. Nuestra
posición – si se quiere – es de principios: creíamos
que eso lo podíamos haber hecho ya, cuando aprobamos
el nuevo sistema tributario y no disponíamos de
herramientas con las cuales fiscalizar. Y lo peor
que se puede hacer con impuestos, es crear impuestos
que no se pueden fiscalizar y crear impuestos que –
después – la carga de decir “porqué no se recauda”,
recae sobre las características del impuesto y no
sobre el que lo propuso, que no aseguró que estaban
– al menos – los elementos más básicos para poder
ser recaudable. Tenemos muchos episodios en el país
de creación de impuestos y “desacreditación” de
impuestos, por haberlos creado sin bases sólidas
para su fiscalización y que – después – le
atribuíamos al propio impuesto el problema, cuando
el problema iba bastante más allá del propio
impuesto. El problema era – simplemente – que se
pensaba en abstracto el sistema impositivo y no se
fijaban las condiciones operativas para que los
impuestos pudieran ser recaudados, tener capacidad
para que los impuestos puedan ser recaudados.
Todos los recursos
adicionales, después de atender los compromisos
asumidos, están aplicados sobre procesos de cambios.
Y – en términos generales – se tomaron tres
decisiones importantes en esta materia:
1)
En primer lugar, se decidió asegurar el
4,5% del PBI de los recursos para la educación
pública, a lo largo de todo el período de
presupuestación: 2011-2015. Y – para nosotros –
eso consistía en sostener el esfuerzo que la
sociedad había hecho apoyando nuestra educación
pública y – en segundo lugar – fortalecer los
recursos adicionales para poder realizar nuevas
iniciativas y desplegar nuevos logros en materia de
educación. Y - básicamente – esto se materializa
asegurando la previsión financiera y el Poder
Ejecutivo intenta acordar con las autoridades de la
educación, la posibilidad de tener una misma visión
sobre la propuesta presupuestal. Si no alcanzamos
eso, nuestro compromiso es remitirle al Parlamento
las ideas que el Poder Ejecutivo tiene respecto a
cuál debería ser la asignación presupuestal para la
educación. Esto es así porque la Constitución dice
que es así, que es el Parlamento quien tiene que
decidir. Pero nosotros creemos que el Programa del
Frente Amplio tiene un conjunto de compromisos y de
lineamientos que el Poder Ejecutivo tiene que enviar
al Parlamento como parte de su mensaje, en materia
de asignación de esos recursos. Porque cuando
existen esos lineamientos y esos compromisos, es
responsabilidad – en primer lugar del Poder
Ejecutivo – elevarlos al Parlamento de la República.
Por supuesto, esto formará parte del mensaje
presupuestal que estamos elaborando y que estamos
trabajando en conjunto con el gabinete;
2)
En segundo lugar, tomamos la iniciativa de
asegurar que todos los avances en materia de
remuneraciones alcanzadas durante el primer gobierno
del Frente Amplio, se mantenían para todos los
funcionarios públicos, sean estos de la
administración central o sean de los servicios
descentralizados y entes autónomos del Estado. O
sea, los avances realizados – todos ellos – se
consolidaban y se aseguraban los mantenimientos de
las remuneraciones reales. Ahora bien, de los
recursos adicionales de los que disponíamos, íbamos
a utilizar una parte sustantiva para propiciar
procesos de cambio y transformación en la
legislación. Y esta decisión está inspirada en el
concepto de priorización. Nosotros sabemos que hay
componentes de las remuneraciones, que requieren de
esfuerzos específicos y no iguales al de otras áreas
del Estado. En particular, en el período anterior,
fue jerarquizada la parte de remuneraciones en la
educación, fue jerarquizada la parte de
remuneraciones en salud y fueron jerarquizadas
algunas otras áreas claves de la administración. En
este período está claro que – en materia de
seguridad pública – hay compromisos establecidos en
nuestro programa de gobierno. Y compromisos que son
muy ambiciosos y muy importantes y que son
compartidos por todo el gobierno, respecto del valor
que tienen. Esos elementos de fortalecimiento
específico de los recursos en algunas áreas,
requieren – específicamente – de disponer de
recursos para ellos y el presupuesto va a contener
normativas específicas en la que decide asignar y
priorizar algunas áreas de gobierno con partidas
salariales suplementarias. Pero no hay amenazada
ninguna posición adquirida ni ningún avance
realizado en el período anterior. Esta es la
condición sine qua non de la elaboración
presupuestal que estamos haciendo;
3)
Y por último, hay un conjunto de recursos más
allá de las asignaciones para la educación y más
allá de estos recursos previstos para el
fortalecimiento y para transformaciones, que serán
recursos aplicados sobre áreas prioritarias y sobre
el desarrollo de programas, también inspirados en
nuestro Plan de Gobierno y en los compromisos
asumidos frente a la ciudadanía y frente a los
acuerdos multipartidarios.
Este es el esquema
básico de la organización del presupuesto. Después,
su expresión concreta, es el resultado de un trabajo
que está en proceso y en el cual se está trabajando.
Y la Ley de Presupuesto Nacional es – de todas las
leyes – la que mejor refleja el colectivo del
gobierno. No es una ley del Ministerio de Economía,
no es una ley del equipo económico, es la ley de
todo el Poder Ejecutivo. Y así es remitida al
Parlamento de la República; y así es construida; y
así es diseñada; y así es trabajada la ley. A
algunos nos competen tareas específicas en esta
área, como algunos tienen otras áreas en las que
tienen tareas específicas en la ejecución y
preparación de las políticas. Pero finalmente – en
este caso y en el resto de los casos – las
iniciativas pertenecen al equipo de gobierno y el
gobierno trabaja colectivamente en la recaudación de
estas propuestas.
Nosotros estamos
trabajando intensamente en esa área; la tarea no
está terminada – ni mucho menos – a nivel del Poder
Ejecutivo, se sigue analizando y vamos a propiciar
algo sí muy importante y que ya hicimos en los
momentos iniciales de lanzamiento de los
lineamientos. Una vez que el Poder Ejecutivo hizo
suyos los lineamientos del presupuesto, lo primero
que hicimos fue compartirlo con los compañeros de la
bancada parlamentaria, con diputados y senadores.
Fuimos ese mismo día los compañeros que trabajan en
la OPP, la gente que trabaja con nosotros en el
Ministerio. Fuimos a compartir con la bancada
parlamentaria, con diputados y senadores, los
lineamientos, el mismo día que los presentamos y
acordamos en el Poder Ejecutivo. Y pensamos repetir
ejercicios de este tipo, porque nos parece que es el
mejor vehículo de análisis y la mejor forma de
construir una iniciativa tan importante. También
hemos estado compartiendo en diversos ámbitos del
Frente Amplio – en los sectores, en la Mesa
Política, frente a los delegados de las bases, en
muchos ámbitos – hemos estado compartiendo y
discutiendo aspectos del presupuesto. Eso nosotros
creemos que tiene mucho valor. Hemos recibido – no
sólo sobre el presupuesto, sino sobre otras áreas de
la política económica – propuestas y consideraciones
muy atendibles; observaciones que – verdaderamente -
nos van a ayudar a mejorar el diseño y la ejecución
de la política económica. Porque – de algún modo –
cualquiera de nosotros que está trabajando en el
gobierno, lo que quiere es tratar de hacerlo lo
mejor posible. Y si hay compañeros que tienen ideas
y propuestas que nos ayudan a mejorar y perfeccionar
lo que estamos haciendo, seríamos muy necios si no
las aceptáramos”.
Luego de este
encuadre general sobre política económica del actual
gobierno, Lorenzo respondió diversas preguntas:
Vivienda:
“La prioridad
asignada a la vivienda, nosotros creemos que es de
las mejores prioridades establecidas en el Plan de
Gobierno. Nosotros hemos visto el resultado de la
expansión económica y los efectos que tiene sobre el
bienestar de quienes se pueden aprovechar de esa
expansión económica y hemos visto – además – la
capacidad de las políticas sociales de conseguir
efectos distributivos positivos para el país. Pero
el hábitat y las condiciones de vivienda de la gente
son dimensiones específicas y no necesariamente
resueltas – ni por la expansión económica, ni por
otras políticas sociales que no estén
específicamente orientadas a esta cuestión. Me
parece que esto es clarísimo. Muchas de las
situaciones de exclusión y muchas de las situaciones
más penosas de vida, están vinculadas – directamente
– al hábitat y a la vivienda. Y no tomarlo como una
prioridad específica, jerarquizarla y diseñar
múltiples instrumentos para avanzar en esta materia,
no puede ser sustituido por ninguna otra cosa. O
sea, esto – verdaderamente – es una área en la que
no alcanza con un menú pequeño de instrumentos.
Necesitamos una amplia batería de herramientas. Una
de ellas es clave: las asignaciones presupuestales.
Las asignaciones presupuestales van a ser
fortalecidas en este período y van a estar
concentradas donde debe serlo, atendiendo aquellas
situaciones donde no hay ninguna forma de mercado ni
ninguna forma alternativa que pueda intervenir sobre
eso. Y esa tiene que ser la prioridad: más recursos
presupuestales y – esos recursos presupuestales –
orientados efectivamente sobre áreas que ningún tipo
de instrumento de mercado, ni ningún tipo de
incentivo que se quiera realizar por parte de
sectores particulares, va a progresar. El tema de
las Cooperativas, es uno. Y otros lo son los temas
vinculados a las zonas inundables y a las zonas
donde se concentran los niveles más dramáticos de
insuficiencia de la vivienda para cubrir y amparar
la vida de muchas familias de este país. Esto es
clarísimo y va a ser una prioridad.
Ustedes,
permítanme, que – en muchas de las áreas - yo no
hable de montos, pero sí de conceptos, sí de lo
cualitativo. Porque creemos que estamos
todavía en la etapa preparatoria de la propuesta
presupuestal y no corresponde avanzar en
ningún sentido. Les adelanto que – además – de las
asignaciones presupuestales, vamos a poner a
disposición de las políticas de vivienda un conjunto
muy amplio de instrumentos novedosos, para acompañar
esos procesos de fortalecimiento presupuestal. Y
téngase en cuenta también que – afortunadamente –
sobre el final del período anterior, logramos la
transformación y vuelta operaciones del Banco
Hipotecario del Uruguay. Y eso no es poca cosa para
la política de vivienda de nuestro país. Porque
durante el período anterior, tuvimos que reconstruir
una organización destruida y - hoy – es una
organización que va recobrando un papel útil para la
sociedad. Y que – además – hemos construido
institucionalidad propicia y muy adecuada, para
desarrollar las políticas de vivienda, fortaleciendo
al Ministerio de Vivienda, pero – además – creando
la Agencia Nacional de Vivienda, como brazo
operativo de las políticas fijadas por el
Ministerio.
Por lo tanto – en
vivienda – tenemos mucho para trabajar y tenemos
muchos instrumentos para poner a disposición. La
mayoría de ellos va a estar disponible una vez que
el presupuesto esté aprobado, siendo acompañado por
otras cuestiones que no tienen implicaciones
presupuestales, pero que sí van a estar operativas
sobre finales de este año. Por tanto ahí hay un menú
grande de temas, sobre los cuales se está
trabajando.
Educación:
Quiero decir una
cosa: asegurar el 4,5% para la educación, en una
economía en crecimiento como va a estar en este
período, implica un volumen de recursos
relativamente importante adicional para la
educación. Uruguay está creciendo a tasas que son
más del doble de sus tasas históricas en promedio;
casi el triple – si lo miramos con el período
anterior, que fue excepcional. Eso hace que asegurar
el 4,5% de una masa de recursos que evoluciona a ese
ritmo, es un aumento de disponibilidad de recursos
muy importante.
Déjenme decir que
la asignación prioridad a la educación, ¡se lleva
más de un tercio de todos los recursos adicionales
disponibles para ser asignados! Y esto, ¿qué
significa? Yo quiero ser preciso: implica –
básicamente – un fortalecimiento de recursos muy
importante para la educación. Pero la educación no
es la única prioridad. Nuestro Plan de Gobierno no
tiene un solo artículo que dice: “priorice la
educación”. Nuestro Plan de Gobierno tiene múltiples
aspectos de las políticas sociales a fortalecer y
muchas otras áreas de gobierno a ser priorizadas.
Por tanto, el compromiso de gobierno con la
educación, es un compromiso firme, es un compromiso
que nosotros entendemos que tiene que estar
armonizado con avances en otras áreas. Sin ningún
afán de incursionar en aspectos cuantitativos, si
se pensara en algún guarismo como estos que se
plantean públicamente para la educación, se llevaría
varias veces todo el espacio fiscal disponible del
país para el próximo quinquenio. Esas cifras de
las que se habla está fuera del alcance de lo que
son los compromisos políticos asumidos por el
gobierno. Que no incluyen – insisto – aumento de
impuestos. Por tanto, los recursos adicionales que
dispongamos, no provienen de otro lugar que del
esfuerzo y del trabajo de los uruguayos que terminan
pagando los impuestos. Y esto es tan simple como eso
y es así. ¡Vienen de ahí esos recursos! ¡No son unos
recursos que tiene nadie guardados y que no quiere
poner a disposición de esta área u otra área
prioritaria!
Yo insisto, porque
creo que esto tiene contenido político. Es decir,
¿de dónde provienen los recursos que vamos a aplicar
sobre cosas que creemos útiles? Pero – al final –
son contribuciones de todos nosotros, de los que
estamos aquí y de muchos otros que están mucho más
desposeídos que nosotros y que pagan impuestos,
también. Entonces, me parece que esas cosas importan
e importan mucho.
Impuestos:
Sobre los
impuestos, nosotros tenemos – básicamente – dos
compromisos claramente establecidos en el Plan de
Gobierno: uno es la reducción de las alícuotas del
IVA en dos puntos porcentuales; y en segundo lugar,
la adecuación y mejora de los regímenes de
reducciones del IRPF. O sea que se trata de dos
temas de entidad diferente y de características
diferentes para el diseño de la política tributaria
y fiscal.
Con respecto a la
reducción del IVA, debo decir que, cada punto del
IVA representa – aproximadamente – renuncias a
recaudaciones del orden de los 140 o 145 millones de
dólares efectivo cada punto. Y esto está claro.
Cuando se dice que se bajan los impuestos, la
recaudación esa, se pierde. ¡Esa se pierde! Distinto
es cuando uno pone el impuesto y no sabe cuanto va a
recaudar. Pero cuando se baja un impuesto, está
clarito. Cuando uno baja un impuesto sabe lo que
está reduciendo, porque esto es – básicamente –
aritmética más simple que la que ocurre cuando uno
pone el impuesto. Nosotros estamos trabajando para
que las rebajas del IVA – dentro de los impuestos
indirectos en general – sean percibidas por los
consumidores, por los usuarios. Esa es nuestra
preocupación. Estamos trabajando y creemos que vamos
a tener – durante el año 2011 – un diseño de una
propuesta para avanzar en esta materia, para
concretar esta medida pero que asegure – básicamente
– en el cumplimiento de lo que nos proponemos
realizar, de lo que nos comprometimos a realizar,
pero – al mismo tiempo – asegurarnos de que esa
sensación de que las reducciones de impuestos no van
a parar a los beneficiarios naturales – que son los
ciudadanos – nos parece que nosotros tenemos que
proteger eso y estamos trabajando en ese sentido.
Sobre el IRPF,
déjenme decir una cosa diferente. El IRPF es un
instrumento tributario especialmente diseñado con
fines de equidad. Fue diseñado con fines de equidad.
Nosotros lo defendimos – los frenteamplistas – a
“brazo partido”, porque era una mejora y un aporte
significativo a la mejora en materia de equidad de
nuestro sistema tributario. Entonces permítanme
decir que, toda vez que le vayamos a hacer cambios a
los esquemas de deducciones, preocupémonos que sean
justos distributivamente. Y hay cosas que pueden
parecer simpáticas, que pueden tener muy buena
acogida en los beneficiarios de esas deducciones,
pero pueden ser muy poco justas desde el punto de
vista distributivo. Y nosotros sí vamos a trabajar
por preservar el papel que en materia de equidad
tiene el Impuesto a la Renta de las Personas
Físicas. Y este es el enfoque con el que trabajamos
sobre este tema.
Recibimos el
mandato de perfeccionar el sistema de deducciones,
mejorarlo, pero no de deteriorar las propiedades
distributivas de este impuesto. Nosotros – los
frenteamplistas – peleamos por este impuesto.
Nosotros no podemos ser los que vaciemos de
contenido este impuesto. Nosotros somos los que
tenemos que preservar el alcance distributivo de
esta herramienta. Porque otros impuestos no tienen
las mismas propiedades – en materia distributiva –
que tiene este Impuesto a la Renta de las Personas
Físicas. Lo diseñamos para que así fuera. Respetemos
la iniciativa política, que buen esfuerzo le llevó a
nuestra fuerza política llevarlo adelante.
Inversión
extranjera directa:
En este tema
quisiera hacer una precisión. No hay ninguna medida
específica discriminatoria en nuestro ordenamiento
de incentivos que favorezca la inversión extranjera
sobre el resto de las inversiones realizadas en el
país. Lo que sí tiene previsto el país – en el marco
de su Promoción de Inversiones – es proyectos de
gran envergadura (creo que se les llama
“Megaproyectos”) en los cuales, todas las decisiones
de localización de esos proyectos en el país,
implican procesos de análisis específico y de
negociación y de otros sentidos entre gobierno y el
inversor. Y esos proyectos son de tal envergadura
que – normalmente – son impulsados por empresas que
no son nacionales. Pero esos procesos son
específicos de los grandes proyectos y no
pretendiendo favorecer – en absoluto – a la
inversión extranjera directa, en desmedro de la
inversión local. No hay ninguna norma, ni ninguna
decisión política en esa materia. Si quiero decir
una cosa importante: Uruguay tiene bajos niveles de
inversión productiva y están creciendo. Pero Uruguay
tiene además de bajos niveles de inversión, bajos
niveles de ahorro interno. Por lo tanto, para
nosotros la insuficiencia de ahorro interno, no se
puede transformar en una limitante para el progreso
productivo del país, a menos que estemos pensando en
medidas que es lo que no estamos pensando nosotros,
que son medidas que – verdaderamente – traten de
imponer niveles de ahorro que las decisiones
individuales de las familias y de las empresas de
este país, no están pensando.
Entonces,
claramente hay que decir que la inversión extranjera
directa tiene un elemento claro y es que su
financiamiento no depende del ahorro interno. Eso la
hace distinta y punto. Pero le vamos a pedir a todos
los proyectos, mega proyectos u otros proyectos, que
contribuyan al desarrollo nacional; eso es lo que
les vamos a pedir. Y hoy el país tiene un régimen de
incentivos a la inversión como nunca tuvo, porque
hay alineamiento de los beneficios otorgados al
cumplimiento de metas y criterios que sean
compatibles con los objetivos de desarrollo del
país: descentralización, exportaciones, mejoras
medioambientales, aspectos vinculados al nivel de
valor agregado interno. Está alineado el conjunto
de incentivos a promover cosas socialmente útiles.
Y eso sí, me parece que ha sido un avance, en este
período.
Afaps
Las AFAPs ya
estaban autorizadas - antes del proyecto que acaba
de ser aprobado – a invertir una proporción de su
cartera en títulos emitidos en el exterior y estaban
circunscriptos – exclusivamente – a organismos
multilaterales de créditos, papeles emitidos por los
organismos multilaterales de crédito. Se había
autorizado, un cierto volumen, una proporción de
recursos a invertir y se está invirtiendo – en la
práctica – desde los portafolios de las AFAPs, menos
de la tercera parte de lo que se les habilitaba a
invertir en ese tipo de papeles, por razones
naturales de diversificación de riesgo. Además,
téngase en cuenta, que acá – en Uruguay – ya casi
nosotros no estamos emitiendo – prácticamente –
ningún título de moneda extranjera. Por tanto, en
términos de diversificación de portafolio, ya no hay
títulos públicos, ni muchas emisiones locales están
saliendo en este momento en moneda local indexada,
por lo que es natural este nivel de diversificación.
Y lo que se hizo con la última propuesta que fue
aprobada por el parlamento y que va a ser una
contribución importante, es aumentar el menú de
instrumentos en los que puede utilizar el mismo tope
que tenía, sobre bonos emitidos por países de muy
alta calificación crediticia. ¿Qué quiere decir eso?
En la reglamentación ya se pondrán los criterios
pero – específicamente – es muy restrictivo. Lo que
quiero decir es que es pequeño y restrictivo, en
cuanto al alcance de lo que se puede hacer.
Y tiene razones
financieras – si ustedes quieren – más bien
técnicas. Pero el corazón del cambio que
introdujimos en la normativa referida a las
inversiones de las AFAPs, no es ese. El cambio
importante es motivar que las AFAPs tengan menos
exposición, o menos proporción de su cartera en
títulos públicos, y más proporción en papeles e
inversiones que tengan que ver con las
infraestructuras o con procesos productivos. Eso fue
lo que tratamos de hacer y – afortunadamente – el
parlamento aprobó muy rápidamente y con alto nivel
de apoyo – creo que salió por unanimidad en alguna
de las Cámaras, al menos – y realmente eso es bueno.
Porque hay un acuerdo muy generalizado en cuanto a
que la motivación que estaba impulsando el gobierno,
era compartida por todo el espectro político.
Precio de la carne
y exportaciones de ganado en pie
Hace unos días
escuchaba al ministro Aguerre hacer una reflexión
que me pareció una buena respuesta pero – al mismo
tiempo – me merece alguna consideración. El decía:
“este país razona frente al incremento de los
precios de los productos que exporta, distinto que
lo que hacen los países exportadores de petróleo.
Los países exportadores de petróleo – cuando
aumentan los precios de sus exportaciones de
petróleo – se ponen felices. Y nosotros con la carne
– que es un componente de exportación – cuando
aumenta, tenemos una situación distinta”. Claro –
obviamente – ¿porqué es distinta? Porque la carne es
un componente de la canasta de consumo y que tiene
una gran relevancia entre nosotros. Es comprensible
que tengamos una especie de ambigüedad colectiva: la
satisfacción por vender cada vez más caro lo que
producimos en el país, y los problemas que nos causa
que la contrapartida de eso, sea el encarecimiento
de una buena parte de nuestra “canasta” de consumo.
Este gobierno ha
desplegado y seguirá desplegando, distintos tipos de
iniciativas – sobre todo las tributarias las ha
aplicado con mucha atención, en esta materia – con
el propósito de proteger elementos claves del
consumo. Ahora, soluciones como prohibir las
exportaciones de ganado en pie, el país ya tuvo
experiencia en esto y – realmente – a lo que
conducen, es a una medida que parece que quiere
hacer algo y termina haciendo una cosa que no tiene
nada que ver con eso. Y termina generando otros
perjuicios y otros problemas que terminan
repercutiendo en algo que está ocurriendo en el país
y que se los quiero mencionar. Sobre todo en el
medio urbano – y esto hay que decirlo porque muchos
de nosotros somos “demasiado urbanos” – el país está
asistiendo desde hace algunos años, a cambios
profundos y muy relevantes en la producción
agropecuaria. La visión de que lo agropecuario es
símbolo de atraso, postergación y mediocridad, ¡es
un error flagrante en la realidad económica y social
del país! Estamos ante procesos que –
afortunadamente – se comenzaron a dar y nosotros
tenemos que tratar de fortalecerlos. Y lo que no
deberíamos hacer, es no comprender la envergadura de
los cambios que están ocurriendo. Son procesos muy
importantes, que abarcan múltiples sectores y que –
además – tienen algo muy especial. Hay una cosa que
es muy clara: hemos asistido a cinco o seis años
a una mejora generalizada en los distintos rubros de
la producción agropecuaria. Nosotros estamos
acostumbrados a mejoras circunstanciales y puntuales
en un rubro, en dos o en tres. Pero la mejora
generalizada es algo que viene a ocupar un lugar muy
importante para la agenda productiva del país en
estos seis años.
Sinceramente,
nosotros tenemos que razonar estas cuestiones en
clave de lo que el Pepe (Mujica) siempre dice, que
es: “pensar al Uruguay agro-inteligente” y a la
oportunidad que significa la valorización de nuestra
producción primaria en términos de oportunidades
para avanzar en el país. Y creo que eso no es una
quimera. Eso es algo que estemos diciendo aquí que
sea una especie de: “¡qué lindo que ocurriera!” No,
no. ¡Está ocurriendo! Y está ocurriendo y lo tenemos
que fortalecer. Por supuesto que tenemos que tener
objetivos ambientales firmes, ideas muy claras
respecto a la sustentabilidad de los procesos e
ideas muy claras respecto a la no tolerancia de que
esos procesos no generen marginación social de
ningún tipo. Pero – mientras nosotros estemos en el
gobierno – eso no va a ocurrir. Estos procesos –
mientras nosotros estemos en el gobierno – van a
tener la preocupación y la sensibilidad suficiente,
como para que esas cosas no puedan pasar. Esa es
nuestra tranquilidad.
Extranjerización de
la tierra
Lo que ha ocurrido
en estos años es, además un proceso muy intenso de
modernización en el agro. Hubo un proceso muy fuerte
de “cambio de manos” en la producción agropecuaria y
de cambio de los actores. Yo creo que esto es
igualmente importante, o sea, muchas de las
transacciones de compra venta de tierras, implicaron
cambio de los actores relevantes. La mayoría de los
cambios ocurridos – desde el punto de vista de la
dinámica productiva – ha traído aparejados
incrementos notables de productividad y mejoras muy
notables en materia tecnológica.
Pepe (Mujica) dice
siempre que acá hubo dos grandes revoluciones que
son la de Hernandarias y la de la incorporación de
la agricultura “capitalista” propiamente dicha, que
trae la incursión – sobre todo – de que tenemos al
lado al productor agrícola más eficiente del mundo,
que es Argentina. Nosotros no tenemos de vecino a
cualquier productor agrícola, ¡tenemos al más
eficiente del mundo! Argentina es uno de los países
que – por la calidad de sus recursos naturales y por
otras condiciones de su estructura productiva – está
entre los países más productivos del mundo. Eso nos
ha traído transformaciones. De vuelta – aquí – yo
creo que el razonamiento sobre estas cuestiones,
tiene que ser “finalista” y tiene que estar
preocupado porque los fenómenos que están
ocurriendo, no desequilibren nada en lo político y
nada en lo social. Esa tiene que ser la
preocupación. Creo que hay que seguir siempre a
estos procesos con cautela, con mucho cuidado.
¿Quiénes son los propietarios de los medios de
producción? Siempre importa. Y en algunos recursos,
importa más que en otros. Y hay que ser muy
cuidadosos en la forma en que se utilizan y se
manejan esas cuestiones. Son aspectos políticos que
siempre hay que considerar.
Asociaciones
público/privadas
Estamos trabajando
en esta materia, pero partimos de la siguiente base:
se adoptó como lineamiento presupuestal que los
niveles de inversión pública, correspondientes al
año 2009/2010 – que son “pico” en más de una década
en el país, son el máximo en más de una década en el
país – se van a mantener a lo largo de todo el
período. Ahora bien, ese esfuerzo en materia de
inversión pública es menos que lo que queremos hacer
en materia de aumento de infraestructuras en el
país. Queremos hacer más.
Lo que esta
iniciativa que estamos preparando pretende es dar
instrumentos y herramientas adicionales para poder
ampliar – más allá de los recursos presupuestales y
más allá del involucramiento directo de la inversión
pública en estas cuestiones – nuevas herramientas y
nuevos instrumentos para la expansión de
infraestructuras. Estamos trabajando, este proyecto
va a ser elevado al parlamento, va a ser discutido,
es un componente importante de la propuesta
presupuestal y no implica recursos. ¡Fíjense qué
interesante! Como les decía al inicio: es un
proyecto que importa – desde el punto de vista del
diseño de la política fiscal – y no implica
asignación de recursos adicionales. Es un marco en
el que va a permitir – básicamente – estudiar la
posibilidad de usar esas herramientas para
desarrollar iniciativas y proyectos que sean útiles
socialmente y que no generen en la comunidad, otra
cosa que beneficios. Ese es el enfoque y ese es el
criterio con el que estamos trabajando.
Municipios y
gobierno nacional
con respecto al
proceso de descentralización:
Justamente en estos
días, está procesándose el diálogo entre los
gobiernos municipales y el gobierno nacional, con el
propósito de alcanzar acuerdos y entendimientos
respecto a las transferencias financieras –
constitucionalmente previstas y otras no
constitucionalmente previstas – que rigen las
relaciones económico-financieras entre el gobierno
central y los gobiernos departamentales y todos los
gobiernos descentralizados en el país. Para
nosotros, esta es una relación integral del Poder
Ejecutivo nacional con el conjunto de los actores de
la descentralización. Los aspectos relativos al
financiamiento de los municipios – a esa parte de la
descentralización – están sumidos en el acuerdo
general del gobierno nacional con los gobiernos
departamentales.
Están ocurriendo –
en este momento – los diálogos y yo no quiero
adelantarme respecto a si es posible o no es posible
alcanzar los acuerdos. La voluntad del gobierno es
alcanzar acuerdos en esta materia. Nosotros tenemos
una buena valoración de lo que fue la experiencia en
el gobierno anterior donde alcanzamos un acuerdo con
los gobiernos departamentales y lo cumplimos a
“rajatabla”. Y vuelvo a repetirles, justamente hoy
está reunido el Congreso de Intendentes y supongo
que preparando una reunión de lo que se llama la
“Comisión de Descentralización”, que preside el
director de la OPP, que será el ámbito donde se
alcancen o no se alcancen entendimientos en esta
materia.
Nuestra evaluación
es positiva de la experiencia de otros años. Lo de
los municipios está incluido en esa agenda, no es
una agenda separable. Porque – vamos a ser precisos
– cada departamento va a tratar de manera distinta a
sus municipios y va a fijar políticas específicas
sobre lo que les va a asignar en materia de
remuneraciones, qué capacidades va a poner a
disposición de los alcaldes… En fin, esa es una
decisión que no es del Poder Ejecutivo. ¡Mal
haríamos si en una decisión en la que no
intervenimos, nos pusiéramos a decir: “nosotros
somos los financiadores”! No es así. Si no
intervenimos en una decisión, nuestra contribución
debe ser al proceso, porque creemos en él, pero no a
que se hagan cosas en las que no intervenimos en las
definiciones, no sabemos el alcance que van a tener
– en algunos casos – y nosotros debemos tomar la
posición justa respecto de esta situación.
Viabilidad y
condiciones operativas
del Frigorífico
Nacional
Creo que la OPP va
a poner a disposición los recursos necesarios para
hacer los estudios correspondientes y veremos qué da
como resultado el análisis que se realice y veremos
cuáles son las ventajas y desventajas que puede
tener este proyecto.
Industria pesquera
Sobre la industria
pesquera, hay múltiples ámbitos en el sector público
sobre los cuales se está trabajando, en materia de
promoción de la industria pesquera y la solución de
problemas de la industria pesquera. De esos, algunos
ya están creados, otros se van a seguir creando. Esa
es una materia sobre la cual nuestro ministerio – y
no estoy tomando distancia de esto – no tiene
injerencia directa en estas cuestiones y no es su
área de especialidad. Entonces yo preferiría –
sinceramente – que lo que se está planteando
directamente sobre estas cuestiones, sea dirigido a
quien corresponde, con más solvencia que yo sobre lo
que se está pensando.
Redistribución del
ingreso
Para nosotros este
es un tema crucial. Los objetivos distributivos que
se propone el gobierno son ambiciosos. Y son
ambiciosos, ¿por qué? Porque nosotros hacemos de los
objetivos distributivos un componente fundamental
para definir la estrategia de desarrollo, tal cual
lo dije al inicio de la presentación.
Y aquí hay dos
cosas que juegan sobre los efectos distributivos:
unas que se juegan antes de la intervención del
Estado con recursos; y otras que se juegan cuando el
Estado aplica recursos para intervenir sobre la
distribución del ingreso. ¿De acuerdo? Son dos
instancias distintas. Y, permítanme decir, que no es
trivial ni poco importante, el papel que tiene la
negociación colectiva en todo esto. Los ingresos
salariales son un componente clave de la forma
en que se va a procesar la distribución primaria del
ingreso y está muy clara la jerarquización y la
importancia que nosotros le asignamos a la
negociación colectiva y al papel que ya tienen, para
que los propios actores de la producción defiendan –
donde debe ser y en las condiciones que deba hacer –
sus propios intereses.
Esto es un elemento
clave de la política redistributiva primaria: dotar
de herramientas a quienes tienen que hacer valer sus
intereses, en los ámbitos de negociación colectiva,
nos parece absolutamente un deber. No podríamos
haber observado el crecimiento que observamos estos
años en el Uruguay, con el comportamiento de la
distribución y los ingresos que hemos observado, si
no hubiera habido negociación colectiva. ¡Es tan
simple como eso! Hubiéramos observado otros
resultados. Permítanme decir, peores, en materia
distributiva. ¿Por qué? Porque en ese juego
primario, no hay mejor posicionado que las
organizaciones de los trabajadores para defender sus
intereses. A nosotros nos parece que esto es así y
tiene que ser así.
Segundo: para esas
políticas, nosotros también podemos acompañar.
Estamos proponiendo para la negociación colectiva,
eliminar el denominado “complemento de cuota
mutual”. Eso es para favorecer las mejoras
salariales en los salarios más sumergidos. Vamos a
hacer propuestas concretas en materia de salarios
sumergidos – también – en el sector público. Esas
medidas también, tienen un fundamento distributivo
específico, puntual, clarísimo. Pero claramente, la
distribución primaria de ingresos juega una parte
del problema y eso no es trivial. Después está la
segunda parte: la de la política tributaria y la de
la política del gasto público. Créanme que – en
materia tributaria – los progresos realizados en la
anterior administración han contribuido a la mayor
equidad en materia de la carga tributaria.
Y lo que es más
importante: en el primer gobierno del Frente Amplio
se asistió a un fenómeno único que es la duplicación
del impacto distributivo del gasto público social,
en un país que tenía ya un gasto público social que
era capaz de tener efectos progresivos notables.
Uruguay es un país de la región que tiene los
mejores registros distributivos pero – además –
tenía (antes de que nosotros llegáramos al gobierno)
un gasto público que contribuía positivamente a la
mejora distributiva. ¿Contribuía en cuánto? En 2,6
puntos del Índice de Gini. Miren que para mover el
Índice de Gini en unas pequeñas décimas, hay que
trabajar. Nuestro gasto público – antes que nosotros
llegáramos al gobierno – era capaz de hacer un
aporte a la mejora del Gini de 2,6 puntos
porcentuales. Después de que reformamos las
políticas sociales y focalizamos los recursos en
áreas prioritarias en materia social, duplicamos el
impacto distributivo del gasto público social. ¡Eso
no tiene precedentes! Permítanme decir que el
acierto con el que asignamos los recursos en materia
de políticas sociales se reflejó – especialmente –
en los indicadores distributivos. ¿Por qué? Porque
fuimos adonde estaban – verdaderamente - los
problemas distributivos más grandes y los problemas
de indigencia más graves: en los jóvenes y en los
niños.
Y mientras
concentremos recursos – y queda mucho por hacer – en
los jóvenes y los niños en las políticas sociales,
iremos en la buena dirección, siempre en materia
distributiva. Porque la pobreza y la exclusión –
en Uruguay – es infantil y juvenil (aplausos).
Es así. Comprendemos que hay otros colectivos – que
pueden sentirse necesitados y que pueden tener
legítimos reclamos para realizar – pero asignaciones
presupuestales, específicamente realizadas para
atender esas cosas, difícilmente tengan el impacto
que tiene concentrar recursos en la infancia y en la
adolescencia en nuestro país. Este es el esquema
básico del éxito del impacto distributivo
que tuvieron nuestras políticas.
Reforma del Estado
En primer lugar, en
una cosa que hemos intentado trabajar, es en
quitarle “pompa” a esto y básicamente decir que los
procesos de cambio y transformación, van a ser
diversos, van a iniciarse con un estímulo importante
en algunas áreas específicas y se van a hacer
“experiencias piloto”. Pero créannos, que la
voluntad es que el proceso de cambio y
transformación en las instituciones del sector
público y en la eficiencia del sector público, es un
área prioritaria del gobierno. Es un proceso. Esto
es una cosa interesante: cambiar una organización de
gran tamaño, es un proceso largo. Cambiar una
organización de gran tamaño, que tiene las
complejidades – desde el punto de vista de su
organización – del sector público de un país como
Uruguay, créanme, que tiene complejidades
adicionales. Entender las complejidades y actuar
sobre ellas, es nuestra tarea. Pero no es algo que
pueda realizarse mágicamente y mecánicamente con un
conjunto simple de propuestas. Es mucho más
sofisticado, mucho más engorroso y – además – están
los actores, también. Esto no es un juego de
“reformistas” contra la naturaleza a reformar. No.
Es contra organizaciones. Organizaciones con
criterios y objetivos propios. Y eso hay que
entenderlo. Si estamos en política no podemos hacer
de ese tipo de organizaciones, elementos
despolitizados. A fin de cuentas, son elementos
politizados. Y esas cosas hay que tenerlas en
cuenta. Parte de la propuesta presupuestal incluye
cambios metodológicos en el diseño y ejecución del
presupuesto, avanzando hacia algo que debería ser un
objetivo.
Vinculación entre
la Reforma del Estado y el Presupuesto
Parte de la
propuesta presupuestal incluye cambios metodológicos
en el diseño y ejecución del presupuesto, avanzando
hacia algo que debería ser un objetivo – y va a ser
una realidad, dentro de un tiempo – que es cuando el
proceso presupuestal esté vinculado a los
resultados. Es decir, que haya evaluación de
resultados y retroalimentación de estos resultados
hacia las asignaciones presupuestales. Ese es el
objetivo, avanzar en esa dirección. Y lo que se
pretende es organizar el presupuesto por áreas
programáticas a priorizar y después incorporar – en
cada área programática – programas específicos que
puedan ser ejecutados – incluso – por distintas
organizaciones del sector público.
Entonces, la
descripción de áreas programáticas y los programas
específicos, son el vehículo con el que establecer
las líneas de acción en esta etapa. Y es desde ellas
de las que se pretende avanzar hacia la evaluación
de resultados. En la reforma del estado va a haber –
también – experiencias “piloto”, experiencias de
ensayos en los cambios institucionales en algunos
aspectos fundamentales. Y – por supuesto – parte de
esos aspectos fundamentales ya han aparecido en la
prensa, acerca de qué es lo que está trabajando el
gobierno de cara al presupuesto y a otras
iniciativas, en materia de normativas que tienen que
ver con los funcionarios del Estado. Con introducir
reformas en la carrera funcional; delimitar el
alcance y las atribuciones de los cargos políticos y
de confianza y otros aspectos que tienen que ver con
algunos aspectos vinculados a la reforma del Estado.
Pero tampoco hay que interpretar que los tres
lineamientos en materia de propuestas para los
Recursos Humanos del sector público, no se agotan ni
termina en eso la visión que se tiene de la reforma
del Estado. Es bastante más complejo, bastante más
intrincado el conjunto de aspectos en lo que hace a
la misma.
Nosotros, de lo que
estamos convencidos, es que los procesos de cambio
tienen que ir ganando adeptos. Y para ganar adeptos,
hay que mostrar resultados. Y que la estrategia que
hemos desplegado, es una estrategia que confía en
ir avanzando – paulatinamente – pero sumando
adhesión al proceso, que eso es muy importante desde
el punto de vista político. Y esa es la idea: de
pilotos, de áreas prioritarias, de programas
específicos que podamos evaluar sus resultados. Ese
es el camino elegido. Sin “bombos” y sin nada
rimbombante, porque no es eso de lo que se trata.
Esa tiene que ser una tarea cotidiana y rutinaria,
la transformación del Estado.
Además, nosotros
tenemos un interés adicional en eso: nosotros
creemos en el papel del Estado, en la sociedad y en
la economía. Entonces – también – nosotros tenemos
que ocuparnos más de estas cuestiones”.
*
El moderador del evento
fue el economista y periodista Gabriel Papa.
Testimonio recogido por la prensa diaria
“Sobre el final del encuentro, un participante se
presentó como "un trabajador de la educación" y
reclamó el 6% porque "está en el programa del FA
[aunque este punto no figura de hecho]", y porque
eso fue lo que resolvió el Congreso de la Educación
y el Congreso del Pueblo.
Lorenzo le contestó que respetaba sus razones, pero
explicó que el gobierno se propone "cumplir con un
programa que tiene múltiples objetivos", y pretende
"que la educación no sólo reciba más recursos sino
que impacte favorablemente sobre sus destinatarios".
Natalia Uval”
LA
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