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Los Gitanos: la minoría
más grande de Europa
por David
Cronin
Son la mayor minoría étnica de Europa: en el Viejo
Continente viven entre 10 y 12 millones de gitanos.
Llevan al menos 900 años entre allí, pero siguen
cargando con la estigmatización, el rechazo y la
pobreza.
Por estos días los que se preocupan por los derechos
humanos están conmovidos por las expulsiones
compulsivas decretadas por el gobierno francés de
los gitanos.
¿Pero como han reaccionado los Estados, la ONU y la
propia UE ante estos graves hechos?
Un ejemplo; "Francia anunció la medida a fines de
julio y el primer comunicado de prensa de la UE fue
en agosto"
Lo que sigue es un artículo del periodista David
Cronin para el periódico
periodismohumano
donde se aborda el tema.
La
comunidad romaní supera en cantidad a la población
de muchos países europeos. Son la minoría más grande
de Europa, entre 10 millones y 16 millones de
personas. Pero su peso numérico no impide que tengan
menos oportunidades y sufran una nueva ola de
persecuciones. Varias organizaciones denuncian que
su bienestar no es prioritario para las
instituciones de la Unión Europea (UE).
A fines
de julio, las autoridades francesas dieron luz verde
a la destrucción de campamentos y la expulsión
masiva de romaníes a Bulgaria y Rumania. La Comisión
Europea, órgano ejecutivo de la UE, insistió
entonces que era un asunto específico de los
gobiernos implicados. Tras la deportación de unos
1.000 romaníes en agosto, la Comisión Europea,
finalmente, cuestionó la legalidad de la medida en
un documento no divulgado.
El
órgano con sede en Bruselas explicitó sus dudas
respecto de si las medidas tomadas por París no
violan una ley de 2004, conocida como “directiva
sobre el libre movimiento”, que prohíbe la
deportación de grupos de personas de un país de la
UE a otro. La compensación de unos 129 dólares por
niña o niño deportado y de más de 386 dólares por
adulto “no es suficiente” para exonerar a Francia de
infringir los “principios de libre movimiento”.
“La
respuesta de Bruselas fue muy lenta”, dijo a IPS
Sophie Kammerer, de la Red Europea contra el
Racismo. “Francia anunció la medida a fines de julio
y el primer comunicado de prensa de la comisionada
europea de justicia Viviane Reding fue divulgado a
fines de agosto. Pasó casi un mes sin reacción. Al
menos ahora la Comisión analiza el asunto
seriamente”, añadió.
La
legislación de la UE dispone que las órdenes de
deportación deben cursarse por escrito un mes antes
de hacerlas efectivas y deben dar la posibilidad de
apelar la decisión, indicó Kammerer. “Es claro que
la norma no fue respetada”, apuntó. “Los campamentos
fueron desmantelados un día y se pidió a las
personas que se marcharon al siguiente”, añadió.
Reding
no mencionó estar dispuesta a iniciar acciones
legales contra Francia. Además, la Comisión Europea
vaciló en reaccionar contra el gobierno de ese país,
sugirió su portavoz, Matthew Newman. “La Comisión
Europea estuvo durante años muy involucrada en
cuestiones de los roma”, declaró Newman. “Destinamos
importantes sumas de dinero a su integración. Es
sorprendente escuchar decir que no prestamos
atención al asunto. Si algo hemos hecho es tratar de
llamar la atención sobre la discriminación que
sufren”, añadió.
Una
mujer gitana atiende a una misa en Cotesi (Rumanía),
donde la comunidad romaní ha lanzado duros ataques a
Sarkozy (AP / Vadim Ghirda)
Francia
adoptó un tono desafiante en las conversaciones que
mantuvo con autoridades de la UE. No hubo
“deportaciones colectivas”, señaló Éric Besson,
ministro de Inmigración del gobierno de François
Fillon, la semana pasada, cuando visitó Bruselas,
sino que se pidió a algunos gitanos que se fueran de
Francia por su participación en robos y “mendicidad
agresiva”. Francia fue objeto de “acusaciones
escandalosas e innecesarias”, añadió Besson.
La
iniciativa francesa se parece mucho a una adoptada
por Italia en mayo de 2008, pero no hecha pública.
El “paquete de seguridad” italiano dispuso el
desmantelamiento de campamentos romaníes y la
deportación automática de las personas que no
pudieran probar que tenían un empleo regular. Desde
entonces, miles de gitanos fueron expulsados de
Italia.
El
último ataque contra esa comunidad comenzó en julio,
cuando el alcalde de Copenhague, Frank Jensen, urgió
a las autoridades danesas que se aseguraran de que
los “delincuentes romaníes” fueran detenidos y
expulsados. Poco después, más de 20 personas fueron
deportadas de Dinamarca. Alemania, Bélgica, Gran
Bretaña y Suecia están entre los países que tomaron
medidas contra los roma o declararon su intención de
hacerlo.
Mientras, políticos de extrema derecha aprovechan en
muchos países de Europa para explotar sentimientos
contra esa comunidad y la tendencia a culparlos por
distintos delitos. La agrupación extremista de
Hungría, Jobbik, pidió que los gitanos vivieran
apartados del resto de la población. El Partido
Socialista, por su parte, respondió que esperaba que
no pretendiera erigir “campos de concentración”.
La
discriminación contra los gitanos se tornó violenta
en Eslovaquia a fines de agosto. Un hombre armado
asesinó a seis integrantes de una familia romaní y a
otra mujer en Bratislava. El estereotipo negativo de
la comunidad, promovido por algunos políticos
influyentes, fomenta ese tipo de acciones, según
activistas de derechos humanos. El director de la
Oficina de Información sobre los Roma Europeos, la
principal organización defensora de esa comunidad,
Ivan Ivanov, advirtió hace cinco años de la agresión
que sufrirían de varios gobiernos europeos.
Además
urgió a la Comisión Europea a tomar medidas
contundentes contra Francia por infringir la
legislación de la UE y a diseñar una estrategia para
combatir la discriminación. La Comisión Europea no
tiene una unidad específica con funcionarios
dedicados a velar por los intereses de los gitanos,
pese a que constituyen la principal minoría étnica
de Europa.
El
departamento de empleo, por ejemplo, sólo tiene un
funcionario dedicado a lidiar con los asuntos que
afectan a esa comunidad. “Las instituciones europeas
no deben analizar caso por caso, pero deben tener un
enfoque adecuado”, señaló Ivanov. “Los romaníes son
ciudadanos europeos y deben beneficiarse de los
mismos derechos que los otros”.
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