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El mundo del trabajo en América
Latina: entre la flexibilización
y la inseguridad laboral
por el
politólogo Carlos Wladimir Gómez Cárdenas*
Investigación completa pdf
El panorama Latinoamericano de las últimas dos
décadas evidencia la profundización de
problemáticas sociales irresueltas. El accionar de
los Estados nacionales frente a viejas y nuevas
problemáticas sociales se ha visto en la
tarea de reorganizarse. Las reformas del Estado
implementadas desde entonces, han buscado afinar su
capacidad de respuesta desde múltiples ángulos de
cara a la complejidad social
en la cual vivimos
Este
proceso de reestructuración no es una dinámica
univoca ni mucho menos lineal. Parte del supuesto
de la inoperancia de las viejas estructuras
estatales burocratizadas y trae consigo no
sólo el rediseño estructural de la
organización estatal, sino también la
desatención por parte del Estado de actividades que
otrora le significaban gran importancia, lo que ha
derivado en la emergencia de nuevos actores, muchos
de ellos de naturaleza no estatal, en la provisión
de bienes y servicios públicos.
El
cambio de paradigma global y la nueva fase de
acumulación del capitalismo han influido
directamente sobre los procesos de transformación en
los diferentes países. Particularmente en nuestra
América Latina, el mundo del trabajo y las
diferentes relaciones laborales se han visto
influenciadas por estos movimientos globales.
A través de cambios normativos, cambios
económicos, cambios en las empresas, y cambios en la
composición de la mano de obra, el mundo del trabajo
y las relaciones laborales se ha transformado
gracias a presiones externas a la región.
En
este panorama de cambios a escala planetaria,
es de suma importancia analizar el fenómeno de
la flexibilización laboral con inseguridad laboral o
desprotección social que se viene presentando en
nuestra América latina. Dicho fenómeno se relaciona
con las reformas de los sistemas de políticas
sociales, en especial con las reformas laborales
adelantadas en toda la región durante las últimas
dos décadas.
Bajo
este contexto, la presente ponencia pretende
analizará de manera general los procesos de cambio
introducidos por las reformas laborales en
América Latina, cuyo resultado resulta atractivo
para demostrar la tesis de la flexi-inseguridad; es
decir una alta flexibilidad del mercado laboral con
una también alta inseguridad laboral y desprotección
social fruto de dichas reformas introducidas desde
la década de los años 90’.
América
Latina: dos décadas de reformas
y un
panorama de flexibilidad e inseguridad laboral.
América
Latina vivió durante las últimas dos décadas una
serie de reformas estructurales de los sistemas de
políticas sociales. En términos de Sonia Fleury
(2000) América Latina tuvo una gran transformación
en la trama social y de la estructura política
institucional. A partir de los años 1970,
cambió el viejo patrón de relación entre
estado y sociedad. La región experimentó un
enorme cambio de estructura, en donde los
actores tradicionales que apoyaban ese patrón
social iban perdiendo poder, mientras emergían
nuevos actores (proveedores
privados, compañías de
seguros, gobiernos
locales, organizaciones comunitarias,
agencias multinacionales, etc.) que presionaban para
transformar los sistemas de protección social.
Estas
reformas estructurales produjeron el
surgimiento de un nuevo estilo de desarrollo
económico, basado en el rol primordial de la
inversión privada y las exportaciones, en la
expansión del consumo privado y en un papel limitado
del Estado. En muchos países de la región, los
ajustes a la crisis financiera condujeron a una
distribución regresiva del ingreso y a una
fuerte caída de los salarios, dando lugar a
una desigualdad creciente y a aún mayores
índices de pobreza y miseria. (Fleury, 2000)
Dentro
de este marco de reformas estructurales se
inscribe de manera particular las reformas
laborales implementadas a partir de la década de
los años 90’ en toda América Latina cuyo principal
objetivo fue la flexibilización de la estructura
laboral.
Según
María Victoria Cárdenas (2007) cuando se habla de
flexibilización se hace referencia a la
adecuación del conjunto de elementos
(jornadas, contratos, salarios, despidos, entre
otros) del mercado laboral, a las condiciones
externas, de manera que se logre una mayor
competitividad y generación de empleos en dicho
escenario de trabajo globalizado.
Buena
parte de los países de la región, afirma Cárdenas
(tabla 1), desde la década de los noventa vienen
realizando modificaciones en su normativa de
trabajo. Estas modificaciones emergieron
justificadas por la necesidad de generar
empleo o por la importancia de eliminar
rigideces existentes en la legislación y en las
instituciones de trabajo que parecían impedir a las
empresas adecuarse a la actividad económica en el
marco de los procesos de apertura existentes.
En
términos generales, las reformas introdujeron
cambios relacionados con la disminución de costos
laborales, flexibilización a la contratación,
disminución de los pagos por indemnización de
despido, mayor flexibilidad en horas de
laborales, eliminación de obligación a las
empresas a reincorporar a un trabajador con
diez años de servicio que hubiese sido despedido
injustificadamente, entre otras.
Toda
esta serie de cambios introducidos en las diferentes
legislaciones latinoamericanas, no han respondido a
las particulares situaciones de contexto de cada uno
de los países, sino por el contrario han sido
impulsados mecánicamente a través de modelos únicos
a imitar. De allí que se puedan sintetizar todos
ellos en unas pocas líneas.
Mesa
Lago (2004) afirma en este sentido que los
países han ajustado la reforma a sus
condiciones financieras, económicas, sociales,
políticas y de seguridad social. Sin embargo,
algunos han copiado mecánicamente un supuesto modelo
universal que no puede funcionar debido a la falta
de elementos esenciales. Los países que aún no han
acometido una reforma deberían estudiar
cuidadosamente la experiencia de las reformas
estructurales, antes de decidir si hacer una
reforma estructural o paramétrica y, si se deciden
por la primera, antes de escoger un modelo
general y adaptarlo a sus condiciones.
La
diferencia entre las reformas estructurales y
paramétricas obedecen fundamentalmente a que
las primeras cambian totalmente la lógica del
sistema, mientras que las segundas cambian sólo
algunos parámetros del mismo.
Debido
a dicha mecanicidad de las reformas descrita
por Mesa Lago (2004) no han producido los
mejores resultados en materia de seguridad laboral y
protección social de los trabajadores. María Luz
Vega Ruíz en un estudio evaluativo de las reformas
laborales en América Latina en el año 2005 afirmaba
que las reformas en materia laboral han estado
concentradas en moderar los costos de despido
y facilitar la contratación temporal de
trabajadores.
En
ausencia de sistemas universales de protección
social en la mayoría de los países de la región,
las normas que tradicionalmente han regido la
actividad laboral se expidieron con el ánimo de
asegurar la estabilidad laboral y proteger al
trabajador frente a los riesgos propios del
desempleo, la enfermedad y la vejez, entre otros.
Sin embargo, estos objetivos no siempre se han
cumplido, debido a que estas restricciones
han reducido la generación de empleo y propiciado
la informalización.
Esta
situación de incumplimiento de objetivos
por parte de las reformas laborales
implementadas en nuestra región durante las
últimas dos décadas ha suscitado el más
intenso debate entre las medidas a seguir en
materia laboral. Por un lado emerge la
necesidad de flexibilizar aún más los mercados con
el ánimo de hacerlos más competitivos.
Por
otro lado también surge la imperiosa
necesidad de proteger socialmente a los
trabajadores de la inseguridad laboral. América
Latina no ha estado exenta de este debate entre
protección y flexibilidad. Toda una serie de
reformas han estado orientadas tanto hacia la
modificación de los derechos reconocidos
tradicionalmente en la legislación del trabajo,
como hacia la reducción de los costos laborales, en
aras una mayor competitividad y de la creación de
empleos (Vega Ruiz, 2005).
Aportando a este debate aparece Victor Tokman (2009)
con el ya referenciado concepto de Flexiguridad.
Este
autor afirma que tras la necesidad de mejorar la
capacidad de competir en mercados abiertos se
requiere de relaciones laborales flexibles. Las
mismas conllevan a la difusión de inestabilidad y
significan pérdidas de protección. Sin embargo la
experiencia países desarrollados presentada en
su artículo, permitió conciliar ambos
objetivos bajo estrategias de flexiguridad
constituyéndose como un importante antecedente para
analizar de cara a la capacidad de los países de la
región para incorporarlas.
Tokman
(2009) presenta los países del Norte de
Europa (Dinamarca, Bélgica, Holanda, Finlandia
e Irlanda) asociados con la estrategia
exitosa de flexiguridad. El éxito se configura
con la combinación de una legislación laboral que
proporciona baja seguridad en el empleo con un
gasto público en políticas de mercado de
trabajo que asegura alta protección y apoya una
reinserción rápida.
En
América Latina este mismo autor identifico cuatro
grupos de países de acuerdo al grado de exigencia de
su legislación laboral y a la importancia de los
recursos públicos que se destinan a la
protección.
En un
extremo, se ubican los países con
legislaciones laborales menos exigentes pero
acompañadas por un gasto en protección
laboral alto y donde los ciudadanos registran
las percepciones de mayor seguridad en la región. Se
incluyen en este grupo, Uruguay, Chile, Argentina y
Costa Rica. Al otro extremo se ubican México, Panamá
y los países Andinos con legislaciones
laborales estrictas que aseguran una mayor
estabilidad en el empleo mediante altos
costos de despido, pero que destinan escasos
recursos a la protección. El resultado es una alta
percepción de inseguridad.
Situaciones intermedias se encuentran en
Brasil y Venezuela, países que combinan
legislaciones laborales estrictas con alta
protección. Como resultado predomina una alta
percepción de seguridad. Sin embargo, dicha
percepción es menor que la registrada en los países
del Cono Sur y Costa Rica.
Como
situación límite,
Tokman ubica a los
países centroamericanos, República
Dominicana y Bolivia, con legislaciones
laborales menos estrictas, pero superiores a
las existentes en el Cono Sur y con menor
gasto en protección. El resultado es una alta
percepción de inseguridad, pero inferior a la
registrada en los países Andinos, México y
Panamá.
Más allá
de su clasificación Tokman reconoce la
heterogeneidad laboral en América Latina. Los países
de América Latina muestran todavía restricciones
estructurales que limitan los efectos potenciales
de las políticas tendientes a la flexiguridad.
La existencia de una economía informal
significativa, requiere de una estrategia de
inclusión económica y social.
La
misma se manifiesta como
obstáculo al alcance de las
políticas usualmente recomendadas pero se fundamenta
también en la necesidad de enfrentar los problemas
de empleo, inestabilidad y desprotección asociados a
la misma. Más aún, una estrategia que no aborde la
informalidad de manera adecuada puede resultar en
una expansión de la misma.
En parte
la economía informal constituye un desequilibrio
estructural; en parte es también el resultado de
políticas laborales diseñadas para aumentar la
competitividad que se traducen en creciente
inseguridad y desprotección.
Bajo la
propuesta de Tokman (2009) la inserción en el empleo
y el reconocimiento legal de la existencia de la
relación laboral constituyen requisitos
imprescindibles para acceder a la cobertura de la
seguridad social. Los desempleados en países
como los latinoamericanos enfrentan generalmente
una doble exclusión: por carencia de empleo y por
desprotección social. Ello resulta tanto de la
casi inexistencia de seguros de desempleo
como de la insuficiencia y escasa cobertura en las
pensiones no contributivas cuando existen.
En suma
la introducción de la estrategia de la flexiguridad
en los países latinoamericanos proporcionará para
Tokman una orientación útil para enfrentar
los desafíos globales que requieren aumentar la
capacidad de competir, lo que requiere flexibilidad
en la producción y el trabajo y al mismo tiempo,
dotar a los trabajadores de seguridad y
oportunidades para acceder a empleos de mayor
calidad.
Al
margen de la propuesta normativa presentada por
Tokman, la realidad de las reformas laborales en
América Latina muestran un resultado bastante
atractivo para demostrar no la tesis de la
flexiguridad sino la tesis de flexi-inseguridad; es
decir una alta flexibilidad del mercado laboral con
una también alta inseguridad laboral y
desprotección social fruto de las reformas laborales
introducidas desde la década de los años 90’ en toda
la región.
Varios
estudios confirman dicha tesis de la flexi-inseguridad.
En términos de flexibilidad laboral, un estudio de
Eduardo Lora (2001) adelantado desde el Banco
Interamericano de Desarrollo, compara las reformas
puestas en marcha hacia finales de los años 80
versus las reformas laborales implementadas hacia
finales de los años 90’.
*) Carlos Wladimir Gómez Cárdenas.
Politólogo UNSAM-CONICET.
carloswladimir@yahoo.com
Trabajo presentado en el III Congreso Uruguayo de
Ciencia Política
LA
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