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Brasil como potencia regional
La importancia estratégica
de América del Sur
en su política exterior*
por el
profesor Luiz Moniz Bandeira
 Extensión
territorial, poder económico y poder militar son
tres factores que deben ser considerados para
calificar a un país como potencia y comprender su
posición jerárquica entre Estados. Estos son los
factores que permiten a un Estado actuar
independientemente e influir sobre otros Estados y,
por lo tanto, determinar en que condiciones se
expresa como potencia regional internacional. Un
Estado, que dispone de potencial económico, fuerza
militar y extensión territorial (asumiendo, por
supuesto, que su población se corresponda al espacio
que ocupa), puede tornarse hegemónico, el líder y el
guía de un sistema de alianzas y acuerdos de
variado alcance.
Para contar con todos
los factores que garantizan la seguridad de
victoria, tanto como sea posible de prever, es
necesario que el Estado tenga capacidad de ejercer
presión diplomática, i. e., capacidad para obtener
parte de lo que podría ser el resultado de una
guerra victoriosa sin necesidad de combatir
realmente. Asimismo, la paz interna, como reflejo
del ejercicio eficiente de los grupos sociales y de
su función interna hegemónica, es indispensable, si
el Estado pretende ser una potencia internacional.
En otras palabras, como ponderó Kart W. Deutsch, el
potencial del status de poder es una simple
estimación de los recursos materiales y humanos que
pueden ser usados para prever cuánto éxito podrá
tener un país en una disputa contra otro país, si
usa sus recursos como ventaja. De acuerdo con
Deutsch, un país tendrá tantas más condiciones de
afirmarse como potencia cuanto más extenso sea y
cuanto más numerosa sea su población y los recursos
que puede movilizar para la consecución de una
política (57). Poder, pura y simplemente, es la
habilidad de un actor de tener supremacía en un
conflicto y superar los obstáculos, si usa con
ventaja sus recursos.
Con más de 196
millones de habitantes (en 2007), la extensión
territorial de Brasil es apenas un poco menor que la
de los Estados Unidos continental, incluyendo a
Alaska. Suma cerca de 8.514.215 millones de
kilómetros cuadrados y su litoral se extiende por
7.367 kilómetros. Tiene 15.735 kilómetros (cerca de
8.000 millas) de fronteras, sin litigio, con todos
los países de América del Sur (excepto Ecuador y
Chile). Y dentro de este vasto territorio, sus
recursos naturales son abundantes: tierras fértiles
para la agricultura, reservas inmensas, yacimientos
de hierro y otros minerales metálicos, uranio,
biodiversidad, enormes reservas de agua y recursos
hidroeléctricos. Y, de acuerdo a las estimaciones de
Asociación Brasileña de Geólogos de Petróleo (ABGP),
los campos descubiertos en la Cuenca de Santos,
litoral del Estado de S. Paulo, contienen 33 mil
millones de barriles, lo que cuadruplica las
reservas de petróleo de Brasil de 13 mil millones de
barriles (comprobados) a cerca de 46 mil millones de
barriles. Solamente en el campo de Tupi (litoral de
Santos) hay cerca de 5 a 8 mil millones de barriles.
Los datos son todavía muy imprecisos, pero según
Stephanie Hanson, del Council on Foreign Relations,
el volumen de petróleo en la capa pretsal, que
probablemente se extiende por 800 kilómetros, desde
Espíritu Santo, norte de Río de Janeiro, a Santa
Catarina, debe ser del orden de 70 a 100 mil
millones de barriles, además del gran volumen de
gas. El Producto Bruto Interno de Brasil (PBI),
según la paridad del poder de compra, utilizado por
el Banco Mundial, era en 2007 del orden de U$S 1,849
trillón, más de tres veces mayor que el de
Argentina, estimado en U$S 526 mil millones (2005),
mayor que el de Canadá, calculado en U$S 1,271
trillón (est. 2007), que el de México, U$S 1,353
trillón (2007 est.), que el de España U$S 1,361
trillón, (est. 2007), igual al de Italia U$S $1,8
trillón, (2007 est.), un poco menor que el de
Francia U$S 2,075 trillones, (2007 est), que el de
Rusia U$S 2,097 trillones, (2007 est.) y del Reino
Unido U$S 2,13 trillón, (2007 est.).
No sin razón, ya en
1976, al ser interpelado, en el House Foreign
Affairs Commitee, si los Estados Unidos habían
elevado a Brasil al status de potencia
mundial, por haber firmado los dos países un acuerdo
de consulta, Henry Kissinger, entonces secretario de
Estado en la administración del presidente Gerald
Ford (1974-1977), replicó:
“(...) This
agreement does not make Brazil a world power. Brazil
has a population of 100 million, vast economic
resources, a very rapid rate of economic
development. Brazil is becoming a world power, and
it does not need our approval to become one, and it
is our obligation in the conduct of foreign policy
to deal with the realities that exist”.
La percepción de
Kissinger en cuanto al papel que Brasil desempeñaba
o pretendía desempeñar tenía fundamento histórico.
Desde la segunda mitad del siglo XIX, Brasil se
configuró como una potencia regional. Al separarse
de Portugal, mantuvo, sin ruptura de orden político,
un aparato burocrático-militar capaz de defender la
vasta extensión de su territorio e imponer, tanto
interna como externamente, los intereses de su elite
dirigente, debido al hecho de que no era un simple
sucesor del Estado portugués. Era el propio Estado
portugués, que se había trasladado hacia América del
Sur, se había ajustado a las condiciones económicas
y se había amoldado a la estructura social de la
colonia, pero había conservado su contexto
institucional, asentada en el dogma de soberanía y
una indivisible de la Corona, la jerarquía, las
leyes civiles, los métodos administrativos, el
estilo político, el instrumental bélico y
diplomático, con experiencia internacional, y el
vicio de potencia. De ahí el porqué, en 1854, el
diplomático Martin Maillefer, ministro
plenipotenciario de Francia en Montevideo, llamó a
Brasil la “Rusia tropical”, que tenía “la ventaja de
organización y perseverancia en medio de los Estados
turbulentos y mal constituidos de América del Sur”
.
Luego de la Guerra de
la Triple Alianza con Paraguay, que comprometió
gravemente las finanzas de Brasil, Argentina se
consolidó como Estado nacional y, a pesar de que las
economías de los dos países no compitiesen e,
inclusive, se complementasen, sus relaciones se
caracterizaron cada vez más por una fuerte
rivalidad, generando tensiones y graves crisis,
entremezcladas con esfuerzos de entendimiento y de
cooperación, a lo largo de toda la primera mitad del
siglo XX. A partir del final de la Segunda Guerra
Mundial, con la implantación de la industria pesada,
y particularmente con la implantación de la
siderúrgica, el desarrollo de Brasil se disparó,
mientras que la economía de Argentina, asentada
sobre la agropecuaria, continuó dependiendo de las
exportaciones de carne y cereales e importaciones de
bienes de capital, cada vez más caras, para
sustentar una industria con características
livianas, de bienes de consumo.
Así, la expansión
económica de Brasil, a partir de los gobiernos de
los presidentes Getúlio Vargas (1951-1954) y
Juscelino Kubitschek (1956-1961), tomó un enorme
impulso y, luego de la crisis en la primera mitad de
los años 1960, su PBI desde 1968 pasó a crecer a
tasas del 9%, 10% y 11% a.a., contrastando con el
relativo estancamiento de Argentina, lo que aumentó
el desequilibrio de poderes cada vez más en América
del Sur. Un siglo después, Brasil pudo entonces
restablecer la hegemonía que mantuviera en la Cuenca
del Plata, hasta 1876, cuando retiró las tropas del
Paraguay, derrotado en la Guerra de la Triple
Alianza.
La América del Sur en
la política exterior de Brasil
Como destacó el
embajador Samuel Pinheiro Guimarães, en su obra
Quinhentos anos de periferia, América del Sur es
la “circunstancia inevitable, histórica y geográfica
del Estado y de la sociedad brasileña”. Y, con la
intensificación de su desarrollo industrial, en los
años 1950, Brasil, cyos intereses hasta entonces se
concentraban en la Cuenca del Plata, se volvió cada
vez más hacia los países de la región amazónica, o
sea, hacia Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela,
Colombia, Surinam y Guayana, cuya densidad
demográfica, en el conjunto, representaba alrededor
de la primera mitad de los años 80 del siglo XX un
mercado del orden de 87 millones de habitantes, el
equivalente al 61% de la población brasileña,
esparciéndose hasta el Océano Pacífico y el Caribe.
Era necesario abrir mercados para sus manufacturas y
el comercio de la región amazónica con las
repúblicas del Pacífico saltó de U$S 173 millones,
en 1972, para U$S 2,3 mil millones en 1982. Y su
fomento, apuntando a la integración y unificación de
América del Sur, requería el desarrollo de esta
inmensa región, la Amazonia, que separaba los
mercados a ambas márgenes del Pacífico y del Caribe
de los centros industriales de Brasil, situados en
el litoral del Atlántico.
El desarrollo de la
Amazonia dependía, entre tanto, de la cooperación
con los países vecinos, por cuanto siete de las diez
fronteras internacionales de Brasil se ubicaban casi
integralmente en aquella región, sumando 12.114 km,
lo que representaba cerca del 80% del total de su
frontera terrestre. Así, con el propósito de
incrementar el desarrollo entre fronteras, el
Itamaraty, durante el gobierno del general Ernesto
Geisel (1974-1979) emprendió las negociaciones, a
cargo del embajador Rubens Ricupero, para la
celebración, el 3 de julio de 1978, del Tratado de
Cooperación Amazónica. Lo que inspiró la negociación
de este Tratado, con características similares al
Tratado de la Cuenca del Plata, fue posibilitar su
ocupación de forma racional y evitar que potencias
extrañas a la región se introdujesen en la Amazonia,
bajo cualquier pretexto. Esta preocupación llevó al
presidente João Batista Figueiredo a evitar que los
Estados Unidos, en 1981, interviniesen en Surinam,
de acuerdo a lo que el presidente Ronald Reagan
pretendiera, para deponer al gobierno de Desiré
Delano (Desi) Bouterse, bajo la argumentación de que
iba a aproximarse políticamente a Cuba. Asumió la
tarea de resolver el problema. Y lo consiguió.
Mercosur versus ALCA
El tema Mercosur/ALCA
se tornó así el principal punto de las divergencias
entre Brasil y los Estados Unidos, por albergar
profundas contradicciones, en las cuales se
entrelazaban intereses económicos, políticos y
estratégicos. El ALCA no le convenía a los intereses
de Brasil, que no estaba dispuesto a permitir, como
lo hizo Argentina, que su parque industrial se
desmantelase, se transformase en chatarra, bajo la
nueva y devastadora reducción de aranceles, ni a
soportar crecientes saldos negativos en la balanza
comercial. El embajador Samuel Pinheiro Guimarães,
que había sido uno de los encargados de las
negociaciones de los acuerdos de integración
Brasil-Argentina, en 1986/1987, cuando todavía era
el consejero y jefe de la División Económica del
Itamaraty, denunció el ALCA como parte de una
estrategia de mantenimiento de la hegemonía política
y económica de los Estados Unidos, “que realizarían
su designio histórico de incorporación subordinada
de América Latina a su territorio económico y a su
área de influencia político-militar”, e insistió en
que el gobierno brasileño debía abandonar los
acuerdos para su implementación. “El ALCA conducirá
a la desaparición del Mercosur” – advirtió.
Gran parte del
empresariado brasileño también temía las
consecuencias del ALCA, cuya implementación
implicaría serios riesgos para la industria
nacional. Y el presidente Fernando Henrique Cardoso,
en medio de las crecientes dificultades generadas,
dentro del Mercosur, por la desvalorización, en
1999, de la moneda brasileña, el real, reavivó el
concepto de América del Sur, que el proyecto de
ALCSA consustanciaba y había sido eclipsado durante
su primer mandato (1995-1999). La ampliación del
comercio con los países de América del Sur
implicaba, sin embargo, una serie de proyectos y el
presidente Fernando Henrique Cardoso convocó a una
reunión de cúpula de los jefes de Estados de América
del Sur, realizada en Brasilia, durante los días 31
de agosto y 1° de septiembre de 2000, con el
objetivo de discutir la integración regional,
fundamentalmente las interconexiones energética y
vial. El plan tendría financiamiento del BID y de
CAF (Corporación Andina de Fomento) y México se
mostró contrariado por no haber sido invitado,
imaginando que se trataba de una maniobra con la
intención de aislarlo. Fernando Henrique Cardoso
mandó hacer ver al gobierno mexicano que el plan de
interconexiones no podría llegar a América del
Norte, no había cómo, de modo que por este motivo la
presencia de México no había sido considerada. Para
dirimir cualquier duda en este sentido, invitó para
la reunión al Ministro de Relaciones Exteriores de
México, Jorge G. Castañeda, en calidad de
observador. Pero, evidentemente, la disculpa era
apenas una verdad a medias, pues no podía explicar
los objetivos políticos implícitos en la
convocatoria de la cúpula de Brasilia.
Estos objetivos
quedaron en evidencia en un artículo publicado en la
prensa, en el cual Fernando Henrique Cardoso, antes
de la reunión, definió el acontecimiento como de
“reafirmación de una identidad propia de América del
Sur como región”, donde la democracia y la paz
abrían la perspectiva de una integración cada vez
más intensa entre países que mantenían una relación
de vecindad”. y resaltó:
“La vocación de
América del Sur es la de ser un espacio económico
integrado, un mercado ampliado por la reducción o
eliminación de las dificultades y obstáculos al
comercio, y por el perfeccionamiento de las
conexiones físicas en transportes y comunicaciones”.
No se trataba, por lo
tanto, de América Latina, sino de América del Sur,
una región geográficamente definida, reconocida por
los presidentes, en el Comunicado Conjunto, como
una región con características específicas que la
distinguían en el escenario internacional y en la
que sus peculiaridades y la contigüidad geográficas
creaban una agenda común de desafíos y
oportunidades. Su cohesión constituía, también, un
elemento esencial hacia una inserción más favorable
en la economía mundial, de forma que pudiese
convertir la globalización en un medio eficaz para
ampliar las oportunidades de crecimiento y
desarrollo de región y mejorar de forma sustentada y
equitativa sus padrones de bienestar social,
enfrentando los efectos desiguales generados para
diferentes grupos de países, vis-à-vis sobre
todo de América del Norte.
La Cúpula de Brasilia
tuvo un carácter estratégico y avanzó en la
posibilidad de integración, no sólo física,
económica y comercial, sino también política, como
el presidente Fernando Henrique Cardoso insinuó, al
decir que era “el momento de reafirmación de una
identidad propia de América del Sur como región
donde la democracia y la paz abren la perspectiva de
una integración cada vez más intensa entre países
que conviven en un mismo espacio de vecindad”. Y la
afirmación de esta “identidad propia”, diferenciada,
por consiguiente, de América del Norte, era lo que
preocupaba a Washington, según expresó Kissinger en
su obra Does America Needs a Foreign Policy?
Pero la integración política pasaba necesariamente
por la perspectiva de integración del espacio
económico de América del Sur, mediante el
entendimiento entre “el Mercosur ampliado y la
Comunidad Andina (CAN), con la aproximación
creciente a Guayana y a Surinam”, de acuerdo a lo
que señaló el presidente Fernando Henrique Cardoso,
destacando:
“Un acuerdo de libre
comercio entre el Mercosur y la Comunidad Andina
será la espina dorsal de América del Sur como
espacio económico ampliado. Debe, por lo tanto, ser
visto como un objetivo político prioritario”.
A propuesta de
Brasil, se reconoció la necesidad de implementación
de integración de América del Sur, a partir de la
formación de un Área de Libre Comercio Sudamericana
(ALCSA), iniciada en 1993, en épocas del gobierno
del presidente Itamar Franco, que tenía como
canciller al embajador Celso Amorim. Y la propuesta
de integración regional no se limitó a los aspectos
comerciales. Existió acuerdo sobre la necesidad de
desarrollo de una Iniciativa para la Integración de
Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA),
que modernizase las relaciones y potencializase la
proximidad sudamericana, rompiendo con los
obstáculos fronterizos y formando un espacio
ampliado a través de obras y articulaciones en las
áreas de transportes, energía y comunicaciones.
El objetivo político
prioritario, en la propuesta de integración del
espacio económico de América del Sur, se evidenció
aún más cuando Fernando Henrique Cardoso declaró que
el “Mercosur es más que un mercado, el Mercosur es,
para Brasil, un destino” – dijo el presidente
Fernando Henrique Cardoso, en 2001, agregando que el
ALCA era “una opción”, a la cual podría adherir o
no. Y esta frase suya, expresando la continuidad
esencial de la política exterior de Brasil,
repercutió en los Estados Unidos , lo que llevó a
Henry Kissinger a constatar que el Mercosur tendía a
presentar las mismas tendencias manifestadas en la
Unión Europea, que buscaba definir una identidad
política europea no sólo diferente de la de los
Estados Unidos, sino en manifiesta oposición a los
Estados Unidos.
“Especialmente en
Brasil, hay lideres atraídos por la perspectiva de
una América Latina políticamente unificada
confrontando a los Estados Unidos y al NAFTA” –
resaltó Kissinger. Según observó, mientras el ALCA
era concebido como una simple área de libre
comercio, el Mercosur era una unión aduanera,
allende fronteras, que tendría, por su naturaleza,
aranceles más elevados hacia el mundo (arancel
externo común) que entre los estados asociados,
pretendiendo evolucionar hacia un mercado común, y
eso no le convenía, porque, probablemente, afirmaría
la identidad latinoamericana (sic) como separada y,
de ser necesario, opuesta a los Estados Unidos y al
NAFTA. “(...) Todo eso ha creado un potencial
debate entre Brasil y los Estados Unidos sobre el
futuro del Cono Sur” – reconoció Kissinger. En
efecto, la diplomacia brasileña tornó la integración
de América del Sur, la afirmación de su identidad
propia, la condición previa para cualquier esfuerzo
de integración hemisférica, tal como el que los
Estados Unidos estaban proponiendo, con el proyecto
del ALCA.
Conflictos en América
del Sur
Brasil estaba
ejerciendo de hecho el liderazgo de América del Sur,
aceptado consensualmente por parte de los demás
gobiernos de la región, dado su enorme peso
económico, político y estratégico, sin pretensiones
de hegemonía, respetando las particularidades de
cada pueblo. Y la Segunda Reunión de Presidentes de
América del Sur se realizó en Guayaquil, Ecuador,
entre el 26 y el 27 de julio de 2002, cuando fue
aprobado el “Consenso de Guayaquil sobre
Integración, Seguridad e Infraestructura para el
Desarrollo”, manifestando el propósito de construir
“un futuro de convivencia fecunda y pacífica, de
permanente cooperación” y declarando “América del
sur como Zona de Paz y Cooperación”. La turbulencia
social, política y militar en los países andinos
dificultaba, sin embargo, la consecución de tal
objetivo y preocupaba a Brasil. El 26 de enero de
1995, el conflicto armado entre tropas de Ecuador y
de Perú, en una frontera conflictiva en torno del
río Cenepa, había perturbado la paz de la región. El
presidente Fernando Henrique Cardoso actuó en el
sentido de obtener el cese del fuego, llevando a los
dos países, después de esporádicos combates, a
firmar un acuerdo, en Brasilia, bajo los auspicios
de los cuatro Estados garantes del Protocolo de Río
de Janeiro, de 1942 - Argentina, Brasil, Chile y
Estados Unidos. Brasil ejerció el liderazgo en el
proceso de Paz entre Ecuador y Perú y el Ejército
brasileño, en Misión de Observadores Militares
Ecuador -Perú (MOMEP), fiscalizó en la región del
río Cenepa, frontera entre los dos países, el
cumplimiento del acuerdo.
Brasil también
intervino, diplomáticamente, para evitar que la
crisis política, en Paraguay, en abril de 1996,
resultase en un golpe militar, después que
parlamentarios, vinculados al general Lino Oviedo,
votaron contra el proyecto de ley para construir un
segunda puente entre Paraguay y Brasil, lo que
impidió a las empresas del presidente Juan Carlos
Wasmosy obtener la concesión de las obras. Wasmosy
decidió entonces pasarlo a retiro y Oviedo, en
rebeldía, se atrincheró en su unidad, amenazando
derramar sangre si la medida no fuese revocada.
La crisis solamente
no culminó con la quiebra de legalidad
constitucional, debido a la interferencia de los
embajadores del Mercosur (Argentina, Brasil y
Uruguay), de los Estados Unidos y del propio
secretario ejecutivo de la OEA, César Gaviria, que
negociaron un acuerdo, mediante amenazas de boicot y
aislamiento económico y político de Paraguay, así
como del congelamiento de su participación en el
Mercosur y otras sanciones punitivas: Oviedo no fue
apresado y presentó voluntariamente el pedido de
pasar a retiro.
De cualquier manera,
Brasil no estaba dispuesto a permitir un golpe de
estado en Paraguay y contaría con el respaldo de
Argentina y de Uruguay, dado que la ruptura de la
democracia política sería intolerable dentro del
Mercosur, así como en términos del Grupo del Río y
de nueva concertación en el hemisferio. El
compromiso con la democracia, o sea, la llamada
“cláusula democrática” del Mercosur, estaba
implícito en el Tratado de Asunción, tanto que
Brasil y Argentina, desde la Declaración de Iguazú,
en noviembre de 1985, nunca cesaron de reiterar la
adhesión a los principios democráticos, como
fundamento de cooperación y de integración, no sólo
en términos bilaterales, sino también con respecto a
los demás países de América del Sur. El Foro de
Consulta y Concertación Política del Mercosur (FCCP)
dio un gran énfasis a la implementación de la
llamada “cláusula democrática”, lo que llevó a la
adopción del Protocolo de Ushuaia por parte de los
países del Mercosur y Bolivia y Chile. La
preservación de la democracia en Paraguay continuó,
sin embargo, constituyéndose en la gran preocupación
de Brasil. Poco después de controlada la crisis,
Fernando Henrique Cardoso, en junio de 1996, visitó
Asunción, con la intención de reiterar el respaldo
al orden constitucional, y en el mismo año los
presidentes de los cuatro países integrantes del
Mercosur firmaron una declaración, asumiendo el
compromiso de consultarse y aplicar medidas
punitivas, dentro del espacio normativo del bloque,
en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden
democrático en algún estado miembro.
La débil democracia
instalada en Paraguay, luego de la caída de la
dictadura del general Alfredo Stroessner, en 1989,
continuó, sin embargo, bajo la amenaza de colapso,
al intensificarse la lucha por el poder dentro del
propio Partido Colorado, que todavía controlaba más
del 80% del aparato del Estado. Condenado a 10 años
de prisión, por comandar la rebelión militar de
1996, el general Lino Oviedo no pudo competir por la
sucesión del presidente Juan Carlos Wasmosy, pero
Raúl Cubas, que lo sustituyó como candidato del
Partido Colorado, venció la elección, con el slogan
“Cubas en el gobierno y Oviedo en el poder”, y le
concedió el indulto, cinco días después de asumir el
gobierno, en agosto de 1998. El asesinato de Luis
Carlos Argaña, el principal adversario del
presidente Raúl Cubas, que se opusiera a la
liberación de Oviedo, desencadenó la grave crisis
política, en medio de choques callejeros, y una vez
más, los jefes de gobierno de Brasil y de Argentina
tuvieron que intervenir, amenazando aislar a
Paraguay económica y políticamente y apartarlo del
Mercosur, de conformidad con la cláusula democrática
del Tratado de Asunción en caso de que se consumase
un golpe de estado. Esta advertencia la escuchó Raúl
Cubas directamente de Fernando Henrique Cardoso, que
le aconsejó renunciar a la presidencia, antes de que
la crisis se agravase y produjese la ruptura de la
legalidad, y percibió que no estaba en condiciones
de resistir, dado que Brasil absorbía cerca del 30%
de las exportaciones de los productos Paraguayos,
como algodón y soja, y esta dependencia llegaba a
alcanzar al 70%, considerando el total estimado de
sus re-exportaciones. Así, el 28 de marzo de 1999,
víspera de la decisión del Senado sobre el
impeachment, Cubas Grau renunció a la
presidencia de Paraguay y se asiló en Brasil, luego
de que Oviedo partiera hacia Argentina, donde el
presidente Carlos Menem le dio refugio. Entre tanto,
ocurrió otro intento de golpe, en la madrugada del
18 para el 19 de mayo de 2000, cuando integrantes
del Primer Cuerpo del Ejército, teniendo como
epicentro la primera División de Caballería, y de la
Policía Nacional, promovieron la Operación
Aratirí (rayo en el idioma guaraní),
cuestionando la legitimidad del presidente Luis
González Macchi e invocando el derecho
constitucional a la rebelión. Los insurgentes, luego
de ocupar las instalaciones de algunos medios de
comunicación, pretendieron dirigirse hacia el
Congreso, sin embargo la Marina y la Fuerza Aérea
se declararon leales al gobierno y sofocaron el
levantamiento, sin encontrar resistencia.
La guerra civil en
Colombia constituía otro foco de inestabilidad, que
preocupaba a Brasil, debido, sobre todo, a la
posibilidad de una intervención militar, efectuada o
articulada por los Estados Unidos. El Plan Colombia,
lanzado por el presidente Bill Clinton un día antes
de la Reunión de los Presidentes de América del Sur,
en Brasilia, preocupó al gobierno brasileño, dado
que circunscribía el conflicto exclusivamente en su
dimensión armada, destinando más de U$S 1,2 mil
millón – cerca del 80% de los U$S 1,3 mil millón
prometidos por los EE.UU. – a la compra de material
bélico, inclusive aviones, 30 helicópteros tipo
Black Hawk y 33 tipo Huey, por parte del Ejército
colombiano, y apenas U$S 238 millones a la promoción
de los derechos humanos y al refuerzo de la
democracia y del sistema judicial. Él había sido
concebido como una estrategia de guerra, y todo
indicaba que los Estados Unidos repetirían la
táctica usada en Kosovo, bombardeando intensamente
las regiones dominadas por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), junto con la aspersión de
agentes biológicos sobre los cultivos de coca, dado
que una intervención por tierra en las provincias de
Caquetá, Putumayo, en la Amazonia colombiana,
costaría muchas pérdidas de vida.
Brasil temió el
impacto que la ejecución del Plan Colombia
produciría sobre su territorio, llevando
guerrilleros o militares colombianos a invadirlo, y
temió que hongos (Fusarium orysporum) u otras
armas químicas y biológicas, eventualmente empleadas
por los Estados Unidos, para destruir las
plantaciones de coca, contaminasen los ríos de la
Amazonia. A su entender, no se podía vincular la
necesidad de combatir el negocio de las drogas con
el problema de la insurgencia, que era de
competencia interna de Colombia y debía ser
políticamente resuelto, aunque esta posición no
significase simpatía por ninguna solución tendiente
a ceder a las FARC y al ELN las zonas conquistadas,
por implicar una renuncia del estado colombiano a la
soberanía sobre su territorio. Entre tanto, el
gobierno brasileño consideraba que la vía militar,
como los Estados Unidos proponían, no resolvería
la crisis y se rehusó terminantemente a permitir la
utilización de cualquier base u otras instalaciones
militares en su territorio para operaciones en
Colombia.
A partir del final de
los años 90, las relaciones de Brasil con Venezuela,
donde Hugo Chávez ascendiera al gobierno, tendieron
a estrecharse cada vez más. En la Cúpula de las
Américas, en Quebec entre el 20 y el 22 de abril,
Hugo Chávez se alineó con Fernando Henrique Cardoso,
en las críticas al ALCA, y compareció a la reunión
de Cúpula del Mercosur, realizada en Asunción, el 21
y 22 de junio, cuando formalizó el pedido para el
ingreso de Venezuela en el Mercosur y, haciendo
alusión a lo que Fernando Henrique Cardoso dijera de
que el “ALCA es opción y nuestro destino es el
Mercosur”, concluyó en que “este es nuestro
destino, el sur, la Cruz del Sur”. En los
primeros años de la década de 2000, la situación se
agravó, sin embargo, en casi todos los países de
América del Sur. El proceso de paz fracasó en
Colombia, donde los Estados Unidos profundizaron su
intervención en la lucha contra las FARC, no
precisamente para combatir el narcotráfico, sino,
sobre todo, a fin de garantizar el flujo del
petróleo, que salía de allá y de Ecuador. Y, en
diciembre de 2001, Argentina entró en colapso
financiero, bancarrota, en medio de una dramática
convulsión social y crisis política tan profunda que
llevó a Fernando Henrique Cardoso a advertir al
presidente George W. Bush sobre el peligro de una
ruptura institucional, en caso de que el gobierno de
Eduardo Duhalde no recibiese ayuda internacional.
También en Ecuador la situación se configuró
inestable y los indígenas, en febrero de 2002,
anunciaron que realizarían nuevas manifestaciones de
masas, en Quito, contra las privatizaciones
promovidas por el gobierno de Gustavo Noboa con el
propósito de protestar contra el no cumplimiento del
acuerdo que puso fin al levantamiento, a comienzos
de 2001.
Venezuela, con la
cual Brasil trataba de estrechar su relacionamiento,
comenzó a enfrentar crecientes dificultades
políticas, fomentadas por la CIA, DIA y otras
agencias de los Estados Unidos. Del 11 al 12 de
abril de 2002, en Venezuela tres generales
aprehendieron al presidente Hugo Chávez, lo llevaron
para el Fuerte Tiuna, y el general Lucas Rincón
Romero, jefe del Estado Mayor del Ejército de
Venezuela, anunció su renuncia a la presidencia de
la República. Pedro Carmona Estanca, presidente de
Fedecámaras, asumió el gobierno de Venezuela, con el
apoyo de los medios de comunicación y el respaldo no
tan encubierto de la administración del presidente
americano George W. Bush, que se disponía a
reconocerlo. Y a fin de facilitar esta decisión,
dado que la Carta Democrática Interamericana
condenaba cualquier ruptura de la legalidad, Phillip
Chicola, funcionario del Departamento de Estado,
pidió, el día 12, que la transición conservase las
formas constitucionales, o sea, que la Asamblea
Nacional y la Corte Suprema aprobasen la renuncia de
Chávez y nuevas elecciones, con observadores de la
OEA, fuesen convocadas dentro de un plazo razonable.
La maniobra, sin embargo, fracasó. Mientras las
capas más pobres de la población, favorables a
Chávez, ocupaban las calles de Caracas, saqueando
las tiendas, extendiéndose la agitación por las
ciudades de Guarenas, Los Teques, Coro y Maracay, la
brigada de paracaidistas, comandada por el general
Raúl Baudel, así como otros regimientos se
sublevaron contra la presidencia de facto de
Pedro Carmona.
Al no tener
condiciones internas de sustentarse, apenas
respaldado por las clases medias y altas, el
gobierno de coalición empresarial-militar, emanado
del golpe del 11/12 de abril, se enfrentó además con
enormes dificultades externas para su
reconocimiento. El Grupo de Río, que realizaba en
Costa Rica la XVI Cumbre presidencial, reprobó
rápidamente la ruptura del orden constitucional en
Venezuela y solicitó al embajador César Gaviria,
secretario-general de la OEA la convocatoria urgente
del Consejo Permanente, de acuerdo con el Art. 20 de
la Carta Democrática Interamericana, aprobada en
sesión plenaria del 11 de septiembre de 2001,
incorporando la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91).
El tema había sido planteado en primer lugar por
parte de Brasil y los embajadores en la OEA
aprobaron una resolución, en la que condenaron “la
alteración del orden constitucional en Venezuela”.
Solamente frente a la
actitud de todos los demás estados de la región,
inclusive México y Canadá, de repudiar el golpe
contra el gobierno de Hugo Chávez, la delegación de
los EE.UU. se resignaron a suscribir la moción de la
OEA. Pero recién lo hicieron el sábado, 13 de abril,
cuando las manifestaciones de masas habían obligado
a Carmona a renunciar y Chávez retornó al poder.
Unión de Naciones
Sudamericanas
La crisis en
Venezuela no cesó. Y Brasil tuvo una actuación aún
más decisiva, apuntando a asegurar la estabilidad en
Venezuela, en diciembre de 2002, cuando el gobierno
de Fernando Henrique Cardoso, con el aval del
presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, decidió
vender al gobierno del presidente Hugo Chávez un
navío petrolero con 82 millones de litros de
combustible para enfrentar el desabastecimiento
provocado por la huelga de los trabajadores de
Petróleo de Venezuela SA (PdVSA) y evitar su
desestabilización. A pesar de las críticas, por
parte de la oposición en Venezuela, a la cual le
había desagradado la iniciativa de Brasil, el
gobierno de Lula, enseguida que fue inaugurado,
intentó intermediar una solución pacífica para la
crisis y envió a Caracas al profesor Marco Aurélio
Garcia, asesor de Asuntos Internacionales del
Presidente. Brasil tenía inversiones en Venezuela,
intereses económicos, políticos y estratégicos, y no
podía permitir la desestabilización del gobierno de
Chávez, que había sido electo dos veces y había
obtenido el 60% de los votos, según destacó el
presidente Lula. Y de ahí el porqué propuso la
formación de un grupo de amigos de Venezuela (no
sólo de Chávez) con la participación de los Estados
Unidos y de España, coordinado por el
secretario-general de la OEA, César Gaviria, con la
finalidad de intermediar una solución pacífica,
legal y constitucional para el impasse que perduraba
hacía varios meses.
El presidente Lula,
desde el inicio de su mandato, demostró que su
política exterior trataría de robustecer la
asociación estratégica con Venezuela y profundizar
los vínculos con Argentina, su principal socio en el
Mercosur, y que la integración de América del Sur
era su prioridad número uno. Él entendió que la base
económica y no exclusivamente política debería
propagar el liderazgo de Brasil en América del Sur y
que éste exigía el aumento de los intercambios
comerciales, en el contexto de un comercio regional
más equilibrado. El Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES), bajo la dirección del
profesor Carlos Lessa, desempeñó un importante papel
en el cumplimiento de esta política. Fue abierta una
línea de crédito para financiar la venta al mercado
brasileño de máquinas, componentes y piezas
fabricadas en el Mercosur, en especial en Argentina,
al mismo tiempo en que se preveía dar un tratamiento
similar a los del producto nacional en los
financiamientos de la Finame bienes de capital
fabricados en Argentina, Uruguay y Paraguay. El
BNDES también aprobó un crédito de U$S 200 millones
para la ampliación de un gasoducto en Argentina, con
la construcción y montaje de la tubería, en un
trecho de 508,85 kilómetros, expandiendo la
capacidad de transporte de gas natural de la
Compañía de Inversiones de Energía (Ciesa), ligada a
la filial de Petrobrás (Petrobrás Energía S/A,
ex-Pérez Companc), a través de los gasoductos
General San Martín y Neuba II, y ampliando la oferta
de gas natural y electricidad en la región del Gran
Buenos Aires.
Igualmente con
Venezuela, considerada uno de los pilares de la
integración de América del Sur, Brasil trató de
profundizar la asociación principalmente en el área
energética. La Petrobrás y la PdVSA firmaron 15
acuerdos que incluían, entre otros proyectos, la
explotación de gas y extracción de petróleo pesado,
por parte de la industria brasileña, en la región
del río Orinoco, y la construcción de una nueva
refinería en Brasil, con una inversión prevista de
cerca de U$S 2 mil millones, con capacidad para una
producción diaria de entre 150.000 y 220.000. La
entrada de Petrobrás en la explotación de gas en
Venezuela rompió el monopolio virtualmente ejercido
por las empresas de los Estados Unidos y de Europa y
la Compañía Vale do Rio Doce proyectó constituir con
la venezolana Corpozulia una empresa binacional,
para la explotación de las reservas de carbón
natural de Socuy, en Venezuela. Durante su visita a
Caracas, Lula firmó con Chávez veinte acuerdos de
cooperación e inversiones, que incluían la venta de
20 aviones militares, modelo Tucano, y créditos para
la construcción del subterráneo de la ciudad, así
como en el área de defensa y vigilancia de la
Amazonia, donde se previó la posibilidad de
realización de ejercicios conjuntos de los ejércitos
de Brasil y de Venezuela. “La solución para la
economía de Venezuela, de Brasil y de otros países
de América del Sur no está en el Norte, más allá del
océano, sino en nuestra integración” – dijo Lula.
Estos acuerdos entre Brasilia y Caracas causaron,
por cierto, la inquietud de Washington, que
intentaba abusivamente aislar al gobierno de Hugo
Chávez, por no subordinarse a sus designios.
El presidente Lula
dio continuidad al proyecto de integración física y
energética, elaborado en el gobierno de Fernando
Henrique Cardoso, ampliándolo con la participación
del BNDES. Sin embargo, explicitó y enfatizó aún más
el proyecto de formación de una Comunidad
Sudamericana de Naciones, creada en la Tercera
Reunión de los Presidentes de América del Sur, el 8
de diciembre de 2004, en la ciudad de Cuzco (Perú),
cuando fue firmada la Declaración de Cuzco por los
presidentes y representantes de los 12 países de la
región, i. e., los cuatro países del Mercosur
(Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), los cinco
de Comunidad Andina (Venezuela, Colombia, Perú,
Ecuador y Bolivia), así como Chile, Surinam y
Guayana. En dicha ocasión el presidente Lula anunció
la construcción de la Ruta Interoceánica, que Brasil
y Perú estaban implementando. Era mucho más que un
proyecto bilateral. Interesa a todos los países de
la región. Y, según declaró Lula, muestra que la
Comunidad Sudamericana de Naciones, lo que estaba
inaugurando, no era un mero ejercicio de retórica,
pues expresaba el empeño de los países de la región
en superar las distancias que aún los separaban.
Esta obra, la Ruta
Interoceánica, con 1.100 kilómetros de extensión,
uniendo el estado de Acre a los puertos peruanos de
Matarani, Ilo y Maratani, en la región de Madre de
Dios, en el sudeste peruano, apuntaba a posibilitar
que Brasil alcanzase más fácilmente los mercados de
Asia, a través del Pacífico, y llevar más de medio
millón de turistas al sur de Perú, donde nació el
imperio inca y están las ruinas de Machu Pichu. Ella
había sido presupuestada en U$S 700 millones, U$S
417 millones (60%), financiados por Brasil por medio
del Proex (Programa de Financiamiento a las
Exportaciones, administrado por el Banco de Brasil),
y por Perú (40%), con el apoyo de la Corporación
Andina de Fomento (CAF). Además de la construcción
de la Ruta Interoceánica se firmaron más de 31
proyectos de infraestructura para la región, lo que
significaba, en principio, consolidar la agenda
estratégica de integración física y energética que,
desde hacía algunos años, estaba siendo definida.
El canciller Celso
Amorim, en una entrevista otorgada a la prensa,
resaltó que la Comunidad Sudamericana de Naciones,
basada inicialmente en una área de libre comercio y
en proyectos de infraestructura, iba a reforzar la
capacidad de negociación de los países de la región,
aumentando su poder de negociación vis-á-vis de los
grandes bloques económicos, y admitió la posibilidad
de que fuese a generar un proceso de integración
similar al de la Unión Europea, objetivo estratégico
de Brasil. Este proyecto, sin embargo, se
enfrentaba con una situación bastante complicada en
algunos países, como Ecuador , Bolivia y Perú, donde
la turbulencia social y política no cesaba, más allá
de las incertidumbres en el relacionamiento entre
Colombia, instigada por los Estados Unidos, y
Venezuela, y entre Chile y Bolivia, cuyo plan de
exportar gas a trvés del territorio chileno había
generado la crisis que terminó con la renuncia del
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (17/10/2003) y
frente a cual Brasil decidió no involucrarse,
directamente, como lo hiciera en el caso del golpe
en Venezuela.
Esta conexión de
Bolivia con Chile no le convenía virtualmente a la
Petrobrás, que no sólo era su mayor compradora de
gas, incorporándolo a la matriz energética de Brasil
y aliviando el consumo de petróleo del parque
industrial, sino que también se dedicaba a la
explotación, distribución y comercialización del
petróleo, a través de dos subsidiarias - Empresa
Boliviana de Refinamiento y Empresa Boliviana de
Distribución. Sus inversiones en Bolivia sumaban
cerca de U$S 2 mil millones, entre 27
multinacionales que actuaban allá, con un peso
equivalente a cerca del 10% del PBI boliviano. Y el
fracaso de Washington en el intento de impedir la
caída de Sánchez de Lozada, su protegido, permitió a
Brasil conquistar una posición vital en la región.
Impedida la salida del combustible hacia el oeste y
congelado el proyecto de construcción del gasoducto,
que uniría Tarija a Chile, las exportaciones de
Bolivia debían volverse hacia el este, a través de
un gasoducto de 3.150 kilómetros, trazado por la
Petrobrás desde Santa Cruz de la Sierra, con
ramificaciones hasta Canoas, en Río Grande del Sur,
y capacidad para transportar 24 millones de metros
cúbicos diarios, de los cuales cerca de 4 millones
eran importados por Argentina, donde la Petrobrás
había comprado la compañía petrolífera Pérez Companc.
Cuando, sin embargo, la crisis volvió a agravarse,
en los primeros meses de 2005, el gobierno de Lula,
temiendo que el presidente Carlos Mesa fuese
depuesto y se diese una quiebra institucional,
buscó intermediar el conflicto entre el gobierno y
Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, al
mismo tiempo en que defendía los intereses de la
Petrobrás.
La victoria de Tabaré
Vázquez, en Uruguay, en 2004 tendió a fortalecer la
iniciativa para la consolidación de la Comunidad
Sudamericana de Naciones. Los acuerdos en el sector
energético, que los gobiernos sudamericanos estaban
celebrando, cumplían una función estratégica hacia
el proyecto de fortalecimiento de integración
económica y política en el continente. Estaba
previsto un acuerdo energético con Venezuela que
permitiría a Uruguay recibir petróleo a un precio
más barato, en parte pagado a través de una línea
especial de crédito y el resto, con el suministro de
carnes, lanas y lácteos. El acuerdo de cooperación
energética, firmado el 2 de marzo de 2005, en
Montevideo, donde la PdVSA programaba la apertura
de una oficina, tenía como objetivo fundamental
fortalecer los mecanismos de solidaridad,
complementariedad y cooperación para dar respuestas
a los problemas de ambas naciones, y se insertaba en
el esfuerzo de creación de la Comunidad Sudamericana
de Naciones. Más allá de los acuerdos con Brasil y
Uruguay, Venezuela ya firmó convenios con empresas
petroleras de Paraguay y de Argentina. Dando
secuencia al proyecto de Venezuela de establecer
acuerdos estratégicos con los países del Mercosur,
el presidente Chávez investigaba estimular la
formación de una empresa petrolera de los Estados
sudamericanos, la Petrosur.
Era de incertidumbres
y conflictos
Venezuela, a partir
del final del gobierno de Fernando Henrique Cardoso,
pasó a ocupar un papel relevante en la política
exterior de Brasil, no sólo sirviendo de contrapeso
para Argentina sino también conformando con ella el
triángulo estratégico, en el proceso de integración
de América del Sur, el establecimiento de una unidad
económica y política entre los países de la región,
condición necesaria e indispensable a una inserción
equilibrada en el escenario internacional. Entre
tanto, así como Alemania y Francia constituyeron la
fuerza propulsora de la Unión Europea, Brasil y
Argentina, desde los órigenes, configuraron los
pilares básicos del Mercosur, el núcleo de la
Comunidad Sudamericana de Naciones en construcción.
Y la perspectiva era de que Argentina llevase
adelante una política externa coherente, constante,
una política externa de Estado, sin oscilar en
función de los humores coyunturales, y funcionase
como factor de aglutinación de los países
hispano-sudamericanos, lo que ella estaría en
condiciones de hacer, pero solamente respaldada y
coligada con Brasil, lo que significaba unificar
América del Sur.
Brasil iba a ejercer
el liderazgo en una era de incertidumbres, en una
región marcada por una creciente inestabilidad
económica y política y tensiones militares, debido
en gran medida a la presencia de los Estados Unidos,
particularmente en Colombia, Ecuador y Bolivia.
Brasil no admitía que el Estado colombiano se
desintegrase, con las FARC controlando el 40% de su
territorio, pero se rehusaba a confundir el combate
al narcotráfico con la represión de la insurgencia,
y veía con desconfianza la presencia de los Estados
Unidos en las repúblicas del Pacífico, en la región
de la Amazonia. De ahí el porqué procuró evitar que
degenerase en un conflicto militar el incidente
diplomático entre Colombia y Venezuela, por causa de
la violación de su soberanía con la captura ilegal,
posiblemente con la ayuda de la CIA, de un dirigente
de las FARC en Caracas. La política de Brasil vis-à-vis
de Colombia mantuvo la misma directriz, desde el
gobierno de Fernando Henrique Cardoso,
consustanciada en el apoyo al proceso de paz, que en
verdad nunca avanzó, desde la presidencia de Andrés
Pastrana (1998-2001), defensa de soberanía nacional
y repudio a la intervención extranjera en los
asuntos internos del país.
Además Brasil
continuó condenando el embargo al que había sido
sometida Cuba por parte de los Estados Unidos, desde
1960, en medio de presiones y amenazas contra el
régimen de Fidel Castro. El presidente Lula, no
obstante, visitó La Habana, en 2003, donde firmó 12
acuerdos de cooperación, inclusive para la
explotación de Petróleo por parte de la Petrobrás, y
rechazó las presiones internacionales para que
intercediese por la libertad de presos políticos en
Cuba. “No es buena política que un jefe de Estado se
meta en asuntos internos de otro país. Voy a tratar
los intereses de Brasil. No voy a aventurar
opiniones en la política interna de otro país”,
afirmó Lula en México. Posteriormente, apeló para
que Castro entendiese que “Brasil puede ayudar a
construir el proceso democrático en Cuba”, y reiteró
la condena al embargo impuesto hace más de 40 años
por los Estados Unidos, diciendo: “Tenemos mucho
que hacer por la democracia en Cuba. Tenemos que
ayudar en la lucha contra el embargo (económico
impuesto por los norteamericanos hace cuatro
décadas). Brasil tiene una chance de ayudar a dar
normalidad en las relaciones de Cuba.” El asunto del
régimen político en Cuba era lo que más dificultaba
su acercamiento, según lo deseado por Fidel Castro,
debido a la “cláusula democrática”.
Aunque contrariase la
tradicional política exterior de no involucrarse
militarmente en asuntos en el Caribe y en América
Central, tradición ésta quebrada apenas cuando el
presidente, general Humberto Castelo Branco, también
envió una tropa hacia Santo Domingo, en 1965, el
gobierno de Lula decidió despachar un contingente de
1.100 soldados hacia Haití, también como fuerza
internacional de paz (integrada por americanos,
franceses, canadienses y de los países del Caribe),
de acuerdo con la resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU, con la misión de estabilizar el
país luego del derrocamiento del presidente Jean-Bertrand
Aristides, con el velado apoyo de los Estados
Unidos, como todo lo indicaba. Esta controvertida
iniciativa provocó fuertes reacciones internas, de
izquierda del PT, de la CUT y del MST, por herir el
principio de no-intervención en los asuntos internos
de otros países, consolidado por la Constitución
brasileña. Según los críticos, el hecho de que
Haití hubiera sufrido un golpe de Estado, apoyado
por los Estados Unidos, tornaba a cualquier tropa
extranjera en Haití en una fuerza de ocupación y no
como parte de una misión de paz de la ONU.
Consultado sobre la
razón de tal iniciativa, el canciller Celso Amorim
explicó que Haití era un país latino, con las mismas
raíces culturales de Brasil y no le interesaba verlo
convertirse en un narco-Estado. Lo que Brasil
procuró, sin embargo, fue dar una demostración de
que estaba dispuesto a ejercer un prominente papel
internacional, por lo menos en el ámbito del
hemisferio, y a fortalecer su posición de candidato
a un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de
la ONU. Este tema, el pretendido lugar en el Consejo
de Seguridad de la ONU, era el que alimentaba un
clima de desconfianza y fricciones entre Brasil y
Argentina, reavivando una rivalidad residual que no
tenía ningún sentido. En primer lugar, no había
ninguna posibilidad inmediata de una reforma de la
ONU, a pesar de que fuese necesaria, pues los cinco
miembros permanentes, principalmente los Estados
Unidos, no estaban dispuestos seguramente a dar el
mismo poder de veto a otros países. En segundo
lugar, evaluando el peso específico, tanto económico
como político y estratégico, si América Latina
fuese a tener dos representantes en el Consejo de
Seguridad de la ONU, uno sería, forzosamente,
Brasil, dado su status de potencia regional que
continuaba insistiendo en la obtención de un lugar
(prometido además por el presidente Franklin D.
Roosevelt al presidente Getúlio Vargas, debido a su
participación en la Segunda Guerra Mundial), con el
objetivo de denunciar el congelamiento del poder
mundial, su estratificación, favoreciendo apenas a
cinco potencias, que detentaban capacidad nuclear.
La política exterior
de México se confrontaba con la de Brasil, país con
el cual no mantenía un tratado de libre comercio.
México había aceptado la subordinación a los Estados
Unidos y estaba contribuyendo para la
desarticulación política de los países del Tercer
Mundo en las negociaciones económicas multilaterales
y regionales, y, reforzando las presiones internas
neoliberales, trató de atraerlos hacia la órbita de
los Estados Unidos, temiendo el aislamiento del
resto de América Latina. Las negociaciones sobre
libre comercio o acuerdos preferenciales bilaterales
con algunos países latinoamericanos – como Colombia
y Venezuela, para formar el entonces G-3 – y el
amplio acuerdo México-Uruguay, sin resultados
comerciales pero que creó serias dificultades para
el Mercosur, fueron parte de una estrategia para
preservar las preferencias comerciales que México
usufructuaba en ALADI, y amortiguar las reacciones
al cambio radical en la política externa mexicana y
hasta para abrir camino hacia las futuras
negociaciones del ALCA. El ejemplo de México
posibilitó que otros gobiernos latinoamericanos
aceptasen la propuesta de los Estados Unidos para
negociar la creación del ALCA. Sin embargo, como el
embajador Samuel Pinheiro Guimarães destacó, “la
posición geográfica especial de México y el acceso
(legal o ilegal) de su población al mercado de
trabajo de los Estados Unidos, con las consecuentes
remesas de dinero de los inmigrantes, no son válidas
para otros países latinoamericanos”. Lo mismo se
podía decir con respecto a los demás países de
América Central y del Caribe, todos dependientes de
los Estados Unidos, particularmente de las remesas
de dólares, realizadas por sus nacionales que
emigraron para allá. En tales circunstancias, no
tenía el menor sentido pensar en unidad de una
América Latina, separada no sólo por el Canal de
Panamá, sino dividida efectivamente por intereses y
vínculos económicos y factores geopolíticos en
conflicto.
Lo que le convenía a
Brasil, así como a Argentina, era conducir, de forma
realista, la consolidación del Mercosur y la
formación de la Comunidad Sudamericana de Naciones
como un sistema económico y político unificado,
dentro de un sistema mundial, fuertemente
competitivo y violento, en que los Estados Unidos
trataban de concentrar y congelar el poder mundial.
El proceso de globalización siempre significó el
creciente dominio de las mega-corporaciones
americanas, el esfuerzo de modelar un nuevo tipo de
Imperio, con la transformación de los ejércitos de
los países neo-colonizados en fuerzas de policía,
para defender los intereses del capital financiero y
la dolarización de sus economías. No obstante, el
sistema mundial tendía la evolucionar hacia la
multipolaridad, a pesar de la supremacía coyuntural
de los Estados Unidos. Y ni Brasil ni Argentina
debían considerar esta supremacía como definitiva y
aceptar el destino de provincias avanzadas del gran
Imperio. La previsión del banco Goldman Sachs era la
de que, alrededor del año 2025, las economías del
grupo conocido como BRIC (Brasil, Rusia, India y
China, juntas, representarían más de la mitad de la
economía del G6, formado por Estados Unidos, Japón,
Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, tendiendo
a suplantarla hasta el año 2050.
Brasil, al estimular,
en la reunión de Cuzco, el lanzamiento de la Unión
Sudamericana de Naciones, después denominada Unión
de Naciones Sudamericanas (UNASUR), tuvo un objetivo
estratégico, apuntando a tornarse, no precisamente
él mismo, sino el conjunto de los países del sub-continente,
una potencia mundial, no sólo económica, sino
también política. Su dimensión excedía, por lejos,
el carácter meramente comercial. Brasil no había
abdicado del proyecto de tornarse una potencia
mundial, sin embargo, había comprendido que la
concreción de dicho objetivo pasaba por su
integración con Argentina y, en una segunda etapa,
con todos los demás países de América del Sur. La
unión de Argentina y de Brasil no significaba una
suma de dos países, sino una multiplicación de
factores, como cierta vez el presidente Arturo
Frondizi (1958-1962) resaltó. Y la unión de los
demás países de América del Sur con Brasil y
Argentina, en una comunidad económica y política,
conformaría una gran potencia, con un enorme peso en
el escenario mundial.
Se planteaba
necesario, por lo tanto, crear un marco
institucional, un organismo más amplio, para abarcar
y agregar a todas las naciones de América del Sur
que no participan plenamente del Mercosur, con el
objetivo de promover la realización de varios
proyectos de integración, no sólo económica y
comercial, sino también de comunicación,
infraestructura, transporte, energética,
educacional, cultural, científica y tecnológica. La
celebración del Tratado Constitutivo de la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR) fue un hecho de gran
significación histórica. La UNASUR pasó a tener una
personalidad jurídica, con la forma de una
organización internacional, con un Consejo de Jefes
de Estado y de gobierno, un Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores y un Consejo de Delegados.
Constituye un avance en el sentido de coordinación
de políticas. Y dentro de este marco institucional
debe concretarse el proyecto del Banco del Sur y del
gasoducto desde Venezuela, pasando por Brasil, hasta
Argentina. Dificultades, divergencias,
contradicciones hay y siempre habrá, en virtud de la
enorme asimetría que existe entre los países de
América del Sur, principalmente entre Brasil y sus
vecinos. No hay, sin embargo, ninguna perspectiva
para los países pequeños a no ser unirse y formar un
amplio espacio económico común, como forma de
alcanzar una mejor inserción nacional.
Brasil constituyó,
por si sólo, un enorme espacio económico, no
obstante la asimetría existente entre los 26 Estados
que lo componen. Adquiere un peso internacional
mayor. Mayor, sin embargo, sería el peso de América
del Sur integrada. Compuesta por doce Estados,
dentro de un espacio contiguo, poseía, en 2007, una
población total de 360 millones de habitantes, cerca
del 67% de toda América Latina y el equivalente al
6% de la población mundial (6.706.993.152 - 2008
est.), con integración lingüística, pues la inmensa
mayoría hablaba portugués o español, y detentaba una
de las mayores reservas de agua dulce y
biodiversidad del planeta, más allá de inmensas
riquezas en recursos minerales, pesca y agricultura.
Y no sólo su población era mayor que la de los
Estados Unidos (303.027.571, est. 2008). Su
territorio, cerca de 17 millones de kilómetros
cuadrados, era el doble del territorio americano,
con 9.631.418 kilómetros cuadrados. En tales
circunstancias, la Unión de Naciones Sudamericanas,
una vez unificada políticamente, con un PBI del
orden de los U$S 3,5 trillones (para el cual Brasil
contribuía con U$S 1,849 trillones (est. 007), puede
representar una extraordinaria fuerza económica y
política, como fue demostrado en 2008 en la crisis
desencadenada por la tentativa separatista de Santa
Cruz de la Sierra y demás departamentos de la Media
Luna de Bolivia. Quedó en evidencia, así, su
capacidad de influenciar y obtener importantes
resultados en el sistema internacional, en el que
prevalecerán los grandes bloques, constituidos por
los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China e
India.
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